Por Eduardo J. De La Peña

Conocido como se las gastan cada uno de ellos en lo individual, además del desdén que tienen como norma en Morena hacia la legalidad y las instituciones, no es difícil anticipar que Armando Guadiana Tijerina, Reyes Flores Hurtado, Ricardo Mejía Berdeja y Luis Fernando Salazar van a tensar la cuerda y a buscar cómo burlarse del «estate quieto» que ordenó este martes el INE en comisiones.

Para Guadiana, Reyes y Mejía la instrucción es muy clara, no más actos anticipados de campaña, y en el caso de Luis Fernando lo incluyeron en la orden de suprimir de sus redes sociales todo lo relacionado con el evento del 26 de junio en Francisco I. Madero.

La resolución trasciende a Coahuila, pues las medidas cautelares se refieren también a las «corcholatas» que promueve el Presidente para la sucesión, y hasta a los que andan por la libre, como Ricardo Monreal Ávila.

También mencionado en las medidas, debe estar brincando de gusto Evaristo Lenin Pérez Rivera, de quien ya nadie se acordaba, y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se refiere a él como «Diputado de Coahuila», aunque se quedó con las ganas de ser reelecto pues hubo irregularidades en su registro como candidato.

Sin embargo Lenin es capaz de ahora iniciar un juicio para que en el INE le cumplan y le ayuden a cobrar como Diputado, pues el prestanombres Brigido Moreno ya se le salió del huacal y no lo toma en cuenta para nada.

Dos preguntas flotan en el ambiente ¿habrá una medida cautelar del INE para ordenar a Mejía y Luis Fernando suspendan su promoción en espectaculares y el volanteo de las diferentes ciudades de la entidad?, y ¿quién será el primero de los calefactos que se brinque las trancas y tenga otro acto de promoción anticipada?.

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Hasta en los propios priistas causaron extrañeza los movimientos anunciados este martes por su partido, en los que se incorporó a cinco ex gobernadores a secretarías del Comité Ejecutivo y a Comisiones del Consejo Político. Claro ninguno de ellos está entre los quince que la semana antepasada firmaron la carta pública en la que piden la «pronta renovación» de la dirigencia nacional.

Se integran al CEN Rolando Zapata Bello, ex Gobernador de Yucatán como Secretario de Acción Electoral; Joaquín Hendricks Díaz, ex Gobernador de Quintana Roo como Secretario de la Frontera Sur, y Jorge Herrera, ex Gobernador de Durango como Secretario de Asuntos Religiosos.

El ex Gobernador de Michoacán, Salvador Jara, será presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, mientras que el ex Mandatario de Colima, Ignacio Peralta, estará al frente de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza.

Tres de estos cinco ex gobernadores no se puede decir que lleguen con la frente en alto, dos de ellos perdieron la elección en sus estados y entregaron el gobierno a la oposición, Jorge Herrera en Durango y Salvador Jara en Michoacán. Mientras que en el caso de Hendricks, su hija acaba de perder en Quintana Roo.

Hubo otros nombramientos, como Rolando Zapata Bello a Acción Electoral y María Esther Scherman a Ética Partidaria, ambos con pasado cercano al salinismo.

Y precisamente hay quienes especulan que en estas designaciones se ve la mano del ex Presidente Salinas de Gortari, quien se estaría haciendo con el control del partido, dejando por alguna razón a Alejandro Moreno en la Presidencia del CEN.

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De confirmarse que una vez más  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló la partida destinada para trabajos de ampliación en la carretera 54, la Saltillo-Zacatecas, tendría que haber no únicamente un reclamo de los legisladores federales coahuilenses, sino incluso un recurso legal para recuperar esos 100 millones de pesos que ya estaban etiquetados.

En meses anteriores el gobierno estatal valoró la posibilidad de incluir el tramo Saltillo-Derramadero dentro de los proyectos que se financiarán bajo el modelo de Asociación Público Privada, pero lo descartó cuando la federación comprometió invertir 100 millones de pesos este año, y 100 más el año próximo.

