ALTERNATIVA

Privilegiar la Paz

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Hechos ocurridos la tarde del martes en Saltillo y Ramos Arizpe nos muestran las que podrían ser dos caras de una misma moneda.

            En la colonia Latinoamericana un vecino hizo frente a tres sujetos que se metieron por la fuerza a su domicilio y dio muerte a uno de ellos, mientras los otros dos se daban a la fuga.

            Hubo desde luego todo un despliegue policiaco, y la noticia tardó poco en inundar las redes. Surgieron todo tipo de reacciones sin faltar quien opinara que el desenlace de este hecho serviría para desalentar a los ladrones pues la ciudadanía ya ha decidido defenderse por propia mano.

            Pocas horas después conocimos de un suceso similar, pero con un resultado por completo diferente. En el centro de Ramos Arizpe también hubo un allanamiento a una vivienda,  que un padre y un hijo trataron de evitar pero fueron enfrentados, el padre murió de varios balazos y su hijo resultó herido.

            Sin duda que estos sucesos trágicos traerán al debate mediático y social temas tan polémicos como la legítima defensa y el derecho a tener armas, de donde podría escalar a otros como la posibilidad de portarlas, e incluso el cuestionar –como ya se da en determinados grupos como los clubes de tiradores– que la única manera legal de comprarlas en México sea a través de la Secretaría de la Defensa y que esta instancia lleve un registro de quienes las tienen autorizadas.

            Antes de entrar en una dinámica así ponderemos qué es realmente lo que queremos y hacia allá encaminemos el esfuerzo social e institucional.

            Quizá nos parezca lejano pero no debemos de olvidar la angustia en que por varios años, hace menos de diez, se vivía en Saltillo cuando la ciudad era un territorio en disputa por grupos delictivos. No olvidemos a las víctimas colaterales de los enfrentamientos, ni a quienes sufrieron secuestros o asaltos. Recordemos que en ese entonces no era una amenaza sanitaria la que obligaba a la reclusión sino el miedo.

            Cambiar esa realidad, recuperar la paz, ha costado mucho. No tomemos una ruta que nos pueda llevar por un derrotero similar.

            En efecto, en las últimas semanas y muy probablemente producto de la complicada situación económica que ha generado la contingencia sanitaria, se ha incrementado la incidencia de robos en la región.

            Ante ello debemos exigir de las autoridades mayor eficiencia. Que se desplieguen todos los recursos humanos y tecnológicos con los que se ha fortalecido a las corporaciones, para resolver los robos cometidos y evitar que ocurran nuevos.

            Pero estemos atentos a otra situación que se da igualmente aparejada a la contingencia sanitaria: la crispación social.

            La enfermedad, la muerte de seres queridos, el confinamiento, las restricciones, los problemas económicos y la incertidumbre son una mezcla peligrosa que mantiene a las personas en tensión, y se dan reacciones inesperadas en conflictos familiares, laborales o vecinales, y con mayor razón cuando se tiene una amenaza como la de un robo o allanamiento.

            Las autoridades tienen ya todo un reto en los temas de salud y seguridad, quedaría pues en otras instituciones como universidades, iglesias y asociaciones cívicas desplegar estrategias para guiar a los ciudadanos en algo que pocas veces es tomado en serio pero que tiene la mayor trascendencia, como el manejo de las emociones.

            Ya algunas instituciones privadas de educación superior están ofreciendo charlas y talleres con esta orientación, es un buen esfuerzo que debería ser replicado, apostando por dar a la población herramientas que le permitan canalizar esta mezcla de sentimientos y afrontar las situaciones inéditas a las que nos enfrentamos de la mejor manera, evitando conflictos que tensan a la comunidad.

            Preservar la paz debe ser una prioridad, pues a ella van vinculadas muchas otras situaciones.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            De acuerdo con lo que ha trascendido, cuando el viernes anterior Claudio Bres Garza abandonó sus funciones como alcalde de Piedras Negras para acompañar a Armando Guadiana en su visita a Acuña, lo de menos era apoyar a la candidata de Morena en elprimer distrito, Yamile Mtanous. El gran tema fue la construcción de escenarios para el próximo año.

            A Guadiana y a Bres no les importa que la candidata de Morena en Piedras Negras, el segundo distrito, Marisol Guajardo vaya en quinto lugar en las encuestas, ni tampoco si Mtanous logra o no desplazar a la UDC en Acuña –en el segundo lugar–, el asunto son las elecciones del año próximo.

            Ambos habrían acordado impulsar al director de Obras Públicas en Piedras Negras, Anselmo Elizondo, como candidato a la diputación federal por el primer distrito. Le ven potencial pues tiene buena presencia y aceptación en toda la región.

            Además Elizondo, al igual que Guadiana, hizo fortuna con la venta de carbón a la CFE. Pero al menos el senador tiene minas, Anselmo más bien participó como intermediario aprovechando relaciones que tiene o tenía en la paraestatal. Estaba tan bien conectado que sus contactos le fueron suficientes para invitar al negocio a políticos y empresarios de diferentes regiones y filiaciones partidistas.

