Por Eduardo J De La Peña De León

            El General Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional ya reconoció que un elemento de esa corporación fue quien dio muerte a uno de los manifestantes que se oponen a la extracción de agua en La Boquilla, en Chihuahua.

            El militar lo plantea como «un desafortunado accidente», y asegura que un elemento disparó en un momento de confusión cuando trasladaban a algunos detenidos que habían despojado de armas y granadas a los efectivos de la Guardia Nacional.

            Semana y media después de los graves acontecimientos el General Rodríguez Bucio sale a dar su versión en lo que parece un intento no por pedir una disculpa sino al contrario, liberar de responsabilidad a los elementos implicados a los que sin embargo deja en ridículo.

            Queda en claro la falta de capacitación en estos elementos a los que un grupo de agricultores pudo despojar de armas y granadas, y en los nervios terminaron por hacer disparos contra civiles.

            Faltan desde luego las consignaciones correspondientes, y que haya una indemnización para los familiares de la mujer que murió, pues no basta con salir a dar un informe.

            Este asunto de la deuda de agua con Estados Unidos se está complicando cada día más, y ahora sí ya nos dejó a los de Coahuila en medio de la pugna.

            Greg Abbot, gobernador de Texas, hizo un pronunciamiento esta semana presionando para que México cumpla con lo que tiene que entregar dentro del Tratado, a más tardar a finales del mes próximo.

            Y como el reclamo vino del vecino país, de inmediato López Obrador dijo que para poder cumplir y dado lo que está ocurriendo en Chihuahua, pedirán ayuda a otros estados para que aporten agua.

            La declaración del Presidente se dio al mismo tiempo que una protesta de agricultores de Tamaulipas, quienes están acusando que no se les ha entregado el agua que les corresponde para el ciclo agrícola, por compensar a Estados Unidos lo que no entrega Chihuahua.

            Y es aquí donde atrapan a Coahuila, pues resulta que estos agricultores, del Distrito Bajo Río Bravo, el de mayor superficie para siembra y con 15 mil usuarios que son los principales productores de sorgo en México, tienen derechos sobre el agua de la Presa La Amistad.

            Hay otros distritos de riego con derechos en esta presa, como el Acuña-Falcón, que contempla municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y tiene quinientos usuarios.

            Como se sabe la Presa La Amistad es binacional, pertenece a nuestro país y a Estados Unidos, pero no a partes iguales, actualmente está a poco más del 34 por ciento de su capacidad total, pero de lo que corresponde a México el volumen útil es mínimo, y los vecinos extraen actualmente ocho veces más de lo que aquí se dispone.

            Si López Obrador está volteando hacia Acuña para poder pagar la deuda de agua a Estados Unidos, debe tomar en cuenta que acá tampoco hay agua suficiente, y que los agricultores con derechos a ella ya también están exigiendo lo que les corresponde.

            Que dé una preguntada el Presidente a ver si en Nuevo León consigue agua, pues ahí sí que las presas están rebosantes, al menos la de La Boca tuvo que ser abierta esta semana para desfogarla.

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            Este año el Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora hoy 19 de septiembre, al menos en Coahuila pasará sin simulacros, pues las autoridades tomaron la prudente decisión de suspenderlos ante la contingencia sanitaria.

            Francisco Martínez Avalos, subsecretario de Protección Civil, explicó que se tenían previstos más de 3 mil simulacros, pero como hoy la prioridad es evitar aglomeraciones, esa actividad se sustituye por capacitación y otras actividades en línea.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

El juez que lleva el juicio de amparo promovido la semana anterior por el empresario Alonso Ancira Elizondo ya resolvió la primera etapa y negó la suspensión provisional, sin embargo hay que leer con cuidado la resolución.

Bajo el amago que están los jueces, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no se atrevió a poner un alto a los excesos que cada mañana comete Andrés Manuel López Obrador, pero sí señala que no se puede pedir al Presidente que emita una manifestación pública en la que reconozca que Ancira es inocente de los delitos que se le imputan hasta que no haya una sentencia que lo condene, «pues no se trata de la autoridad competente para emitir una determinación en los términos solicitados».

