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Por Eduardo J. De La Peña

              Un análisis publicado este miércoles en El Universal plantea que si dieciséis diputados del PRI se mantienen en su postura, no se conseguirán los 333 votos necesarios para que sea aprobada por mayoría calificada la reforma eléctrica planteada por el Presidente López Obrador.

              En esos dieciséis que ya se identifican en el bloque contra la reforma, hay siete coahuilenses, Jericó Abramo Masso, Jaime Bueno Zertuche, Tereso Medina Ramírez, Cristina Amezcua, José Antonio Gutiérrez Jardón, Shamir Fernández y Rigo Fuentes.

              No incluyen a Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada priista, quien comparte la postura del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, de que habría que someter la iniciativa a una consulta de parlamento abierto, y ha señalado además que no hay prisa para abordar la reforma eléctrica.

              Moreno ha dicho además que “al PRI nadie lo presiona”, lo que ha sido leído como una pose de aparente dignidad que no se sostendría si empiezan a presionar al ex gobernador de Campeche con las cuentas pendientes que dejó en su entidad.

              Que por cierto la nueva gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apenas cumplirá el viernes un mes en el cargo y ya empezó a deslizar declaraciones de que ha encontrado indicios de malos manejos en la administración que recibió de Carlos Miguel Aysa, el interino que quedó en lugar de Moreno. No se ha ido al fondo ni ha presionado, pero ya sembró el tema, en lo que pareció un recordatorio por si se ocupa.

              Pero el gran tema es la reforma eléctrica, y aunque cada día hay mayor coincidencia en que realmente se trata de una estrategia de posicionamiento político del Presidente, y que en su cálculo le es más redituable que se mantenga la oposición a la iniciativa, si que hay razones para que el trámite legislativo no se postergue más.

              Según se conoce, ante la incertidumbre que ha generado la iniciativa, respecto al futuro de la industria eléctrica en el país y su capacidad futura para satisfacer la demanda de energía, hay algunos corporativos internacionales que han puesto en pausa importantes proyectos de inversión en México.

              Se afirma que por ejemplo General Motors pausó su proyecto de expansión del complejo Ramos Arizpe, que implica una inversión de más de mil millones de dólares para la reconversión de sus plantas de ensamble y de sistemas de propulsión, con el propósito de que en el mediano plazo se convirtiera en su quinto centro de producción de autos eléctricos, y la razón de meter el freno es porque no tienen certidumbre de que en el futuro haya abasto de energía estable y suficiente.

              Es decir que la iniciativa de reforma eléctrica no impacta únicamente a los proyectos en curso para parques de energía solar y eólica en Coahuila, también está poniendo en riesgo otros de giros diversos, como este del ramo automotriz.

              Puestas así las cosas, la verdad es que sí hay prisa en resolver la reforma, y lo que conviene al país es que no se apruebe.

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              Y a propósito de la industria automotriz, que no sale de la emergencia provocada por la escasez de semiconductoreds, que ha llevado a plantas como General Motors a extender sus paros técnicos, y a otras como Kia a iniciar con los mismos, veremos cómo les va ahora con el anuncio de López Obrador en el sentido de que sí habrá regularización para los autos “chuecos”, los cientos de miles que han sido introducidos de contrabando al país.

              El planteamiento del Presidente va vinculado al tema de la seguridad, y no le falta razón, es necesario tener un padrón de estos autos, pero también es cierto que históricamente cada que se abre un proceso de regularización, crece el contrabando, se beneficia a muchos ganones, y al final volvemos a tener el mismo problema.

              En el anuncio presidencial va también la promesa de que el derecho que se cobre por la regularización se entregará a los gobiernos estatales, etiquetado para obras de pavimentación, a ver si es cierto.

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              Dicen que cuando estás en el lodo vale más ser paciente y esperar a que se seque, pues si te mueves te ensucias más. Pues parece que nadie se lo dijo al Ministro Javier Laynez y ya enredó más el tema de su detención en Torreón.

              El Ministro asegura que no conducía en estado de ebriedad, que no lo dictaminó un médico legista, que no le dieron oportunidad de demostrar que estaba sobrio, y que a su familia le exigieron el pago en efectivo de seis mil quinientos pesos, sin recibo de por medio, para dejarlo en libertad.

              Funcionarios municipales de Torreón aseguran que sí hay una prueba de alcoholemia, pero no la harán pública por la protección de datos personales.

              Y también el Fiscal del Estado Gerardo Márquez Guevara le entró al tema, asegura que el médico legista de la dependencia dictaminó al Ministro, que su grado de alcoholemia no era alto, y que como su falta no era grave lo pusieron en libertad.

              ¿A quién le creemos entonces?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Al inaugurar la «Línea Verde» construida en los límites de los fraccionamientos Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, al suroriente de Saltillo, el gobernador y el alcalde recordaron cómo surgió la idea de ese proyecto.

            En 2015, cuando Miguel Riquelme era alcalde de Torreón, en una visita que le hizo Manolo Jiménez, quien era presidente del comité municipal del PRI en Saltillo, lo llevó a conocer la «Línea Verde» que su administración estaba construyendo.

            Cuando los proyectos políticos de ambos «cuajaron», uno asumió como gobernador y el otro como alcalde, revisaron obras que se pudieran realizar en Saltillo, y ahí se retomó la idea de un parque como el construido en Torreón.

            «Pero necesitas encontrar un basurero como de dos kilómetros para ahí hacerlo», cuenta Riquelme que le dijo a Manolo, y la respuesta inmediata fue «yo se dónde hay uno», y se refería a ese arroyo que ahora ha sido transformado en un área recreativa.

