Por Eduardo J. De La Peña

            El Ministro Luis María Aguilar a quien correspondió estudiar la constitucionalidad de la pregunta que López Obrador propuso plantear en la consulta sobre si se lleva o no a juicio a los ex presidentes, ya elaboró su proyecto de resolución y el próximo jueves deberá votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

            La votación del primero de octubre en la Corte mostrará al país, más allá delas especulaciones y calificaciones que se dan respecto a cada uno de los Ministros, quienes de ellos están auténticamente comprometidos con el Estado de Derecho, y quienes están sometidos a los caprichos presidenciales.

            El proyecto elaborado por el Ministro Aguilar hay que leerlo con atención, su mera expresión de que la pregunta propuesta por el Presidente es «un concierto de inconstitucionalidades» constituye una sentencia demoledora y una definición contundente del actuar de López Obrador, en este y muchos otros casos.

            También es destacable lo que el Ministro considera respecto a mencionar por su nombre a los ex presidentes, eventuales acusados:

            «Viola el derecho a la presunción de inocencia, pues al exponerlas mediáticamente afecta el debido proceso, y podría generar un efecto corruptor y de pruebas ilícitas que imposibilitaría dictar sentencias», señala.

            ¿No es esto justamente lo que está alegando el empresario Alonso Ancira en el juicio de amparo que promovió y donde un juez se ha negado a darle la razón?.

            El Ministro Aguilar lo dice para el caso específico de la exhibición pública de los ex presidentes, pero lo mismo aplica en el caso de Ancira y de todos los personajes e instituciones que diariamente son señalados desde el púlpito presidencial.

            Quizá el juez Gabriel Regis López siga en trabajo remoto y no tenga acceso al sistema informático para conocer el proyecto elaborado por el Ministro Luis María Aguilar, pero bien haría en conseguirse una copia del texto, le ayudaría mucho a normar criterio.

            Respecto al Ministro Aguilar, desde luego que al conocerse el sentido de su proyecto de inmediato las hordas morenistas se ensañaron y llenaron las redes de mentiras, como el decir que se está declarando improcedente enjuiciar a ex presidentes y definitivamente nada hay en ese sentido en la resolución, pero ya sabíamos que esto de la consulta sería principalmente un recurso distractor del Presidente. Cuidado con caer en el garlito.

–o–

            Hablando de recursos legales, se tendría que estar promoviendo ya uno para impedir que el gobierno federal siga quitando recursos al proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero.

            Y es que no se trata únicamente de que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 no vengan recursos etiquetados para esa obra –como para ninguna otra en Coahuila– sino que además se van a retirar los que se habían comprometido para este año porque la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado una y otra vez la licitación.

            Anteriormente se decía que el paso más importante se daba cuando Hacienda accedía a destinar recursos por primera vez para una obra, así fuera una cantidad mínima, pues una vez iniciado el proyecto cada año se le inyectarían fondos para no dejarlo inconcluso, pero ahora se actúa con otra lógica y no les importa dejar las cosas a medias, afecte a quien afecte.

            Esta obra pendiente es de hecho parte de un proyecto mayor que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, la modernización de la ruta Saltillo-Zacatecas, pero desde hace años no se le ha puesto mano al tramo en que para intereses locales es más urgente, y no son más que diez kilómetros y medio.

            La vida de miles de trabajadores se pone en riesgo cada día por las condiciones de la carretera hacia la zona industrial de Derramadero, hay desde luego también una afectación para el sector productivo.

            Por la vía legal gobierno y empresarios tendrían que pelear los fondos que se etiquetaron para este año y que están en riesgo de perderse porque la SCT ha declarado desierta la licitación con todo y que doce empresas, con experiencia en esos procesos, mostraron interés en participar.

–o–

            A mitad de semana funcionarios educativos en la región Centro plantearon que con el modelo de educación a distancia surgía ahora el riesgo de intromisiones en las sesiones que se tienen por medio de plataformas digitales.