El juez Gabriel Regis López no ha entrado al fondo del asunto pero ya ha establecido algo que es muy importante, el Presidente no es autoridad competente, y si no lo es para decir que alguien es inocente, por lógica tampoco lo es para decir que alguien es culpable, ni mucho menos para estar exigiendo una reparación del daño que ninguna autoridad con competencia real haya determinado y cuantificado.

Dice el juez que el Presidente a través de su ejercicio de comunicación está ejerciendo sus derechos fundamentales, y ese ejercicio es un «elemento determinante en la calidad de vida democrática en un país». ¿En qué despacho de Palacio Nacional le habrán hecho la resolución al juez Regis?, ahora resulta que la diatriba y la difamación cuando se emiten desde el púlpito presidencial abonan a la democracia.

Tal vez en la Escuela Scherer de Derecho no enseñan Constitucional, o el juez Regis se voló la clase el día que tocaba analizar el artículo sexto en donde se establece como uno de los límites a la libertad de expresión afectar derechos de terceros, como hace cada mañana López Obrador.

Pero debemos esperar a que se resuelva el fondo del asunto, mientras tanto el «ejercicio de comunicación» del Presidente sigue generando reacciones en contra, y este jueves académicos e intelectuales hicieron un nuevo pronunciamiento señalando que López Obrador «profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana».

«Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su Gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el País».

Son muchos los que no coinciden con el juez Regis en que las mañaneras abonan a la democracia.

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            En otros temas, a quien hay que reconocerle su postura y el haberse sumado a la iniciativa de consulta popular sobre el ingreso básico universal es a Armando Guadiana Tijerina.

En el senado la impulsora del tema fue la panista Xochitl Galvez, y a ella se sumaron más de cuarenta senadores, entre ellos Guadiana, pese a que su grupo parlamentario no secundó la propuesta.

La causa lo vale dijo Guadiana y es cierto.

Queda claro que el ingreso básico universal no estará implementado oportunamente para auxiliar a los mexicanos que han perdido el empleo en esta crisis económica, pues en caso de que proceda la consulta se celebraría hasta agosto del año próximo, pero sí se logra establecer esa obligación en la Constitución, ya no habrá espacio para que este gobierno u otros en el futuro evadan un programa emergente de estos alcances.

Guadiana muestra congruencia con lo que ha venido planteando desde hace meses, pues él sí ha abonado por acciones de rescate económico y ahora además muestra que puede actuar con autonomía y sumarse a iniciativas que provengan de otras siglas cuando se trata del interés de los mexicanos.

Punto a su favor.

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            Como ocurre siempre en estos casos, la entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud en el país no dejó contentos a todos, y en Monclova surgieron los reclamos de que no se haya considerado a ninguno de los trabajadores del hospital 7 del IMSS, después de la crisis que vivieron –y superaron– en meses anteriores.

Hasta ahora se conocen los nombres de los 58 que se hicieron acreedores a la máxima distinción, que es la Condecoración en Grado Collar, y no hay nadie de Monclova, lo que no se sabe es si nadie fue propuesto –pues hubo una convocatoria pública para ello– o si el jurado calificador no los consideró merecedores.

De hecho del personal que presta servicio en Coahuila, únicamente hay un médico entre esos 58 condecorados, se trata de un Neumólogo, Aldo Garza Sánchez, que no es originario de nuestra entidad, pero radica en Torreón y trabaja tanto en la medicina privada como en el hospital Militar.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            En la propuesta de presupuesto de egresos para 2021 que está a análisis en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda planteó dejar en ceros el llamado Fortaseg, el fondo destinado a fortalecer la seguridad en los 300 municipios más poblados del país, entre los que hasta este año se consideró a ocho de Coahuila que son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Ramos Arizpe, Matamoros, y San Pedro.

            Para 2020 fueron más de 102 millones de pesos los comprometidos en el Fortaseg para estos ocho municipios, siendo Saltillo el que más recibió, casi 28 millones de pesos, y Ramos Arizpe el que menos, seis millones de pesos.

            El Fortaseg tenía recursos federales por casi 4 mil millones de pesos, de los cuales para 2021 se plantea destinar más de 3 mil 300 al fortalecimiento de la Guardia Nacional.

            Estamos ante una pretensión que debe encender alertas por dos aspectos fundamentales.