            Pero el valor de la «Línea Verde» inaugurada ayer va más allá de la transformación de un tramo de arroyo que hasta hace unos años era tiradero de basura, escombro y todo tipo de desechos, su significado es mayor pues representa el rescate de un sector que en el pasado reciente fue escenario de tragedias que enlutaron a varias familias y consternaron a la sociedad.

            A apenas ocho cuadras, poco más de quinientos metros al sur de esta «Línea Verde», hay otra derivación del mismo arroyo «De las Víboras», en donde se cometieron en años pasados al menos dos violaciones, un feminicidio y tres homicidios.

            El caso más estremecedor ocurrió en noviembre de 2003, cuando Silvia, una jovencita de 16 años que recorría el camino de su casa a la escuela, decidió acortar la distancia y cruzar por el arroyo, donde fue sometida por dos hombres drogados que la violaron y posteriormente le dieron muerte.

            Uno de los asesinos, a quien en Saltillo se le recuerda con el apodo de «El Madullo» estuvo involucrado en otra violación antes de la de Silvia, y años después se suicidó dentro del penal del estado donde cumplía su condena por feminicidio y ataque sexual.

            En aquéllos años la respuesta de las autoridades al clamor ciudadano fue construir algunos puentes peatonales en los arroyos, pensando que eso daría mayor seguridad a quienes debían de cruzarlos. Pero poco tardó en que esos puentes se convirtieran en garita de una pandilla, «Los Catrines», que cobraba por dejar utilizarlos, y ahí mismo asesinó a dos personas más.

            Estos arroyos son más que basureros que afean las colonias y generan contaminación, son auténticas cicatrices  que a las familias del sector les recuerdan duelo y dolor, tragedias detonadas en mucho por la falta de espacios de convivencia, recreación y deporte.

            La transformación va entonces mucho más allá de lo estético, y cobra otra dimensión pues tiene que ver con la reconstrucción del tejido social y la apertura de otro tipo de oportunidades y expectativas para quienes viven en ese sector.

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            Y siguiendo con el evento, si de entrada llamó la atención la presencia en el presidium del Administrador Fiscal General, Javier Díaz González, fue aún más cuando Manolo Jiménez lo saludó al terminar su discurso, y remató con una expresión que no pasó inadvertida, un «¡Ya!» en tono de apremio.

            Tanto el gobernador como el alcalde llenaron de «shampoo de cariño» a Javier, lo que lleva a preguntar ¿a qué obedece el placeo?.

            Se había venido manejando la posibilidad de que Díaz González se incorporara al equipo de José María Fraustro Siller como Tesorero municipal, pero el alcalde electo reveló este martes que en esa posición estará Juan Carlos Villarreal, algo que por cierto por inesperado sorprendió.

¿Entonces hacia dónde están proyectando a Javier?, ¿un relevista emergente acaso?.

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            Aunque sí era conocido que el Ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek es nacido en Torreón, la verdad es que su desempeño profesional lo ha mantenido durante años desvinculado de la entidad, e incluso cuando fue Procurador Fiscal de la Federación en el gobierno de Felipe Calderón no hubo ninguna vinculación de carácter público con su estado natal.

            Pero las cosas cambiaron cuando el Ministro, disfrutando en el plano personal del fin de semana, fue detenido en su natal Torreón cuando conducía un auto pese a estar bajo los influjos del alcohol, ahora sí todos se acordaron de que es paisano.

            El nombre del jurista y su conducta fueron noticia nacional, dejando al Lagunero en el mismo nivel que los mortales, lejos del plano superior en que la comunidad ubica por inercia a los Ministros.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con el auspicio del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) se desarrollará este martes un panel denominado «Perspectivas de la Industria del Carbón en Coahuila», con la participación de especialistas en temas ambientales, economistas y productores.

            El panel por las condiciones sanitarias se llevará a través de una plataforma digital y tendrá cuatro bloques principales, el primero –a cargo del Doctor Alejandro Dávila Flores– «Escenario del retiro anticipado de las carboeléctricas y su efecto en la economía».

            Otra investigadora del CISE de la Autónoma de Coahuila, Miriam Valdés, presentará las «Alternativas de transformación económica para la región Carbonífera».

            Funcionarios estatales, investigadores y productores de carbón tendrán un dialogo sobre las perspectivas de futuro para la región, y finalmente Luli Pesqueira de WWF México hablará de oportunidades de transformación.

            Oportuno sin duda el panel cuando la región Carbonífera vive un momento singular en que se suman diversas circunstancias que no hacen más que generar confusión e incertidumbre.

            Por una parte se viene elaborando desde hace varios meses, bajo la coordinación de la UA de C y el Clúster de Energía Coahuila, que preside el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, la investigación que sustentará la propuesta de rescate y diversificación económica de la región, que en resumen busca terminar con la dependencia de la minería del carbón.

            Pero sin embargo los contratos que adjudicó la CFE el año pasado a pequeños y medianos productores, y los que asignó este año por varios millones a la familia Flores Guerra, vuelven a genera dinamismo económico que detona un optimismo local, sustentado principalmente en la derrama inmediata pero que no dimensiona los riesgos de seguridad en las minas, el impacto ambiental y los compromisos internacionales que se tienen que cumplir en la materia.

            Sumado a ello, la percepción de que la eventual reforma a la industria eléctrica vendría a extender la viabilidad temporal de las termoeléctricas y fortalecer su operación, genera que muchos se inclinen por seguir apostando a la extracción del carbón, una industria que ha enriquecido a unos cuantos y enlutado a cientos.

            Será entonces interesante ver lo que se exponga en este panel, que por los actores involucrados se anticipa irá más orientado a la reconversión que a la permanencia de la minería del carbón.

            Y a propósito de esta actividad económica, ante la inquietud que ha surgido en los productores sobre la conclusión de los contratos con la CFE y la adjudicación de nuevos, a este ÍNDICE ha llegado información por parte de funcionarios que la tienen de primera mano, pues participan directamente en la toma de decisiones.

            Para quienes se dicen preocupados porque recibieron anticipos y no suministraron carbón, o incumplieron con los pedidos a los que se comprometieron, nos afirman que tienen razón en estar preocupados, esos casos ya están en el área jurídica que emplazará para el reembolso de los anticipos, y ejercerá las fianzas para quienes incumplieron.

            Y en cuanto a los contratos para el año próximo, nos dicen que sí habrá, y lo más seguro que por adjudicación directa. Se confirmó, explican, que en el modelo que se ensayó el año pasado, hubo quienes recibieron contratos por su rango de pequeño o mediano productor, pero no pusieron a trabajar las minas y le compraron el carbón a los grandes que habían quedado fuera de los pedidos.

            Lo que se había anticipado, el coyotaje a la inversa. Entonces aseguran que en esta ocasión se harán pedidos únicamente a los que se comprobó que tenían las minas trabajando.

            Habrá que estar atentos, estos asuntos siempre son muy manoseados por la cantidad de recursos que involucran.

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            Aunque los ganaderos, que dirige en la entidad Joaquín Arizpe Dávila, nada han manifestado al respecto aún, entre los agentes aduanales de Piedras Negras hay inquietud porque el gobierno de Estados Unidos ha planteado que a partir de diciembre se cancelarán las importaciones de ganado por Eagle Pass.

            De acuerdo a lo que ha trascendido la disposición sería que todo el ganado que se exporte por Coahuila entre por la aduana de Del Río, lo cual además de las complicaciones logísticas para los ganaderos, impacta en la economía de las agencias aduanales.

            Las estadísticas más recientes indican que cada año se exportan en promedio 60 mil cabezas de ganado por Piedras Negras y 30 mil por Acuña, y ahora el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pretende concentrar su área de inspección en Del Río.

            También a este nuevo flanco que se abre conviene estar atentos.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Como lo mencionamos en una columna anterior, el tema migratorio es una crisis latente en la entidad, y en general en el país. El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard pretende quitarle importancia y señala que para México no es ningún problema dar refugio a quince mil haitianos, que hay capacidad para ello.

            También el jueves, durante su visita a Arteaga el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas repitió su promesa de que México ofrecerá empleo temporal y procurará mecanismos de integración para las personas que cruzan el país con el sueño de llegar a Estados Unidos.

            Y que buen gesto sería que en efecto hubiera esas oportunidades de empleo y mecanismos de integración, pero los hechos hablan de que el gobierno federal no ha dimensionado la realidad, no se involucra y hacer promesas de saliva es muy fácil.

            Ya hemos hablado en muchas ocasiones de las deportaciones que hace la Patrulla Fronteriza sin coordinarse con el Instituto Nacional de Migración, y para ilustrarlo recordemos que en 10 días deportaron por Piedras Negras a más de 3 mil 800 extranjeros, y de más del 90% de ellos no hay registro alguno, mucho menos se sabe en dónde están ahora.

            Cómo puede decir Ebrard que no es problema refugiar a 15 mil cuándo ni siquiera se sabe cuántos extranjeros se han dispersado a lo largo del año en la zona fronteriza norte ni a qué se están dedicando.

            Las secuelas de la crisis de hace un par de semanas en Del Río siguen vigentes pues tan solo en Acuña hay 600 haitianos en un albergue temporal y en Ciudad Frontera la iglesia católica reconoce estar albergando a cuando menos otros cincuenta.

            Estos albergues subsisten principalmente con donaciones de la población, y en el caso del de Acuña los gobiernos estatal y municipal aportan para garantizar seguridad y condiciones sanitarias. De la autoridad federal no hay participación alguna. Así es muy fácil ofrecer refugio, cuando los costos se le cargan a otros.

            Pero además de quienes están en albergues, cada día se sigue viendo a pequeños grupos, de menos de diez personas, caminando por la orilla de la carretera 57 con rumbo al norte, tratando de llegar a pie a la frontera pues a las compañías de transporte se les ha advertido que no les brinden servicio.

            Estos grupos van expuestos no tan solo a accidentes, sino también con el riesgo de ser capturados por bandas delictivas.

            Y todavía más grave lo que se descubrió este viernes en Tamaulipas, los más de 600 migrantes hacinados en tres cajas de tráiler, a los que se les mantuvo encerrados por más de 36 horas sin agua ni alimentos.

            Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que México ofrezca y comprometa un trato humanitario a los migrantes, pero el gobierno federal tendría que acompañar los emotivos discursos con acciones efectivas y contundentes.

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            Este viernes el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados presentó los resultados del Sistema de Alertas de los Municipios al Primer Semestre de 2021.

            El sistema está previsto en la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, para evaluar el nivel de endeudamiento, y en el reporte se consigna que de 2 mil 447 municipios que hay en el país, solo 777 cuenta con obligaciones financieras inscritas ante la Secretaría de Hacienda, de ellos se ubica a veintiuno de Coahuila.

            Pero no todos los municipios, en el país y en Coahuila, pudieron ser evaluados, pues 239 en el país no entregaron información suficiente, entre estos encontramos a Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Parras, Juárez y Guerrero.

            De los municipios coahuilenses que sí fueron evaluados, todos caen en el indicador de endeudamiento sostenible, a excepción de Sabinas, clasificado como «endeudamiento en observación» porque su deuda pública y obligaciones representa un 80% de sus recursos de libre disposición.

