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Por Eduardo J. De La Peña

            En lo dicho, registrarse como promotor de la consulta para revocación de mandato le permitió a Luis Fernando Salazar reposicionarse dentro de Morena, y este viernes hasta fue invitado por el dirigente nacional Mario Delgado a que lo acompañara en una gira por La Laguna de Durango.

            Delgado habló del registro de promoventes, que se cerró el viernes anterior, y en uno de los eventos encomió a Salazar por haberse inscrito, dejando en claro la prioridad que tiene en la agenda de Morena que se logren las firmas necesarias para que en marzo se haga la consulta popular, que lo ven como su mejor estrategia de posicionamiento rumbo a los comicios de 2022, en que estarán en juego seis gubernaturas, entre ellas la de Durango, en donde estarán convocando el mes próximo para postular candidato.

            Luis Fernando Salazar encontró la oportunidad de recuperar terreno en Morena, pues como se recordará hace semanas equivocó la ruta y quiso aprovechar su cercanía con el entonces Consejero Jurídico de la Presidencia, defenestrado pocos días después, Julio Scherer para conseguir la dirigencia de ese partido en la entidad.

            Según trascendió en aquél entonces, Mario Delgado le dijo claramente a Salazar que tocó en la puerta equivocada, y a las pocas semanas designó a Diego del Bosque como encargado de la dirigencia estatal.

            Luis Fernando, que encaja en la descripción que hizo su padre de «políticos tránsfugas que se han ido a la cargada» es astuto, supo leer el significado que la consulta tiene para su partido y no tardó en registrarse como promotor, mientras otros cuados destacados de Morena no se dieron ni cuenta de la circunstancia.

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            Desde hace veintisiete años el Sistema Universitario Jesuita,  al que pertenecen nueve instituciones de educación superior en el país, otorga en el marco de su encuentro bianual de Derechos Humanos el Reconocimiento Tata Vasco, y en este año es la primera ocasión en que, de manera extraordinaria, decidieron entregar también una mención honorífica y para ello se seleccionó a la Organización Familia Pasta de Conchos.

            Este viernes en el ITESO de Guadalajara, se entregó el Tata Vasco al Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, que opera en Tlaxcala, y la mención honorífica a Familia Pasta de Conchos «por su ejemplo de lucha continua y haber encausado su indignación tras la explosión en 2006, hacia las denuncias de los riesgos ambientales que puede generar la industria extractiva».

            Otras organizaciones que en el pasado han recibido el reconocimiento, son Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, y las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa.

            Significativo desde luego que a Familia Pasta de Conchos se le otorgue esta excepcional mención honorífica, pues en el estado es bien conocida esa lucha continua a la que se refiere el Sistema Jesuita, pugnando siempre por condiciones de seguridad y trabajo digno para los mineros del carbón.

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            Tal parece que la Unión Regional Ganadera no había dimensionado el impacto que traerá la cancelación de importaciones de ganado por Eagle Pass, o pensaban que era un mero proyecto y no una decisión tomada, pues hasta ahora están reaccionando, cuando ya hasta hay una fecha definida, que es a mediados de diciembre, para que entre en vigor la medida.

            Ha trascendido que la URG, que preside el saltillense Joaquín Arizpe, ha planteado que será preferible en todo caso dirigir las exportaciones por Colombia, Nuevo León, y no por Acuña, pues en esa aduana hay mejores instalaciones.

            Y si se opta por Colombia cabe la posibilidad de que siga teniendo alguna utilidad la infraestructura instalada en Nava.

            En todo caso la gestión de los ganaderos tendría que ir encaminada a acelerar los trabajos de remodelación que se harán en la aduana de Eagle Pass, para que la importación por ese puerto esté cancelada el menor tiempo posible.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con el reloj en contra se aplicaron algunos de los grupos de Morena en la entidad y armaron su estructura para promover la consulta de revocación de mandato, que en el planteamiento de ellos es de ratificación.

            Si veinticuatro horas antes de que el INE cerrara el registro para quienes estarán autorizados a recabar las firmas para solicitar la consulta había en el caso de Coahuila menos de cincuenta personas inscritas, al final cerraron con 479 en los siete distritos.

            El distrito con más promotores inscritos es el segundo, donde se contabilizan 150, y de ahí le sigue el primero con cien registrados, y se entiende que sea en esos distritos donde lograron reclutar un mayor número de personas, pues fue en donde obtuvieron triunfo en la elección de junio, aunque en el primero lo hicieron con las siglas de su satélite el PT y con un candidato que les prestó su socio la UDC.

            Llama la atención sin embargo que en los distritos con cabecera en Saltillo, el cuarto y el séptimo, hayan registrado únicamente a tres y a dos promotores respectivamente, dejando en evidencia que su nuevo dirigente estatal Diego Del Bosque anda en una burbuja de jabón, sin haber construido estructura alguna en los más de cuatro años que tiene como activista de ese partido.

            Claro que la convocatoria del INE no era en específico para Morena, sino abierta a toda la ciudadanía, pero nadie hizo caso, y por los nombres de quienes están registrados queda en claro que se trata de una estrategia del partido presidencial.