            Este jueves el Centro de Química Aplicada, CIQA, tuvo que suspender algunas conferencias que se impartían en una de esas plataformas, precisamente porque irrumpieron algunos hackers, al parecer extranjeros, y si este tipo de instituciones de investigación y educación superior no están libres de ese riesgo, con mayor razón son vulnerables otro tipo de planteles, pero como poco pueden hacer realmente las autoridades al respecto, queda la tarea para los maestros, que deben estar muy atentos para reaccionar adecuadamente si hay una intrusión y en todo caso evitar exponer a menores de edad a contenidos no adecuados.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            No se ha dado a conocer si los pequeños y medianos productores de carbón lograron algún avance en la reunión que esta semana sostuvieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, en la que buscarían criterios más flexibles dentro de los contratos para el suministro del mineral.

            Más que cambiar las especificaciones caloríficas del carbón, lo que los productores buscan es margen para mezclas y compensaciones, como se hacía en el pasado, de tal forma que se saquen promedios de lo que se entrega en un determinado lapso y no se dictamine en lo individual.

            Además tendría que haber otros criterios en la penalización, pues es razonable que si se entrega una especificación menor que también el pago sea menor, pero no que no haya ni pago ni devolución.

            Finalmente la CFE ha admitido que de los 75 productores a los que se les había dado el visto bueno como proveedores, únicamente 53 firmaron contrato de adjudicación directa, el resto seguramente desistió al ver las condiciones ventajosas que estaba imponiendo la paraestatal.

            En los 53 contratos que ya adjudicó la Comisión se respaldan compras por poco más de un millón cuatrocientas mil toneladas, a surtir hasta diciembre de 2021, es decir casi seiscientas mil toneladas menos de las que inicialmente se dijo que adquirirían.

            Entre las 53 empresas que obtuvieron contratos, a las que menos se les compraría recibirían alrededor de quince millones de pesos, y sesenta millones de pesos las de los contratos de mayor cuantía.

            Llama la atención que el contrato más grande, por 56 mil toneladas, es para una empresa que en el sector aseguran es originaria de Monterrey, Operadora y Suministros Vickel, ¿dónde quedó entonces el compromiso de apoyar a los productores locales?.

            Pero aún así, si no se alcanza un acuerdo entre los productores y la Comisión no habrá suministro ni del millón cuatrocientas mil toneladas ni desde luego la urgente derrama económica en la región.

–o–

            Tuvo gira por municipios del norte de la entidad el Secretario General del IMSS Javier Guerrero García para supervisar avances en hospitales de Ciudad Acuña y Piedras Negras.

            En el caso de Acuña, Javier Guerrero señaló que esperan en octubre ahora sí ponerlo en operación. Es un caso emblemático que ha sido incluso señalado a nivel nacional entre las obras en materia de salud que se dejaron inconclusas el sexenio anterior.

            Este hospital se inició a construir en 2017 y debería de haber estado en servicio el año anterior.

            Como la fecha estimada que dio a conocer Javier Guerrero, octubre, coincide con la anunciada visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila –en específico a San Juan de Sabinas– para el 23 de ese mes, de inmediato se comenzó a especular con la posibilidad de que el presidente lo inaugure.

            Es lo de menos, si hay o no inauguración presidencial no desmerece, lo importante es que entre en servicio.

–o–

            El INEGI dio a conocer sus cifras preliminares de la incidencia de homicidios en el país durante 2019, que ubican a Coahuila entre los estados con menos hechos de este tipo, reflejo de los avances en materia de seguridad.

            En la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, Coahuila es el quinto estado de los más bajos, con 10 cuando la tasa nacional es de 29 por cada cien mil habitantes.

            En 2019 se contabilizaron 305 homicidios en Coahuila, esto incluye accidentes y hechos violentos. Para dimensionar lo que se ha mejorado en materia de seguridad baste recordar que en 2012 se tuvieron mil 160 homicidios en la entidad.

–o–

            No cabe duda que en el país tenemos un gobierno bipolar. Primero esta semana la Secretaría de Gobernación ponderó su acuerdo alcanzado en Chihuahua en el tema de la extracción de agua de las presas, en una mesa de dialogo en que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo representada por Ricardo Mejía Berdeja, y a los dos días se notificó al gobernador Javier Corral que los funcionarios federales ya no participarán en esa entidad en la mesa de coordinación en materia de seguridad.

