Por Eduardo J. De La Peña De León

            Dicen que por estas fechas en todo Coahuila conseguir pasiflorina es tan difícil como ocurría en marzo con los cubrebocas y el gel antibacterial, y es que entre ex funcionarios de todos los niveles hay ataques de nervios, en algunos incluso histeria, ahora que se empiezan a desempolvar las denuncias presentada por la Auditoría Superior del Estado.

            No es para menos.

            Aunque se ha dicho que en contra de ex funcionarios municipales hay poco más de cien denuncias, la realidad es que la Auditoría presentó ante la Fiscalía General del Estado y la especializada en hechos de corrupción más de doscientas, pues a las de los municipios se suman algunas relacionadas con dependencias estatales, organismos y hasta fondos sindicales.

            En las denuncias se pueden encontrar hechos interesantes, como por ejemplo que algunos ex alcaldes del mismo periodo que el ahora procesado Ramón Oceguera, coinciden en conductas u omisiones que para la ASE son constitutivos de delito.

            Así en municipios como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Sabinas, coinciden en que la realización de las ferias locales da el espacio para manejos financieros poco claros, y corren por cuenta de las autoridades gastos de todo tipo sin que haya una comprobación de que los recursos se aplicaron realmente en lo que en su momento informaron.

            Así Santos Garza Herrera, de Cuatro Ciénegas, Cipriano Portales, de Múzquiz, y el ya famoso Lenin Flores Lucio, de Sabinas, fueron denunciados al presumirse desvíos en lo que sus gobiernos gastaron en las ferias. Lenin como es sabido acumula varios cargos y ha estado sujeto a proceso.

            Cipriano Portales, que llegó a la alcaldía de Múzquiz como candidato de PAN y UDC, incurrió también en otros hechos, como el pago de obras que no se concluyeron, y las denuncias en su contra ponen en evidencia que además tenía a sus proveedores consentidos, así por ejemplo de diez obras que pagó sin concluirse seis estuvieron asignadas al mismo contratista.

            Por el mismo motivo, pagar obras no terminadas, hay denuncias también contra Evaristo Madero Marcos y quien fungió como su tesorera en Parras, María Elizabeth Murra.

            De esos mismos tiempos, igualmente fueron denunciados el ex alcalde de Monclova Armando Castro y su tesorero Eduardo Harb, por varios hechos, destacando que en la conciliación entre ingresos en caja y depósitos en bancos, en tan solo siete días, hubo una diferencia de más de dos millones y medios de pesos.

            La siguiente hornada de alcaldes también dejó cuentas pendientes, y los que gobernaron en la región Sureste, sin distingo de los partidos que los postularon, destacan por las irregularidades que al no ser aclaradas en todas las oportunidades que les dio la Auditoría, se presumen como hechos delictivos.

            Y aquí se observan también notas comunes, así Ricardo Aguirre en Ramos Arizpe y Rodolfo Zamora en General Cepeda, justificaron fuertes erogaciones en conceptos de difícil verificación y que se prestan a suspicacias, como el muy genérico de apoyos sociales.

            Jesús Durán en Arteaga, denunciado al igual que su tesorera Nora Alicia Hernández Fuentes, también tomó por el mismo camino de «ayudas culturales y sociales», aunque le señalan otras situaciones como un viaje a Cuba para reclutar personal médico, en el que además de cubrirle los viáticos le pagaron honorarios adicionales por sus servicios.

            En esa gestión, en Arteaga se hicieron cobros de impuestos por debajo de lo previsto legalmente, favoreciendo a algunos particulares, y se encontraron también desvíos por casi 700 mil pesos nada menos que en el FORTASEG, el fondo federal para la seguridad.

            Como se sabe, hay denuncias también en contra de Isidro López Villarreal, y quienes fungieron como responsables de la tesorería, Adrián Ortiz al inicio de la gestión, y Rosa María Zertuche en el cierre.

            De los cargos imputados a la administración de Isidro, uno de los que destaca es el haber incrementado el sueldo de un año para otro a catorce funcionarios, en montos que van de los cien a los quinientos mil pesos.

            Entre esos funcionarios se menciona en la denuncia a la hoy candidata del PAN a una diputación local, Amal Esper, quien de ganar 388 mil pesos anuales pasó a percibir 635 mil, un incremento del 65%. En la misma situación se señala a su coordinador de campaña, uno de los colaboradores de mayor confianza de isidro López, Juan Pablo Valdés.

