LOS POLÍTICOS

SIEMPRE SÍ

Dos meses después de que el secretario del Trabajo Marath Bolaños anunciara la consulta pública para la modificación a la norma de seguridad para minas subterráneas de carbón, hasta finales de la semana anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria correspondiente con una liga para descargar el proyecto.

Corren así 60 días para que cualquier interesado le aporte sus observaciones a la autoridad.

Cuando hizo el anuncio en marzo, Bolaños aseguró que en 2025 se había hecho ya una extensa consulta con empresarios del sector, pero los representantes de los productores en Coahuila negaron que se les hubiera tomado en cuenta.

Desde entonces la Unión Nacional de Productores de Carbón puso sobre la mesa cuestionamientos a algunos aspectos que se decía estarían en la norma como la obligación de galerías más altas y más anchas en las minas.

Hoy los productores tienen la oportunidad de opinar, si es que además de la publicación en el DOF se les hizo llegar como sector organizado un ejemplar del proyecto, y vamos a ver si sus opiniones son tomadas en cuenta.

NI QUIEN RESPONDA

Parece que la delegación de Profeco a cargo de Galio Vega Abrego perdió músculo y su presencia se va desdibujando en la región. Ahora son los abonados de un gimnasio que operaba en exclusivo centro comercial al norte de la ciudad y que debió cerrar por no cumplir con la renta del local, los que se quedan sin la esperanza de que les devuelvan lo que pagaron por una nada barata inscripción anual.

Pero no son los únicos perjudicados, pues también se habla de que al menos 15 empleados del centro de acondicionamiento físico se quedaron sin el salario del último mes y sin las liquidaciones y otras prestaciones, pues los patrones finalmente para lo único que tuvieron buena condición fue para huir ágilmente.

Queda entonces el asunto pendiente para Profeco por los abonados defraudados, y para la Secretaría del Trabajo por los empleados burlados.

DIAGNÓSTICO DE EXPERTOS

Fue publicado este lunes el Informe Sobre Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026 realizado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y contiene un capítulo denominado «Democracias bajo presión criminal» al que conviene poner atención.

Aunque América Latina y el Caribe, hacen ver, no enfrentan un conflicto bélico concentran como región una proporción desmedida de la violencia letal a nivel global, pues teniendo un 9% de la población mundial registra casi un tercio de los homicidios del planeta.

Sin ambages señalan que la expansión del crimen constituye una de las amenazas más serias para la estabilidad y la calidad de la democracia, y la inseguridad tiene consecuencias profundas para la gobernanza.

A la luz de lo que estamos viendo en Sinaloa, con un gobernador, Rubén Rocha Moya, que es acusado de vínculos criminales por un jurado en Estados Unidos, se separa del cargo y desaparece, lo mismo que otros 9 funcionarios, cobra relevancia una aseveración contenida en el informe: «Cuando organizaciones criminales controlan territorios, condicionan el comportamiento electoral, financian campañas o capturan autoridades locales, la competencia deja de ser simétrica, el voto puede verse mediado por el miedo y la igualdad política se debilita».

Refieren que Fundación Carolina ha documentado que la reconfiguración reciente del crimen organizado ha generado entornos donde las autoridades formales coexisten con estructuras ilícitas capaces de capturar o sustituir las funciones estatales en determinados territorios.

…COORDINACIÓN

Resulta interesante la relevancia que en el Informe le dan a uno de los elementos que sustentan al Modelo Coahuila, la coordinación.

Señalan que la fragmentación institucional y la débil coordinación entre los distintos niveles del gobierno amplifican las vulnerabilidades. En varios países de la región, los gobiernos locales concentran funciones clave en materia de seguridad, regulación comercial y provisión de servicios, pero cuentan con capacidades limitadas frente a las economías ilícitas consolidadas.

Y de coordinación hablando, este lunes el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad al lado del General Fernando Colchado, comandante de la XI Región, y los mandos de las zonas militares Sexta y 47, además de la Guardia Nacional y el mando en el estado del agrupamiento de la Marina.