            Aseguran que están encauzando una solución al conflicto pero lo escalan a otra dimensión rompiendo la coordinación porque el gobierno estatal les ha criticado el despliegue de las fuerzas federales en las presas.

            ¿Cómo el gobierno federal apuesta por la confrontación cuando habían iniciado una ruta de solución?. La esquizofrenia de la cuarta transformación.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Más se tardó Ricardo Anaya en anunciar su retorno a la política nacional que el fiscal antidisidencia  Santiago Nieto en pasarlo al patíbulo.

            Es cierto que el nombre de Anaya salió a relucir durante la puesta en escena de Emilio Lozoya, quien lo involucra en el asunto de los sobornos, pero apenas el panista dio señales de vida y manifestó sus intenciones de participar en política, y Santiago Nieto sale a declarar que está bajo investigación.

            No guarda el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera la secrecía que obliga en toda investigación,  sin importarle que incluso incurre en faltas al debido proceso, cada que una declaración suya puede ser de utilidad para mermar a un opositor al régimen, ventila los casos en forma irresponsable.

            Se consolida así Santiago Nieto como un fiscal del terror, pues lo mismo la emprende contra políticos opositores que de funcionarios judiciales que resuelven en algún sentido que no le gusta.

            Este mismo martes el titular de la UIF se inconformó contra un juez que liberó cuentas del empresario Kamel Nacif, prófugo de la justicia por su participación en la tortura a la periodista Lidia Cacho, pero no se limita Santiago Nieto a los recursos previstos en la ley, sino que aún antes de que una instancia superior resuelva si el juez se apegó o no a derecho, amenaza públicamente que pedirá su readscripción.

            Esto también es muy grave, manda un mensaje amenazador para todo juez al que le toque conocer casos relacionados con la UIF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debería hacerle un extrañamiento a Santiago Nieto para que se limite a seguir cauces legales y omita esos amagos.

            En cuanto a Anaya, si recibió o no los sobornos, eso es lo que deben esclarecer las investigaciones, y su retorno a la política puede entusiasmar a algunos y desagradar a otros, pero lo cierto es que en una encuesta que se hizo el mes anterior se le ubicó como el personaje más viable para fungir como contrapeso a López Obrador, lo cual es mucho decir en un escenario en que la oposición está desdibujada.

–o–

            Al renunciar a su cargo el parrense Jaime Cárdenas Gracia dejó ver graves situaciones que ocurren en el llamado instituto «para devolver al pueblo lo robado».

            Además de asegurar que en el organismo hay corrupción, que según el Presidente en su administración ya no existe, también recordó los pasivos laborales que por más de mil millones de pesos tiene el gobierno con ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y de Ferrocarriles Nacionales y que ese instituto tiene la obligación de pagarlos.

            Hay una deuda con trabajadores, y el Instituto acaba de aportar dos mil millones de pesos para los premios en la supuesta rifa del avión presidencial. Toda una incongruencia.

–o–

            La Secretaría de Gobernación anunció haber llegado a acuerdos para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua, pero de inmediato agricultores hicieron ver que no están representados en la mesa de diálogo.

            Tal parece que la responsable de la estabilidad en el país Olga Sánchez Cordero decidió convocar únicamente a funcionarios federales, legisladores y alcaldes pero se olvidó de los protagonistas del conflicto, así es más cómodo seguramente.

            Y quizá por eso los acuerdos son tan vagos y en ninguno de ellos, o al menos de los que se dieron a conocer, se precisa cómo se resolverá realmente el problema, ¿se tomará o no agua de La Boquilla para pagar la deuda con Estados Unidos?.

            También con puro actor político sentado a la mesa fue sencillo pactar el compromiso de «respetar irrestrictamente al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional», sin mencionar los excesos en que incurrió la autoridad, ni hablar mucho menos sobre una disculpa pública e indemnización a los familiares de la mujer que fue asesinada por un elemento de la Guardia.