            A quien fuera director del IMPLAN en Saltillo, Ariel Domínguez Coutiño, también se le imputan por parte de la Auditoría Superior delitos patrimoniales.

            En el ámbito estatal también hubo hallazgos del órgano fiscalizador, y hay denuncias en contra de quien fuera Secretario de Salud, Jorge Verástegui, y de quien por varios años estuvo al frente del INEDEC, Jorge Chapoy, quien bajo el concepto de «compensaciones» le metía en serio la mano a los fondos de la institución.

            Los señalados en las denuncias saben de su existencia, pues previo a que se presentaran se les notificó de las irregularidades detectadas, por ello es que hoy a muchos les ganan los nervios.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            En círculos políticos se cuenta una anécdota, data de diciembre de 2009, cuando quince días antes de entrar legalmente en funciones rindió protesta como alcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera Rodríguez.

            Al finalizar el evento, un familiar cercano se abrió paso entre los invitados y tras un estrecho abrazo al nuevo alcalde, le miró de frente y soltó  una frase que no se sabe si era recomendación,  consejo o advertencia «nada más no vayas a robar». La respuesta fue un gesto brusco y un frío silencio.

            Jamás se volvieron a dirigir la palabra.

            Este lunes, casi once años después a Ramón Oceguera le dictaron formal prisión. Desde el penal deberá afrontar el proceso en el que se acusa de peculado.

            La misma suerte corrió quien fuera su tesorero, Vicente Barreda González, quien por esos años decidió dejar su carrera en la banca comercial, en donde había ido escalando posiciones, para incursionar en la que fue su única participación en la administración pública, de donde saldría con las relaciones y los medios para emprender los más diversos negocios.

            Siempre al lado de Oceguera, en los años transcurridos desde que dejaron la alcaldía de Ramos, Vicente Barreda lo mismo se dedicó desde la renta de equipo y maquinaria de construcción, hasta la explotación de granjas avícolas, y también siempre para un mismo cliente, el gobierno de Nuevo León, en donde les abrió las puertas, y las arcas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco».

            Tres denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado en contra de Ramón Oceguera y Vicente Barreda.

            La primera incluso fue presentada cuando aún eran servidores públicos, el 13 de diciembre de 2013, y tenia que ver con el ejercicio presupuestal del año 2010.

            Cumplidas todas las etapas de la fiscalización, agotados cada una de los plazos, oportunidades y términos previstos en la ley para comprobar y justificar, Oceguera y Barreda no habían logrado demostrar la correcta aplicación de poco más de 9 millones de pesos, que estaban consignados como ingresos, sin precisarse su origen ni su destino.

            También del año 2010 no encontraron justificación sobre el destino que dieron a 16 y medio millones de pesos que el gobierno del estado le prestó a Ramos Arizpe a través de PIDECO, una promotora para el desarrollo comercial y económico.

            En enero de 2015 la Auditoría Superior presentó otra denuncia, y entre los hechos señalados el más relevante es un desfase entre los cortes de caja por ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias oficiales por 3 millones quinientos mil pesos.

            Lo interesante es que esos 3 millones y medio que se perdieron, corresponden a la revisión de un solo día del año. Si las revisiones de la Auditoría son aleatorias y no exhaustivas, ¿otros días también se habrá perdido dinero?.

            Pero el verdadero festín fue el último año de la administración, el 2013.

            De los hallazgos en la auditoría correspondiente a ese año, el órgano fiscalizador detectó 42 hechos, que engloban las más diversas irregularidades, y que encuadran dentro del delito de peculado. Los montos superan los 30 millones de pesos.

            Las cifras mayores de los hechos detectados tienen que ver con cuestiones de nómina, pago de compensaciones no justificadas, pagos a trabajadores no identificados, premios de puntualidad sin sustento, contrataciones de nuevo personal pese a la prohibición legal a los Ayuntamientos de hacerlo en el cierre de gestión, todo esto supera los diez millones de pesos.

            En este rubro una joya es lo que la administración de Oceguera erogó bajo el concepto de «pago de vacaciones a funcionarios mayores», 756 mil pesos en el mes de enero de 2013.

            También se le señalaron simulaciones de actos jurídicos, contratación de servicios notariales pagados a fantasmas que ni tienen fiat notarial ni cuentan con un domicilio real, ahí la fuga fue de 2 millones y medio de pesos.

            Hubo en 2013 pago por obras y servicios no concluidos por más de cinco millones de pesos.

            Los auditores también detectaron que el Ayuntamiento no cobró la expedición de las licencias para la creación de un parque industrial, una inversión que hizo a título personal el alcalde en un terreno que le compró a su padre.

            La denuncia por los hechos de 2013 la presentó la Auditoría Superior el 7 de agosto de 2015. Ramón Oceguera y Vicente Barreda fueron detenidos el 28 de septiembre, hace una semana, cinco años después.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Antiguamente, principalmente en las zonas rurales, se asociaba la festividad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre– con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en los que incluso se perdían las cosechas, y se dio en llamarle «el cordonazo de San Francisco», término que luego se fue aplicando a todo acontecimiento relevante en la vida nacional.

            Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1987 el PRI destapó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari y se dijo entonces que «el cordonazo» pegó a los otros «tapados» entre los que se encontraban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Sergio García Ramírez, cordonazo que también generó el sonado rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el otrora partido invencible.

            Este año el cordonazo se adelantó y desde los últimos días de septiembre en la región tuvimos las primeras heladas tempranas, con relativa afectación a los productores agrícolas. Pero en forma más severa lo resentimos en el país el primero de octubre, fecha que quedará inscrita en la historia nacional como el día en que la Suprema Corte se postró ante López Obrador.

            Fecha trágica en que cedió uno de los últimos diques que protegían el Estado de Derecho y la  vida institucional en este país.

            Y como si no fuera suficiente que la Corte le haya dado luz verde al Presidente para instrumentar su consulta manipuladora, ahora el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas marcó el inicio de una ruta revisionista que nada productivo dejará para el país.

            En los eventos alusivos a la conmemoración del 2 de octubre, en que se recuerda la masacre de Tlatelolco, Encinas planteó que se debe retirar de los espacios públicos los nombres de personajes que estuvieron involucrados con actos de represión desde los años sesenta a los ochenta.

            Ejemplificó con el aeropuerto de Puerto Vallarta, que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.

            Y en efecto puede resultar aberrante que se hayan dado esas imposiciones, pero el tan solo abrir el debate al respecto parece más un recurso distractor de esos que tanto le gustan a este gobierno, que un auténtico propósito de reivindicación con las víctimas.

            Cambiar nombres de calles, escuelas, poblados, aeropuertos y edificios tendría para efectos prácticos un alto costo para un país que está quebrado.

            Y además un gobierno que crea un cuerpo de seguridad de formación militar, como la Guardia Nacional, y lo mismo lo moviliza para retirar mantas de protesta en contra del Presidente que para reprimir a agricultores que defienden sus derechos, no tiene calidad moral para señalar a los represores del pasado.

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            Y si de incongruencias hablamos, otro hecho que exhibe a los funcionarios de la Cuarta Transformación lo tenemos en el sitio que aloja representaciones de al menos tres dependencias federales en Coahuila, Agricultura, Comisión del Agua y Comisión Nacional Forestal.

            Dentro de las políticas de austeridad se fueron dejando de rentar edificios y se concentró a las dependencias en estas instalaciones que desde hace más de cincuenta años son de la Secretaría de Agricultura, pero en la caseta de vigilancia hay un guardia por cada dependencia.

            Sí, la Conagua puede no tener inspectores en la entidad ni suficiente personal para desahogar cientos de trámites en proceso desde hace años, pero paga un guardia para que lleve el registro de visitantes, mientras que Agricultura tiene el suyo propio.

            Podrían ahorrar ahí y destinar el recurso a algo productivo, pero seguramente les resulta más atractivo favorecer a alguien con el contrato del servicio de seguridad privada.

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            Desde chirona manda preguntar Ramón Oceguera si no había que esperar la consulta pública para proceder en contra de actores políticos del pasado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

La Tesorería Municipal de Piedras negó a un ciudadano información respecto a lo que se gastó en realizar pruebas de detección de coronavirus a integrantes del Cabildo y el nombre del laboratorio que prestó el servicio.

Si algún Ayuntamiento en la entidad ha resentido en forma drástica esta pandemia es justamente el de Piedras Negras. Recordemos que ahí resultaron contagiados y murieron el regidor Moisés Lechler de la Garza y el Secretario Santiago Elías Castro; también se enfermó el alcalde Claudio Bres Garza, quien además tuvo que afrontar la muerte por esa misma causa de su padre y un hermano.

En un escenario así es bastante probable, y entendible, que se haya decidido realizar pruebas de diagnóstico a todo el cuerpo edilicio, y cuando menos a los titulares de las diferentes dependencias, pero ahora que la Tesorería ha negado hacer pública la información al respecto, el asunto cobra otro interés y surge de inmediato la duda de si el ciudadano que preguntó supo o presumió que hubo algo irregular, y de qué alcances será como para que lo quieran ocultar.

Cuando ocurre una contingencia, como ha pasado con los fenómenos meteorológicos, y desde luego ahora en esta sanitaria que ha sido inédita, es natural que para hacerle frente se obvien trámites , pues siempre estará primero la atención de la emergencia, el salvar vidas, que cumplir con las normas que en condiciones ordinarias pueden tomar meses en cumplirse cabalmente.

Pero para que en una circunstancia así no se cruce la línea entre lo razonable y el exceso corruptor, el único dique es la obligada rendición de cuentas, y es precisamente a lo que ahora se está negando la autoridad municipal en Piedras Negras.

En los diferentes círculos abundan las versiones de emprendedores de ocasión que precisamente en la pandemia han encontrado una mina de oro, aprovechando la urgencia de las diferentes instancias oficiales, así como del sector privado y los particulares, de hacerse con insumos que van desde los respiradores mecánicos hasta materiales y equipos de protección, pruebas de detección y demás.

El ejemplo más sonado a nivel nacional es el de León Bartlett, hijo del director de la CFE, que vendió al IMSS ventiladores a precio inflado.

En el contexto local se ubica al aspirante a alcalde de Arteaga, Enrique Cepeda, como uno de los principales proveedores de pruebas de detección en la entidad.

Y desde luego no es malo que se haga negocio si se tiene la posibilidad de proveer un insumo o equipo que urge, el tema es que no se aproveche esa urgencia, y la ausencia de fiscalización, para obtener un lucro indebido.

Otro caso que se ha venido ventilando es la asignación que hizo el IMSS para el suministro de alimentos en el hospital que habilitaron de urgencia en Acuña, donde otorgaron el contrato por más de 7 millones de pesos a una persona de Saltillo, Rodrigo Barba Velázquez.

Barba Velázquez hace algunos años intentó ser regidor en Saltillo, participó en la planilla que como candidato independiente encabezó Fausto Destenave Kuri, posteriormente se le vio como promotor de eventos deportivos y ahora encontró la oportunidad de vender alimentos al IMSS.

En una ciudad como Acuña, con una sólida vocación industrial, y en donde la mayoría de las plantas que ahí operan son maquiladoras de inversión estadounidense en las que por muchos años han operado comedores industriales, resulta difícil creer que el IMSS no haya encontrado un proveedor local para ese servicio temporal.

Son precisamente los proveedores y empresas todólogas las que tantas suspicacias generan a nivel nacional, pues se ha detectado su uso como pantallas para el desvío de recursos, ¿por qué ahora el IMSS recurre a ese modelo tan cuestionado en Acuña?.

Cuando esta contingencia sea superada, habrá para los órganos fiscalizadores un enorme reto, e instituciones como el ayuntamiento de Piedras, el IMSS, y en general los gobiernos de todos los niveles, tendrán mucho, mucho, que explicar.

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            Rubén Moreira fue designado como representante del PRI ante el Consejo General del INE, por lo que en los meses siguientes estará muy ocupado defendiendo la posición de su partido en una de las etapas más intensas de la política nacional, la elección de 2021 para renovar la Cámara de Diputados.

El nombramiento que le dio Alejandro Moreno, ¿lo incluye también una vez más en la lista para las plurinominales?.

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            Este miércoles se vinculó a proceso al acusado del asesinato de la joven Alondra en Saltillo. Conoce del caso la Juez Griselda Elizalde Castellanos, quien hace algunos años fue prospecto para ocupar la Fiscalía del Estado, y posteriormente regresó al Poder Judicial, donde precisamente al resolver el primer caso con perspectiva de género a nivel nacional, en 2018, le llevó a ser nombrada como Juez del Año.