            El primero es dejar sin estos recursos a las corporaciones locales, en las que se ha invertido mucho dinero y tiempo para reconstruirlas, profesionalizarlas y certificarlas.

            Al menos en Coahuila se puede hablar de casos de éxito en esta nueva etapa de las policías municipales, Saltillo es quizá el más notorio por los niveles de eficiencia que se han alcanzado, pero también debe destacarse lo que se logró en Torreón donde en algún momento se tuvo que cesar a prácticamente todos los elementos por su vinculación con la delincuencia organizada, y con tenacidad se logró integrar un nuevo cuerpo.

            Contar con elementos más profesionales y corporaciones mejor equipadas implica desde luego un mayor costo para los Ayuntamientos, si ahora les quitan el apoyo federal los dejan «colgados de la brocha» y en riesgo de que se pierda lo logrado.

            El segundo aspecto preocupante en este asunto, es que se fortalece a la Guardia Nacional que ya hemos visto es utilizado como un cuerpo de represión hacia las voces disidentes.

            En semanas anteriores en Monclova hubo un despliegue de esa corporación, con elementos armados incluso, para retirar de la vía pública mantas en que se cuestionaba al Presidente, un ominoso mensaje para quienes se atreven a criticar, cuestionar y disentir.

            Que por cierto la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Morales Valdés prometió una investigación sobre esos hechos y hasta ahora no ha presentado informe alguno.

            Y después de lo de Monclova la Guardia Nacional se vio implicada en la represión a los agricultores en Chihuahua, y se señala a elementos de esa corporación como los responsables de una agresión en la que una mujer murió y su esposo quedó gravemente herido.

            Es peligroso que el gobierno federal destine ahora esos recursos para darle más fuerza a ese cuerpo que están utilizando como brazo represor.

            Que las cosas se den en una manera diferente depende de los diputados federales, en cuya cancha queda ahora la aprobación del presupuesto, ¿podremos confiar en ellos?.

            Y a propósito de la Cámara de Diputados esa instancia mantiene su indiferencia ante los diversos asuntos que hoy en día dominan la agenda política y social en el país, como el ya comentado conflicto en Chihuahua por la oposición de los agricultores a que se les despoje de sus derechos de agua para que México pueda cumplir el Tratado en la materia con los Estados Unidos.

            Ni la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte ni la de Recursos Hidráulicos se han pronunciado en el tema.

            En la primera Chihuahua tiene cinco representantes, pero dos son de MORENA y dos del PT, con ellos desde luego los agricultores no pueden contar, y el otro es del PAN. Dos coahuilenses están en esa Comisión, Rubén Moreira –que la preside– y diego del Bosque, ni a cual irle.

            Y en la de Recursos Hidráulicos, Chihuahua tiene dos diputados, uno de Movimiento Ciudadano y otro del PAN, y Coahuila tiene uno, Francisco Borrego Adame, que es como si no tuviéramos ninguno pues el lagunero poco atiende su función como legislador.

            El tema del Tratado de Aguas, y los conflictos que se generan cada quinquenio en que no cuadran las cuentas respecto a lo que según Estados Unidos falta de entregarles, lo conoce bien la presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, pues cuando fue senadora le tocó encabezar una comisión que analizó el asunto, bien haría en aportar su experiencia e impulsar una solución a este problema que ya ha costado vidas en el vecino estado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

En forma burda Santiago Nieto confirma a la Unidad de Inteligencia Financiera como el brazo represor de la cuarta transformación al dirigir ahora sus baterías contra liderazgos visibles en las movilizaciones en Chihuahua para evitar las extracciones a la Presa La Boquilla.

Casualmente el verdugo de la 4T se acaba de dar cuenta que el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, estuvo implicado en la llamada estafa maestra cuando fue director del ISSSTE y ordenó le sean congeladas sus cuentas bancarias.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 32 denuncias relacionadas con la Estafa Maestra, pero únicamente dos de ellas tienen que ver con instancias federales, Sedesol y Sedatu, ambas de la época en que estuvieron a cargo de Rosario Robles, quien está presa desde agosto del año pasado, y ninguna vinculada con el ISSSTE.

