Por Eduardo J. De La Peña

            A cuentagotas y de manera extraoficial se ha ido conociendo más información respecto a la recuperación de equipo médico que ocurrió el fin de semana.

            Se ha confirmado que se trata de equipo que el gobierno estatal compró en el sexenio anterior y que el proveedor no lo entregó pero lo mantenía almacenado desde hace varios años en las bodegas de donde fue rescatado.

            Contra lo que se especulaba el lunes, el caso no fue llevado por la vía mercantil, sino por la penal, pues lo que se precisaba era de una orden de cateo para poder ingresar legalmente a las bodegas y sacar el equipo, y esa orden se obtuvo de un juez de garantías.

            Ni la Fiscalía, ni la Secretaría de Salud, tampoco Finanzas del Estado, han precisado de qué equipo se trata, solo que su costo es cuantioso y superior a los 200 millones de pesos, y extraoficialmente se sabe que el proveedor es Soluciones Integrales Médicas, una empresa que ganó licitaciones similiares en diferentes estados de la República, y que ahora dicen desapareció.

            Es un caso por demás extraño, y en el que mucho se sigue especulando. Algunos, pragmáticos, concluyen: «eso pasa por contratar factureras». ¿Será?.

            Lo más importante sin embargo es que el equipo se haya recuperado y que se vaya a poner pronto en servicio. Ojalá no surjan sorpresas desagradables como ya ocurrió en el pasado con equipos del Centro Oncológico que no se pudieron utilizar oportunamente pues la obra realmente no estaba concluida, pese a que la anterior administración presumió que sí, y se vencieron garantías y licencias.

            Lo que sí, en transparencia siguen quedando a deber en este tema.

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            De tener el cuenta el planteamiento que llevó a la tribuna del Congreso local la diputada Claudia Rodríguez Márquez, asegurando que tiene denuncias ciudadanas de que hay crematorios clandestinos operando en algunas regiones de la entidad.

            Como militante del Partido Verde la diputada Rodríguez enfocó su punto en lo ambiental, y exhortó a las autoridades del ramo que verifiquen se cumplan con la ley en esos crematorios, y está bien, pero un tema así amerita la intervención urgente de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Salud.

            Rodríguez Márquez tendría que llevar detalle de esas denuncias al Ministerio Público, pues si realmente existe la operación clandestina de crematorios esto va mucho más allá de que generen malos olores, es la comisión de un delito pues hay lineamientos estrictos respecto a la disposición de cadáveres,  y abre la posibilidad de ocultar otros.

            Los diputados votaron por unanimidad el exhorto a las autoridades ambientales tanto del gobierno federal, como del estatal y los municipales. ¿No había por ahí ningún abogado que reparara en las implicaciones penales del tema?.

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            Muchas son las circunstancias que pueden obstaculizar el repunte económico de la región Centro, pero sin duda que un problema muy importante es la actitud, y el señalamiento va tanto para empresarios como para autoridades locales.

            El fin de semana Andrés Oyervides hizo un extrañamiento, aseguró que a los inversionistas locales les niegan facilidades que sí dan a los foráneos, y afirmó que el desarrollo de tres parques industriales se ha frenado por exceso de trámites y carencia de servicios.

            «Nos clavan la uña» dijo Oyervides, quien está desarrollando un parque para 80 lotes en un predio de cien hectáreas en Frontera, pero se duele de que le quieren cobrar la construcción de la red de conducción de agua.

            Es cierto que los parques son necesarios para que lleguen inversiones y que los empleos son urgentes para la región, pero este desarrollo es un negocio particular, le va a dejar ganancias a Oyervides, y en todas las ciudades los desarrolladores industriales y de vivienda deben pagar por obras y servicios para poder apovechar sus predios.

            Pero no tardó la respuesta del Simas, su gerente técnico Abel de Luna dijo este martes que ya se resolvió desde septiembre sobre la factibilidad que solicitó Oyervides, y que fue en sentido positivo, pero que el empresario no ha ido a preguntar. ¿El Sistema como autoridad no debe notificar al ciudadano la respuesta a una solicitud?, así tendría que ser, y mucho más en un tema de esta envergadura.

            La actitud deja mucho que desear.

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            Será al mediodía del jueves cuando rinda su tercer informe el rector de la Universidad Antonio Narro, Mario Ernesto Vázquez Badillo, y hay realmente interés por conocer lo que ahí se informará, pues practicamente desde hace veinte meses –marzo del año anterior– en que la institución cerró por el confinamiento, no se conoce que ha pasado con sus programas académicos y con sus proyectos de investigación, mucho menos se sabe si hay una estrategia para rediseñar el modelo educativo y aprovechar la enseñanza que dejó esta contingencia, respecto a nuevas herramientas tecnológicas y plataformas para el aprendizaje y la divulgación. Veremos.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Gestionada por el Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, representantes de ejidatarios y de pequeños propietarios de Arteaga tuvieron una reunión con Jericó Abramo Masso, diputado que representa ese distrito, para plantearle la problemática que afrontan con la Comisión Nacional del Agua.

            El origen de estos problemas se remonta a diciembre de 2015 en que se decidió cerrar la gerencia local de Conagua y concentrar todos los trámites en Monterrey, lo cual ha impactado de muchas maneras.

            Hay títulos de concesión que están en trámite desde 2013, y en ocho años no ha habido respuesta en sentido alguno; otros trámites son rechazados por errores de forma y transcurren meses en que vayan a revisión y regrese la respuesta, y ante esto existen perforaciones en las que invirtieron ejidatarios hace diez años en coordinación con el gobierno estatal y que no se pueden aprovechar porque al no resolverles sobre el título de concesión, la Comisión Federal de Electricidad no proporciona el suministro eléctrico.

            En otros casos, si no hay la renovación de concesiones de pozos que ya están en uso, la CFE no otorga la llamada cuota energética, que es la tarifa subsidiada para producción agropecuaria.

            En la reunión Filiberto Urbina, secretario del Ayuntamiento de Arteaga, denunció que además en la zona rural han detectado perforaciones clandestinas, y señaló que principalmente las están realizando propietarios de cabañas, y esto se ve favorecido por la ausencia de inspección de la Conagua.

            Abramo Masso se comprometió a llevar la gestión primero ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, de Agua y Saneamiento, en la Cámara de Diputados, que preside el Bajacaliforniano Rubén Muñoz Alvarez, ex priista que ahora milita en Morena. En la Comisión son integrantes por cierto Carolina Viggiano y Shamir Fernánez.

            La ruta será que de la Cámara lo llevarán a Coangua, para intentar destrabar los trámites, y luego a CFE para ver lo de la cuota energética.

            Viene una semana intensa para los diputados por el tironeo final para aprobar el presupuesto federal a más tardar el lunes próximo, pero Abramo Masso se comprometió con los productores a que la próxima semana iniciará las gestiones para atender su problemática.

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            El operativo de la Fiscalía General del Estado para recuperar equipo médico que estaba almacenado en una bodega, ha llamado la atención primero que nada por el monto, pues se habla que el costo del equipo es superior a los 200 millones de pesos, pero también porque la poca información que da la dependencia ha generado todo tipo de especulaciones.

            El Fiscal Gerardo Márquez no supo ni detallar de qué tipo de equipo se trata, y argumenta que no informa para no entorpecer el proceso, pero en diferentes fuentes se asegura que no hay realmente un caso penal, y se especula que sería más bien de índole mercantil, por diferencias entre el gobierno del estado y un proveedor, de esos muchos pendientes que se heredaron del sexenio anterior.

            La semana pasada el secretario de Salud Roberto Bernal dijo que este mes entrará en operación el Hospital Materno Infantil, que fue inaugurado en noviembre de 2017 por Rubén Moreira pero no ha dado un solo servicio, y ahora se dice que el equipo recuperado es el que se compró para este nosocomio, y que pudiera haber también para el Oncológico.

            Esperemos que la Fiscalía, la Secretaría de Salud y Finanzas del Estado informen con claridad al respecto, y no permitan que una acción que es positiva para el estado, se enturbie con especulaciones.

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            Respecto al apunte del sábado en relación con servidores públicos que han fallecido en Coahuila estando en funciones, nos escribió un atento lector observando que omitimos a la abogada Felícitas Molina, quien fue la primera Secretaria del Trabajo en Coahuila, en el gobierno de Rubén Moreira, y pese al cáncer que padecía se entregó a su encomienda con gran compromiso y dedicación, hasta que le fue realmente imposible seguir al frente de la dependencia, pero se mantuvo como asesora hasta su muerte en agosto de 2016.

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            Cual ya se anticipaba, quedó tendida la trampa para Ricardo Anaya, o se presenta ante el juez el 31 de enero a la audiencia que se ha venido aplazando, o se le declarará prófugo de la justicia. Por lo pronto la Fiscalía General de la República está solicitando la prisión preventiva.

            Es decir que o viene y se entrega, o mandan por él.

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            Falleció este lunes el Doctor Roberto Huereca Farías, apreciado médico saltillense que fuera uno de los fundadores de la Clínica 2 del IMSS. Le sobreviven su esposa, doña María Elena Santos de Huereca, y sus hijos Aída, Roberto, Arturo, Alejandro, Alfredo y Armando, además de nietos y bisnietos, para ellos nuestras condolencias.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Escasas ocho semanas les restan de vigencia a los contratos de suministro que tienen pequeños y medianos productores de carbón con la Comisión Federal de Electricidad,  y ya se empieza a sentir el nerviosismo al no haber señales claras de cómo se darán las compras al año próximo para abastecer a las termoeléctricas de Nava.

            Dicen que hay productores que se pasan día y noche checando sus cuentas de correo electrónico –con más apremio que un adolescente enamorado– esperanzados en que les llegue una adjudicación directa, como las que se hicieron en meses anteriores y que por esa vía se notificaron a los afortunados proveedores.

            Pero también hay versiones de que en la semana del quince de noviembre, es decir en diez días, se abrirá una licitación para los anhelados contratos multianuales, incluso aseguran que las adjudicaciones serán con una vigencia hasta diciembre de 2024.

            El tema es que una licitación se lleva en promedio 40 días hábiles, si no surgen contratiempos, y al año le restan, si contamos a partir del lunes 8 de noviembre, 29 días hábiles, es decir que las nuevas adjudicaciones, si realmente se licita, se darán hasta las primeras semanas del año próximo.

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            En el que tendría que ser un último capítulo de la sonada controversia,  la noche del miércoles la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado informando que desde el 1 de noviembre, es decir el lunes, se restableció en el Reglamento de la dependencia la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

            En el comunicado la Fiscalía ofrece los argumentos, que no había hecho públicos en el desarrollo de la controversia, sobre el por qué eliminó la Unidad de Búsqueda de su reglamento desde mayo de este año.

            «Dicha circunstancia obedeció a la operación de la Comisión de Búsqueda del Estado, y con el propósito de fortalecerla con la adscripción en toda la entidad, de unidades de investigación criminal para multiplicar los resultados… y nunca, con la intención de soslayar, ni lesionar, el sentir de la sociedad que ha sido víctima de este flagelo», plantea el comunicado.

            Con todo y ello, la Fiscalía atiende los pronunciamientos de organismos de derechos humanos y los colectivos de familiares de personas desaparecidas y decide «conservar la referida Unidad».

            Si todo esto se traduce realmente en mejores resultados  en un tema tan sensible como la búsqueda de personas, se habrá conseguido entonces algo positivo.

            Llama la atención que la Fiscalía hable de conservar la Unidad, ¿la mantuvo operando aún después de la reforma de su reglamento en mayo?.

            Será importante que se informe con claridad cuáles serán las facultades, protocolos y modelo de actuación tanto de la Comisión de Búsqueda como de esta Unidad, para que la existencia de ambas se traduzca en eficiencia, y no en duplicidad, dispersión de recursos y derive en intercambio de excusas y de culpas en lugar de reflejarse en resultados.

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            Mal le fue a Napoleón Gómez Urrutia con su puesta en escena en Zacatecas, a donde acudió a presentar un libro que dice es de su autoría, evento que estaba previsto en el Teatro Calderón y que no se pudo realizar porque en el exterior se manifestó un grupo de mineros que reclaman el saqueo al sindicato.

            Claro, lejos de aceptar responsabilidad Napoleón atribuyó la manifestacion en su contra a un montaje del gobernador David Monreal, lo que habla de cómo están las relaciones de Gómez Urrutia con la familia del líder de su fracción en el Senado, Ricardo Monreal.

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            Causó consternación la noticia del fallecimiento del Profesor Higinio González Calderón, quien deja un sólido legado por su trayectoria en el sector educativo, no únicamente como titular de la Secretaría del ramo, que fue su última responsabilidad, sino también por su impulso a instituciones como la UANE, el Colegio Americano y la Escuela Montessori de Saltillo.

            Para el gobernador Miguel Riquelme, González Calderón fue además de un eficiente colaborador en la función encomendada, un valioso operador desde la etapa de transición en 2017 cuando fue necesario reconstruir relaciones y puentes con personajes y grupos con los que hubo distanciamiento o incluso confrontación al calor de la contienda electoral.

            Para la entidad es una perdida lamentable. Descanse en paz.