            Tendríamos entonces que si el plan es impulsar a quien se conoce como Chemo Elizondo, Claudio Bres se descarta para la diputación federal, que era realmente su aspiración en 2018, y queda en primera línea para ir una vez más por la alcaldía de Piedras Negras.

            Resulta paradójico, hay alcaldes de todos los partidos que exploran recursos legales para poder ir por una segunda reelección, un tema bastante incierto, y sin embargo Claudio no tiene impedimento para buscar por cuarta vez la alcaldía.

            Bres fue por primera ocasión alcalde de Piedras Negras de 1997 a 1999; y luego de 2002 a 2005, aunque ese periodo no lo concluyó; lo eligieron por tercera ocasión en 2018, y como la Constitución ahora sí permite la reelección para un periodo inmediato, lo más probable es que contienda en 2021.

            Y si Anselmo Elizondo va para la diputación federal, quien quedaría colgado de la brocha es Evaristo Lenin Pérez, quien actualmente representa ese distrito postulado por el PAN, partido del que ha tomado distancia con la esperanza de que lo acojan en Morena, e incluso ha hecho circular la versión de que ya tiene un acuerdo, pero por lo que se ve actores importantes de ese movimiento como Guadiana y Bres tienen otros planes.

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            Ya que hablamos del norte del estado, diputados locales impulsaron en el Congreso un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Conagua que informen si las empresas que extraen material del río San Rodrigo cuentan con los permisos y cumplen con la normatividad correspondiente o de lo contrario que les clausuren.

            Los legisladores hacen eco de los grupos ambientalistas que han alzado la voz por la devastación que durante años ha sufrido el San Rodrigo, terminando con el hábitat de especies de fauna acuática y terrestre, además de acabar con majestuosos árboles que ahí existían.

            La destrucción es real pero no será tan sencillo que avance la petición de los diputados, pues hasta donde se sabe hay efectivamente permisos para las compañías que están extrayendo material, de hecho los otorgados ahí son de los pocos que existen a nivel estatal.

            La regulación, por tratarse de un cauce federal, está en manos de la Comisión Nacional del Agua, sin embargo las normas se enfocan exclusivamente al tema recaudatorio, es decir al pago de derechos por cada metro cúbico que de ahí sacan, y no hay nada previsto en materia de conservación o remediación ambiental.

            Ese punto de acuerdo impulsado la semana anterior en el Congreso, si lleva un auténtico compromiso e interés por detener ese ecocidio, amerita más enjundia por parte de los diputados. Investigación, análisis, planteamiento de alternativas. Y si era nada más por la estadística  y llevar algo a la tribuna, como tanto pasa, pues entonces ya lo hicieron.

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            En reunión con el gabinete legal y ampliado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme recordó que el treinta de noviembre deberá de rendir su tercer informe ante el Congreso local.

            Estamos pues a menos de cincuenta días del informe, es desde luego una fecha prevista en la ley, pero ha sido un año atípico en que toda la atención se ha centrado en la pandemia y no se percibía este evento como algo inminente.

            Las acciones para afrontar la contingencia sanitaria y la crisis económica, y la cruzada que se ha iniciado para lograr justicia distributiva, serán sin duda los grandes temas que marcarán este informe.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La designación de Enrique Martínez Morales como delegado en el PRI para el distrito catorce fue en general bien recibida. No pocos interpretaron que le estaban dando esa encomienda como un reto para demostrar alcances y ganarse una oportunidad para el año próximo en que algunos lo ven como prospecto para la alcaldía y otros para una diputación federal.

            Para ganarse una nueva oportunidad política, se dice, Enrique tendría no únicamente que asegurar el triunfo para María Bárbara Cepeda, y suficientemente holgado, sino además debería conseguirle una votación superior a la que ahí ha tenido el PRI para que no quede duda de cuál fue realmente su aportación.

            En 2014, una elección similar a la que se disputa este año en que van solos los candidatos a diputados locales, con Javier Díaz el PRI obtuvo en ese mismo distrito más de 30 mil 500 votos y el PAN poco más de 14 mil 400.

            Tres años después, en que se disputaban además del Congreso la gubernatura y las alcaldías, en ese mismo distrito el PRI obtuvo 24 mil 795 votos y el PAN 33 mil 170.

            Aunque improvisó candidata, como en todos los otros distritos de Saltillo, el PAN ha enfocado todas sus baterías en el catorce, están obstinados en conservar esa posición. Tienen en el PRI a una oponente con mayor hechura, y además el respaldo de importantes grupos políticos. María Bárbara Cepeda debería ganar sin sobresaltos.

            Pero, se insiste, para efectos del futuro político de Enrique el solo triunfo no es suficiente, tendría que notarse su mano en forma contundente.

            Y lo que se percibe es que, aunque el reto es recuperar el distrito, no hay trabajo político más allá de la estructura territorial, se siente que la apuesta es a la movilización y se vuelve a dejar en el olvido algo que en el pasado al PRI le permitió reforzar en otros sectores y que es donde se supone que Martínez Morales puede hacer su aportación.

            Salvo que tenga instrucción precisa de navegar con bajísimo perfil, Enrique está en la cuenta regresiva para demostrar sensibilidad, activos y trabajo político.