Pero ahora que Reyes Baeza participa en las protestas en Chihuahua sale Santiago Nieto con que está implicado con ese caso y ordena le congelen las cuentas, sin ni siquiera haberle notificado que hay una investigación o causa penal en su contra.

Y al mismo tiempo la UIF ordena congelar las cuentas de otros dirigentes que han participado en el movimiento, y en un claro exceso hasta las del Ayuntamiento de Delicias, Chihuahua, complicando la operación del gobierno municipal e impidiendo el pago de la nómina.

Pero ese es Santiago Nieto, en sus excesos no mide las consecuencias ni le importa si su actuar se apega a la legalidad. En medios nacionales se dice que el titular de la UIF está construyendo su candidatura a la gubernatura de Querétaro, pues nada más que tenga presente: «los carniceros de hoy son las reses del mañana…»

En el mismo tema de Chihuahua, uno de los agricultores que fue baleado tras las protestas, el esposo de la mujer que murió, ya rindió su declaración ante el Ministerio Público y señala que sus agresores fueron elementos de la Guardia Nacional, se anticipa que la Fiscalía Estatal pedirá a la FGR que atraiga el caso, veremos si realmente se procede para castigar ese asesinato y uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Berdeja se da vuelo en redes sociales lanzando acusaciones y calificativos en contra de los agricultores. Como de seguridad pública no sabe un ápice, se concentra en lo suyo, politizar el asunto, grillar, descalificar.

Sobre el tema, en Coahuila el Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller se ha mostrado confiado en que acá no haya conflicto, y explica que la única presa coahuilense que se ve comprometida en el Tratado de Aguas es la Don Martín, que su distrito de riego lo tiene en Nuevo León, sin embargo hay varios ríos que también son tributarios del Tratado, como el San Rodrigo, San Diego y Escondido, se espera que efectivamente aquí no haya tensión pero bien harían las autoridades en mantenerse atentas.

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            Otro conflicto que se ha desbordado, y ese sí a nivel local, pero de nuevo ante la indiferencia de autoridades federales, es el que se da entre personal y directivos del Tecnológico de Saltillo.

Los sindicalizados han venido externando desde hace días su inconformidad pues consideran que no se han tomado las medidas preventivas suficientes para evitar un posible contagio, y la directora María Gloria Hinojosa les respondió con una carta pública descalificando sus argumentos, lo cual desde luego generó más tensión.

Este martes por la tarde los trabajadores bloquearon el bulevar Carranza en Saltillo para meter más presión, afectando a ciudadanos que nada tienen que ver con sus planteamientos.

¿Dónde están la representación de la Secretaría de Educación Federal, y la Dirección de Tecnológicos?    ¿el superdelegado dle gobierno federal no se ha percatado del problema?, ¿y los dirigentes del SNTE?.

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            Diputados del PAN en el Congreso local, en voz de Rosa Nilda González, sumaron su voz a la de los legisladores federales que han demandado del gobierno federal acciones para el rescate económico de la región Centro de la entidad.

Coincide el planteamiento con el que hicieron la semana anterior los senadores Verónica Martínez, del PRI y Eva Galaz y Armando Guadiana de MORENA.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

Si bien el acuerdo entre el gobierno federal y los deudos de Pasta de Conchos se dio en los términos que ya habíamos anticipado y se pactó que habrá trabajos de rescate, indemnización y memorial, hay algunos detalles en los ocho compromisos tomados este lunes en Palacio Nacional que vale la pena subrayar  y tener en cuenta.

 

En primer lugar la minuta habla de indemnización a «núcleos familiares», no lo detalla pero seguramente se refiere a los casos que han surgido en que más de una persona acredita derechos de beneficiaria de alguno de los mineros muertos, lo cual se tendría que resolver caso por caso.

 

También habla la minuta de obras públicas para una «reparación integral colectiva» que, al igual que el memorial, estarán a cargo de la SEDATU y deberán iniciar en enero del año próximo, pero no se especifican.

 

Llama la atención el primer punto de la minuta, el cual refiere que las familias otorgaron el consentimiento para que, una vez concluido el rescate, la CFE extraiga el carbón para su autoabastecimiento, habrá pues un aprovechamiento del mineral que se vaya extrayendo de ese yacimiento, o al menos así se proyecta.

