DE REGRESO

Llega nuevamente a Coahuila el General Miguel Ángel Aguirre Lara, aunque ahora como comandante de la XI Región Militar, de la que hace años fue Jefe de Estado Mayor.

Originario de Mexicali, el General Aguirre destaca en el Ejército Mexicano por una trayectoria de más de 40 años y por su formación académica, en la que se incluye un Doctorado en Alta Dirección que cursó precisamente en la Facultad de Contaduría y Administración de la UAdeC en Torreón.

Llega el nuevo mando procedente de Puebla, en donde fungía como comandante de la VI Región Militar. A su toma de posesión este lunes acudieron los gobernadores de Coahuila y Chihuahua, Manolo Jiménez y Maru Campos.

A PONER ORDEN

Este cambio en los mandos militares lleva al General Fernando Colchado Gómez a asumir la comandancia de la tercera región, en Sinaloa.

De septiembre del año anterior el General Colchado fungió como comandante interino en la XI Región y en agosto de este año se le había confirmado en el cargo. Esos 13 meses marcaron una etapa de colaboración estrecha y coordinación con las autoridades estatales.

Y como ha ocurrido ya en varias ocasiones anteriores, después de una comisión en Coahuila los generales son enviados a estados con problemas de violencia e inseguridad.

DANZA ES POCO

Lectores bien informados nos observan respecto a lo comentado aquí ayer sobre la danza de intereses que confluyen en la operación de las termoeléctricas de Nava que nos quedamos cortos.

Hacen notar que ahora además del negocio con la venta de carbón ha tomado auge el suministro de diésel, con un consumo estimado de un millón de litros por semana en ambas plantas.

Y es ahí donde la madeja se extiende hacia el negocio de moda, el huachicol, donde se señala a varios operadores allegados al grupo de Adán Augusto López.

El alto consumo de diésel está asociado al bajo poder calorífico del carbón que se está suministrando, pues se afirma que salvo contadas excepciones nadie está cumpliendo con las especificaciones mínimas requeridas en los contratos, pero lo toleran porque eso les garantiza el mercado para el huachicol con el que fondean campañas a grupos de poder.

EMERGENCIA

Entre los daños colaterales de la quiebra de Ahmsa y Minera del Norte está la situación que se vive en el mineral de Hércules, municipio de Sierra Mojada, donde hoy está comprometido el suministro de servicios básicos elementales como el agua potable y la energía eléctrica.

El asunto ya llegó hasta el juzgado segundo de concursos mercantiles y la juez le pidió al síndico Víctor Manuel Aguilera se pronuncie al respecto, pues actualmente está en sus facultades la administración de los activos, así es que le tocaría resolver con CFE que se restablezca el suministro eléctrico del poblado y que a la par de ellos puedan operar los pozos de donde se extrae el agua potable.

El alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo, está atento a la situación pero poco puede hacer pues en Hércules todo, comenzando por el fundo legal, es propiedad de Minera del Norte.

DESTACADOS

Dos alcaldes de Coahuila aparecen entre los diez mejor evaluados del país de acuerdo con el más reciente ranking elaborado con Mitofsky, en el que midió la aprobación de los presidentes municipales de 150 ciudades del país.

En la posición nueve aparece, a menos de cuatro meses de haber asumido como interino en Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís con 58.9% de aprobación.

Y en el décimo sitio, con un 58.6%, se ubica Javier Díaz González, quien ha avanzado siete posiciones desde la primera medición, en febrero de 2025, cuando estaba en el puesto 17 de la tabla.

SECUELAS

A dos años de la reforma judicial de López Obrador, la Unión Internacional de Magistrados decidió expulsar de esa organización a la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de México, que encabeza Rafael Guerra Álvarez, por no haber defendido la independencia judicial ante la embestida presidencial.

Ante un procedimiento de revisión de la UIM, Guerra Álvarez argumentó que la reforma derivó del ejercicio de la soberanía popular, postura que a juicio de los revisores es incompatible con la defensa de la independencia judicial.