            Los que sí participaron en la mesa de dialogo fueron Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, y Rubén Moreira como presidente de la Comisión de la Frontera Norte en la Cámara de Diputados.

–o–

            Este miércoles deberá darse el encuentro de los gobernadores de la Alianza Federalista con los legisladores para comprometerlos en la gestión de mayores recursos para 2021, habrá que estar atentos a los resultados de la reunión.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J De La Peña De León

            El General Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional ya reconoció que un elemento de esa corporación fue quien dio muerte a uno de los manifestantes que se oponen a la extracción de agua en La Boquilla, en Chihuahua.

            El militar lo plantea como «un desafortunado accidente», y asegura que un elemento disparó en un momento de confusión cuando trasladaban a algunos detenidos que habían despojado de armas y granadas a los efectivos de la Guardia Nacional.

            Semana y media después de los graves acontecimientos el General Rodríguez Bucio sale a dar su versión en lo que parece un intento no por pedir una disculpa sino al contrario, liberar de responsabilidad a los elementos implicados a los que sin embargo deja en ridículo.

            Queda en claro la falta de capacitación en estos elementos a los que un grupo de agricultores pudo despojar de armas y granadas, y en los nervios terminaron por hacer disparos contra civiles.

            Faltan desde luego las consignaciones correspondientes, y que haya una indemnización para los familiares de la mujer que murió, pues no basta con salir a dar un informe.

            Este asunto de la deuda de agua con Estados Unidos se está complicando cada día más, y ahora sí ya nos dejó a los de Coahuila en medio de la pugna.

            Greg Abbot, gobernador de Texas, hizo un pronunciamiento esta semana presionando para que México cumpla con lo que tiene que entregar dentro del Tratado, a más tardar a finales del mes próximo.

            Y como el reclamo vino del vecino país, de inmediato López Obrador dijo que para poder cumplir y dado lo que está ocurriendo en Chihuahua, pedirán ayuda a otros estados para que aporten agua.

            La declaración del Presidente se dio al mismo tiempo que una protesta de agricultores de Tamaulipas, quienes están acusando que no se les ha entregado el agua que les corresponde para el ciclo agrícola, por compensar a Estados Unidos lo que no entrega Chihuahua.

            Y es aquí donde atrapan a Coahuila, pues resulta que estos agricultores, del Distrito Bajo Río Bravo, el de mayor superficie para siembra y con 15 mil usuarios que son los principales productores de sorgo en México, tienen derechos sobre el agua de la Presa La Amistad.

            Hay otros distritos de riego con derechos en esta presa, como el Acuña-Falcón, que contempla municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y tiene quinientos usuarios.

            Como se sabe la Presa La Amistad es binacional, pertenece a nuestro país y a Estados Unidos, pero no a partes iguales, actualmente está a poco más del 34 por ciento de su capacidad total, pero de lo que corresponde a México el volumen útil es mínimo, y los vecinos extraen actualmente ocho veces más de lo que aquí se dispone.

            Si López Obrador está volteando hacia Acuña para poder pagar la deuda de agua a Estados Unidos, debe tomar en cuenta que acá tampoco hay agua suficiente, y que los agricultores con derechos a ella ya también están exigiendo lo que les corresponde.

            Que dé una preguntada el Presidente a ver si en Nuevo León consigue agua, pues ahí sí que las presas están rebosantes, al menos la de La Boca tuvo que ser abierta esta semana para desfogarla.

–o–

            Este año el Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora hoy 19 de septiembre, al menos en Coahuila pasará sin simulacros, pues las autoridades tomaron la prudente decisión de suspenderlos ante la contingencia sanitaria.

            Francisco Martínez Avalos, subsecretario de Protección Civil, explicó que se tenían previstos más de 3 mil simulacros, pero como hoy la prioridad es evitar aglomeraciones, esa actividad se sustituye por capacitación y otras actividades en línea.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

El juez que lleva el juicio de amparo promovido la semana anterior por el empresario Alonso Ancira Elizondo ya resolvió la primera etapa y negó la suspensión provisional, sin embargo hay que leer con cuidado la resolución.