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            Estuvo en Saltillo el ex dirigente perredista Ángel Clemente Ávila Romero, de gira para apoyar a los candidatos de su partido a las diputaciones locales, pero realmente vino a hacer el ridículo.

            El perredista más que Clemente es soberbio, y en esa postura advirtió que el año próximo no piensan hacer alianzas en Coahuila y que si las llegan a hacer «se reservarán el derecho de admisión».

            Seguramente ya calcularon que nadie los va a querer de aliados y para no verse despreciados ellos manejan desde ahora un falso discurso de suficiencia.

            Nada más para recordar, desde que posición está jugando el PRD vayamos a los resultados de la elección de alcaldes en 2018 en los que obtuvieron apenas el 2.56% de la votación emitida, y quedaron en el sexto lugar de preferencias.

            En suma, viven por su registro nacional, pero aquí están poco menos que de adorno.

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            Sesionó este lunes en Aguascalientes la Alianza Federalista con la participación de los diez gobernadores que la componen.

            Fue una sesión trascendente pero además cargada de simbolismo histórico pues se están conmemorando 106 años de la Soberana Convención de Aguascalientes, que ahí se desarrolló del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914.

            Recordemos que fue esa Convención la que en un momento aciago para el país eligió al General Eulalio Gutiérrez Ortiz como Presidente de México.

            Y nuevamente Aguascalientes se inscribe en la historia pues ahí los diez gobernadores tomaron dos importantes acuerdos en su defensa de los fondos federales.

            El primero tiene que ver con recurrir a juicios de controversia constitucional para la defensa de los fideicomisos y fondos públicos, una ruta que ya se había venido comentando y que de hecho algunas entidades ya iniciaron.

            De mayor trascendencia el segundo acuerdo, pues va encaminado a promover que los ciudadanos beneficiarios de los diferentes programas que dependen de los fideicomisos que extinguió la Cámara de Diputados recurran a juicios de amparo. No hay precedente de que gobiernos estatales sean promotores de amparos masivos, la causa lo vale y el hecho marca un hito histórico.

            La dignidad y firmeza con la que Miguel Ángel Riquelme está defendiendo lo que a Coahuila le corresponde son de reconocerse.

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POR EDUARDO J. DE LA PEÑA DE LEÓN

            Mal cierra la semana Jesús De León Tello, y para colmo en su tierra.

            El dirigente panista convocó a una conferecia de prensa dentro de la gira de trabajo de Cecilia Romero, la secretaria general de su Comité Nacional, pero se la reventó un grupo que aprovechó el evento para dar a conocer su renuncia al PAN.

            Aseguraron que son en La Laguna 160 militantes los que dejan las filas de Acción Nacional, pero que en la entidad llegarían a 500 los inconformes con el grupo que controla desde hace años a ese partido, es decir el de Guillermo Anaya Llamas.

            Torreón además de ser la tierra de Jesús De León, y de Anaya, es la posición más importante para Acción Nacional en Coahuila, y este recibimiento a su Secretaria General pone en evidencia la crisis interna que están viviendo y tendría que encender luces de alarma en su dirigencia… aunque ya con la elección del día 18 encima, ¿qué pueden hacer?.

            Y a propósito de Anaya, a este lo reportaron en la región fronteriza apoyando las campañas de los candidatos a diputados, pero su actividad que más visibilidad tuvo fue una comida en Acuña nada menos que con las dos principales figuras de Morena en la entidad, Armando Guadiana Tijerina y Claudio Bres Garza.

            Seguramente Anaya piensa que nada pierde dejándose ver en esas compañías, y es cierto pues con su capital político agotado bien puede dedicarse a los socialitos que tanto le gustan.

            Por cierto, ¿Claudio Bres qué andaba haciendo en Acuña, también apoyando campañas como Guadiana?.

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            Este viernes la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría presentó un análisis del plan de infraestructura anunciado esta semana por el gobierno federal, confirmando que hay pocos proyectos o ninguno para los estados que aportan un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto.

            Como se sabe Coahuila fue excluido y no hay para la entidad ningún proyecto autorizado, con todo y que nuestro estado tiene el séptimo lugar nacional en aportación al PIB, generando el 3.7%.

            El análisis de las Empresas de Consultoría detectó que Querétaro se lleva el 22% de las inversiones en el plan de infraestructura, e Hidalgo el 20%, la primera entidad está en la posición quince y la segunda en la veintiuno.

            Eso es inequidad.

            Seguramente el tema estará en la agenda de la nueva reunión de la Alianza Federalista, prevista para el lunes en Aguascalientes.

            Habrá que estar atentos al desarrollo de esa sesión, pues podría haber avances en lo que se refiere a las vías jurídicas, como las controversias constitucionales que se están valorando para impulsar la justicia distributiva.

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            Está claro que son tiempos de cerrar filas, y en ese contexto este viernes se dio un encuentro del alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas con varios de sus antecesores.

            En la Presidencia Municipal estuvieron Enrique Martínez, Mario Eulalio Gutiérrez, Miguel Arizpe Jiménez y Oscar Pimentel González, quien es además en esta administración director del IMPLAN.

            En redes sociales Manolo Jiménez anticipó que en fecha próxima se estará reuniendo con otros ex alcaldes para intercambiar ideas sobre los retos y proyectos para Saltillo.