Aunque en el futuro hubiera la posibilidad de recurrir a ese esquema de financiamiento, con el cual se empezarán a construir este año seis libramientos en Coahuila, hay que agotar todas las posibilidades para recuperar los 200 millones ya comprometidos.

Y por cierto, sigue estando pendiente la gestión iniciada con los concesionarios del libramiento norponiente, para que se permita a empleados de las industrias instaladas en Derramadero, circular por esa  vía de cuota con una tarifa preferencial, pagada por las empresas, para así disminuir el aforo en la muy congestionada ruta de la carretera 54.

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Un mes y diez días después de que se anunció, este martes vino a Saltillo el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) del Gobierno federal, Ruy López Ridaura, para poner en marcha la estrategia nacional contra la rickettsia.

Así la parsimonia de las autoridades federales frente a un problema de salud pública que ha cobrado ya varias vidas humanas en nuestra entidad.

Quién sabe si este López Ridaura sea algo del López Gatell, pero en el desempeño se parecen mucho.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Un inédito movimiento en las jerarquías militares ha generado especulaciones, y es que a once meses de haber sido designado titular de la Comandancia del Ejército Mexicano –un cargo de nueva creación del que fue primer titular– el General Eufemio Ibarra Flores fue reasignado a la Comandancia de la Onceava Región Militar, que tiene jurisdicción en Coahuila y Chihuahua, por lo que ahora radicará en el Campo La Joya, en Torreón.

Causó extrañeza que después de haber sido incorporado a lo que se consideraría la cúpula del instituto armado, lo regresen a un cargo operativo.

El General Ibarra Flores, quien hace tiempo fue Jefe de Estado Mayor en la Sexta Zona Militar y radicó en Saltillo, tiene una carrera en el ejército de más de 45 años, en la cual además de haber sido comandante de al menos tres Zonas y dos Regiones, tuvo cargos estratégicos en operaciones contra el narcotráfico, por lo que muy probablemente sea esa experiencia lo que haya motivado lo manden nuevamente a tareas operativas, dada la situación que se está presentando en Chihuahua, estado que estará bajo su jurisdicción.

Chihuahua vuelve a ser una prioridad para la Secretaría de la Defensa, incluso han retomado el programa para que conscriptos del Servicio Militar Nacional, lo liberen encuadrados en compañías de aquélla entidad. Actualmente se promueve esa posibilidad en la región Centro de Coahuila, y se hizo en meses anteriores en Saltillo y jóvenes de aquí fueron al vecino estado para su instrucción participando además en operativos.

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El desmantelamiento de las dependencias federales está favoreciendo la impunidad de los talamontes.

El sábado anterior un reporte ciudadano permitió detener un camión cargado con cerca de un centenar de troncos. Primero se le interceptó en un filtro de revisión frente al lienzo charro en Arteaga, y ahí el chofer mostró una factura con la que amparó la carga, un oficial de la Policía Municipal verificó que la cantidad expresada en el documento coincidiera con la realidad y le permitió continuar su camino.

Pero el alcalde, que se enteró del caso en el grupo de whatsapp donde se dio el reporte inicial, tuvo dudas pues hay antecedentes de que con una misma guía o factura amparan varios viajes, y ordenó lo detuvieran de nuevo.

            Lo interceptaron en otro filtro y lo condujeron a la Comandancia, donde lo retuvieron teniendo como sustento faltas al reglamento de tránsito. Por ejemplo el camión tenía ocultas las placas de circulación.

            El dueño del camión y la carga, un empresario de apellido Berlanga y al parecer socio de una maderería en Saltillo, se presentó a la Comandancia, aseguró que había comprado los troncos en Galeana, Nuevo León, y airoso exigió la liberación.

            Como no hay presencia de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, instancia a la que compete proceder en estos casos, no tuvieron las autoridades de Arteaga sustento para retener el camión por más tiempo, ni manera de corroborar que hayan sido adquiridos realmente en Nuevo León y en un predio autorizado para la tala.