 

Que la CFE le vaya a entrar a la actividad minera genera suspicacias de si habrá por ahí algún funcionario –o hijo de– pensando en hacer negocio alternativo, pero es también un indicativo de que están proyectando mantener la operación de las termoeléctricas, lo cual quizá les de algo de tranquilidad a los trabajadores de la paraestatal en Nava que viven en angustia desde hace meses temiendo despidos al estar las plantas operando a un diez por ciento de su capacidad.

 

No hay mención alguna en la minuta, pero la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde difundió en redes sociales que uno de los acuerdos es «medidas de no repetición».

 

Eso es en todo caso lo más trascendente, y la mejor manera de honrar a los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos más que un monumento es el obligado cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares.

 

No se trata de modificar leyes y normas, sino cumplir con las que existen, y esto depende principalmente de la honestidad de los inspectores federales del trabajo y de quienes integran las comisiones de seguridad e higiene, pues la colusión que hubo en Pasta de Conchos para cerrar los ojos ante anomalías gravísimas costó esas 65 vidas.

 

El punto ocho de la minuta establece que el 23 de octubre López Obrador estará en Nueva Rosita para supervisar los avances del cumplimiento, esto es al viernes siguiente de las elecciones para diputados locales en Coahuila.

 

En cuarenta días difícilmente se tendrán avances, pero de cualquier forma además de los deudos de Pasta de Conchos estarán esperando a López Obrador en Nueva Rosita los pequeños y medianos productores de carbón que siguen sin poder destrabar su «nueva relación» con la CFE.

 

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En el colmo del cinismo, Alfonso Ramírez Cuéllar en su visita a Coahuila como dirigente de Morena descalificó los argumentos de la Alianza Federalista, y dijo que a él como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados le consta que el gobierno federal cumple «religiosamente» con entregar las participaciones a estados y municipios.

 

En primer lugar como presidente de la Comisión de Presupuesto tendría que estar dedicado por estos días al análisis de la iniciativa que les entregó Hacienda para 2021, en lugar de andar en recorridos proselitistas. Hay un tiempo fatal para la aprobación del presupuesto, su revisión, estudio, negociación y ajustes demandan trabajo de tiempo completo, es irresponsable dejar esa obligación tirada.

 

Pero además es bien sabido de las demoras en la entrega de los recursos –por ejemplo los del Fondo Minero– y que no es la única demanda de la Alianza Federalista, la principal tiene que ver con la revisión del pacto fiscal para impulsar una real justicia distributiva.

 

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Los Calderón, Margarita y Felipe, promovieron ya un recurso legal para impugnar se le haya negado el registro como partido a su agrupación «México Libre». Están en su derecho, y de acuerdo con analistas les asiste la razón, pues no se sostienen los argumentos para la negativa del INE, sin embargo todo indica que en el cálculo político están equivocados.

 

No es momento de incrementar el número de partidos, eso únicamente favorecerá a MORENA pues diluye el voto opositor. Los Calderón tendrían que buscar al menos una tregua con el PAN, si acaso la reconciliación es imposible, e impulsar la suma de fuerzas con otras organizaciones, únicamente así podrán ir a la contienda de 2021 con alguna posibilidad de triunfo.

 

edelapena@infonor.com.mx

 

 

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Se conoció este viernes que el empresario Alonso Ancira Elizondo ha presentado una demanda para iniciar un juicio de amparo, que ya desde ahora se anticipa puede ser histórica, con trascendencia e impacto mucho más allá de sus intereses personales y garantías como ciudadano.

            Ancira inicia este procedimiento judicial al considerar que «ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable», se refiere a las expresiones reiteradas que en su contra ha tenido Andrés Manuel López Obrador.

            Bien se sabe que Alonso Ancira no ha sido la única víctima de esta picota en que el Presidente ha convertido a la llamada «mañanera», igual han sido difamados y acusados sin pruebas otros empresarios, políticos, ex funcionarios, organizaciones, empresas y hasta instituciones del Estado mexicano.

            Esa es la primera razón por la que tendrá trascendencia este caso, pues el Poder Judicial Federal deberá pronunciarse en relación a ese tipo de expresiones que con toda ligereza e irresponsabilidad se dan continuamente.