            De la vieja guardia, y decano de los ex alcaldes no participó en el primer encuentro el Profesor Arturo Berrueto González.

            De los priistas, o que militaron en ese partido cuando fueron alcaldes, faltarían otros cinco, tres de elección y dos interinos, y todos ellos estuvieron en el gobierno municipal en este siglo.

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            Trascendió que el Cabildo negó al ex regidor y ex diputado panista Jesús de las Fuentes Cabello la licencia para fraccionar poco más de seis hectáreas en terrenos aledaños al arroyo Cuatro Bajo, y se determinó que esa zona debe conservarse como parque hídrico para coadyuvar a evitar inundaciones.

            Los parques hídricos o inundables son una de las estrategias de mitigación propuestas por el Tecnológico de Monterrey en el Atlas de Riesgo que se elaboró en la administración de Isidro López Villarreal.

            Precisamente en esa administración fue que Jesús De Las Fuentes promovió amparos para evitar que se demolieran construcciones con las que obstruyó el cauce del arroyo, y con ese antecedente no es de descartarse que ahora siga la misma vía para insistir con su fraccionamiento en esa zona de riesgo. Veremos.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la CTM en el litigio por el contrato colectivo de trabajo en la maquiladora Arneses de Ciudad Acuña, debe poner fin, al menos en lo que a instancias legales se refiere, a un prolongado conflicto con el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia.

            Cuando Gómez Urrutia huyó al extranjero para librarse de los cargos por el desfalco al Sindicato Minero y el robo de su indemnización a trabajadores de Cananea, se puso a las ordenes de organizaciones extranjeras que han porfiado en su propósito de generar inestabilidad laboral en la región fronteriza, en su pretensión de que las plantas se vayan a Estados Unidos.

            Napoleón secundó la estrategia que había venido a desarrollar Susana Prieto, la abogada que durante cuando menos quince años ha instrumentado paros en las empresas fronterizas, destacando los del año anterior en Matamoros, Tamaulipas, que terminaron con el cierre de fuentes de empleo, y con una denuncia penal en contra de ella, que la llevó por unas semanas a la cárcel hasta que López Obrador presionó para que la liberarán.

            En ese contexto se dio la intromisión de Gómez Urrutia, quien se dice representante del gremio minero, en plantas del sector automotriz en Acuña.

            En concreto en Arneses se llevaron cuatro recuentos para definir la titularidad del Contrato Colectivo, el último en mayo del año anterior, donde las autoridades laborales prestándose al juego de Napoleón citaron a los trabajadores en las instalaciones militares, en un descarado acto de coacción.

            En enero de este año, cuando estuvo en Saltillo para participar en la firma del Pacto Coahuila, el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se refirió al tema y lanzó un mensaje al «señor minero» advirtiendo que le volverían a ganar la titularidad del contrato colectivo en Arneses.

            En ese mismo evento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme también advirtió, aludiendo al mismo caso, que no habría espacio para caprichos ni chantajes.

            El asunto escaló hasta el máximo tribunal, que ya se pronunció a favor de uno de los sindicatos cetemistas que encabeza Tereso Medina.

            Si en lo legal esta es la última instancia, habrá ahora que estar pendientes de que Gómez Urrutia y su gente no recurran a otras estrategias para generar inestabilidad en Acuña.

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            También debe ponerse atención a un tema que está surgiendo en La Laguna, en concreto en Matamoros, donde empiezan a hacer ruido algunos «campesinos» que se dicen despojados de derechos de agua, quienes esta semana se manifestaron en las oficinas del Tribunal Agrario, aunque realmente su asunto tendrían que verlo en la Comisión Nacional del Agua, en cuya representación por cierto no han nombrado al nuevo titular.

            Los quejosos señalan que con documentos falsos se realizó la cesión de sus derechos y reclaman que se les restituyan.

            Hay que verlo con cuidado, pues admiten que vendieron sus tierras, y son los nuevos propietarios los que ahora ostentan también los derechos de agua, que aseguran no haber vendido, cedido ni rentado.

            Las autoridades federales deben en todo caso llevar una investigación, pues la cesión de derechos conlleva una serie de trámites, algunos electrónicos y otros presenciales, que pasan por diversas instancias de la CNA, si acaso hubo realmente una irregularidad ahí están implicados empleados de la dependencia.

            Estos casos son los que les encanta tomar como bandera a oportunistas que abundan en el área rural de La Laguna, por ello la importancia de que los responsables de la estabilidad política regional le pongan atención antes de que alguien lo infle con un propósito avieso.

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            Se está realizando una encuesta telefónica para conocer la opinión ciudadana respecto a los grupos de seguridad que operan en Saltillo a través de whatsapp y calificar también la actitud y eficiencia de la Policía Municipal.

            La encuesta, robotizada, seguramente arrojará información que permitirá a las autoridades mejorar a partir de la opinión ciudadana.

            Sin embargo quienes contrataron el ejercicio deben pedir a la casa encuestadora que cuide los detalles, pues en la última pregunta se pide manifestar el género o sexo, y dan únicamente las opciones hombre o mujer, y deberían cuando menos dar la posibilidad al encuestado de declinar contestar, como se hace en muchos formularios de este tipo en el mundo por respecto a la diversidad.

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Por Eduardo J. De La Peña de León

            El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas anticipó que con recursos estatales y municipales se continuarán las obras de ampliación de la carretera a Derramadero, pues además de que no se contemplan fondos federales para ese proyecto en 2021 se teme que vayan a perderse los 90 millones de pesos que se habían etiquetado este año y que no se han ejercido porque la SCT ha declarado desierta la licitación.

            Esa carretera tiene más de cincuenta años de antigüedad, y en los últimos veinte años su aforo se ha multiplicado exponencialmente a partir del desarrollo industrial en Derramadero, en ciertas horas del día circulan por ahí tantos camiones de pasajeros y autos como el más transitado de los bulevares en la ciudad, por ello urge la ampliación.

            El gobernador y el alcalde saben lo anterior y se comprometen, y eso es bueno, pero a la par del fondeo local para esa obra en una ruta federal, deberían buscarse los mecanismos legales para conseguir primero conservar los 90 millones que ya estaban etiquetados este año, y después lograr liberar más recursos para 2021 y los años futuros.

            Si quienes se han visto favorecidos con el crecimiento industrial en Derramadero, donde además se proyectan desarrollos habitacionales y comerciales, no se comprometen y aportan recursos para mejorar las vías de comunicación, al menos a través de las cámaras empresariales deberían encabezar la batalla jurídica para conseguir los fondos federales.

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            Un par de semanas atrás Alejandra Wade, del Consejo Cívico de las Instituciones, y Miguel Monroy, de Coparmex, señalaron que los candidatos a diputados locales muestran ignorancia con sus promesas de campaña en las que incluso se meten en temas que van más allá de las facultades de los legisladores.

            Un claro ejemplo lo tenemos en la panista Amal Esper, quien no duda en prometer solución a las inundaciones que afectan a Saltillo, pero sin explicar qué es lo que impulsaría en caso de que llegue al Congreso para que contribuya en resolver ese problema histórico en la ciudad.

            Eso sí, con toda contundencia la aspirante albiazul precisa que no se trata de buscar culpables, oportuna aclaración para que no se le vayan a enojar sus padrinos en esta nueva aventura política.

            Aunque se inició en el servicio público en la gestión de Jericó Abramo, realmente Esper tuvo un mayor impulso con Isidro López Villarreal, al grado que en una de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior se observa la irregularidad en un incremento salarial del 65% que en esa administración se le dio a la ahora candidata.

            Y recordemos que a Isidro se le señala como el responsable de haber autorizado fraccionamientos que obstruyeron escurrimientos naturales de agua, lo cual a finales de julio generó inundaciones en un sector residencial que antes no había tenido ese problema.

            Adicionalmente fue en la gestión de López Villarreal que se perdieron los fondos federales que ya estaban etiquetados para la corrección del cauce del arroyo «Cuatro Bajo», que es otro de los causantes de inundaciones en el norte de la ciudad.

            Precisamente el coordinador de campaña de Esper, Juan Pablo Valdés, quien fue un cercano colaborador de Isidro, ha salido a redes sociales a señalar que no fue por omisión del Ayuntamiento que se perdieron esos recursos, sino por la negativa del gobierno de Rubén Moreira de aportar lo que correspondía al estado.

            Pero dice la candidata que no hay que buscar culpables sino soluciones, ¿tiene realmente alguna propuesta o nada más tocó el tema como quien da los buenos días?.

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            Y a propósito de las denuncias de la Auditoría Superior, y de la información abordada en el Índice de ayer, hubo quienes nos comentaron que en los informes de resultados que da el organismo no señaló inconsistencias en el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud en el periodo que estuvo al frente Jorge Verástegui.

            Quizá sea así, pero existió una auditoría especial ordenada por el Congreso del Estado para determinar contrataciones con proveedores que no cumplieran con los requisitos de ley, a raíz de aquél escándalo de las empresas fantasma, y en esa revisión especial se detectó que en 2014 y 2015 se hicieron pagos por más de 64 millones de pesos a Nuberia Comercial sin que se acrediten los servicios proporcionados.

            La Auditoría concluyó que hubo un uso indebido de recursos y presentó la denuncia en julio de 2018 ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, a cargo de Jesús Flores Mier.

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Gasto Social con Visión e Inteligente

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Si bien hay indicadores macro que son aceptados como referente del comportamiento de la economía, como por ejemplo los de empleos perdidos y generados, estos son sin duda muy generales y en la mayoría de las ocasiones no alcanzan a reflejar cómo se está resintiendo en cada grupo social una crisis o fenómeno específico.

            Así, de la crisis económica que se ha derivado de la pandemia, sabemos que en Coahuila se han perdido 43 mil empleos formales, y que a partir de la reanudación de actividades se ha empezado a observar una recuperación, que según cifras oficiales se ha traducido en 13 mil nuevas contrataciones.

            Faltarían pues por recuperar 30 mil puestos de trabajo para estar en los mismos números del inicio del año. Pero además de esas miles de personas que no han logrado una recontratación, ¿cuántos más vieron mermado su ingreso en las empresas en que han tenido que recurrir a ese tipo de ajustes?.

            Y lo más importante, ¿qué efectos está teniendo o va a tener esto en nuestra comunidad?.

            No lo reflejan las estadísticas ni los indicadores, pero hay una paradoja: estamos en una contingencia sanitaria, la más grave que se ha tenido por generaciones, y su impacto en la economía familiar está provocando que muchos descuiden precisamente su salud.

            Cuando especialistas como bariatras, endocrinólogos y  nutriólogos retomaron las consultas tras el primer momento de confinamiento social, primero se encontraron con el temor de sus pacientes a contagiarse si acudían al consultorio, y después de eso muchos cancelaron las citas con la explicación de que habían perdido el empleo o les bajaron el sueldo y ya no podían pagar el servicio.

            El control de peso y el seguimiento nutricional van mucho más allá de aspectos de mera estética, tienen que ver definitivamente con la salud de la persona, su calidad y expectativa de vida, y que se abandonen estos tratamientos es una cuestión seria que a la larga puede traer otras consecuencias.

            Como es bien sabido, en nuestra entidad las principales causas de muerte son enfermedades del corazón y diabetes, quienes las padecen deben llevar un seguimiento estricto o se incrementa el riesgo para ellos. Además ante la amenaza que tenemos hoy del coronavirus, ellos son pacientes de alta vulnerabilidad.

            En suma, como daño colateral de la crisis económica en la que hemos entrado, viene un deterioro en la salud de personas vulnerables, eso no lo vemos en los indicadores pero tiene un costo social.

            Quienes se atendían con especialistas particulares para seguimiento nutricional, difícilmente se acercan de primera instancia a la seguridad social, si es que la tienen, pero si llegan a tener una complicación o se les desencadena otro padecimiento, se sumarán como usuarios de una capacidad hospitalaria pública, que ya antes de la pandemia era insuficiente.

            En circunstancias así, se precisa de un actuar sensible y creativo de las autoridades. La gran mayoría de las personas que están en la situación a la que nos referimos, o en otras similares, no son beneficiarios de los programas sociales, podría decirse que no son el «público meta» de quienes los diseñan, operan y usufructúan políticamente pero habría que diseñar esquemas que les auxilien en este momento.

            Los gobiernos estatal y municipal han impulsado diversos apoyos emergentes, y aquí hay un sector más que los requiere. Se podría por ejemplo llegar a un acuerdo con médicos y nutriólogos para seguir dando consulta y tratamiento a quienes por alguna cuestión económica debieron interrumpirlo, y que haya un subsidio oficial para ello.

            Desde luego que también para el gobierno hay una limitación de recursos, pero con voluntad se pueden encontrar opciones, mecanismos que permitan no desatender la salud de este tipo de pacientes.

            Es en momentos así cuando además de voluntad se precisa creatividad y visión. Esto debe ir más allá de estructuras clientelares y cálculos electorales, bajo la premisa de que una sociedad sana representará una carga menor para el Estado y su sistema de salud.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Dicen que por estas fechas en todo Coahuila conseguir pasiflorina es tan difícil como ocurría en marzo con los cubrebocas y el gel antibacterial, y es que entre ex funcionarios de todos los niveles hay ataques de nervios, en algunos incluso histeria, ahora que se empiezan a desempolvar las denuncias presentada por la Auditoría Superior del Estado.

            No es para menos.

            Aunque se ha dicho que en contra de ex funcionarios municipales hay poco más de cien denuncias, la realidad es que la Auditoría presentó ante la Fiscalía General del Estado y la especializada en hechos de corrupción más de doscientas, pues a las de los municipios se suman algunas relacionadas con dependencias estatales, organismos y hasta fondos sindicales.

            En las denuncias se pueden encontrar hechos interesantes, como por ejemplo que algunos ex alcaldes del mismo periodo que el ahora procesado Ramón Oceguera, coinciden en conductas u omisiones que para la ASE son constitutivos de delito.

            Así en municipios como Cuatro Ciénegas, Múzquiz y Sabinas, coinciden en que la realización de las ferias locales da el espacio para manejos financieros poco claros, y corren por cuenta de las autoridades gastos de todo tipo sin que haya una comprobación de que los recursos se aplicaron realmente en lo que en su momento informaron.

            Así Santos Garza Herrera, de Cuatro Ciénegas, Cipriano Portales, de Múzquiz, y el ya famoso Lenin Flores Lucio, de Sabinas, fueron denunciados al presumirse desvíos en lo que sus gobiernos gastaron en las ferias. Lenin como es sabido acumula varios cargos y ha estado sujeto a proceso.

            Cipriano Portales, que llegó a la alcaldía de Múzquiz como candidato de PAN y UDC, incurrió también en otros hechos, como el pago de obras que no se concluyeron, y las denuncias en su contra ponen en evidencia que además tenía a sus proveedores consentidos, así por ejemplo de diez obras que pagó sin concluirse seis estuvieron asignadas al mismo contratista.

            Por el mismo motivo, pagar obras no terminadas, hay denuncias también contra Evaristo Madero Marcos y quien fungió como su tesorera en Parras, María Elizabeth Murra.

            De esos mismos tiempos, igualmente fueron denunciados el ex alcalde de Monclova Armando Castro y su tesorero Eduardo Harb, por varios hechos, destacando que en la conciliación entre ingresos en caja y depósitos en bancos, en tan solo siete días, hubo una diferencia de más de dos millones y medios de pesos.

            La siguiente hornada de alcaldes también dejó cuentas pendientes, y los que gobernaron en la región Sureste, sin distingo de los partidos que los postularon, destacan por las irregularidades que al no ser aclaradas en todas las oportunidades que les dio la Auditoría, se presumen como hechos delictivos.

            Y aquí se observan también notas comunes, así Ricardo Aguirre en Ramos Arizpe y Rodolfo Zamora en General Cepeda, justificaron fuertes erogaciones en conceptos de difícil verificación y que se prestan a suspicacias, como el muy genérico de apoyos sociales.

            Jesús Durán en Arteaga, denunciado al igual que su tesorera Nora Alicia Hernández Fuentes, también tomó por el mismo camino de «ayudas culturales y sociales», aunque le señalan otras situaciones como un viaje a Cuba para reclutar personal médico, en el que además de cubrirle los viáticos le pagaron honorarios adicionales por sus servicios.

            En esa gestión, en Arteaga se hicieron cobros de impuestos por debajo de lo previsto legalmente, favoreciendo a algunos particulares, y se encontraron también desvíos por casi 700 mil pesos nada menos que en el FORTASEG, el fondo federal para la seguridad.

            Como se sabe, hay denuncias también en contra de Isidro López Villarreal, y quienes fungieron como responsables de la tesorería, Adrián Ortiz al inicio de la gestión, y Rosa María Zertuche en el cierre.

            De los cargos imputados a la administración de Isidro, uno de los que destaca es el haber incrementado el sueldo de un año para otro a catorce funcionarios, en montos que van de los cien a los quinientos mil pesos.

            Entre esos funcionarios se menciona en la denuncia a la hoy candidata del PAN a una diputación local, Amal Esper, quien de ganar 388 mil pesos anuales pasó a percibir 635 mil, un incremento del 65%. En la misma situación se señala a su coordinador de campaña, uno de los colaboradores de mayor confianza de isidro López, Juan Pablo Valdés.

            A quien fuera director del IMPLAN en Saltillo, Ariel Domínguez Coutiño, también se le imputan por parte de la Auditoría Superior delitos patrimoniales.

            En el ámbito estatal también hubo hallazgos del órgano fiscalizador, y hay denuncias en contra de quien fuera Secretario de Salud, Jorge Verástegui, y de quien por varios años estuvo al frente del INEDEC, Jorge Chapoy, quien bajo el concepto de «compensaciones» le metía en serio la mano a los fondos de la institución.

            Los señalados en las denuncias saben de su existencia, pues previo a que se presentaran se les notificó de las irregularidades detectadas, por ello es que hoy a muchos les ganan los nervios.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            En círculos políticos se cuenta una anécdota, data de diciembre de 2009, cuando quince días antes de entrar legalmente en funciones rindió protesta como alcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera Rodríguez.

            Al finalizar el evento, un familiar cercano se abrió paso entre los invitados y tras un estrecho abrazo al nuevo alcalde, le miró de frente y soltó  una frase que no se sabe si era recomendación,  consejo o advertencia «nada más no vayas a robar». La respuesta fue un gesto brusco y un frío silencio.

            Jamás se volvieron a dirigir la palabra.

            Este lunes, casi once años después a Ramón Oceguera le dictaron formal prisión. Desde el penal deberá afrontar el proceso en el que se acusa de peculado.

            La misma suerte corrió quien fuera su tesorero, Vicente Barreda González, quien por esos años decidió dejar su carrera en la banca comercial, en donde había ido escalando posiciones, para incursionar en la que fue su única participación en la administración pública, de donde saldría con las relaciones y los medios para emprender los más diversos negocios.

            Siempre al lado de Oceguera, en los años transcurridos desde que dejaron la alcaldía de Ramos, Vicente Barreda lo mismo se dedicó desde la renta de equipo y maquinaria de construcción, hasta la explotación de granjas avícolas, y también siempre para un mismo cliente, el gobierno de Nuevo León, en donde les abrió las puertas, y las arcas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco».

            Tres denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado en contra de Ramón Oceguera y Vicente Barreda.

            La primera incluso fue presentada cuando aún eran servidores públicos, el 13 de diciembre de 2013, y tenia que ver con el ejercicio presupuestal del año 2010.

            Cumplidas todas las etapas de la fiscalización, agotados cada una de los plazos, oportunidades y términos previstos en la ley para comprobar y justificar, Oceguera y Barreda no habían logrado demostrar la correcta aplicación de poco más de 9 millones de pesos, que estaban consignados como ingresos, sin precisarse su origen ni su destino.

            También del año 2010 no encontraron justificación sobre el destino que dieron a 16 y medio millones de pesos que el gobierno del estado le prestó a Ramos Arizpe a través de PIDECO, una promotora para el desarrollo comercial y económico.

            En enero de 2015 la Auditoría Superior presentó otra denuncia, y entre los hechos señalados el más relevante es un desfase entre los cortes de caja por ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias oficiales por 3 millones quinientos mil pesos.