            Entre quienes se inscribieron de última hora está Melba Farías Zambrano, en el tercer distrito donde buscó ser reelecta como diputada federal, pero la derrotó en las urnas la priista Cristina Amezcua.

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            Aunque desde inicios de la semana grupos del PAN deslizaron la versión de un acuerdo de unidad para impulsar a Elisa Maldonado para la Presidencia del Comité Directivo Estatal, y a Gerardo Aguado para la Secretaría General, ahora que se abrió la convocatoria se habla de que pudieran surgir otros prospectos.

            La de Elisa Maldonado parecía la mejor opción para conciliar entre los dos principales grupos que se disputan el control de Acción Nacional, el de Mario Dávila Delgado, donde ella ha construido su propia relación, y el de Guillermo Anaya, con quien su padre, el abogado Ricardo Maldonado Escobedo, tiene relación desde hace años.

            Cuando en 1996 el PAN obtuvo diez diputaciones en el Congreso local, designó como coordinador de esa significativa bancada precisamente al abogado Maldonado Escobedo. Fue entonces cuando surgieron, en ese momento impulsados por Jorge Zermeño Infante, que ganó ese año la alcaldía de Torreón por primera ocasión, personajes como Guillermo Anaya, Ignacio Corona y Pedro Luis Bernal.

            Maldonado supo jugar bien su papel, no era dado a los protagonismos pero conocía el peso de su bancada en el Congreso y llevó la tarea con bastante dignidad, aunque su ejemplo a la larga no fue imitado por algunos como Anaya.

            Los activos de su padre parecería que impulsan a Elisa Maldonado y le dan entrada con Anaya y Jesús De León, sin embargo da la impresión de que estos grupos pensaron en una solución a la medida de las pugnas internas, pero no a la altura de los retos que afrontará el PAN en el futuro cercano en Coahuila.

            Elisa Maldonado puede unificar a los dos principales grupos internos de su partido, pero no ha  demostrado tener el empuje para reconstruirlo y reposicionarlo en el ánimo del electorado después de la inercia perdedora que han tenido.

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            Sorprendió el tono con el que Alfonso Cepeda Salas dirigente nacional del SNTE recibió a diputados federales que participaron en la conferencia «Un siglo de rectoría estatal de educación pública».

            Ante los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Cepeda Salas soltó el reclamo: la insuficiencia presupuestal, dijo, ha sido una constante en la historia de la educación en nuestro país.

            Habló el coahuilense de que hay problemas, añejos y nuevos, que se están acumulando, como pagos pendientes de sueldos y prestaciones, y señaló como uno de los grandes pendientes nacionales la equidad educativa.

            Nada nuevo bajo el sol en lo que plantea, lo que describió Cepeda Salas es la realidad de nuestro sistema educativo, lo que llama la atención es que hoy lo señala crudamente, cuando en general se había mostrado dócil y sumiso ante la cuarta transformación, que con tres años a cargo de la administración pública federal, se suma a los gobiernos que históricamente han negado el presupuesto que se requiere en educación.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Al llevar a vacunar a 38 menores de edad a la Jurisdicción Sanitaria en Sabinas, la abogada Salma Bocanegra, quien hace años fuera delegada de la Procuraduría de la Familia en el norte de la entidad, puso sobre la mesa la paradoja de que mientras el gobierno federal niega tajante la protección contra el coronavirus a niños y adolescentes, un alcalde de esa misma corriente política, Claudio Bres de Piedras Negras, mantiene gestiones ante Texas para conseguir en donación vacunas para personas en este rango de edad.

            Bocanegra, junto con otros abogados, llevó 38 juicios de amparo en el Juzgado de  Distrito en Piedras Negras, y obtuvieron sentencia favorable pero se vieron obligados a continuar la batalla porque cuando acudieron a la cita para la vacunación de los menores, representantes de la Secretaría del Bienestar les negaron la aplicación.

            Con mensajes de texto, pues Claudia Garza del Toro no les contestó el teléfono, advirtieron de las consecuencias de incurrir en desacato, y solo así la coordinadora regional de los programas del Bienestar accedió a liberar las vacunas, que según ella el departamento Jurídico le había ordenado no aplicar.

            Esta semana en Saltillo se ha vacunado a más de sesenta menores, a ellos se suman estos 38 de la Carbonífera, y en el Juzgado de Distrito de Piedras Negras hay cuando menos otros cuarenta juicios en proceso.

            Ya es necedad del gobierno federal no acceder a una jornada de vacunación para personas de entre 12 y 17 años, lo único que están consiguiendo con esa actitud es que algunos abogados hagan negocio, pues hoy en día por tramitar los amparos están cobrando en promedio cuatro mil pesos, aunque se habla que hay algunos litigantes que cobran hasta doce mil pesos.

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            En el seminario de capacitación para los alcaldes electos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme anticipó que en fecha próxima los convocará para que se sumen al Consejo Estatal de Protección Civil y a los Sub Comités regionales en materia sanitaria, con el propósito de que cuando asuman el cargo en enero conozcan ya los criterios de operación y esquemas de trabajo.

            Las semanas que faltan para que se instalen los nuevos ayuntamientos dan el tiempo suficiente para concluir con el proceso de entrega-recepción, y que los nuevos alcaldes se empapen sobre temas prioritarios como seguridad, protección civil y prevención sanitaria, y que la transición no implique bajar el ritmo en los esquemas de coordinación.