            Pero quizá lo de mayor peso sea el planteamiento de Ancira en sus agravios en los que se refiere al amedrantamiento presidencial hacia los juzgadores, recordemos que la semana anterior López Obrador dijo que si algún juez absuelve al empresario sin que haya una reparación del daño se le abrirá una investigación.

            “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”, señala la demanda, y presentan 17 preguntas, en las que destacan:

            La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?, y ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?.

            Y pregunta además Ancira en su demanda: ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?, y ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?.

            El juez que resuelva el amparo tiene la oportunidad, al responder esos cuestionamientos, de defender el estado de derecho y la separación de poderes, por eso decimos que esto va más allá de los intereses y las garantías de Ancira, tiene que ver nada menos que con la definición de la autonomía o la sumisión de la Corte.

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            De la región Carbonífera nos comentan que si bien los productores de carbón se toparon con la cerrazón de los funcionarios de CFE responsables de asignarles los nuevos contratos, también es cierto que muchos de los 75 que fueron validados como proveedores firmaron y aceptaron las condiciones, confiados en que sobre la marcha de alguna manera arreglarían.

            Es decir que fueron conscientes de que los contratos los dejaban no únicamente en desventaja, sino hasta en indefensión y aún así firmaron.

            Esta semana que ya un productor envió seis camiones, con carbón que ya fue recibido y quemado, y que después de eso se le notificó que no habría pago, porque no cumplía con las especificaciones requeridas, y desde luego tampoco devolución, fue que dimensionaron el problema.

            Es ahora, con el sentimiento de que fueron «chamaqueados», que se dan cuenta del papel que jugaba la Prodemi, pues además de que había un solo negociador y con experiencia, había la posibilidad de las mezclas y la compensación, con lo que al final se podía cumplir con los requerimientos de la Comisión Federal.

            El tema es que el asunto está una vez más atorado, no hay reactivación de la minería del carbón, y los productores ya no saben qué puerta tocar.

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            De la misma región, un lector ante el cuestionamiento aquí planteado sobre las razones por las que se decidió que sea la CFE la responsable de los trabajos para intentar el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos, sugiere que quizá haya sido una confusión respecto a las habilidades que en el pasado hicieron famoso a Manuel Bartlett.

            A su paso por los diferentes escalafones en Gobernación, desde el sexenio de Díaz Ordaz al de Miguel de la Madrid, a Bartlett se le señaló lo mismo de desaparecer enemigos políticos, que de aparecer electores para cambiar un resultado. Con esas dotes, dicen, igual y da con los restos de los mineros.

            Lo cierto es que el lunes en Palacio Nacional vuelve a haber reunión de López Obrador con las familias de los mineros fallecidos, y como ya se ha hecho sentir el rechazo de un grupo numeroso de viudas a cancelar el rescate, ahora el gobierno ha abierto la convocatoria a hijos, concubinas y madres, en lo que se anticipa como un intento de con la promesa de la indemnización millonaria mayoritear a quienes están en la demanda original, prometida por el Presidente, de que se acceda a la mina. Veremos.

edelapena@infonor.com.mx

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Desde meses anteriores nos hemos venido refiriendo al conflicto en Chihuahua entre agricultores y el gobierno federal por el manejo de las presas en esa entidad, conflicto que ha escalado a niveles no deseables y que ya costó dos vidas humanas con el agravante de que se señala como responsables a elementos de la Guardia Nacional.

            Fue en la última semana de marzo que los productores agrícolas iniciaron con las manifestaciones e incluso incendiaron vehículos de la Comisión Nacional del Agua.

            En julio se desplegó a la Guardia Nacional y con uso de balas de goma y gases lacrimógenos se reprimió a los manifestantes.

            Eso fue pocos días después de que López obrador visitó a Trump en Washington, la coincidencia no es irrelevante si tomamos en cuenta que el fondo del conflicto en Chihuahua es que los agricultores se oponen a que se de prioridad en el uso del agua de la presa «La Boquilla» al pago del convenio que se tiene con Estados Unidos, en lugar de utilizarla para el riego de las tierras de cultivo de quienes tienen aprovechamientos concesionados.