            Lo interesante es que esos 3 millones y medio que se perdieron, corresponden a la revisión de un solo día del año. Si las revisiones de la Auditoría son aleatorias y no exhaustivas, ¿otros días también se habrá perdido dinero?.

            Pero el verdadero festín fue el último año de la administración, el 2013.

            De los hallazgos en la auditoría correspondiente a ese año, el órgano fiscalizador detectó 42 hechos, que engloban las más diversas irregularidades, y que encuadran dentro del delito de peculado. Los montos superan los 30 millones de pesos.

            Las cifras mayores de los hechos detectados tienen que ver con cuestiones de nómina, pago de compensaciones no justificadas, pagos a trabajadores no identificados, premios de puntualidad sin sustento, contrataciones de nuevo personal pese a la prohibición legal a los Ayuntamientos de hacerlo en el cierre de gestión, todo esto supera los diez millones de pesos.

            En este rubro una joya es lo que la administración de Oceguera erogó bajo el concepto de «pago de vacaciones a funcionarios mayores», 756 mil pesos en el mes de enero de 2013.

            También se le señalaron simulaciones de actos jurídicos, contratación de servicios notariales pagados a fantasmas que ni tienen fiat notarial ni cuentan con un domicilio real, ahí la fuga fue de 2 millones y medio de pesos.

            Hubo en 2013 pago por obras y servicios no concluidos por más de cinco millones de pesos.

            Los auditores también detectaron que el Ayuntamiento no cobró la expedición de las licencias para la creación de un parque industrial, una inversión que hizo a título personal el alcalde en un terreno que le compró a su padre.

            La denuncia por los hechos de 2013 la presentó la Auditoría Superior el 7 de agosto de 2015. Ramón Oceguera y Vicente Barreda fueron detenidos el 28 de septiembre, hace una semana, cinco años después.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Antiguamente, principalmente en las zonas rurales, se asociaba la festividad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre– con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en los que incluso se perdían las cosechas, y se dio en llamarle «el cordonazo de San Francisco», término que luego se fue aplicando a todo acontecimiento relevante en la vida nacional.

            Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1987 el PRI destapó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari y se dijo entonces que «el cordonazo» pegó a los otros «tapados» entre los que se encontraban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Sergio García Ramírez, cordonazo que también generó el sonado rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el otrora partido invencible.

            Este año el cordonazo se adelantó y desde los últimos días de septiembre en la región tuvimos las primeras heladas tempranas, con relativa afectación a los productores agrícolas. Pero en forma más severa lo resentimos en el país el primero de octubre, fecha que quedará inscrita en la historia nacional como el día en que la Suprema Corte se postró ante López Obrador.

            Fecha trágica en que cedió uno de los últimos diques que protegían el Estado de Derecho y la  vida institucional en este país.

            Y como si no fuera suficiente que la Corte le haya dado luz verde al Presidente para instrumentar su consulta manipuladora, ahora el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas marcó el inicio de una ruta revisionista que nada productivo dejará para el país.

            En los eventos alusivos a la conmemoración del 2 de octubre, en que se recuerda la masacre de Tlatelolco, Encinas planteó que se debe retirar de los espacios públicos los nombres de personajes que estuvieron involucrados con actos de represión desde los años sesenta a los ochenta.

            Ejemplificó con el aeropuerto de Puerto Vallarta, que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.

            Y en efecto puede resultar aberrante que se hayan dado esas imposiciones, pero el tan solo abrir el debate al respecto parece más un recurso distractor de esos que tanto le gustan a este gobierno, que un auténtico propósito de reivindicación con las víctimas.

            Cambiar nombres de calles, escuelas, poblados, aeropuertos y edificios tendría para efectos prácticos un alto costo para un país que está quebrado.

            Y además un gobierno que crea un cuerpo de seguridad de formación militar, como la Guardia Nacional, y lo mismo lo moviliza para retirar mantas de protesta en contra del Presidente que para reprimir a agricultores que defienden sus derechos, no tiene calidad moral para señalar a los represores del pasado.

–o–

            Y si de incongruencias hablamos, otro hecho que exhibe a los funcionarios de la Cuarta Transformación lo tenemos en el sitio que aloja representaciones de al menos tres dependencias federales en Coahuila, Agricultura, Comisión del Agua y Comisión Nacional Forestal.

            Dentro de las políticas de austeridad se fueron dejando de rentar edificios y se concentró a las dependencias en estas instalaciones que desde hace más de cincuenta años son de la Secretaría de Agricultura, pero en la caseta de vigilancia hay un guardia por cada dependencia.

            Sí, la Conagua puede no tener inspectores en la entidad ni suficiente personal para desahogar cientos de trámites en proceso desde hace años, pero paga un guardia para que lleve el registro de visitantes, mientras que Agricultura tiene el suyo propio.

            Podrían ahorrar ahí y destinar el recurso a algo productivo, pero seguramente les resulta más atractivo favorecer a alguien con el contrato del servicio de seguridad privada.

–o–

            Desde chirona manda preguntar Ramón Oceguera si no había que esperar la consulta pública para proceder en contra de actores políticos del pasado.

edelapena@infonor.com.mx