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            Por mucho tiempo Movimiento Ciudadano pasó desapercibido en Coahuila, su participación en las elecciones se daba únicamente por cubrir el expediente, sin asumir una posición competitiva.

            A partir de que se dejó la coordinación estatal en manos de Alfonso Danao y que este se activó para tener presencia estatal, conformando comités municipales en varias regiones, y coincidiendo con el impulso que ha tenido MC tras sus triunfos en Nuevo León, ahora empieza a notarse el interés de los grupos por hacerse con el control de ese partido en nuestra entidad.

            Primero surgió un grupo en Monclova hablando de rompimiento con Danao, y ahora es en San Pedro de las Colonias, donde la ex candidata a la alcaldía busca jalar reflectores acusando a su dirigente estatal de violencia de género y cuestionando el manejo de los recursos que reciben por prerrogativas.

            En lugar de trabajar para constituirse en una opción viable, los militantes de Movimiento Ciudadano están incurriendo en los mismos errores que históricamente han liquidado a estos partidos, pugnas intestinas cuando no hay ni siquiera nada que repartir.

            Allá ellos.

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            Inexplicable que el gobierno de Canadá haya incluido a Coahuila entre doce estados mexicanos a los que recomienda evitar viajes no esenciales.

            Por varios meses nuestra entidad ha mantenido indicadores ejemplares en materia de seguridad, y si bien se han dado algunos eventos por los intentos de grupos delictivos por ingresar a la entidad, lo cierto es que en todas las regiones privan condiciones que permiten el tránsito seguro de residentes y visitantes.

            La llegada de inversionistas extranjeros y las visitas de funcionarios consulares de Estados Unidos a varias ciudades de la entidad, confirman que viajar por el estado es seguro. Sería importante presentar un reclamo al gobierno canadiense por meternos a la misma canasta que estados vecinos como Chihuahua y Zacatecas, e incluso Nuevo León, donde la realidad sí es crítica.

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Por Eduardo J. De La Peña

            De acuerdo con información que ha trascendido, destrabar el proyecto Agua Saludable para La Laguna no fue la única encomienda que tuvo en nuestra entidad el Sub secretario de Gobernación Rabindranath Salazar Solorio. En todo caso el funcionario no perdió el tiempo y a la par de sus reuniones con los representantes de los módulos y distritos de riego para construir acuerdos, tuvo una muy activa agenda de encuentros con importantes actores de la vida económica lagunera, que si bien no participan directamente en la política sí tienen influencia y peso específico.

            Salazar Solorio demostró oficio político y se convirtió rápidamente en el interlocutor que los dueños del capital estaban buscando para superar contra tiempos que han tenido en su trato con la administración federal.

            En la agenda no pública del Sub secretario se incluyeron apellidos como Batarse, Issa e incluso Tricio.

            Y en las semanas siguientes, con la intervención de Salazar, esos empresarios fueron encontrando los espacios en los primeros niveles del gobierno federal para ir destrabando sus pendientes, que en muchos de los casos tienen que ver con proyectos de inversión; permisos, licencias y hasta temas fiscales.

            Se dice que el Sub Secretario los conminó a mantener abierta la comunicación  y trabajar por los proyectos del Presidente, y aunque no fue específico, a alguno de ellos le pregunto qué tal se lleva con Ricardo Mejía Berdeja.

            Y si alguna duda hay de la cercanía de Salazar con el Presidente, de algo pudiera servir la referencia de su cargo anterior: fue el primer director del Banco del Bienestar, uno de los proyectos consentidos de López Obrador.

            Queda el dato para quienes andan en la competencia política, más les vale no confiarse pues las pugnas internas que caracterizan a las tribus locales de Morena y el descuido que han mostrado en procesos anteriores no son garantía de que a otros niveles estén desentendidos de lo que aquí se avecina.

            Más bien da la impresión de que al margen de la estructura partidista local, se ha comenzado a hacer operación política trabajando con determinados liderazgos que saben dimensionar el valor y peso de esos contactos en el gobierno central.

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            En más del tema pareciera que Eduardo Tricio superó el momento de tensión que hubo en su relación con el régimen actual, que hizo crisis cuando lo ubicaron afin a personajes como Claudio X. González y en convivencia con actores políticos del pasado que son enemigos jurados del Presidente.

            De su reposicionamiento habla que se le ubique a la cabeza del grupo de inversores que están planteando el rescate de Aeroméxico en una reestructura en la que pronto se emitirá nuevas acciones, de las que se dice Tricio tendrá casi el 64%.

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            Siguiendo con empresarios,  este martes estuvo en Saltillo el dirigente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, para inaugurar un evento de Enlaces Productivos y entregar la presea «Águila Canacitra» a ex dirigentes del organismo en la localidad.

            Entre los galardonados destaca Héctor Horacio Dávila Rodríguez, a quien ahora se identifica más con el sector hotelero, pero que también participa en lo industrial, dirigió la Cámara en los primeros años de este siglo, y fue precisamente en su gestión que se hicieron los primeros encuentros de cadenas productivas, buscando vincular a la proveeduría local con los grandes corporativos instalados en la región.