            El domingo anterior se abrieron las compuertas de «La Boquilla», que estaban custodiadas por la Guardia Nacional,  para entregar el agua a Estados Unidos, y el martes hubo una nueva concentración de productores, que no se amedrentaron pese a que los recibieron con gas lacrimógeno y lograron el control del embalse expulsando a los elementos de la Guardia.

            Una pareja de productores de nuez que participó en la concentración fue atacada horas después y ambos murieron. Las organizaciones campesinas y el propio gobierno de Chihuahua responsabilizan a la Guardia Nacional.

            Estamos ante un hecho de la mayor gravedad. Del despojo a los agricultores de sus derechos de agua, se pasó a la represión y de ahí al asesinato.

            Y hoy, con las manos manchadas de sangre, el gobierno de López Obrador se refugia en sus argumentos favoritos, en culpar al pasado y en señalar «politiquerías».

            El sub secretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, trató de justificar el rumbo que ha tomado el asunto acusando que hay intromisión de los ex gobernadores Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza y varios ex alcaldes.

            Baeza Meléndez ha salido a aclarar que es el único ex gobernador involucrado, que su participación en la protesta fue pública y en uso de su derecho a manifestarse como usuario de los derechos de la presa, además hay testimonios de su llamado a que fuera una movilización pacífica. Más allá de todo esto, es un hombre que se acerca a los ochenta años ¿qué aspiración política pudiera tener a estas alturas?.

            Pero a López Obrador ya le gustó para presentarlo como culpable, y lejos de pronunciarse por una investigación que aclare si realmente la Guardia Nacional asesinó a los dos productores, se puso a recordar el que en su momento fue conocido como «fraude patriótico», llamado así porque su operador, nada menos que el entonces Secretario de Gobernación Manuel Bartlett, dijo que no reconocerían el triunfo del PAN  porque el gobierno mexicano no entregaría el poder a los empresarios, a la Iglesia y a los Estados Unidos.

            Este jueves que López Obrador tocó el tema, le acompañaba por cierto Bartlett que ni por aludido se dio.

            Todo este asunto no nos es ajeno a Coahuila, pues como lo señalamos en el fondo está el cumplimiento del Tratado de Aguas con Estados Unidos, en el cual también estamos involucrados.

            En dicho Tratado se estableció que México entregará cada cinco años al vecino país una tercera parte del agua que llegue al Bravo procedente de los ríos Conchos –que está en Chihuahua– San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, además del arroyo Las Vacas, estos últimos cinco afluentes en nuestra entidad.

            También hace algunos meses, en febrero, hubo movilizaciones de campesinos que tienen derechos de agua de la Presa Don Martín, alimentada por los ríos Salado y Sabinas, que se oponían a la apertura de las compuertas.

            Será importante que las autoridades locales se mantengan atentas para que no vaya a surgir aquí un conflicto similar al del vecino estado.

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            No alcanzó el General Jens Pedro Lohmann a hacerse cargo de la Dirección de Personal de la SEDENA, para la que había sido designado al dejar la Comandancia de la Cuarta Región Militar, pues ahora se le nombró como titular de Administración y Finanzas del ISSSTE.

            El sorpresivo nombramiento generó desde luego polémica. Habrá que esperar a conocer su desempeño, sin embargo lo más trascendente es registrar cómo cada vez el gobierno federal entrega más funciones a los militares, incluso de cuestiones burocráticas y administrativas como se ve en este caso.

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            En los círculos taurinos generó consternación la noticia del fallecimiento del Ingeniero Fernando Lomelí García, un entusiasta promotor de la fiesta brava, a quien se le recuerda como importante impulsor del patronato que construyó la plaza de toros en Saltillo, además de que como ganadero promovió y dio oportunidades a muchos aspirantes a torero, destacando su ahijado Valente Arellano Salum, la última figura del toreo que ha dado Coahuila, y quien falleció trágicamente hace varios años.

            Descanse en paz.

edelapena@infonor.com.mx

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Aunque se tardó en llegar, pues lo habían anunciado desde hace varias semanas, el punto de acuerdo propuesto por Verónica Martínez, Eva Galaz y Armando Guadiana para exhortar al gobierno federal a que implemente un plan de emergencia que proteja los empleos que dependen de Altos Hornos de México, está planteado en forma clara y detallada.