            Los Ayuntamientos están en pleno proceso de entrega-recepción y es importante que se conozcan públicamente no solo sus niveles de endeudamiento, bancario y con proveedores, sino también se explique con claridad lo que ello les representa en sus flujos y operación, pues como bien lo indica el reporte hay niveles de deuda que son sostenibles, es decir que no implican una carga que paralice a la administración pública.

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            Un coahuilense será titular del Instituto para los Adultos Mayores en la nueva administración estatal de Nuevo León, se trata de Ramón De La Peña Manrique, quien es también Rector Honorario Vitalicio del Campus Monterrey del ITESM.

            De La Peña Manrique quien además de una larga trayectoria académica y de participación en organismos de la sociedad civil fue en el gobierno de Vicente Fox director del Instituto de Educación para los Adultos, tiene sus orígenes en Mesa de las Tablas, municipio de Arteaga, vivió en Saltillo, y desde los sesentas, cuando se fue a realizar sus estudios profesionales, radica en Monterrey, pero en nuestra ciudad vivieron sus hermanos Agustín y Godofredo, ya fallecidos, y el conocido odontólogo Yturiel aquí radica aún.

            La actual directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA de C, Gabriela de la Peña Astorga, es su sobrina.

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Por Eduardo J. De La Peña

            De justicia la iniciativa que llevó este jueves Jericó Abramo Masso a tribuna de la Cámara de Diputados proponiendo reformas a la Ley del Seguro Social para que jubilados y pensionados tengan la opción de regresar a trabajar sin que se les cancele la prestación.

            Abramo Masso plantea que hay cerca de cuatro millones de mexicanos que perciben menos de cuatro mil pesos de pensión, lo que desde luego no les es suficiente para vivir, por eso plantea que quienes estén en condiciones físicas que les permitan seguir trabajando puedan reincorporarse a la vida productiva, reciban un sueldo y este se sume a su pensión.

            No faltarán los fanáticos que sostengan que no es necesaria la reforma, pues ahora a las pensiones del Seguro se le suman las del Bienestar, pero con las anomalías que hay en ese programa social –y en general en todos– la verdad es que los adultos mayores siguen batallando para completar el sustento.

            Las pensiones federales para adultos mayores son insuficientes porque, como mucho se ha repetido, se incluyó entre los beneficiarios a personas que no las necesitan, en lugar de otorgar un monto mayor a quien realmente tiene carencias.

            Pero la propuesta de Jericó no únicamente implicaría un ingreso mayor para los jubilados, también les haría más atractivo seguir en el sector productivo, con beneficios para su salud emocional.

            Habrá que estar atentos a cómo camina esta iniciativa.

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            El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo canceló de último momento su visita a Piedras Negras, que estaba prevista para este viernes, pues dice haber sido convocado a una reunión del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de seguridad.

            Nieto acudiría a Piedras a presentar su libro «Sin filias ni fobias. Memorias de un Fiscal incomodo», que relata su paso por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

            Llama la atención quiénes integran el grupo que invitó a Santiago Nieto, que bien pudieran conformar un club de impresentables, pues además del alcalde de Piedras Negras Claudio Bres, están la ex secretaria general de Morena en la entidad, Hortensia Sánchez Galván; el ex diputado y propietario de la UDC Evaristo Lenin Pérez Rivera; y la diputada y alcaldesa electa de Múzquiz Tania Flores Guerra.

            Cualquiera de ellos le daría material a Nieto para escribir otro de esos guiones novelescos que luego convierte en carpetas de investigación.

            Por ejemplo Hortensia Sánchez Galván le pudiera contar del poder que extendió a su esposo Manuel de Jesús Meza, para ella no aparecer en el contrato de arrendamiento con el gobierno estatal del edificio que ocupa la Jurisdicción Sanitaria en Francisco I. Madero, inmueble que es de su propiedad. O de cuando metió mano para que su esposo apareciera en las listas de plurinominales en la elección local del año pasado, aunque los estatutos de su partido prohíben expresamente que se favorezca con esas posiciones a familiares de los dirigentes.

            Las irregularidades en que ha incurrido Tania Flores, que omitió en su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, cuando fue candidata a la alcaldía, su participación en empresas mineras, que luego cedió cuando se le puso en evidencia, y los contratos que por adjudicación directa se le asignaron a ella y a su familia para surtir carbón de una calidad que no producen, dan para una causa penal, o alguno de los libretos de Santiago Nieto.

            Sobre Lenin y Claudio, y su paso por las alcaldías de Acuña y Piedras Negras mucho pudiera decirse, por algo se hicieron amigos del de la UIF.

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            A cuatro meses de la inundación en Micarán, la cueva de la que se extraía carbón en Rancherías, municipio de Múzquiz, los deudos de los siete mineros que ahí fallecieron no han cobrado la pensión correspondiente pues debieron iniciar un procedimiento de inconformidad, ya que el patrón no tenía registrados a los trabajadores en el IMSS con su salario real.

            Al rosario de irregularidades que quedó en evidencia con el accidente, muchas de las cuales se habían denunciado desde meses anteriores, se suma esta otra más, lo cual  confirma un patrón de conducta de estos empresarios mineros, que sin embargo siguen siendo favorecidos con pedidos de la CFE.

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            Se cumplen este ocho de octubre 35 años de que se fundó El Diario de Coahuila, proyecto periodístico que a lo largo de este tiempo ha evolucionado para conformar un grupo multimedia, complementando la edición impresa con las plataformas digitales y los espacios de información y entretenimiento en la radio.

            El Diario, un proyecto que nació de la visión y compromiso del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera con la valiosa participación de Don Roberto Orozco Melo, ambos ya fallecidos, se ha consolidado en estos años con las aportaciones de decenas de mujeres y hombres que tienen al periodismo por pasión y vocación. Dicen que quien cita omite, y el que omite ofende, por ello es mejor no tratar de enlistar a quienes han sumado para que este medio sea lo que hoy es, pero vaya para todos ellos un amplio reconocimiento. Participar ahora en estas páginas, es un reto y enorme compromiso.

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Por Eduardo J. De La Peña

            El Senado aprobó el martes la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, y con ello se formalizó que en la Cámara de Diputados funcionarán 51 comisiones, de las cuales han quedado integradas hasta ahora únicamente las de Energía; Hacienda y Crédito Público; Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Puntos Constitucionales .

            Es de destacarse que de cuatro comisiones integradas, en dos fueron incorporados como secretarios diputados que representan a Coahuila, lo cual no es un mal porcentaje.

            Jaime Bueno Zertuche alcanzó su objetivo de ser secretario en la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado de Morena Erasmo González Robledo. Ahí también participa otra conocida de los coahuilenses, Sonia Rincón Chanona, quien fuera delegada en la Sección Quinta del SNTE y luego se convirtiera en promotora del partido presidencial en nuestra entidad.

            En la misma comisión participa también la ex candidata independiente Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

            En tanto Jericó Abramo Masso, además de presidir la de Turismo, será secretario de la Comisión de Hacienda, que preside el diputado del Partido Verde, Luis Armando Melgar, y en la que también participa el regiomontano Ildefonso Guajardo Villarreal, ex Secretario de Economía en el gobierno federal.

            De las ya integradas, en la Comisión de Energía hay aún una vacante que le corresponde al PRI, y desde luego sería importante para nuestra entidad que uno de los diputados que representan a Coahuila forme parte de ella, por la participación que tiene el estado en ese rubro.

            Seguramente el resto de los diputados priistas se irán acomodando en cuanto se conformen las otras comisiones, se ha dicho que todos ocuparán una secretaría, pero de los que no hay señales de vida es de Brígido Moreno Hernández, del PT, y Francisco Javier Borrego Adame, de Morena.

            Que por cierto Borrego inauguró el sábado anterior una casa de gestoría en Múzquiz, lo cual constituyó toda una novedad, pues los primeros tres años en que fue diputado no se apareció nunca en ese municipio, y en esta ocasión tuvo un evento desangelado. Para darnos una idea del poder de convocatoria basta saber que un tramo de banqueta fue suficiente para reunir al grupo. ¿Ese quién es? preguntaban los lugareños al pasar por el lugar.

            Pero volviendo a las comisiones, es bien sabido que además del valor que tienen para la entidad que cada diputado representa, para los legisladores es una oportunidad de construir relaciones, que en su futuro político les pueden ser de gran utilidad, e incluso marcar su destino.

            Recordemos que el gobernador Miguel Ángel Riquelme cuando fue diputado federal fungió como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, que presidía Carolina Viggiano, y fue integrante de la de Presupuesto que presidía Luis Videgaray.

            Su cercanía con la diputada Viggiano fue clave para que al integrar su gabinete Rubén Moreira lo nombrara Secretario de Gobierno, y cuando Riquelme llegó a la alcaldía de Torreón su relación con Luis Videgaray le permitió gestionar recursos directamente con el Secretario de Hacienda.

            Será interesante ver en los próximos días cómo se acomodan nuestros diputados y quiénes más participan en esas comisiones.

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            En otros temas, la mañana de este jueves en Torreón se firmará un acuerdo entre la Comisión Nacional del Agua y la Asociación Pro Defensas del Nazas, ahí estarán plasmados los compromisos que asume el gobierno federal con el grupo ambientalista a cambio de su desistimiento del juicio de amparo que promovió contra el proyecto de Agua Saludable.

            El acuerdo se alcanzó con la mediación de la Universidad Iberoamericana, y será precisamente en el Campus Torreón de esa institución donde se lleve el evento de firma.

            Conagua se estará comprometiendo a trabajos de remediación ambiental en el sitio donde construirá una presa derivadora en el Cañón de Fernández, y a mantener todo el año un nivel de estiaje en el Río Nazas para evitar se deseque cuando no se libera agua de riego durante el ciclo agrícola.

            Así, se supone, todo quedará planchado para que el viernes el presidente López Obrador confirme la realización del proyecto.

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            No disminuye el número de deportaciones que realiza la Patrulla Fronteriza desde Eagle Pass a Piedras Negras. En los primeros cinco días de octubre expulsaron a dos mil 49 migrantes, es decir 223 más que en los últimos cinco días de septiembre, y en esta ocasión mil 956 no tuvieron ningún contacto con autoridades mexicanas.

            En diez días son más de 3 mil 800 migrantes deportados desde Eagle Pass hacia México, ¿dónde están ahora?, lo más probable es que en Piedras Negras y las ciudades cercanas. Hay una crisis latente.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Un martes movidito tuvieron los representantes de Coahuila en el Senado de la República, los tres — cada uno con diferente tema– jalaron reflectores.

            Y hasta en la lectura de correspondencia hubo espacio para un exhorto que hizo el Congreso de Coahuila para que se asigne en 2022 un mayor presupuesto federal para nuestra entidad, que acordaron remitirlo a la Cámara de Diputados pues es la que tiene competencia en el tema.

            La priista Verónica Martínez llevó a tribuna una iniciativa para incorporar a la Ley de Responsabilidades Administrativas sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en hostigamiento o acoso sexual.

            También llevó otra propuesta para modificar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que actualmente no fija plazos para que se resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores.

            Y la que sorprendió llevando también dos asuntos en la sesión fue la morenista Eva Galaz Caletti, que se ha destacado por su improductiva gestión.

            Galaz propone reformas a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para que se señale que no se podrá establecer un régimen de visitas con el progenitor que esté en un proceso penal que tenga que ver con atentados contra la vida, la libertad, o de carácter sexual en el seno familiar.

            También Galaz, en conjunto con Ricardo Monreal Ávila, propuso un exhorto a los gobiernos federal y de Coahuila para que diseñen un programa especial de inversión y de reactivación económica para Monclova con motivo de la crisis generada, dicen ellos, por Altos Hornos de México, aunque les faltó señalar que más bien la crisis la propició el propio gobierno federal con su persecución, y que no ha atendido ninguno de los llamados que se le han hecho a declarar la zona de emergencia.

            Habrá quienes opinen que los planteamientos de las senadoras son importantes, otros los verán  como relleno, pero cuando menos ellas sí estaban trabajando en labor legislativa, que es para lo que se les paga, y bastante. En cambio Armando Guadiana Tijerina se ausentó de la sesión y desvió recursos del Senado para intentar limpiarse la cara luego de que su nombre salió mencionado en la investigación de los «Pandora Papers».

            Guadiana confirma que llevó inversiones a un banco estadounidense y explica que lo hizo para financiar un proyecto minero en Colombia. Señala que el caso data de 2008 y que el banco en que depositó los recursos quebró por lo que en lo personal tuvo un quebranto, afirma también que por ese dinero pagó los impuestos correspondientes.

            Quedaría ahí a grandes razgos explicado lo de los «Pandora Papers», y aclarado que no hubo nada ilícito en esa inversión offshore.

            El propio Guadiana en la conferencia de prensa dijo que en los últimos 10 años ha tenido ingresos personales por 200 millones de pesos y que participa en varias empresas que en ese mismo lapso han generado ingresos por más de 13 mil millones de pesos, y que de todo ello ha tributado puntualmente.

            No hay elementos para dudar que lo dicho por el Senador sea cierto, que tuvo esos ingresos y pagó los impuestos correspondientes. Sin embargo nada de eso está mencionado en su declaración patrimonial.

            Dice Guadiana que el Instituto Electoral de Coahuila cometió un error en la declaración que hizo publica hace meses cuando fue candidato a la alcaldía de Saltillo, pero si revisamos la declaración 3902 presentada el 26 de febrero de 2021 ante el Contralor Interno de la Cámara de Senadores, tampoco encontraremos mención alguna de esa fortuna ni de esas empresas.

            En el apartado 8, donde se deben declarar los ingresos, Guadiana consignó los que recibió por su cargo público, reportando 478 mil 237 pesos, pero aparecen en blanco los percibidos por actividades empresariales o financieras. El apartado 9 se refiere al año inmediato anterior, y tampoco consigna otros ingresos.

            En el punto 12 respecto a bienes muebles reporta «Ninguno», al igual que en los puntos 13, 14 y 15, relativos a inversiones, cuentas bancarias, otros activos, adeudos, pasivos, préstamos o comodatos.

            El capítulo segundo es la declaración de intereses ahí respecto a participación en empresas, sociedades o asociaciones lo deja en blanco, y asegura que en ninguna institución participa en la toma de decisiones.

            En suma, la declaración patrimonial que debe presentar de acuerdo con la ley, no cumple con lo que admitió este martes en la conferencia de prensa. Ante la Contraloría del Senado ocultó su gran riqueza, ¿esto no amerita una sanción?, ¿va a salir otra vez con que se atontó?. Eso sí, al hacer negocios no se atonta, y ahí están de muestra esos 200 millones de pesos de ingresos personales en una década.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña

            Este asunto de los «Pandora Papers» es de esos temas en que es preciso manejarlos con pinzas y tratar de diseccionarlos para intentar entenderlos en lo que realmente representan e implican, pues de lo contrario se convierten en uno más de esos escopetazos que salpican a muchos, manchan famas públicas, sirven para el escándalo, y al final no aportan nada.

            En un tema de esta magnitud, que implica la filtración de cerca de doce millones de documentos en los que se expone cómo algunas de las personas e instituciones más poderosas del mundo, entre ellos 330 políticos de 90 países, manejan sus fortunas con inversiones en paraísos fiscales, es complejo dilucidar en qué incurrió cada uno, y lo más sencillo es colgar a todos la etiqueta de corruptos y ponerlos bajo sospecha.

            Cuando menos en nuestro país, en la circunstancia actual algo así es peligroso, pues bien se sabe que el Presidente en su visión maniquea es capaz de cualquier exceso si cree que iniciar una persecución le sirve en su falsa cruzada contra la corrupción.

            El trabajo periodístico que develó los «Pandora Papers» señala marcadamente el uso de las compañías offshore por parte de los millonarios del mundo implicados en la investigación, y en el imaginario colectivo no es difícil asociar eso con conductas ilícitas o delictivas, cuando no necesariamente lo son.

            Claro que también hay grupos delictivos, carteles de la droga y otros, que recurren a estas estrategias, pero no todos los que invierten en paraísos fiscales obtuvieron de manera ilícita los recursos.

            Las compañías offshore no tienen una actividad real en los países en que están registradas, no necesitan oficinas ni empleados, y están ahí para aprovechar los beneficios fiscales. Muchos millonarios en el mundo recurren a ellas ya sea por temor a las condiciones de inseguridad, o a la inestabilidad económica o política en sus países.

            Se vuelven ilegales cuando no se tributa por los beneficios obtenidos. Al menos los mexicanos que tienen inversiones en el extranjero, deben declararlas al SAT y pagar impuestos sobre los ingresos que les generen.

            Hasta ahora han surgido en esta investigación los nombres de al menos tres coahuilenses, y aunque no han trascendido los detalles finos de cada caso, lo que ha trascendido permite asumir que cada uno es diferente.

            Respecto al ex gobernador Enrique Martínez, a través del banco de Allen Stanford estableció dos fideicomisos en dólares en las Islas Vírgenes Británicas. El fraude de Stanford, en el que estafó a miles de inversionistas, salió a la luz en 2009,  una época en la que Martínez no estaba en el servicio público.

            Seguramente el dinero que invirtió provenía de su actividad empresarial, y por tanto ya había pagado los impuestos correspondientes, y si en el 2009 o un año antes lo perdió en ese gran fraude, cuando regresó al servicio público, al ser designado Secretario de Agricultura en diciembre de 2012 ya no lo tenía, ¿cómo podía incluirlo en su declaración patrimonial?.

            El Secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes también aparece con inversiones a través de Stanford, igualmente la inversión inicial pudo venir de los ingresos de sus negocios particulares, que es bien sabido los tiene, aunque en su caso no dejó de estar en el servicio público en toda la primera década de este siglo, ahí sí falta por saber si incluyó en su declaración patrimonial las cuentas que tuvo en el extranjero antes del quebranto.

            En el caso del senador Armando Guadiana Tijerina, con un fideicomiso también en las Islas Vírgenes, asegura que lo constituyó hace catorce años, esto nos remitiría a 2007, cuando estaba dedicado a su actividad empresarial, no era servidor público pero sí, en ese entonces, un fiel soldado del PRI. ¿Mantiene o no esos fideicomisos? ¿paga impuestos por los dividendos que le dejan?, siempre ha llamado la atención que pese a la opulencia que le rodea y lo conocido de sus actividades en la minería y la crianza de ganado, en sus declaraciones patrimoniales asegura no ser dueño de empresas, ¿esta es la pantalla que ha utilizado para negar una fortuna que sin embargo no oculta?.

            El tema seguirá haciendo ruido, habrá que seguirlo con cuidado.

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            Y a propósito de Guadiana, de su evento del domingo en Saltillo llaman la atención las ausencias, no le acompañó ninguno de los cuadros importantes de su partido en el resto de las regiones de la entidad, no estuvo Luis Fernando Salazar, de La Laguna, ni Claudio Bres, del norte, tampoco Roberto Piña del centro.

            Y el mensaje no se limita a que no secundan la pretensión de Guadiana de convertirse en 2023 en candidato a gobernador, tampoco comparten su apuesta incondicional por Ricardo Monreal hacia la sucesión presidencial.

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            En La Laguna se asegura que los ambientalistas ya anunciaron que se desisten de los juicios de amparo contra el proyecto de «Agua Saludable», y que el viernes se dará la visita presidencial para anunciar que el ambicioso programa sí se ejecutará.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Si bien ya no se tienen las escenas dramáticas que por más de una semana vimos en los campamentos de migrantes, primero bajo el puente internacional en Del Río y luego en el parque «Braulio Fernández», en Acuña, el fenómeno migratorio le sigue metiendo presión a la vida cotidiana de las ciudades fronterizas tanto de Coahuila como de Texas.

            La mañana de este viernes tuvieron que ser cerrados los dos puentes internacionales entre Eagle Pass y Piedras Negras, ante la alerta de que un grupo de cincuenta migrantes se dirigían hacia el cruce con la intención de ingresar por la fuerza, y de manera violenta, a los Estados Unidos.

            En cuestión de minutos personal de la aduana de Eagle Pass montó un impresionante operativo en los puentes, y pidió a la policía de Piedras Negras localizar al grupo y dispersarlo.

            La alerta resultó falsa, pero de cualquier manera generó durante la mañana un ambiente tenso e interrumpió la operación de ambos cruces fronterizos, que actualmente dan servicio fundamentalmente a actividades comerciales.

            A ello sumemos que del domingo 26 al jueves 30 de septiembre la Patrulla Fronteriza deportó por el puente dos, de Eagle Pass a Piedras Negras, a mil 826 migrantes, un promedio de más de 360 al día.

            Y de todas estas personas a las que se deportó, únicamente 113 fueron recibidas por personal del Instituto Nacional de Migración, es decir que en cinco días llegaron a Piedras Negras más de mil 700 extranjeros, de los que no se sabe ni siquiera su nombre, mucho menos su estado de salud, tampoco desde luego cuáles son sus planes, si intentarán cruzar por otra frontera, si se quedarán ahí o irán a otras ciudades de México.

            En cualquier momento, pero más en una contingencia sanitaria como la que aún persiste, no puede haber descuidos de esta naturaleza.

            ¿Qué está fallando?, ¿Hay indolencia del INM o falta de capacidad ante la magnitud de la situación?, ¿o acaso la Patrulla Fronteriza no notifica las deportaciones?, si esto se sigue tolerando no tardaremos en tener problemas nuevamente.

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            Nuevamente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados pone el dedo en la llaga, en esta ocasión con un estudio sobre las aportaciones federales que realmente se entregaron a los estados en los primeros meses del año, frente a las que estaban calendarizadas en la programación oficial.

            De acuerdo con ese reporte, a Coahuila de enero a agosto se tendrían que haber entregado 12 mil 151 millones de pesos, pero se recibieron únicamente 11 mil 859.

            En general a todas las entidades del país las aportaciones entregadas han sido menores a las calendarizadas, pero el CEFP de la Cámara de Diputados identifica a cinco en las que la diferencia es mayor, y cuatro de ellas son de las gobernadas por integrantes de la Alianza Federalista.

            Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán, están entre los cinco a los que menos porcentaje de aportaciones les han entregado.