Cinco meses dio la juez Elizalde a la Fiscalía para que concluya la investigación de este caso que estremeció a nuestra comunidad.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La noticia de la detención de Ramón Oceguera y de quien fuera su tesorero en la administración municipal de Ramos Arizpe, Vicente Barreda, causó revuelo en los círculos políticos, pues a siete años de que Oceguera dejó la alcaldía nadie se esperaba una acción de esta naturaleza, aunque fue bien conocido el desaseo con el que llevó su gobierno.

            La Fiscalía General del Estado confirmó que ambos están acusado de peculado, y hay especulaciones de que la Auditoría Superior del Estado los denunció por un faltante de 7 millones de pesos.

            Seguramente este miércoles se les pondrá a disposición de un juez y se conocerá el alcance de la acusación, pero si nos remontamos a los informes de la revisión a las cuentas públicas en los años en que Oceguera fue alcalde, podría estarse hablando de un asunto mucho mayor.

            Como se sabe no todo lo que la Auditoría Superior señala como inconsistencias tiene que ver necesariamente con un quebranto, pero da una clara idea de cómo se manejó esa administración.

            En la revisión del ejercicio de 2010, las inconsistencias señaladas, y no aclaradas en el plazo previsto en la ley, fueron por un monto de 90 millones de pesos, equivalentes nada menos que a una tercera parte del presupuesto que ese año se tuvo en Ramos Arizpe.

            En 2011 las inconsistencias fueron por 33 millones de pesos, y por 38 millones en 2012.

            Y en el año de Hidalgo, 2013, hubo irregularidades por 70 millones de pesos, el veinte por ciento del presupuesto que se ejerció.

            La de Oceguera, además del irregular manejo de los fondos públicos, fue una administración desordenada, una auditoría al desempeño le generó más de cuarenta recomendaciones, y detectó anomalías tan serias como el incumplimiento de obligaciones fiscales por sueldos y salarios.

            Entrar al detalle sería enumerar un rosario de excesos y desvíos, lo interesante será ver qué de todo esto se ventila ante el juez, pero aún más importante sería conocer por qué se retomó el caso, si fue nada más por las apariciones que Oceguera tuvo en días recientes sondeando su posibilidad de volver a buscar la alcaldía, o si estaba haciendo algunas de sus acostumbradas travesuras para estorbar en la elección que está en juego.

            No se puede dejar de lado que de parte de Oceguera hay una obsesión en contra de Ricardo Aguirre, esposo de la candidata del PRI a la diputación local por ese distrito.

            De cualquier manera queda el mensaje para los que tengan intenciones de entrarle al mismo nivel de juego. Si ves las barbas de tu vecino cortar….

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            Como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina ha participado en las mesas de dialogo con los actores del conflicto en Chihuahua, y este martes el coahuilense hizo un pronunciamiento en el sentido de cuidar el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos y por lo pronto pagar la deuda con las reservas de las presas La Amistad y Falcón.

            Guadiana tiene razón en cuanto a la importancia que el Tratado representa para nuestro país, pues así como aporta agua también la recibe, pero debe recordar que de las dos presas que menciona hay usuarios con derechos, y no únicamente productores agrícolas, en el caso de La Amistad recordemos que de ahí se extrae agua para el consumo humano en trece municipios de Coahuila y Tamaulipas.

            Ya hace un par de semanas la titular de Conagua había dicho que se entregaría a Estados Unidos agua de La Amistad, pero no ha informado si ya ocurrió así, pues además el embalse se encuentra a un nivel muy bajo de almacenamiento.

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            Este miércoles hay sesión ordinaria del Congreso local, aunque se anticipó que no será presencial sino que se llevará de manera virtual.

            Los diputados esperan que al menos en esta modalidad Marcelo Torres Cofiño como presidente de la mesa directiva se comporte con mayor compostura y ya no les ponga apodos como lo ha venido haciendo.

            La semana anterior a la priista Diana Patricia González le llamó «Speedy González», y así les ha ido aplicando motes a algunos otros legisladores, perdiendo la formalidad que debe guardarse en la sesión de uno de los Poderes del Estado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Sin pena ni gloria transcurrió la gira que el fin de semana realizó por las regiones Norte y Carbonífera el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, y no podía ser de otra manera pues el panista llegó desencanchado sin un referente claro de los territorios que estaba visitando.

            En Piedras Negras, que es sin duda la posición más importante que tiene MORENA en la entidad, Cortés enfocó sus baterías contra el PRI lanzando huecas arengas con el eterno discurso del cambio.