            En cañones y parajes de la Sierra de Arteaga se multiplican las denuncias de tala ilegal, hay propietarios de predios que muestran evidencias de allanamientos a sus terrenos para cortar árboles de todos tamaños.

            Resulta muy grave que la autoridad municipal, teniendo por su circunstancia la posibilidad de detectar los cargamentos de troncos, no cuente con el respaldo de Profepa ni haya tenido capacitación sobre los procedimientos a seguir y cómo actuar cuando se detecte una situación que puede ser ilegal.

            Y ni a quien acudir, pues con eso de que por “austeridad republicana” desaparecieron delegaciones, redujeron personal y eliminaron presupuesto para trabajo de campo, si acaso hay alguien en las oficinas de Profepa en Saltillo, en el mejor de los casos cumple con el cómodo horario de lunes a viernes.

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            Duro el tono del Obispo Alonso Garza Treviño en la misa que ofició el miércoles en Allende,  enmarcada en la jornada nacional “por la reconciliación y la justicia para la paz”.

            El Obispo de Piedras Negras además de referirse a que estamos inmersos en la violencia e indefensos como sociedad, recordó lo vivido en Allende en 2011; narró que en aquélla época una tarde en que daba posesión a un párroco en esa ciudad, en los alrededores se escuchaban las balaceras, lo cual en algún momento fue algo cotidiano en la región.

            Esa realidad, vigente hoy en la mayoría del territorio nacional, ha cambiado para los municipios de Coahuila, sin embargo para las familias de los Cinco Manantiales quedan aún las cicatrices, como fue evidente al llegar decenas de personas a la misa del miércoles portando un moño negro, mostrando aún el luto por quienes fueron ejecutados o desaparecidos en aquéllos aciagos meses.

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            Este jueves la CFE concluyó con la segunda vuelta en doce procedimientos por adjudicación directa para compras de carbón, restituyendo a los mismos doce proveedores que había rechazado la semana anterior. Los “nuevos” pedidos amparan compras por más de mil millones de pesos y entre los agraciados se incluye a la constructora Transforma –muy oportuno el nombre—establecida en Boca del Río, Veracruz, seleccionada para surtir más de 47 mil toneladas.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Bien que le gusta al INE complicar las cosas y dar pie a litigios y controversias.

Dos de las comisiones del órgano electoral aprobaron un proyecto de acuerdo –que todavía debe pasar por el Consejo General—para ordenar a los partidos políticos establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de los comicios de 2023 en Coahuila y Estado de México.

Esto llevaría a que en cuando menos un estado postulen a candidata mujer, pero también les advierten que deberá de ser en el estado en que sean más competitivos, un criterio subjetivo que, de aprobarse, llevará seguramente a que el tema se dirima en Tribunales.

Sin haberse iniciado aún formalmente los procesos electorales en esos dos estados, la propia autoridad va generando un desgaste innecesario.

Y así las cosas, quedan entonces varias instancias por recorrer y recursos por utilizar para que los partidos definan cómo irán a la competencia del 2023.

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Pero ya que se habla del proceso que tendremos el año próximo en Coahuila, resulta interesante como cuadros destacados del panismo van definiendo posturas públicas respecto a una eventual alianza con el PRI.

Juan Antonio García Villa, sin duda uno de los panistas de mayor trayectoria en la entidad, escribió en una colaboración periodística el fin de semana que las diferencias en las posiciones doctrinales, son salvables si los partidos logran ponerse de acuerdo en una plataforma legislativa y agenda de políticas públicas parcialmente comunes.

Sabe de lo que habla, recordemos que en 1999 García Villa fue postulado a la gubernatura por el PAN, el PRD, el PT y el Partido Verde. Representó a los extremos, ahí había esas posiciones doctrinales radicalmente distintas y lograron ponerse de acuerdo.