            También se reconoció a Luis Arizpe Jiménez y a Everardo Padilla Flores.

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            En Ciudad Frontera el gobernador Miguel Riquelme dio inicio a la construcción del Centro de Justicia Laboral, y en su discurso advirtió de los reventadores que buscan generar incertidumbre y atentan contra la estabilidad laboral que caracteriza a la entidad.

            Oportuno que haya sido en esa región donde el gobernador diera ese mensaje, pues es precisamente en la industria regional donde se siguen dando los amagos de gente afín a Napoleón Gómez Urrutia para quedarse con los contratos colectivos.

            Ante ese asedio, que se ha prolongado por años, Coahuila le seguirá apostando a la misma estrategia que ha dado buenos resultados, el Pacto  de igualdad, inclusión y justicia laboral que suma a todos los actores de la vida productiva, y que desde 2019 se ha venido refrendando anualmente.

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            A partir de hoy y durante dos días se desarrollará en Saltillo el Seminario de Capacitación a Municipios, convocado por el Congreso local, como una iniciativa de Eduardo Olmos para que los alcaldes electos y quienes estarán en sus equipos de trabajo, conozcan criterios, tiempos y obligaciones en materia presupuestal y de rendición de cuentas.

            La invitación fue para todos, veremos quienes la atienden.

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Por Eduardo J. De La Peña

            En relación con lo planteado aquí la semana anterior, sobre un eventual cierre por parte de la Aduana de Estados Unidos a la importación de ganado por Eagle Pass, nueva información confirma que la medida entrará en vigor en cuando mucho dos meses, es decir a mediados de diciembre.

            Sin embargo se asegura que no es una cancelación definitiva, sino una suspensión temporal porque se harán remodelaciones en la aduana para poder tener mejores instalaciones para el manejo del ganado, y durante los meses que se realice la obra no habrá importaciones.

            De hecho en la subasta que hubo hace un par de semanas en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional, en Nava, que es precisamente donde se tiene la principal infraestructura para las exportaciones, este tema fue una de las mayores inquietudes de los productores.

            Pero no hay vuelta de hoja, los que para diciembre no hayan terminado de exportar lo que corresponde a este año, tendrán que enviar su ganado a Acuña para de ahí cruzarlo hacía Del Río.

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            En una más de las muchas contradicciones de la cuarta transformación, su gremio sindical a modo, el CATEM, que a nivel nacional dirige Pedro Haces y en Coahuila José Miguel Batarse, ha instalado oficinas en Saltillo, y para su sede ha escogido un domicilio en la residencial colonia Doctores al norte de la ciudad.

            Se dicen representantes de los trabajadores y afines a un gobierno que pregona austeridad, pero instalan las oficinas en una avenida en la que ni siquiera hay transporte público, precisamente porque se trata de un sector de alta plusvalía que además es habitacional.

            ¿Cuál identificación con las causas de los obreros, cuál empatía?, lo suyo es buscar lujos y privilegios, aprovechar el momento de estar al cobijo del poder.

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            Vaya resbalón el del nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien no tuvo empacho en culpar de la crisis de inseguridad que vive la entidad a Felipe Calderón, quien en noviembre próximo cumple nueve años de haber dejado la Presidencia de la República.

            Cierto la escalada de violencia que está viviendo Zacatecas no es atribuible a la gestión de Monreal, quien apenas hace un mes asumió el gobierno estatal, la realidad es que le dejaron un grave problema que creció de dos años para acá, pero se excedió en aventar culpas sexenio y medio atrás.

            Eso sí, a David Monreal le van a echar una mano desde el gobierno federal para ver si consiguen poner freno a la violencia. Se sabe que desde la Secretaría de Seguridad Pública le están asesorando con el diseño de un modelo de blindaje similar al de Coahuila, que incluye los sistemas de video vigilancia inteligente.

            Ojalá les funcione, por el bien de Zacatecas, pero desde luego eso obligará a que en nuestra entidad se intensifique la vigilancia hacia la región sur, para evitar que en el «efecto cucaracha» los grupos delictivos corran hacia La Laguna, o hacia el área rural de Arteaga y Saltillo.

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            Y de nuevo en temas de la frontera, en Piedras Negras han generado polémica las decisiones del sub comité regional de salud, que mantiene la prohibición para que operen los albergues que dan cobijo a migrantes pero en cambio autoriza eventos masivos, como un concierto que se celebró el fin de semana, con la plaza de toros a tope.

            Que los albergues estén cerrados no impide que los migrantes sigan llegando, y propicia que deambulen por su cuenta, sin ningún tipo de asistencia y también sin control sanitario, entonces en lugar de evitar el riesgo lo están multiplicando.

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Por Eduardo J. De La Peña

            De último momento una de las tribus de Morena en la entidad decidió meterse de lleno a rescatar lo que será uno de los principales componentes de la estrategia electoral del Presidente el año próximo, la consulta sobre revocación de mandato.

            Aunque PRI, PAN y PRD abrieron ante la Suprema Corte un litigio inconformes por la forma en que el Senado decidió plantear la pregunta, incluyendo si se debe ratificar en el cargo al Presidente, el INE ha tenido que avanzar en los preparativos de la eventual consulta y el primer paso es levantar un registro de quienes están interesados en promover la revocación.