            Con toda precisión explican lo que Altos Hornos y su cadena productiva representan para la vida económica de las regiones Centro, Cinco Manantiales, Carbonífera y Desierto de Coahuila.

            Pero además refieren lo que paga la siderúrgica en impuestos, derechos y cuotas para el fisco federal, el IMSS, y el Infonavit, así como lo que consume anualmente en servicios de CFE y PEMEX.

            La crisis de la acerera impacta a otras empresas de la región, incluso a aquéllas que no tienen relación directa con ella pero que se ven afectadas al dejar de operar algunos de sus contratistas.

            El estimado de empleos afectados es de cien mil directos e indirectos, el impacto es para más de cuatrocientas mil personas.

            Con todo detalle está planteado el problema para que Andrés Manuel López Obrador reconsidere, ceda en su capricho, y se decida a dejar de boicotear a una empresa que es viable productivamente y que vive la peor de sus crisis por una obsesión política.

            No se votó el punto de acuerdo en el Senado, pues se tenía un orden del día bastante extenso, con nada menos que 75 iniciativas de ley y 95 propuestas de punto de acuerdo, y estos en automático se enviaron todos a comisiones, pero previendo precisamente que un planteamiento de tal trascendencia se perdiera en una sesión tan prolongada los senadores coahuilenses lo difundieron en conferencia de prensa, y al menos Armando Guadiana estará este jueves en Monclova para insistir en el tema.

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            En el restaurant Los Arcos, de Obdulia Mata, en San Antonio de las Alazanas, un almuerzo prácticamente se convirtió en sesión del gabinete de seguridad.

            Ahí se reunieron el Comandante de la Sexta Zona Militar, General Enrique Covarrubias, los secretarios de Gobierno y de Seguridad, José María Fraustro y Sonia Villarreal, el  Fiscal General Gerardo Márquez y el alcalde de Arteaga Everardo Durán, y la cita fue para analizar las propuestas que hay para tener en esa comunidad una base que permita la permanencia de un destacamento del Ejército.

            Por varios años y hasta la semana anterior hubo presencia permanente de militares en San Antonio, y tan pronto como se les retiró comenzaron a surgir problemas, al grado que hasta el cajero automático de una institución bancaria fue robado.

            Al General Covarrubias se le mostraron instalaciones que se están habilitando y que se podrían poner a disposición del Ejército, falta ver si cumplen las especificaciones y expectativas.

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            No quedó claro si la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y el sub secretario de Gobernación Alejandro Encinas, llegaron con su comitiva a la región Carbonífera a buscar un acuerdo con las viudas de Pasta de Conchos o con la misión de abonarle a la tan prometida reactivación económica, al menos con el sector restaurantero.

            En la agenda de la comisión enviada por el gobierno federal, además de la reunión con los deudos en las instalaciones de un Cecytec, destacaron la cena en el restaurant La Estaca y el desayuno del jueves en el Hotel Rosa de Oro.

            Hasta el cierre de esta columna proseguía la reunión y se anticipaba que los funcionarios federales se irían sin alcanzar un acuerdo definitivo, pues hay un grupo importante de viudas que mantiene el emplazamiento para que se cumpla la promesa de López Obrador y el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir intentar la recuperación de los restos de los mineros.

            La Secretaria Luisa María Alcalde a su arribo ya no mencionó la propuesta de la indemnización, insistió en que la alternativa presentada por el gobierno federal es un decreto presidencial para que ya nunca más se vuelva a explotar Pasta de Conchos y el sitio se conserve, dijo, “como un panteón, un memorial con los nombres de los mineros que estuvieron en el accidente”.

            Insistió también la funcionaria en que el rescate se llevaría más de cuatro años, y que si se decide hacerlo será la Comisión Federal de Electricidad la que realice los estudios específicos correspondientes.

            ¿No se supone que los expertos que contrataron ya hicieron esos estudios y que a partir de ellos se refrendó la promesa del rescate?, aún más ¿qué tiene que hacer la Comisión Federal de Electricidad en este asunto?, no hay relación alguna.

edelapena@infonor.com.mx