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            Punto a su favor se anotó Jericó Abramo al lograr que todos los grupos parlamentarios con representación en la Comisión de Turismo –incluso Morena que con sus aliados tienen 20 de las 36 posiciones– acordaran redireccionar 500 millones de pesos para el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos. Queda ahora el reto de que el pleno de la Cámara de Diputados lo refrende al votar el presupuesto 2022.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con todo y que pasaron las celebraciones de «halloween» y «día de muertos», algunos personajes de la política nacional pasaron este miércoles de los nervios al pánico, o francamente al terror, al conocer que un juez federal ordenó la prisión preventiva para Emilio Lozoya para evitar que huya del país mientras se desarrolla el proceso en su contra.

            Y aunque los abogados del ex director de Pemex intentaron que se le impusiera la prisión domiciliaria, Lozoya debe estar ya dentro del Reclusorio Norte, y el temor de muchos es que se vaya a poner a cantar para intentar recuperar su libertad.

            A un año tres meses de que lo extraditaron se acabaron los privilegios y el trato preferencial para Lozoya, y para nadie queda duda sobre el origen del «apretón», tras el enojo que hace algunas semanas causó en Palacio Nacional cuando se puso en evidencia la vida que se daba en los más caros restaurantes de la Ciudad de México.

            Hoy corren apuestas respecto a los políticos y empresarios que pueden resultar salpicados, y en otro escenario hay también expectación por conocer la suerte de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, citado para una audiencia el próximo lunes en el caso que se le sigue por supuestamente haber armado la red de sobornos, que nutrió Lozoya, para lograr la aprobación de la reforma energética el sexenio anterior.

            En anteriores audiencias Anaya se ha conectado por plataformas digitales, pues permanece en el extranjero, pero se especula que ahora podría ser emplazado a comparecer de manera física o de lo contrario lo declararían prófugo.

            Habrá que estar atentos, pues dificilmente en el gobierno federal se van a resistir a la tentación de armar todo un circo ya con Lozoya en chirona.

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            En la escena local, sigue dando de que hablar la situación que se vive en el Poder Judicial del Estado tras la sesión del Tribunal Constitucional en la que se abordó la reforma al reglamento de la Fiscalía y la eliminación de la Unidad de Búsqueda.

            De nuevo el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega nos escribe, y en relación a la opinión de profesionales del derecho de que debió haberse excusado de votar por un aparente conflicto de intereses, asegura que quienes piensan que tiene algún impedimento legal podrían exponerlo ante el pleno.

            También asegura «Como juez no tengo ningún conflicto de interés en el caso. Ni elaboré ni opiné sobre la norma impugnada. Tampoco fui defensor de ninguna de las partes».

            Y nuevamente hay abogados que aportan al tema, y señalan que el Tribunal Constitucional ni siquiera se pronunció sobre el fondo del asunto, simplemente le señalaron a Ríos Vega que no observó el procedimiento establecido y por ello quedaba insubsistente todo lo actuado, y se reasignó el asunto al Magistrado César Alejandro Saucedo.

            Siendo así, vuelve a plantearse el cuestionamiento de por qué el Poder Judicial del Estado no ha hecho un posicionamiento público en que explique a los ciudadanos lo qué resolvió el Tribunal Constitucional y por qué lo resolvió.

            Al contrario, dejan el vacío de información y con ello la cancha lbre para que en algunos espacios de opinion le suban el tono y dirijan ahora las descalificaciones hacia Miguel Mery, dándole una connotación política a la posición que supuestamente asumió.

            Lo de menos es el cuestionamiento a Mery y a los otros Magistrados. De nuevo, lo cuestionable es que ninguno de los involucrados se detenga a pensar en la fortaleza e imagen institucional.

            Y desde varios ámbitos y regiones de la entidad se han sumado las voces que hacen llegar comentarios a esta columna reprochando el desgaste que se está generando para el Poder Judicial.

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            El dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad, Alfonso Danao, puso en evidencia a la diputada panista Mayra Valdés, pues asegura que una iniciativa que la legisladora llevó a tribuna este jueves, referente a brindar apoyos a la mujer para la reconstrucción mamaria, la copió de una que él presentó como iniciativa popular en mayo anterior.

            Por un lado que la panista lo retome puede ayudar a que la iniciativa avance y que al final se consiga el objetivo más trascendente, que es el apoyo a las mujeres, pero tal vez no se logre lo que pretendía Danao, un posicionamiento personal o de su partido.