Bajo el amago que están los jueces, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no se atrevió a poner un alto a los excesos que cada mañana comete Andrés Manuel López Obrador, pero sí señala que no se puede pedir al Presidente que emita una manifestación pública en la que reconozca que Ancira es inocente de los delitos que se le imputan hasta que no haya una sentencia que lo condene, «pues no se trata de la autoridad competente para emitir una determinación en los términos solicitados».

El juez Gabriel Regis López no ha entrado al fondo del asunto pero ya ha establecido algo que es muy importante, el Presidente no es autoridad competente, y si no lo es para decir que alguien es inocente, por lógica tampoco lo es para decir que alguien es culpable, ni mucho menos para estar exigiendo una reparación del daño que ninguna autoridad con competencia real haya determinado y cuantificado.

Dice el juez que el Presidente a través de su ejercicio de comunicación está ejerciendo sus derechos fundamentales, y ese ejercicio es un «elemento determinante en la calidad de vida democrática en un país». ¿En qué despacho de Palacio Nacional le habrán hecho la resolución al juez Regis?, ahora resulta que la diatriba y la difamación cuando se emiten desde el púlpito presidencial abonan a la democracia.

Tal vez en la Escuela Scherer de Derecho no enseñan Constitucional, o el juez Regis se voló la clase el día que tocaba analizar el artículo sexto en donde se establece como uno de los límites a la libertad de expresión afectar derechos de terceros, como hace cada mañana López Obrador.

Pero debemos esperar a que se resuelva el fondo del asunto, mientras tanto el «ejercicio de comunicación» del Presidente sigue generando reacciones en contra, y este jueves académicos e intelectuales hicieron un nuevo pronunciamiento señalando que López Obrador «profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana».

«Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su Gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el País».

Son muchos los que no coinciden con el juez Regis en que las mañaneras abonan a la democracia.

–o–

            En otros temas, a quien hay que reconocerle su postura y el haberse sumado a la iniciativa de consulta popular sobre el ingreso básico universal es a Armando Guadiana Tijerina.

En el senado la impulsora del tema fue la panista Xochitl Galvez, y a ella se sumaron más de cuarenta senadores, entre ellos Guadiana, pese a que su grupo parlamentario no secundó la propuesta.

La causa lo vale dijo Guadiana y es cierto.

Queda claro que el ingreso básico universal no estará implementado oportunamente para auxiliar a los mexicanos que han perdido el empleo en esta crisis económica, pues en caso de que proceda la consulta se celebraría hasta agosto del año próximo, pero sí se logra establecer esa obligación en la Constitución, ya no habrá espacio para que este gobierno u otros en el futuro evadan un programa emergente de estos alcances.

Guadiana muestra congruencia con lo que ha venido planteando desde hace meses, pues él sí ha abonado por acciones de rescate económico y ahora además muestra que puede actuar con autonomía y sumarse a iniciativas que provengan de otras siglas cuando se trata del interés de los mexicanos.

Punto a su favor.

–o–

            Como ocurre siempre en estos casos, la entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud en el país no dejó contentos a todos, y en Monclova surgieron los reclamos de que no se haya considerado a ninguno de los trabajadores del hospital 7 del IMSS, después de la crisis que vivieron –y superaron– en meses anteriores.

Hasta ahora se conocen los nombres de los 58 que se hicieron acreedores a la máxima distinción, que es la Condecoración en Grado Collar, y no hay nadie de Monclova, lo que no se sabe es si nadie fue propuesto –pues hubo una convocatoria pública para ello– o si el jurado calificador no los consideró merecedores.

De hecho del personal que presta servicio en Coahuila, únicamente hay un médico entre esos 58 condecorados, se trata de un Neumólogo, Aldo Garza Sánchez, que no es originario de nuestra entidad, pero radica en Torreón y trabaja tanto en la medicina privada como en el hospital Militar.

edelapena@infonor.com.mx

 

Por Eduardo J. De La Peña De León

            En la propuesta de presupuesto de egresos para 2021 que está a análisis en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda planteó dejar en ceros el llamado Fortaseg, el fondo destinado a fortalecer la seguridad en los 300 municipios más poblados del país, entre los que hasta este año se consideró a ocho de Coahuila que son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Ramos Arizpe, Matamoros, y San Pedro.

            Para 2020 fueron más de 102 millones de pesos los comprometidos en el Fortaseg para estos ocho municipios, siendo Saltillo el que más recibió, casi 28 millones de pesos, y Ramos Arizpe el que menos, seis millones de pesos.

            El Fortaseg tenía recursos federales por casi 4 mil millones de pesos, de los cuales para 2021 se plantea destinar más de 3 mil 300 al fortalecimiento de la Guardia Nacional.

            Estamos ante una pretensión que debe encender alertas por dos aspectos fundamentales.

            El primero es dejar sin estos recursos a las corporaciones locales, en las que se ha invertido mucho dinero y tiempo para reconstruirlas, profesionalizarlas y certificarlas.

            Al menos en Coahuila se puede hablar de casos de éxito en esta nueva etapa de las policías municipales, Saltillo es quizá el más notorio por los niveles de eficiencia que se han alcanzado, pero también debe destacarse lo que se logró en Torreón donde en algún momento se tuvo que cesar a prácticamente todos los elementos por su vinculación con la delincuencia organizada, y con tenacidad se logró integrar un nuevo cuerpo.

            Contar con elementos más profesionales y corporaciones mejor equipadas implica desde luego un mayor costo para los Ayuntamientos, si ahora les quitan el apoyo federal los dejan «colgados de la brocha» y en riesgo de que se pierda lo logrado.

            El segundo aspecto preocupante en este asunto, es que se fortalece a la Guardia Nacional que ya hemos visto es utilizado como un cuerpo de represión hacia las voces disidentes.

            En semanas anteriores en Monclova hubo un despliegue de esa corporación, con elementos armados incluso, para retirar de la vía pública mantas en que se cuestionaba al Presidente, un ominoso mensaje para quienes se atreven a criticar, cuestionar y disentir.

            Que por cierto la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Morales Valdés prometió una investigación sobre esos hechos y hasta ahora no ha presentado informe alguno.

            Y después de lo de Monclova la Guardia Nacional se vio implicada en la represión a los agricultores en Chihuahua, y se señala a elementos de esa corporación como los responsables de una agresión en la que una mujer murió y su esposo quedó gravemente herido.

            Es peligroso que el gobierno federal destine ahora esos recursos para darle más fuerza a ese cuerpo que están utilizando como brazo represor.

            Que las cosas se den en una manera diferente depende de los diputados federales, en cuya cancha queda ahora la aprobación del presupuesto, ¿podremos confiar en ellos?.

            Y a propósito de la Cámara de Diputados esa instancia mantiene su indiferencia ante los diversos asuntos que hoy en día dominan la agenda política y social en el país, como el ya comentado conflicto en Chihuahua por la oposición de los agricultores a que se les despoje de sus derechos de agua para que México pueda cumplir el Tratado en la materia con los Estados Unidos.

            Ni la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte ni la de Recursos Hidráulicos se han pronunciado en el tema.

            En la primera Chihuahua tiene cinco representantes, pero dos son de MORENA y dos del PT, con ellos desde luego los agricultores no pueden contar, y el otro es del PAN. Dos coahuilenses están en esa Comisión, Rubén Moreira –que la preside– y diego del Bosque, ni a cual irle.

            Y en la de Recursos Hidráulicos, Chihuahua tiene dos diputados, uno de Movimiento Ciudadano y otro del PAN, y Coahuila tiene uno, Francisco Borrego Adame, que es como si no tuviéramos ninguno pues el lagunero poco atiende su función como legislador.