            Y en Nueva Rosita, en una región especialmente maltratada por la cuarta transformación, que está dolida y en franca emergencia económica, el dirigente panista se limitó a admitir que no entiende por qué la Comisión Federal de Electricidad no está comprando el carbón en la región, pero no planteó propuestas ni ofreció gestiones.

            Eso sí, se voló la barda con su interpretación sobre el cambio de la fecha de la elección local en Coahuila y acusó al PRI de ser el responsable del desfase. Ni los más avezados científicos tienen ubicado con precisión el origen del coronavirus, pero Marko Cortés ya descubrió que fue una artimaña priista para manipular la renovación del Congreso de Coahuila. ¡Hábrase visto!.

            No se esfuerzan ni un poquito en refrescar el discurso, en leer la realidad y lo que aqueja a cada entidad y en función de ello generar propuestas, ideas, esperanzas al menos, en parte a eso se debe el rechazo ciudadano. Y además Cortés parece no darse cuenta que ante el reto de 2021 debe buscar sumar fuerzas no pelearse.

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            Cualquiera pensaría que a los productores agropecuarios de la Comarca Lagunera les volvió el alma al cuerpo ahora que Germán Martínez Santoyo, quien tenía la representación regional de la Comisión Nacional del Agua fue designado para un cargo en la administración central, pero la verdad es que los dejó más inquietos.

            Se recordará que cuando en febrero se designó a Martínez Santoyo hubo nerviosismo, pues al conocerse su cercanía con López Obrador –dado que colaboró a su lado en el gobierno de la Ciudad de México– surgió el temor de que llegara con instrucciones de un reordenamiento agresivo en la administración del agua para riego, ante la promesa que en algún momento hubo de restituir derechos a los ejidatarios que los vendieron a particulares.

            Sin embargo en los ocho meses que Martínez Santoyo estuvo en La Laguna se mantuvo con un perfil bajo, concentrado en el proyecto de destinar agua de las presas para consumo humano en la Comarca, y para los agricultores no hubo sobresaltos.

            La semana anterior, en uno de los coletazos del conflicto en Chihuahua que generó ceses y renuncias en la Comisión Nacional del Agua, a Germán Martínez lo designaron como Subdirector de Administración a nivel nacional, pero ahora hay la incertidumbre respecto al perfil de quien llegue en su lugar.

            Habrá que esperar a que nombren al relevo.

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            Respecto al comentario que hicimos aquí el sábado, de las actitudes con las que Ricardo Mejía Berdeja desde la sub secretaría de seguridad pública saboteó el acuerdo que Gobernación había impulsado en Chihuahua, un lector nos escribió para recordar el papel que jugó junto con Luis Efrén Ríos en la aspiración de Raúl Sifuentes Guerrero para ser candidato del PRI a gobernador en 2005.

            Sifuentes, se recordará, estaba impedido para ser candidato pues no reunía los requisitos estatutarios, pero Mejía y Luis Efrén lo metieron en una dinámica que al final lo único que le dejó fue desgaste y ruptura. Y el PRI perdió un activo importante.

            «Los dos con actitudes gánsteriles amenazaban y dictaban línea al PRI… han pasado los años y Mejia no deja de ser el mismo chivo en cristalería que con poder piensa primero en reventar antes de dialogar, si llega a la Secretaría cuidémonos de que no reviente el país», escribe nuestro lector.

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            En otros temas es de reconocerse la actitud que en esta contingencia sanitaria han asumido Alfonso Vázquez Sotelo y su equipo en las bibliotecas públicas de la entidad, quienes lejos de cruzarse de brazos ante las restricciones que tienen a estos espacios en su operación mínima, han sido proactivos y están impartiendo tutorías para alumnos de educación primaria.

            Como el modelo de educación a distancia plantea retos para alumnos y maestros, los bibliotecarios, que son profesores, están grabando videos para ayudar a entender las actividades planteadas en los libros de texto, y los difunden en plataformas digitales y redes sociales, una aportación valiosa y una actitud encomiable.