            Aunque también hay otro estado miembro de la alianza entre los que menos afectados se han visto, Chihuahua. Mucho se ha hablado que quien fuera gobernador de esa entidad hasta hace unos días, Javier Corral, de filiación panista, ha construido tan buenas relaciones en la 4T que pronto pudiera ser llamado a un cargo federal.

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            Será el lunes cuando inicie en Saltillo el proceso de entrega-recepción. Los alcaldes, en funciones y electo, Manolo Jiménez y José María Fraustro Siller presentarán en conferencia de prensa a quienes integrarán las comisiones respectivas.

            Lo previsto es que durante octubre y noviembre se lleve el procedimiento, y el compromiso de Manolo Jiménez es hacerlo con puntualidad y transparencia.

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            Este viernes en Camporredondo el rector de la UAdeC Salvador Hernández Vélez encabezó un evento alusivo al 53 aniversario de la matanza de Tlatelolco en 1968 y ponderó la aportación del movimiento estudiantil para la construcción de la vida democrática en nuestro país.

            Por años fue impensable que hubiera en alguna escuela, o cualesquier instalación de la UAdeC algún evento que hiciera la mínima alusión al movimiento estudiantil, mucho menos que lo encabezara en alguna ocasión el rector en turno.

            Bien por Hernández Vélez que con estos actos reivindica a quienes lucharon por garantías y libertades.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Finalmente dos coahuilenses presidirán comisiones en la Cámara de Diputados, aunque uno de ellos avecindado desde hace años en la Ciudad de México, y que de hecho llega como plurinominal de Morena en esa circunscripción electoral, Carlos Ortiz Tejeda que estará al frente de la comisión de Cultura y Cinematografía, y Jericó Abramo Masso de la de Turismo.

            Y aunque en las redes se apuraron en recordar algunas producciones de Ortiz Tejeda de documentales con los que el echeverrismo se publicitó en el mundo, lo cierto es que el saltillense, además de haber presidido la comisión de Cine, Radio y Televisión en la Legislatura Cincuenta, cuando militaba en el PRI y fue diputado por Coahuila, tiene en su haber varias realizaciones que lo llevaron a participar en varios festivales internacionales e incluso obtuvo premios en algunos de ellos. Está pues vinculado al medio cultural y cinematográfico.

            Y la de Turismo que en la legislatura anterior encabezó el morenista Luis Javier Alegre, y ahora presidirá Abramo Masso no es una encomienda menor, teniendo en cuenta lo que el sector representa para el país en términos económicos, pues con todo y el atorón que se tuvo con la pandemia, hoy es mayor la aportación al PIB nacional del turismo que de las exportaciones petroleras.

            Indudablemente que para el país y también para Coahuila el sector turístico es de primera importancia, y presidir la Comisión legislativa en la materia le permitirá a Jericó vincularse con los protagonistas de esta industria y se dará habilidad para traducirlo en algún provecho para la entidad.

            No es ajeno además al ramo, recordemos que su familia participó por muchos años y de manera destacada en la hotelería, así como en la industria restaurantera.

            Además está el antecedente que el abuelo de Jericó, el ya fallecido Jorge Masso Masso fue el primer director de Turismo en Coahuila, en los sesentas, y en dos ocasiones delegado federal de ese rubro, y se le reconoce como el promotor de la Presa La Amistad y de las primeras obras que ahí se hicieron para actividades recreativas.

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            En otros temas, cuando menos hasta la tarde de este jueves no había confirmación ni señales mínimas de preparativos para una eventual presencia del presidente López Obrador en la Comarca Lagunera este domingo.

            Fue el propio Presidente en su visita anterior, el 15 de agosto, quien definió la fecha del 3 de octubre para tener una nueva reunión en Lerdo y constatar si se llegó a los acuerdos que permitan realizar el proyecto de Agua Saludable, y emplazó que si no se retiraban los amparos interpuestos por algunos grupos, no habrá obras.

            López Obrador anunció que este fin de semana estará de gira por Morelos, Puebla, Veracruz e Hidalgo, sin ninguna mención a Coahuila o Durango.

            No hay noticia oficial tampoco de que se hayan desistido los grupos que promovieron los juicios de amparo, incluso se afirma que al menos los ambientalistas mantienen su postura de estar en contra del proyecto, sin embargo lo que sí se sabe es que al Cañón de Fernández, uno de los parajes del Nazas en que se realizarán obras, ya comenzó a llegar maquinaria de construcción y también los primeros cargamentos de tubería.

            Es de esperarse que sí se haya alcanzado un acuerdo con todos los actores involucrados y se haya entendido que están de por medio la salud, la vida y el futuro de los laguneros.

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            Y a propósito de promesas presidenciales, se acabó septiembre el mes en que se había prometido iniciarían las excavaciones para construir las rampas de acceso a la mina Pasta de Conchos, la primera de las tres etapas de obra física previstas para la búsqueda de los cuerpos de los mineros que ahí murieron atrapados.

            Hasta donde se sabe, lo único que ha licitado y adjudicado la CFE, son dos contratos de asistencia técnica especializada, uno para el estudio de constructibilidad, asignado a un pensionado de la propia Comisión Federal; y el otro será para asistencia en gestión de seguridad y calidad durante la construcción del sistema de ventilación y desgasificación, que se asignó a un ex gerente de seguridad de Minera del Norte.

            Estos contratos representan una erogación de poco más de un millón de pesos. Todo el proyecto de rescate se ha cuantificado en más de 340 millones de pesos.

            Hay versiones de que el trámite del manifiesto de impacto ambiental es uno de los escollos que no ha logrado librar la CFE, y eso que se trata de un asunto de interés presidencial.

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