            Lo más decente en todo caso es que Mayra Valdés reconociera el origen de la iniciativa, pero se antoja difícil.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Nos escribió el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega en relación con lo comentado en la columna de ayer: «Creo que lo que menos hay es diferendo personal con mis amigos, Homero y Juan José. En la sesión del Tribunal solo hay debate de argumentos e ideas plurales sobre la forma de juzgar los derechos humanos. Eso es lo que hace fuerte a un Tribunal».

            Y en cuanto al señalamiento de que el manejo mediático sobre la controversia constitucional que se votó la semana pasada genera un desgaste para el Poder Judicial, Ríos Vega señala: «Las sesiones son públicas. Los debates judiciales son públicos. Las posiciones particulares de cada juez son públicas. No hay ningún desgaste institucional. Luego los medios y los periodistas hacen mediático los hechos noticiosos. Eso tampoco está mal. Es su libertad».

            Es precisamente el inusitado interés que se muestra en los medios por el tema, además de los actores que están opinando y el tono en que lo hacen, lo que vuelve difícil no pensar en que hubo un decidido impulso de Luis Efrén a esa cobertura que el atribuye a los periodistas.

            También otros profesionales del derecho reaccionaron, y aportaron, sobre la situación que se está viviendo en el Tribunal de Justicia, y el tono que han tomado las diferencias de Luis Efrén Ríos Vega con Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola.

            Señalan que en efecto lo que menos importa, a ambas partes, es la imagen pública y el buen nombre de la institución en que son funcionarios. La institucionalidad, apuntan es cosa del pasado.

            Y opinan que Ríos Vega debió haberse excusado de intervenir en la discusión, pues le atribuyen la autoría de la acción de inconstitucionalidad –que fue presentada por su muy cercana Comisión de Derechos Humanos– además de que como presidente de la Comisión de Atención a Víctimas fue vocero de las familias de personas desaparecidas por lo que caería en un conflicto de intereses.

            Los abogados consideran que si los integrantes del Tribunal votaron en contra de declarar inconstitucional la reforma al reglamento de la Fiscalía del Estado para desaparecer la Unidad de Búsqueda, fue por seguir una línea y no por ignorantes como se les ha querido exhibir.

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            Desde Torreón hay quienes salen en defensa de Jorge Zermeño Infante y aseguran que no es directamente responsable de algunas irregularidades que han salido a relucir, y otras que no soportarían una auditoría, por más superficial que fuera, y que más bien deberían dirigirse indagatorias y señalamientos hacia dos desleales que han hecho del servicio público un negocio personal. Eso sí, ambos están en el entorno inmediato del alcalde.

            Cuentan que el secretario particular de Zermeño, Jorge Alberto Torres Tejeda, y el coordinador de giras Omar Ceballos de los Santos, han tenido a lo largo de la administración una cerrada competencia y no solo por ver quien está más en el ánimo del alcalde, sino también por ver quien hace mayor negocio.

            No dan más detalles, pero ahí queda la pista para cuando la Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado se decidan a indagar.

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            Surge la versión en la región Carbonífera que si bien no se ha concretado ninguna obra de las que prometió hace un año López Obrador cuando estuvo en Pasta de Conchos, ya hay la promesa de que el año próximo habrá recursos para una de carácter deportivo en Nueva Rosita.

            Se afirma que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, a cargo de Román Meyer, ya autorizó la construcción de un nuevo parque de béisbol para sustituir al que se demolió para dar paso a un importante desarrollo comercial en aquél municipio.

            No es cuestión de hacerle el feo al parque, pero recordemos que el Presidente ofreció “todas las obras que sean necesarias”, y en la Carbonífera son necesarias muchas más y de todo tipo.

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            Este miércoles se cumple el plazo al que nos referimos la semana anterior para que la FGR concluya la investigación complementaria en el caso Lozoya, y en efecto habrá audiencia pero para ventilar un recurso que de último momento presentó la defensa del ex director de Pemex para solicitar, por sexta ocasión, un aplazamiento.

            La Fiscalía ya se pronunció en contra, pero la decisión es de un juez, y en caso de que fuera negada la prórroga, en quince días se tendría que presentar la acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho en contra de Lozoya.

            ¿Hacia dónde se decantará el juez? ¿permitirá que Lozoya siga comiendo y haciéndose pato?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            El diferendo que mantiene el Magistrado Luis Efrén Ríos Vega con sus pares Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola ha escalado y cobró otra dimensión y trascendencia porque ahora se ventila en los medios de comunicación, incluso fuera del estado, y deja en evidencia no únicamente a los funcionarios, sino también a la institución, nada menos que al Poder Judicial del Estado, y ese es un límite que nunca debió haberse trastocado.