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            La Universidad Autónoma del Noreste dio a conocer el fallecimiento de Adolfo Olmedo Muñoz, integrante de su cuerpo académico. Olmedo llegó a Saltillo en los años ochenta como director del ya desaparecido Sol del Norte, y desde entonces radicó en la ciudad ejerciendo el periodismo por varios años y posteriormente la docencia. descanse en paz.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Si el acuerdo impulsado desde la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua era corto o insuficiente, al menos era un avance que hablaba de la intención de construir puentes de entendimiento, pero en la mañanera de este viernes Ricardo Mejía Berdeja se aseguró de destruir toda posibilidad de conciliar y aprovechó la tribuna para echar más gasolina al fuego.

            Mejía Berdeja no ignora la trascendencia de lo que está ocurriendo y lo dimensiona justamente como un asunto de seguridad nacional, pero en un rol inexplicable para un sub Secretario de Seguridad, interviene como reventador político de la más baja estofa y endilga acusaciones contra los actores involucrados buscando descalificarlos.

            Pero ayer mismo le respondieron a Mejía Berdeja y lo pusieron en evidencia. El diputado panista Jesús Valenciano al que Mejía acusó de ser familiar de productores de cebolla que según el acaparan el agua en Chihuahua –aunque admite que tienen los permisos correspondientes– salió a explicar cuál es realmente su relación con un miembro de esa familia.

            Resulta que Valenciano, quien por cierto al igual que Mejía tiene raíces familiares en Torreón, lleva amistad con una pariente de los cebolleros, y en redes sociales en tono cordial le llama tía, pero no existe realmente vínculo familiar alguno.

            La explicación deja en evidencia los alcances del Subsecretario de Seguridad del gobierno de la República. Su investigación es en redes sociales, y a partir de lo que ahí se publica construye historias, conjeturas y acusaciones.

            Lo más preocupante es que precisamente esas actitudes perfilan efectivamente a Mejía Berdeja como un prospecto para asumir la Secretaría de Seguridad si Alfonso Durazo se va como candidato al gobierno de Sonora.

            A nivel nacional se maneja una terna de prospectos, destaca Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad en la Ciudad de México y uno de los funcionarios policiales mejor preparados en el país, es tan idóneo para el cargo que ya podemos apostar que no lo obtendrá, este gobierno funciona al revés.

            Se incluye también a Manuel Espino, que alguna experiencia tuvo ya en corporaciones en Ciudad Juárez, tiene estudios en seguridad y coordina actualmente el Servicio de Protección Federal, el cuerpo que se encarga de la custodia en edificios oficiales.

            Y el tercero es Mejía Berdeja, que con sus modos de fajador de callejón no batallará en conseguir el visto bueno presidencial. El actuar irracional de este gobierno apunta a que podrían tomar una decisión así de ilógica.

            Ojalá y el lagunero no se pierda en la ambición y recapacite, asumir la Secretaría de Seguridad podría en riesgo su vida y al país mismo, a los grupos delictivos no los va a poder combatir con grillas.

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            En la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados se abrió espacio en una sesión virtual a Irene Spigno, de la Academia de Derechos Humanos, y a Luis Efrén Ríos para hablar de modelo que en Saltillo impulsó la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– constituyéndose en la primer ciudad solidaria que genera condiciones de inclusión para los migrantes.

            Se expuso el modelo, y participó también el representante de ACNUR en México, con la idea de que los legisladores de esta Comsión, que preside Rubén Moreira, contribuyan a replicarlo en otras ciudades del país.

            El propósito es bueno, no cabe duda. Pero lo que deja mucho que desear es la actitud de Rubén Moreira, quien sin ruborizarse aseguró en la sesión que el modelo nació en la UAdeC y se concretó con apoyo del gobierno estatal.

            El representante de ACNUR, Mark Manly, finalmente es un funcionario diplomático y ya mejor no aclaró que realmente fue bajo el gobierno municipal de Isidro López Villarreal que en agosto de 2016 se inició con este programa piloto en Saltillo.

            Pero claro que no puede haber el más mínimo reconocimiento de Rubén para Isidro, pero en los archivos de la ACNUR están los antecedentes al respecto.

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            En medios nacionales se dijo este viernes que a querer y no pero Morena ya accedió a que los gobernadores de la Alianza Federalista puedan plantear ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados sus observaciones al proyecto de presupuesto de egresos del 2021.

            Tras el encuentro de los gobernadores el miércoles con el resto de los grupos parlamentarios se consiguió este espacio, aunque desde luego hubo resistencia en los diputados afines a la Cuarta Transformación.

            Veremos qué logran.

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