            El tema del Tratado de Aguas, y los conflictos que se generan cada quinquenio en que no cuadran las cuentas respecto a lo que según Estados Unidos falta de entregarles, lo conoce bien la presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, pues cuando fue senadora le tocó encabezar una comisión que analizó el asunto, bien haría en aportar su experiencia e impulsar una solución a este problema que ya ha costado vidas en el vecino estado.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

En forma burda Santiago Nieto confirma a la Unidad de Inteligencia Financiera como el brazo represor de la cuarta transformación al dirigir ahora sus baterías contra liderazgos visibles en las movilizaciones en Chihuahua para evitar las extracciones a la Presa La Boquilla.

Casualmente el verdugo de la 4T se acaba de dar cuenta que el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, estuvo implicado en la llamada estafa maestra cuando fue director del ISSSTE y ordenó le sean congeladas sus cuentas bancarias.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 32 denuncias relacionadas con la Estafa Maestra, pero únicamente dos de ellas tienen que ver con instancias federales, Sedesol y Sedatu, ambas de la época en que estuvieron a cargo de Rosario Robles, quien está presa desde agosto del año pasado, y ninguna vinculada con el ISSSTE.

Pero ahora que Reyes Baeza participa en las protestas en Chihuahua sale Santiago Nieto con que está implicado con ese caso y ordena le congelen las cuentas, sin ni siquiera haberle notificado que hay una investigación o causa penal en su contra.

Y al mismo tiempo la UIF ordena congelar las cuentas de otros dirigentes que han participado en el movimiento, y en un claro exceso hasta las del Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua, complicando la operación del gobierno municipal e impidiendo el pago de la nómina.

Pero ese es Santiago Nieto, en sus excesos no mide las consecuencias ni le importa si su actuar se apega a la legalidad. En medios nacionales se dice que el titular de la UIF está construyendo su candidatura a la gubernatura de Querétaro, pues nada más que tenga presente: «los carniceros de hoy son las reses del mañana…»

En el mismo tema de Chihuahua, uno de los agricultores que fue baleado tras las protestas, el esposo de la mujer que murió, ya rindió su declaración ante el Ministerio Público y señala que sus agresores fueron elementos de la Guardia Nacional, se anticipa que la Fiscalía Estatal pedirá a la FGR que atraiga el caso, veremos si realmente se procede para castigar ese asesinato y uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Berdeja se da vuelo en redes sociales lanzando acusaciones y calificativos en contra de los agricultores. Como de seguridad pública no sabe un ápice, se concentra en lo suyo, politizar el asunto, grillar, descalificar.

Sobre el tema, en Coahuila el Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller se ha mostrado confiado en que acá no haya conflicto, y explica que la única presa coahuilense que se ve comprometida en el Tratado de Aguas es la Don Martín, que su distrito de riego lo tiene en Nuevo León, sin embargo hay varios ríos que también son tributarios del Tratado, como el San Rodrigo, San Diego y Escondido, se espera que efectivamente aquí no haya tensión pero bien harían las autoridades en mantenerse atentas.

–o–

            Otro conflicto que se ha desbordado, y ese sí a nivel local, pero de nuevo ante la indiferencia de autoridades federales, es el que se da entre personal y directivos del Tecnológico de Saltillo.

Los sindicalizados han venido externando desde hace días su inconformidad pues consideran que no se han tomado las medidas preventivas suficientes para evitar un posible contagio, y la directora María Gloria Hinojosa les respondió con una carta pública descalificando sus argumentos, lo cual desde luego generó más tensión.

Este martes por la tarde los trabajadores bloquearon el bulevar Carranza en Saltillo para meter más presión, afectando a ciudadanos que nada tienen que ver con sus planteamientos.

¿Dónde están la representación de la Secretaría de Educación Federal, y la Dirección de Tecnológicos?    ¿el superdelegado dle gobierno federal no se ha percatado del problema?, ¿y los dirigentes del SNTE?.

–o–

            Diputados del PAN en el Congreso local, en voz de Rosa Nilda González, sumaron su voz a la de los legisladores federales que han demandado del gobierno federal acciones para el rescate económico de la región Centro de la entidad.

Coincide el planteamiento con el que hicieron la semana anterior los senadores Verónica Martínez, del PRI y Eva Galaz y Armando Guadiana de MORENA.

edelapena@infonor.com.mx