LOS POLÍTICOS

NO HABRÁ POSADA 

Ya se anticipaba que el cierre de septiembre sería intenso en la escena política nacional y los acontecimientos de este lunes lo confirmaron, con alcances incluso a lo estatal. 

Para abrir boca se tienen avances en el caso que lleva la Fiscalía de la República contra José “N”, su esposa Martha y otros tres acusados, a los que ya se vinculó a proceso penal y seguirán en prisión en Ceferesos de Morelos y Oaxaca. 

Tan solo para complementar la investigación, promovida por la UIF, el juez otorgó un plazo de tres meses, así que no los esperen en Torreón para las fiestas decembrinas. 

Otro dato interesante, ahora sí la Fiscalía emitió un comunicado oficial y provino de sus oficinas centrales lo que deja ver la importancia que le dan al asunto. 

Y en este mismo contexto, en Torreón se asegura que el ex gerente de Simas Roberto Escalante anda buscando un amparo. ¿El y cuántos más?. 

LO VOLVIERON A HACER 

Así como en las fiestas patrias los de Morena con su segunda tanda de destapes le robaron a la Presidenta los reflectores, ahora en la semana en que llega a su segundo año de gobierno anunciaron los 7 que les faltaban rumbo a la renovación de gubernaturas el año próximo. 

Y por la cercanía lo más relevante es la nominación de Clara Luz Flores en Nuevo León, que además aquí es de interés pues la virtual candidata es originaria de Coahuila, hija del ex alcalde de Sabinas Jorge Flores Dovalina. Su esposo Abel Guerra tiene actividades ganaderas en la región Carbonífera. 

Clara Luz ya fue candidata en 2021, y tras revelarse su relación con la secta NXIVM, después de ir de puntera en las encuestas se fue al cuarto lugar. 

Y no es que ahora las tenga todas consigo, pues ya de entrada la dirigencia del PT se desmarcó de su candidatura. 

LOS OTROS VECINOS 

También ya hubo destape en San Luis Potosí, y ahí Morena confirmó que no irá con el Verde, pues optaron por postular a Elí Cervantes, mientras que los del tucán siguen firmes en la idea de nominar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. 

Y la decisión que más dará de que hablar a nivel nacional será la de Chihuahua, pues se confirmó que no irá como candidata la otrora influyente Andrea Chávez, que era la carta de los obradoristas y particularmente de Adán Augusto López. La coordinación y eventual candidatura ahí es para el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar. 

SORPRESA 

Y ya en lo más local, sin que hubiera señales previas que lo anticiparan este lunes el alcalde de San Juan de Sabinas Óscar Ríos Ramírez solicitó licencia para dejar el cargo. 

Fue tan intempestivo que el secretario de Gobierno Óscar Pimentel González se dejó ir de inmediato a Nueva Rosita con un mensaje contundente de apoyo institucional del estado a la administración municipal, y un marcaje personal a la inesperada transición para garantizar que se conserve la estabilidad. 

Incluso cuando Pimentel González llegó a la Carbonífera no le quedaba en claro si el Cabildo ya había recibido una solicitud de licencia y nombrado como provisional al primer regidor, pero en todo caso la designación del interino se hará en el Congreso del estado. 

SIN FILTROS 

Volviendo a la cancha nacional. Hoy en la Suprema Corte se resolverá una acción de inconstitucionalidad, promovida por diputados de Morena, contra la reforma electoral de Chihuahua, que ha sido polémica por ser la primera legislación en la que se contempla la posibilidad de anular una elección si se comprueba la participación del crimen organizado. 

Se anticipa que el proyecto de la Ministra Sara Irene Herrerías viene en el sentido de  invalidar la reforma aduciendo que el Congreso de Chihuahua se excede en sus facultades, y lo más probable es que los otros ministros la acompañen en ese sentido. 

¿La reforma de Chihuahua no pasa por qué ahí sí se atrevieron a plasmar lo que muchas voces reclamaban y que no se llevó a la reforma federal?, ¿o no pasa porque fue una iniciativa de Maru Campos?. 

Razones puede haber muchas, pero al final el resultado es el mismo, sigue sin haber un blindaje efectivo a los procesos electorales para evitar la intromisión de la delincuencia organizada. 

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