            Sí, ya en el pasado habían trascendido algunas de las vapuleadas de Ríos Vega a los otros Magistrados, y su regodeo en sobajar particularmente a Ramos Gloria y Yáñez en las sesiones, como la ocasión en que puso sobre la mesa la idea de abrir una investigación a quienes fueron Procurador y Sub Procurador el sexenio pasado por sus omisiones en investigar casos de desaparición forzada, es decir indagar sobre el desempeño de estos dos Magistrados en su función anterior.

            Pero ahora hay toda una estrategia de posicionamiento y litigio en medios en relación con el tema que se abordó la semana anterior en el Tribunal Constitucional, la reforma al reglamento interno de la Fiscalía General del Estado en donde se elimina la Unidad de Búsqueda de esta dependencia.

            Ríos Vega planteó ante el Tribunal Constitucional, conformado por doce Magistrados, declarar inconstitucional el reglamento de la Fiscalía, y por mayoría se votó en contra.

            No se limitó Luis Efrén a defender su posición en el pleno, retomó sus argumentos en la colaboración semanal que tiene en un periódico de la localidad, lo cual es razonable, valido y se entiende, pero se advierte además que se enderezó en otros espacios, incluso en medios de la Ciudad de México, un golpeteo a los Magistrados que votaron en contra de lo que planteó Ríos Vega.

            Se ha generado tanto ruido que se está perdiendo de vista el fondo del asunto, y se contamina por las diferencias políticas y personales, lo cual trae como consecuencia que no se atienda el reclamo de los familiares de personas desaparecidas para que no se elimine la Unidad Especializada, pero además hay un desgaste institucional para el Tribunal de Coahuila.

            Desgaste que se agudiza cuando ni la Fiscalía del Estado ni el propio Tribunal salen a hacer un posicionamiento público y a justificar el por qué se desaparece la Unidad de Búsqueda y el por qué se votó en contra de declarar inconstitucional el reglamento.

            Para los protagonistas de este diferendo debería quedar en claro que la fortaleza institucional del Poder Judicial tiene que permanecer por encima de egos y vanidades personales, y desde luego más allá de pugnas y aspiraciones políticas.

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            Este martes la Secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil encabezará una breve ceremonia para declarar abierta al público la exhibición del Altar de Muertos en el Museo de los Presidentes Coahuilenses.

            En esta ocasión, además de dedicar el tradicional altar a los Presidentes Coahuilenses, se rendirá homenaje y se recordará a dos integrantes del Patronato del Museo que fallecieron en meses anteriores, la señora Eglantina Gutiérrez Treviño, hija de Don Eulalio Gutiérrez Ortíz quien fuera designado por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes como Presidente de México en 1914; y de Don Manuel Gil Vara, destacado historiador, que fuera Cronista de Ramos Arizpe.

            Apenas el jueves de la semana anterior se cumplieron once años de este Museo en que se honra a Melchor Múzquiz; Francisco I. Madero; Eulalio Gutiérrez; Roque González Garza y Venustiano Carranza.

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            En Piedras Negras le dan tanto significado a la reapertura de la frontera para viajes no esenciales, que incluso preparan una ceremonia especial para el próximo lunes 8 de noviembre, fecha en que según se ha anunciado ya se podrá cruzar por vía terrestre al vecino país, siempre que se tenga la visa vigente y un certificado de vacunación.

            Y aunque la ceremonia se planea en Piedras Negras y esperan incluso la presencia del gobernador Riquelme, donde en verdad festejan y andan que no se la creen es en Eagle Pass, pues el comercio de aquélla ciudad depende esencialmente de los clientes mexicanos y por meses se la vieron difícil.

            Habrá que ver si los comerciantes de Piedras Negras, Acuña, los Cinco Manantiales, e incluso las regiones Centro y Carbonífera, desarrollaron alguna estrategia para retener a los clientes que tuvieron cautivos desde que se cerró la frontera.

            Y siguiendo con aquélla región, en los últimos diez días de octubre la Patrulla Fronteriza deportó a México, por Piedras Negras, a 3 mil 754 migrantes, pero solamente 199 fueron entregados a autoridades mexicanas, de los 3 mil 500 restantes pasó como con Camelia y el dinero, ya jamás se supo nada.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Desde Torreón nos aseguran que quienes limaron asperezas y se reencontraron nuevamente como si nada hubiera pasado son Guillermo Anaya Llamas y Luis Fernando Salazar.