            El registro se abrió desde el primero de octubre, y durante los primeros diez días no hubo nadie en Coahuila que se interesara en ser promotor, los registros comenzaron a darse a partir del lunes de esta semana.

            Para la mañana del jueves catorce, se tenían en el país registrados únicamente 357 promotores, de los cuales 37 son de Coahuila, pero al cierre de ese día se superaron los mil 800 en toda la República, con poco menos de cincuenta en nuestra entidad.

            Y este viernes, último día para el registro, se incorporaron personajes como Luis Fernando Salazar, quien se suma al delegado Tanech Sánchez y su esposa Zazil Pacheco, así como a otros personajes conocidos por su militancia en Morena, como Raúl Yeverino y la doctora Rosa Nilda Arocha, quien por lo que se ve sigue fiel al movimiento pese a que se la jugaron en contra cuando intentó ser candidata a la alcaldía de Monclova.

            No aparece en el listado el nombre de ningún funcionario partidista, representante popular y militante reconocido de otras organizaciones ajenas a Morena.

            Y aunque pudiera parecer paradójico que únicamente desde el partido del Presidente se promueva la consulta de revocación, la verdad es que hay un truco burdo, que Luis Fernando Salazar lo deja en claro al anunciar en redes su inscripción: «El día de hoy me registré ante el INE como promotor de la ratificación de mandato del Presidente @lopezobrador. Seamos parte de este proceso histórico para que continúe el proyecto de la cuarta transformación en nuestro país. #DefendamoslaEsperanza».

            De acuerdo a los tiempos establecidos por el INE, del primero de noviembre al quince de diciembre los promotores podrán recopilar las firmas de apoyo, pues es requisito de ley que al menos el 3% de las personas inscritas en el padrón electoral, y que sean de al menos 17 estados, soliciten la consulta.

            En un par de semanas más, tendremos entonces a Salazar y a quienes sumó en este propósito, recorriendo territorio, haciendo uso de redes y de espacios en medios de comunicación, promoviendo lo que los de su partido dicen es «la ratificación del mandato».

            Lo interesante es que no se sumaron otras tribus, como las de Armando Guadiana, Guadalupe Céspedes, las hermanas Sánchez Galván, Mario Dávila Longoria, es más ni el oportunista Evaristo Lenin Pérez y gavilla que le acompaña aparecen en el registro.

            Y desde luego que los otros partidos no serán promotores, pues no le van a engordar el caldo a López Obrador.

            De cualquier forma será interesante conocer cómo cierra el registro de promotores, y en qué acaba el litigio por la pregunta, si la Corte lo limita a revocación, como se plantea en la Constitución, o lo extiende a ratificación como pretenden los de Morena en su charada.

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            La Fiscalía General de la República obtuvo este viernes la vinculación a proceso penal de un trailero que en su unidad traficaba con 31 nicaragüenses. Fue detenido en la antigua garita de Allende el domingo anterior, y los migrantes deportados.

            Es importante sin duda que se inicie el proceso penal a alguien que fue sorprendido cometiendo un delito, pero esto se parece mucho a aquéllos tiempos en que se detenía a los burreros que traficaban droga,  pero no a los capos.

            ¿Cuándo irá la Fiscalía a emprender acciones reales en contra de quienes controlan la mafia del tráfico de personas?, ¿cuándo darán un golpe a sus esquemas financieros?.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Está programado para este viernes el Consejo Estatal de Seguridad en Torreón, y ya el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anticipó desde el martes que están convocados tanto alcaldes en funciones como los que asumirán el primero de enero; la idea –dijo—es que los entrantes conozcan la situación de seguridad en sus municipios y el modelo de mando único con la aspiración de que todos se incorporen al mismo.

              Ninguno de los futuros alcaldes se ha pronunciado públicamente sobre este emplazamiento que anticipó el gobernador, pero se sabe que algunos están considerando seriamente la posibilidad de no participar en el modelo.

              No se trata de diferencias partidistas, mucho menos de un ánimo de confrontación con el gobernador, es más ni siquiera se trata que discrepen del modelo, lo que les lleva a tener sus reservas es la mala fama que en algunas regiones de la entidad tiene la policía estatal.

              Estos alcaldes están convencidos de la importancia del trabajo coordinado, conscientes de la importancia de blindar al estado y ser firmes para evitar la incursión del crimen organizado, pero no quieren una ciudadanía atemorizada por los excesos de la policía.

              Apuestan en barrios y colonias a un cuerpo de proximidad, que inspire confianza y cercanía, no temor o desprecio.

              Seguramente con la sensibilidad que le caracteriza, el gobernador entenderá el planteamiento, y ojalá que pueda darse una adaptación del modelo para que renunciar al mando único no implique para esos municipios quedar sin posibilidad de coordinación y apoyos estatales.

              El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Eduardo Olmos Castro, ha hablado de la posibilidad de impulsar reformas legales para que el mando único sea un esquema obligatorio para los municipios.

              Ya se intentó en el pasado, hacia allá iba encaminada la reforma a la Ley de Seguridad Pública que se aprobó en 2016, pero finalmente no se concretó, a lo más que llegaron fue a establecer la creación de “Fuerza Coahuila”, que precisamente por su mala fama después tuvo que cambiar de nombre.

              Legislar para hacer obligatorio el mando único, cuando la Constitución General de la República y el Código Municipal de Coahuila dan a los ayuntamientos la facultad de la seguridad pública, sería apostar a un litigio que va a desgastar y al final lo más probable es que la Corte se pronuncie en contra del modelo, por más buenos resultados que aporte.

              Los asesores legislativos de Olmos Castro tendrían que analizar bien el tema.

              De lo que si no hay duda es de la importancia que deberán dar los alcaldes al tema de la seguridad, que el cambio de autoridades municipales no implique ni un periodo de inestabilidad, ni un paso atrás que puedan aprovechar quienes cada día están a la espera de una oportunidad para infiltrarse.

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              La Organización Pasta de Conchos está advirtiendo nuevamente de una mina que opera irregularmente en la región Carbonífera, que está restringida por la Secretaría del Trabajo y que sin embargo sigue surtiendo pedidos a la Comisión Federal de Electricidad.

              Señalan que se trata de Minera Díaz, que está explotando una concesión identificada como Palo Blanco, en el mineral de La Florida, y cuando hicieron del conocimiento de la representación regional de la Secretaría del Trabajo las faltas a medidas básicas de seguridad, la respuesta fue que está restringido el acceso a la mina desde abril de este año.

              Asegura la Organización que de ese lugar embarcaron pedidos el viernes anterior para CFE, que son ya seis meses que está operando ilegalmente.

              “Tomar medidas de no repetición no es hacer inspecciones inservibles, ni seguir comprando carbón como si no importara la vida de los trabajadores. Deben actuar ya, pues bajo ese modelo que sostienen los mineros mueren”, señala Pasta de Conchos en sus redes sociales.

              Recordemos que el año pasado la Organización denunció las condiciones en que se trabajaba en la mina de Rancherías que se inundó en junio de este año, tragedia que enlutó a siete familias, y no le hicieron caso. ¿Ahora sí reaccionará la Secretaría del Trabajo e irá más allá de una restricción que no es obedecida?.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Un análisis publicado este miércoles en El Universal plantea que si dieciséis diputados del PRI se mantienen en su postura, no se conseguirán los 333 votos necesarios para que sea aprobada por mayoría calificada la reforma eléctrica planteada por el Presidente López Obrador.

              En esos dieciséis que ya se identifican en el bloque contra la reforma, hay siete coahuilenses, Jericó Abramo Masso, Jaime Bueno Zertuche, Tereso Medina Ramírez, Cristina Amezcua, José Antonio Gutiérrez Jardón, Shamir Fernández y Rigo Fuentes.

              No incluyen a Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada priista, quien comparte la postura del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, de que habría que someter la iniciativa a una consulta de parlamento abierto, y ha señalado además que no hay prisa para abordar la reforma eléctrica.

              Moreno ha dicho además que “al PRI nadie lo presiona”, lo que ha sido leído como una pose de aparente dignidad que no se sostendría si empiezan a presionar al ex gobernador de Campeche con las cuentas pendientes que dejó en su entidad.

              Que por cierto la nueva gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apenas cumplirá el viernes un mes en el cargo y ya empezó a deslizar declaraciones de que ha encontrado indicios de malos manejos en la administración que recibió de Carlos Miguel Aysa, el interino que quedó en lugar de Moreno. No se ha ido al fondo ni ha presionado, pero ya sembró el tema, en lo que pareció un recordatorio por si se ocupa.

              Pero el gran tema es la reforma eléctrica, y aunque cada día hay mayor coincidencia en que realmente se trata de una estrategia de posicionamiento político del Presidente, y que en su cálculo le es más redituable que se mantenga la oposición a la iniciativa, si que hay razones para que el trámite legislativo no se postergue más.

              Según se conoce, ante la incertidumbre que ha generado la iniciativa, respecto al futuro de la industria eléctrica en el país y su capacidad futura para satisfacer la demanda de energía, hay algunos corporativos internacionales que han puesto en pausa importantes proyectos de inversión en México.

              Se afirma que por ejemplo General Motors pausó su proyecto de expansión del complejo Ramos Arizpe, que implica una inversión de más de mil millones de dólares para la reconversión de sus plantas de ensamble y de sistemas de propulsión, con el propósito de que en el mediano plazo se convirtiera en su quinto centro de producción de autos eléctricos, y la razón de meter el freno es porque no tienen certidumbre de que en el futuro haya abasto de energía estable y suficiente.

              Es decir que la iniciativa de reforma eléctrica no impacta únicamente a los proyectos en curso para parques de energía solar y eólica en Coahuila, también está poniendo en riesgo otros de giros diversos, como este del ramo automotriz.

              Puestas así las cosas, la verdad es que sí hay prisa en resolver la reforma, y lo que conviene al país es que no se apruebe.

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              Y a propósito de la industria automotriz, que no sale de la emergencia provocada por la escasez de semiconductoreds, que ha llevado a plantas como General Motors a extender sus paros técnicos, y a otras como Kia a iniciar con los mismos, veremos cómo les va ahora con el anuncio de López Obrador en el sentido de que sí habrá regularización para los autos “chuecos”, los cientos de miles que han sido introducidos de contrabando al país.

              El planteamiento del Presidente va vinculado al tema de la seguridad, y no le falta razón, es necesario tener un padrón de estos autos, pero también es cierto que históricamente cada que se abre un proceso de regularización, crece el contrabando, se beneficia a muchos ganones, y al final volvemos a tener el mismo problema.

              En el anuncio presidencial va también la promesa de que el derecho que se cobre por la regularización se entregará a los gobiernos estatales, etiquetado para obras de pavimentación, a ver si es cierto.

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              Dicen que cuando estás en el lodo vale más ser paciente y esperar a que se seque, pues si te mueves te ensucias más. Pues parece que nadie se lo dijo al Ministro Javier Laynez y ya enredó más el tema de su detención en Torreón.

              El Ministro asegura que no conducía en estado de ebriedad, que no lo dictaminó un médico legista, que no le dieron oportunidad de demostrar que estaba sobrio, y que a su familia le exigieron el pago en efectivo de seis mil quinientos pesos, sin recibo de por medio, para dejarlo en libertad.

              Funcionarios municipales de Torreón aseguran que sí hay una prueba de alcoholemia, pero no la harán pública por la protección de datos personales.

              Y también el Fiscal del Estado Gerardo Márquez Guevara le entró al tema, asegura que el médico legista de la dependencia dictaminó al Ministro, que su grado de alcoholemia no era alto, y que como su falta no era grave lo pusieron en libertad.

              ¿A quién le creemos entonces?.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

            Al inaugurar la «Línea Verde» construida en los límites de los fraccionamientos Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, al suroriente de Saltillo, el gobernador y el alcalde recordaron cómo surgió la idea de ese proyecto.

            En 2015, cuando Miguel Riquelme era alcalde de Torreón, en una visita que le hizo Manolo Jiménez, quien era presidente del comité municipal del PRI en Saltillo, lo llevó a conocer la «Línea Verde» que su administración estaba construyendo.

            Cuando los proyectos políticos de ambos «cuajaron», uno asumió como gobernador y el otro como alcalde, revisaron obras que se pudieran realizar en Saltillo, y ahí se retomó la idea de un parque como el construido en Torreón.

            «Pero necesitas encontrar un basurero como de dos kilómetros para ahí hacerlo», cuenta Riquelme que le dijo a Manolo, y la respuesta inmediata fue «yo se dónde hay uno», y se refería a ese arroyo que ahora ha sido transformado en un área recreativa.

            Pero el valor de la «Línea Verde» inaugurada ayer va más allá de la transformación de un tramo de arroyo que hasta hace unos años era tiradero de basura, escombro y todo tipo de desechos, su significado es mayor pues representa el rescate de un sector que en el pasado reciente fue escenario de tragedias que enlutaron a varias familias y consternaron a la sociedad.

            A apenas ocho cuadras, poco más de quinientos metros al sur de esta «Línea Verde», hay otra derivación del mismo arroyo «De las Víboras», en donde se cometieron en años pasados al menos dos violaciones, un feminicidio y tres homicidios.

            El caso más estremecedor ocurrió en noviembre de 2003, cuando Silvia, una jovencita de 16 años que recorría el camino de su casa a la escuela, decidió acortar la distancia y cruzar por el arroyo, donde fue sometida por dos hombres drogados que la violaron y posteriormente le dieron muerte.

            Uno de los asesinos, a quien en Saltillo se le recuerda con el apodo de «El Madullo» estuvo involucrado en otra violación antes de la de Silvia, y años después se suicidó dentro del penal del estado donde cumplía su condena por feminicidio y ataque sexual.

            En aquéllos años la respuesta de las autoridades al clamor ciudadano fue construir algunos puentes peatonales en los arroyos, pensando que eso daría mayor seguridad a quienes debían de cruzarlos. Pero poco tardó en que esos puentes se convirtieran en garita de una pandilla, «Los Catrines», que cobraba por dejar utilizarlos, y ahí mismo asesinó a dos personas más.

            Estos arroyos son más que basureros que afean las colonias y generan contaminación, son auténticas cicatrices  que a las familias del sector les recuerdan duelo y dolor, tragedias detonadas en mucho por la falta de espacios de convivencia, recreación y deporte.

            La transformación va entonces mucho más allá de lo estético, y cobra otra dimensión pues tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y la apertura de otro tipo de oportunidades y expectativas para quienes viven en ese sector.

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            Y siguiendo con el evento, si de entrada llamó la atención la presencia en el presidium del Administrador Fiscal General, Javier Díaz González, fue aún más cuando Manolo Jiménez lo saludó al terminar su discurso, y remató con una expresión que no pasó inadvertida, un «¡Ya!» en tono de apremio.

            Tanto el gobernador como el alcalde llenaron de «shampoo de cariño» a Javier, lo que lleva a preguntar ¿a qué obedece el placeo?.

            Se había venido manejando la posibilidad de que Díaz González se incorporara al equipo de José María Fraustro Siller como Tesorero municipal, pero el alcalde electo reveló este martes que en esa posición estará Juan Carlos Villarreal, algo que por cierto por inesperado sorprendió.

¿Entonces hacia dónde están proyectando a Javier?, ¿un relevista emergente acaso?.

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            Aunque sí era conocido que el Ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek es nacido en Torreón, la verdad es que su desempeño profesional lo ha mantenido durante años desvinculado de la entidad, e incluso cuando fue Procurador Fiscal de la Federación en el gobierno de Felipe Calderón no hubo ninguna vinculación de carácter público con su estado natal.

            Pero las cosas cambiaron cuando el Ministro, disfrutando en el plano personal del fin de semana, fue detenido en su natal Torreón cuando conducía un auto pese a estar bajo los influjos del alcohol, ahora sí todos se acordaron de que es paisano.

            El nombre del jurista y su conducta fueron noticia nacional, dejando al Lagunero en el mismo nivel que los mortales, lejos del plano superior en que la comunidad ubica por inercia a los Ministros.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con el auspicio del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) se desarrollará este martes un panel denominado «Perspectivas de la Industria del Carbón en Coahuila», con la participación de especialistas en temas ambientales, economistas y productores.

            El panel por las condiciones sanitarias se llevará a través de una plataforma digital y tendrá cuatro bloques principales, el primero –a cargo del Doctor Alejandro Dávila Flores– «Escenario del retiro anticipado de las carboeléctricas y su efecto en la economía».

            Otra investigadora del CISE de la Autónoma de Coahuila, Miriam Valdés, presentará las «Alternativas de transformación económica para la región Carbonífera».

            Funcionarios estatales, investigadores y productores de carbón tendrán un dialogo sobre las perspectivas de futuro para la región, y finalmente Luli Pesqueira de WWF México hablará de oportunidades de transformación.

            Oportuno sin duda el panel cuando la región Carbonífera vive un momento singular en que se suman diversas circunstancias que no hacen más que generar confusión e incertidumbre.

            Por una parte se viene elaborando desde hace varios meses, bajo la coordinación de la UA de C y el Clúster de Energía Coahuila, que preside el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, la investigación que sustentará la propuesta de rescate y diversificación económica de la región, que en resumen busca terminar con la dependencia de la minería del carbón.

            Pero sin embargo los contratos que adjudicó la CFE el año pasado a pequeños y medianos productores, y los que asignó este año por varios millones a la familia Flores Guerra, vuelven a genera dinamismo económico que detona un optimismo local, sustentado principalmente en la derrama inmediata pero que no dimensiona los riesgos de seguridad en las minas, el impacto ambiental y los compromisos internacionales que se tienen que cumplir en la materia.

            Sumado a ello, la percepción de que la eventual reforma a la industria eléctrica vendría a extender la viabilidad temporal de las termoeléctricas y fortalecer su operación, genera que muchos se inclinen por seguir apostando a la extracción del carbón, una industria que ha enriquecido a unos cuantos y enlutado a cientos.

            Será entonces interesante ver lo que se exponga en este panel, que por los actores involucrados se anticipa irá más orientado a la reconversión que a la permanencia de la minería del carbón.

            Y a propósito de esta actividad económica, ante la inquietud que ha surgido en los productores sobre la conclusión de los contratos con la CFE y la adjudicación de nuevos, a este ÍNDICE ha llegado información por parte de funcionarios que la tienen de primera mano, pues participan directamente en la toma de decisiones.

            Para quienes se dicen preocupados porque recibieron anticipos y no suministraron carbón, o incumplieron con los pedidos a los que se comprometieron, nos afirman que tienen razón en estar preocupados, esos casos ya están en el área jurídica que emplazará para el reembolso de los anticipos, y ejercerá las fianzas para quienes incumplieron.

            Y en cuanto a los contratos para el año próximo, nos dicen que sí habrá, y lo más seguro que por adjudicación directa. Se confirmó, explican, que en el modelo que se ensayó el año pasado, hubo quienes recibieron contratos por su rango de pequeño o mediano productor, pero no pusieron a trabajar las minas y le compraron el carbón a los grandes que habían quedado fuera de los pedidos.

            Lo que se había anticipado, el coyotaje a la inversa. Entonces aseguran que en esta ocasión se harán pedidos únicamente a los que se comprobó que tenían las minas trabajando.

            Habrá que estar atentos, estos asuntos siempre son muy manoseados por la cantidad de recursos que involucran.

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            Aunque los ganaderos, que dirige en la entidad Joaquín Arizpe Dávila, nada han manifestado al respecto aún, entre los agentes aduanales de Piedras Negras hay inquietud porque el gobierno de Estados Unidos ha planteado que a partir de diciembre se cancelarán las importaciones de ganado por Eagle Pass.

            De acuerdo a lo que ha trascendido la disposición sería que todo el ganado que se exporte por Coahuila entre por la aduana de Del Río, lo cual además de las complicaciones logísticas para los ganaderos, impacta en la economía de las agencias aduanales.

            Las estadísticas más recientes indican que cada año se exportan en promedio 60 mil cabezas de ganado por Piedras Negras y 30 mil por Acuña, y ahora el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pretende concentrar su área de inspección en Del Río.

            También a este nuevo flanco que se abre conviene estar atentos.

edelapena@infonor.com.mx