LOS POLÍTICOS

ATENTOS

Ya hay fecha para las comparecencias de la secretaria de Energía y la directora de la Comisión Federal de Electricidad.

La primera cita es para la titular de CFE, Emilia Esther Calleja, que está previsto acuda el 5 de noviembre, es decir dentro de dos semanas, ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que preside la morenista Rocío Adriana Abreú.

Ahí participan los coahuilenses Antonio Castro y Verónica Martínez. Y también Teo Kalionchiz y Ricardo Mejía, que esperemos ahora sí se comporten.

La titular de Energía Luz Elena González está citada por el Senado hasta el 12 de noviembre.

Las fechas de las comparecencias hay que tenerlas presentes, pues se afirma que será hasta después de que ocurran las dos en que se reactive el proceso de adjudicación de nuevos contratos para suministro de carbón por parte de la CFE.

MAL PAGADOS

A propósito de los pedidos de carbón, empresarios del sector nos hacen ver que otro factor para que la CFE admita el abasto en las termoeléctricas de Nava de carbón por debajo del poder calorífico óptimo es el precio que pagan a los productores de la región.

En el mercado el precio de la tonelada de carbón con un 34% de ceniza tiene un precio de mil 650 pesos puesto en mina, y el flete de Nueva Rosita a Nava se cotiza en 290 pesos por tonelada. Esto suma mil 940 pesos.

Las 12 empresas que participan en el proceso de adjudicación que tiene en pausa la CFE de Emilia Esther Calleja cotizaron en promedio a mil 650 pesos, lo que les significaría absorber el costo del flete… o surtir carbón con más ceniza y más barato.

Precarizar la minería del carbón termina por vulnerar la seguridad de las minas o comprometer la capacidad de generación de las termoeléctricas. ¿Por qué Luz Elena González y el secretario de Hacienda Edgar Amador permiten algo así?.

INE CÓMPLICE

Desde el Tribunal Electoral le ordenaron al INE abrir una investigación para determinar si hubo infracción por parte de la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra con la difusión de un spot señalando “la violencia política de Estado de los gobiernos del PRI”, pues los magistrados consideraron que la defensa de los Derechos Humanos no exime a la Comisión de cumplir la Constitución ni de sujetarse al control de la justicia electoral.

En principio la Unidad de lo Contencioso del INE estimó que no se incurría en infracción y lo desechó, pero ahora el Tribunal atiende una queja del PRI y hace ver que debe tenerse en cuenta el uso de recursos públicos en la difusión del spot al atribuirle conductas de especial gravedad a una fuerza política.

LO DEJÓ PASAR

Allá por el mes de julio cuando aquí se detectó el spot se pidió un posicionamiento a Don Carlos Robles Loustaunau, dirigente priista en la entidad, pero declinó opinar sobre el tema para no entrar en controversias.

Pero por lo visto alguien en el PRI nacional sí le tomó importancia y lo llevó primero al INE y luego al Tribunal.

Aunque como suele ocurrir la resolución llega tarde pues la CNDH ya modificó su anuncio, con lo que seguramente ahora el INE lo declarará sin materia aunque la conducta existió, el daño reputacional no se revierte y por lo tanto tendría que haber una sanción.

TIEMPO EXTRA

Será hasta el martes de la semana próxima cuando se vote en el Senado la Ley de Ingresos para 2027, aunque esto no necesariamente es una buena noticia para quienes, como los transportistas, cabildean cambios a lo ya aprobado en la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa del Ejecutivo.

Y es que por lo pronto ya se votó sin cambios lo que mandaron los diputados en las comisiones de Hacienda, que preside Miguel Ángel Yunes Márquez, y de Estudios Legislativos que encabeza Manuel Huerta Ladrón.

En el Senado también se ha dado la polémica y los cuestionamientos por el mega endeudamiento que proyecta el gobierno federal, pero al final de cuentas Morena y sus aliados echarán a andar la aplanadora.

METASTASIS

Tampoco la nueva propuesta de incremento salarial en el IMSS dejó satisfechos a los trabajadores,  y ahora ya también empiezan a surgir protestas en otros ámbitos.

Por ejemplo entre el personal del Poder Judicial Federal, donde les están autorizando un incremento salarial del 4.5%, se dice que eso no compensa ni los años de rezago ni la carga extraordinaria de trabajo que enfrentan.

Además hay inquietud entre la burocracia judicial por un proyecto para reformar la Ley Orgánica que dicen compromete las condiciones de estabilidad laboral.