            A algunos les parece sorprendente por la sonada confrontación que tuvieron, pero conocida la personalidad oportunista de ambos la pregunta sería cómo no se juntaron antes.

            Dicen allá en La Laguna que regresaron las sonrisas y los buenos recuerdos. «Una buena fiesta hace olvidar el pasado que los separó y parece que las fiestas se han hecho frecuentes entre los dos alegres compadres».

            Seguramente Anaya hizo cuentas y calculó que no hay recuperación viable para su partido y menos para su grupo político, por eso debe haber propiciado el reencuentro para ver si le alcanza la sombra que cobija a Salazar en Morena.

            Claro que para Luis Fernando fue más sencilla la transición, desde que era panista y estuvo al frente de la delegación de Sedesol se quitó los modos y modas de niño fresa, le entendió a la construcción de estructuras y se aplicó en el trabajo, es audaz y dedicado, formó activos que le permitieron sumarse a la cuarta transformación cuando le convino.

            Para Anaya será más difícil, no le gustan ni el olor a pueblo ni el trabajo, pero de cualquier manera aseguran que está listo para reconstruir la relación que tuvo con Luis Fernando hasta 2017 en que lo desplazó de la candidatura a gobernador.

            Habrá que estar atentos a las tropelías del parecito. Por lo pronto ¡salud!.

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            En un ejercicio periodístico del diario Reforma se asegura que se consultó a los 78 legisladores que integran las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales, que serán las encargadas de dictaminar la iniciativa para la reforma eléctrica, y que 12 priistas y 7 del Verde dijeron que no han definido todavía el sentido de su voto.

            Entre los 19 indecisos incluyen al coahuilense José Antonio Gutiérrez Jardón, que es integrante de la Comisión de Energía.

            ¿En serio ya empezó con titubeos?, ¿en dónde están sus lealtades,  en Coahuila dónde se les ha pedido a los diputados ir en contra de la reforma, o con los dirigentes nacionales de su partido que todavía andan buscando como se acomodan para no agraviar al Presidente?.

            No deja de ser preocupante, otros de los que están en esas comisiones, y en el grupo de indecisos son Ricardo Aguilar y Carlos Iriarte, dos de los representantes del Estado de México, ambos de histórica cercanía con el muy vulnerable grupo de Enrique Peña Nieto.

            En el caso de Aguilar, al que se menciona como prospecto para ser candidato a gobernador en el 2023, incluso se ha señalado que estaría implicado en la Estafa Maestra, el caso que mantiene a Rosario Robles en la cárcel.

            Del todo conveniente para los intereses de la 4T que votos definitorios para su contrareforma dependan de personajes tan vulnerables.

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            Y a propósito de los que tienen cuentas pendientes, la semana próxima se cumplen plazos importantes en el caso de Emilio Lozoya. El miércoles 3 de noviembre es la fecha límite para que la Fiscalía de la República presente su investigación complementaria.

            Se supone que Lozoya deberá comparecer, y hay expectación por saber a quiénes salpica ahora para salvarse, pues como ya se ha visto es un útil testigo a modo, no para sustentar conclusiones en el caso de fondo, pero sí para torcer el brazo de la ley en contra de quien le convenga al Presidente.

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            El Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados aporta nuevamente elementos para sustentar el maltrato del gobierno federal a Coahuila.

            En un análisis sobre la variación de las aportaciones federales pagadas contra las calendarizadas, con corte al mes de septiembre, para Coahuila se han enviado casi un 2% menos de lo programado.

            Y en el comparativo de crecimiento contra el año anterior, también los números son negativos para nuestra entidad, en este año las aportaciones recibidas son casi un 3% menores a las de 2020.

            Quizá los porcentajes no permitan dimensionarlo, pero en tiempos como los actuales lo que se requiere es apoyo adicional, no recortes.

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            En el Instituto Electoral se pusieron sensibles con eso de la despedida a los consejeros Alejandro González Estrada y Gustavo Espinoza Padrón, y en la última sesión aunque reconocieron que Morena, PT y PRD incurrieron en infracción por no retirar la propaganda electoral a tiempo decidieron no aplicar sanción económica y dejarlo en una mera amonestación pública.

            Cuánta complacencia. De seguro si reinciden los van a acusar con las abuelas, como sugirió AMLO respecto a los delincuentes.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Resulta interesante recuperar el contexto en que el Presidente hizo el anuncio de la designación de Gabriel García Hernández para coordinar «Agua Saludable para la Laguna». El tema llegó a «la mañanera» cuando le preguntaron  a López Obrador sobre la reivindicación –así lo dijo la reportera que planteó el cuestionamiento– del empresario Eduardo Tricio y su familia.

            La reportera expuso que los Tricio tienen 33 concesiones para explotar el acuífero en La Laguna, que les dan derecho a extraer más de 44 millones de metros cúbicos de agua al año y trajo a colación declaraciones anteriores de López Obrador en las que afirmó que en el sexenio de Peña Nieto se le condonaron a Grupo Lala impuestos por más de 3 mil 800 millones.

            Si el propósito del par de banderillas era detonar una embestida hacia Tricio, no lo lograron pues López Obrador dijo que si así ocurrió es porque era legal antes, que así eran las cosas, y enseguida reconoció y agradeció a los empresarios que hayan entendido las nuevas circunstancias y cambiado de actitud para apoyar aportando de sus cuotas autorizadas un volumen de agua para hacer posible el nuevo programa.

            Importante tener registro del talante del Presidente hacia los Tricio y Lala, primero por lo que representa para la estabilidad laboral de La Laguna, pero también por la connotación política que conlleva.

            Y fue en ese contexto que anunció la designación de Gabriel García y refirió que hay políticos «retrógradas y corruptos» que se están oponiendo al proyecto, dijo que son mañosos pues después de que acordaron que ya no habría problema se han promovido dos amparos más y está otro en proceso.

            Alguien le está pasando mal la información al Presidente, pues quienes mantienen su oposición al proyecto son campesinos de Lerdo, específicamente de ejidos que tienen derechos en el módulo de riego San Jacinto.

            Ante los señalamientos desde «la mañanera» este jueves salieron a aclarar que ellos desde hace semanas han planteado el punto en el que no están de acuerdo, y es el lugar en dónde se hará la extracción para alimentar una presa derivadora.

            Desde antes que el Presidente estuviera por segunda ocasión en Lerdo para confirmar la realización del proyecto, los campesinos plantearon al director general de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, su petición de reubicar el punto de extracción y la respuesta fue que «lo considerarían».

            No hay maña ni falta a la palabra, lo que ha faltado más bien es la respuesta de la Conagua al planteamiento de los ejidatarios, y en caso de que no sea viable lo que piden, la operación política para convencerlos que dejen fluir el proyecto y no interpongan más recursos legales.

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            Un minucioso lector nos hizo ver un error que cometimos en el Índice de ayer al referirnos a Jorge Zermeño Infante. Y es que en efecto en las tres ocasiones en que fue candidato a la alcaldía de Torreón se alzó con el triunfo, pero hay al menos otras tres elecciones en las que tuvo sonadas derrotas.

            Destaca la zapatisa que en 2005 le puso Humberto Moreira cuando ambos contendieron por la gubernatura del estado, y el priista le ganó por casi veinte puntos porcentuales.

            Diez años después, Zermeño perdió la diputación federal nada menos que contra Refugio Sandoval, personaje cuya trayectoria y valimientos son mínimos, pero sin embargo lo dejó en la raya.

            Y este año volvió a perder la diputación federal, ahora contra José Antonio Gutiérrez Jardón, una derrota especialmente dolorosa pues en las urnas los torreonenses le mostraron el rechazo hacia su última administración municipal que está por concluir.

            Enmendado el error.

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            Causó consternación en Saltillo la noticia del fallecimiento de Ignacio Cadena Rodríguez, personaje ampliamente apreciado en diferentes círculos por su trato afable y singular sentido del humor.

            Nacho Cadena fue además un comprometido integrante del Patronato del Parque Las Maravillas, en donde además de buena actitud y colaboración permanente aportó sus conocimientos en jardinería, experiencia con la que también participó por muchos años en el mantenimiento de las áreas verdes de la UAdeC y otras instituciones.

            Apenas el miércoles por la tarde Nacho Cadena participó en una sesión ordinaria del Patronato, y para todos quienes convivieron con el ese día fue una sorpresa conocer de su fallecimiento, pues se le apreciaba sano, además de contento porque hace algunas semanas una de sus hijas logró superar con éxito el covid.

            Para la familia y amigos de Nacho nuestras condolencias.

            Y también se conoció la noticia del fallecimiento del reconocido productor televisivo Oscar Cadena, igualmente con raíces en nuestra ciudad y primo de Nacho. En su caso la muerte se dio en Cancún, Quintana Roo.

edelapena@infonor.com.mx