Por Eduardo J. De La Peña

En el puente Lincoln-Juárez, en la frontera de los dos Laredos, Rafael Antonio Olvera Amezcua fue entregado por autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República.
Se trata del socio principal de FICREA la financiera que defraudó a miles de ahorradores mexicanos, por un monto que en su momento se estimó en más de seis mil millones de pesos.
Por la dimensión del fraude, así como las instituciones y los personajes defraudados, ahora con la extradición de Olvera el tema resurgirá y habrá ruido en los días siguientes.
A nivel nacional entre los afectados estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y varios fondos de ahorro de pensionados y jubilados, mientras que en el caso de Coahuila recordemos se defraudó a empresarios como Isidro López Villarreal y a instituciones como el Poder Judicial del Estado. En algún momento se dijo que también el propio gobierno estatal había resultado perjudicado, aunque nunca quedó debidamente aclarado el tema.
En el caso del Poder Judicial el caso FICREA tiene dos vertientes, una desde luego el fraude que abrió un boquete al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, y otro el que tiene que ver con la irregularidad de haber invertido en un mecanismo especulativo recursos que ni siquiera eran patrimonio del Tribunal, pues se dispuso de lo que se tenía en depósito por fianzas y garantías en asuntos judiciales, y posteriormente se invirtieron también recursos provenientes de subejercicios presupuestales.
Esa inversión irregular se dio en la época en que Gregorio Alberto Pérez Mata presidió el Tribunal, y la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2018, detallando cuáles fueron las omisiones en que incurrieron el entonces Oficial Mayor, Héctor Alvear, y quien fuera directora de Recursos Financieros, María del Carmen Ibarra.
Alvear en algún momento fue notificado de que FICREA no tenía el nivel de operaciones autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder recibir depósitos de gobiernos, y sin embargo prosiguió con las inversiones en esa financiera.
La denuncia fue presentada pero ahí quedó.
Con Olvera Amezcua en México, el caso FICREA estará de nuevo en la agenda pública, pero una cosa es que el estafador esté en la cárcel, ¿por cuánto tiempo?, y otra que se le repare el daño a los afectados.

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Los llamados «sindicatos independientes», pero claramente afines a la cuarta transformación, que le disputan la titularidad de los contratos colectivos a las centrales obreras tradicionales, siguen ganando terreno.
Ahora fue en la planta Tridonex, de Matamoros, Tamaulipas, dedicada a la fabricación de autopartes, donde un grupo afín a la activista Susana Prieto se quedó con la titularidad del contrato.
El caso de Tridonex es el segundo en que se recurre al mecanismo pactado en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para resolver temas de garantías laborales, y al igual que pasó con la General Motors de Silao, el resultado es el avance de dirigencias que simulan estar a favor de los derechos de los trabajadores, pero que se sabe son patrocinados desde el extranjero por los sindicatos interesados en generar aquí inestabilidad.
El nombre de Susana Prieto está relacionado con todos los episodios de choque y rompimiento en la industria de la franja fronteriza, y aunque se ha centrado en Matamoros en los últimos años, también hizo activismo en Acuña.
Hoy que cuenta además con el apoyo de la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo, Prieto va ganando terreno y a ese avance deben estar muy pendientes los empresarios y dirigentes gremiales en nuestra entidad.
En días anteriores Tereso Medina reveló que de los sindicatos adheridos a la CTM, más de la mitad aún no culminan el proceso de legitimación del contrato, y de los que ya lo han hecho, más del 90% han ratificado los acuerdos.
En la región norte, específicamente en Piedras Negras, el también cetemista Leocadio Hernández desarrolló con tiempo una estrategia para vacunarse y asegurar que los trabajadores sigan optando por sindicatos adheridos a esa central.
Eliminó Leocadio las cuotas para los trabajadores, pero además de ello les está dando servicios a los trabajadores como una caja de ahorro, funeraria y hasta un recreativo.
Eso es parte de la operación necesaria para evitar la intromisión de los que se autodenominan «sindicatos independientes».

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Como si fuera juego el gobierno federal volvió a cambiar las reglas para la regularización de los carros chuecos, y otra vez les dio participación a las agencias aduanales.
En el Diario Oficial de la Federación se publicó una adición al decreto estableciendo que los propietarios de este tipo de autos deberán tramitar ante la aduana que corresponda, y a través de un agente aduanal, el pedimento de importación del vehículo.
Y ello implica trasladar el auto a las ciudades fronterizas, algo que se pretendía evitar, primero porque muchos de esos autos no están en condiciones de llegar, y segundo porque no hay la infraestructura para recibirlos.
Pero por lo pronto así queda, sin descartar que en dos o tres días más vuelvan a cambiar la jugada.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx