NEGADOS

En un mes a partir de mañana dará inicio formal el proceso para la renovación de Ayuntamiento en Coahuila, y llegaremos a esa elección con dos de las principales instituciones electorales de la entidad cojas.

Y es que además de la presidencia provisional en el IEC, hay una vacante en el Tribunal Electoral desde que en septiembre del año anterior Sergio Díaz Rendón se fue a la Sala Monterrey del Trife, y que cubre desde entonces Clara Patricia Mujica.

Además de la estabilidad que se vive en Coahuila, la fortaleza de ambas instituciones garantiza que el proceso se lleve en un marco de certeza, pero lo cuestionable es que transcurran meses sin que en el INE y en el Senado se puedan construir acuerdos para cubrir los puestos acéfalos.

En el Senado Javier Corral llevó el proceso para la designación de magistraturas electorales y lo suspendió hace más de un año pidiendo más tiempo para analizar perfiles, pero desde entonces no le han vuelto a poner atención al tema.

Que no existan condiciones para sacar adelante algo tan elemental habla muy mal de los actores políticos en el país.

METEN RUIDO

Que por cierto uno de los finalistas en ese proceso del Senado para cubrir la vacante en el Tribunal Electoral fue el abogado José Guadalupe Martínez Valero, quien para pesar de sus malquerientes sigue al frente de la Dirección Jurídica en el ayuntamiento de Saltillo, por más que ellos ya le andan cantando en público las golondrinas.

Nerviosos porque ante la proximidad del año electoral se avizoran reacomodos, hay quienes están jugando rudo en el equipo del alcalde Javier Díaz González quizá cuidando intereses personales o tratando de blindar cotos de poder, perdiendo de vista que si algo se debe de privilegiar en estos momentos es la estabilidad.

En los siguientes meses el alcalde deberá de enfocarse en llevar la administración y el gobierno, a la par de ir a una contienda por la reelección, no puede perder tiempo en grillas internas que se generan en forma irresponsable.

NO ES MENOR

Respecto a lo comentado ayer de la terna para designar titular en el Centro de Registro y Conciliación Laboral, nos hacen ver la importancia de que el Senado le meta celeridad y no posponga más el asunto, pues esa instancia juega un papel importante en la interrelación que se tiene con Estados Unidos y Canadá en el ámbito de justicia laboral dentro del acuerdo comercial.

Este Centro, que Marath Bolaños mantiene en manos de un director provisional desde hace tres meses, es el que aporta las evidencias técnicas para evitar que se llegue a paneles arbitrales por la falta de solución a conflictos laborales en las empresas exportadoras.

En el caso extremo de un asunto irresuelto que escale a un panel, puede haber bloqueos a las exportaciones y afectación tanto al sector productivo como a los trabajadores.

ALCANCE LOCAL

La titularidad del Centro quedará entre Tey Wendolyne Retana Alarcón, David Jiménez Padilla y José Luis Sánchez Cuaziti, y quien sea de ellos que sea designado tendrá importante papel en el desahogo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que se activó hace más de un mes en la planta Yokohama a petición de la Liga Sindical Obrera.

Este caso, del que el gobierno mexicano no lo ha dado por aceptado, es sui generis pues si bien cumple con el modelo que desde los sindicatos norteamericanos le dictan a la LSOM ahora se fueron a los extremos, porque comenzaron su disputa en una planta que ni siquiera está en producción y andaban queriendo armar sindicato hasta con los albañiles.

PROTOCOLOS

El aparatoso despliegue para un cateo, al parecer infructuoso, en el fraccionamiento Los Molinos la tarde del viernes, les deja tarea al secretario de Gobierno Oscar Pimentel González y al Fiscal Federico Fernández, que bien pudieran llevar a la mesa de seguridad el planteamiento sobre la necesidad de refinar protocolos y procedimientos en esas diligencias.

El operativo mantuvo bloqueado el acceso al fraccionamiento por más de una hora, y si bien se entiende que la seguridad implica sacrificios y que en situaciones de riesgo hay que extremar precauciones, el actuar policial termina pasando por alto que en los domicilios puede haber adultos mayores o niños que necesitan el acompañamiento de los familiares a los que se impide acceder.