Pero también emplaza García Villa, “si el PRI pretende hacer alianza, debe estar dispuesto a entonar y en voz muy alta su mea culpa, admitir sin regateos sus errores de todo tipo, y demostrar con hechos -precisos y verificables- su verdadero propósito de enmienda”.

Sin duda la mejor manifestación, clara y contundente, por parte del PRI de que entiende el momento y lo que se espera de él, es estar proyectando desde ahora  para la gubernatura a un perfil que no únicamente es fresco, sino además sano, con solvencia moral, y acreditada experiencia en el servicio público.

Otros panistas expresan con mayor pragmatismo su anuencia hacia la alianza, como Sergio Borja Castillo ex diputado local y ex dirigente de Acción Nacional en Piedras Negras.

“Antes de pensar en los partidos hay que pensar lo que conviene a los coahuilenses”, dijo Borja en una entrevista, en la que además habló de la necesidad mutua entre PAN y PRI ante el crecimiento de Morena. “Sumando voluntades se dan resultados”, dijo.

También destacó: “Ni en el PAN estamos todos los buenos, ni en el PRI están todos los malos”.

Son expresiones que a título personal han hecho estos personajes, pero que de alguna manera reflejan el sentir de la militancia panista.

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En temas más locales, el Colegio Americano de Saltillo cerró el ciclo escolar con la incorporación de un nuevo grupo inversionista, Affinitas.

El Colegio Americano es un proyecto que nació en 1978 producto de la visión de las familias García Martínez, Dewey Aguirre y González García, y se consolidó como una institución de gran prestigio.

En 2016 el Grupo Sendica se asoció con la señora Irela Martínez de García y con la familia de Higinio González Calderón, mientras que la familia Dewey retiró su participación.

Ahora Sendica y los inversionistas locales suman a Affinitas, empresa de capital mexicano que participa en diversos rubros, y que llegan con el compromiso de impulsar mejoras en infraestructura, tecnología y desarrollo académico.

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Familia Pasta de Conchos llevó ante la Organización Internacional del Trabajo los casos de los accidentes en Rancherías y Obayos, ocurridos en junio y septiembre del año anterior, y el organismo ha admitido los recursos y un comité de expertos abrirá una investigación.

No paran ahí las cosas, se está preparando un informe también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el planteamiento de que estos accidentes demuestran que el gobierno mexicano ha incumplido con las medidas de no repetición que se le indicaron en una recomendación en relación con Pasta de Conchos y que López Obrador se comprometió a acatar.

En el procedimiento con la OIT, un siguiente paso sería que el organismo promueva un acuerdo entre el Estado Mexicano y los demandantes, pero se antoja difícil pueda lograrse dicho acuerdo, toda vez que los demandantes en estos nuevos casos son los mismos que llevaron ante la CIDH el de Pasta de Conchos, y están inconformes porque ni Gobernación ni la Secretaría del Trabajo han cumplido con los compromisos, ignoran a las víctimas y generan división con tal de impulsar proyectos que definieron sin consenso.

Quienes se preocupan por la seguridad de los trabajadores mineros no han encontrado voluntad ni compromiso del gobierno mexicano y por eso tienen que ir a tocar puertas a organismos internacionales.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Causó revuelo la carta pública firmada por quince ex gobernadores en la que piden la «pronta renovación» de la dirigencia nacional del PRI y se suman a las inquietudes que han externado diferentes grupos y corrientes, además de lamentar que se haya rechazado y diferido el dialogo ya pactado con los ex presidentes.

No es que sea muy diferente lo que puntualizan los ex gobernadores a lo que ya se ha venido externando por otros actores políticos, lo relevante hoy son precisamente los personajes firmantes, a los que no es común ver tomando parte en estas polémicas. Ahora sí que son de los que hablan poco pero espeso.

Y es que además la pulcritud del pronunciamiento, respetuoso y alejado de estridencias, calificativos o descalificaciones, en suma el tono, da idea de la gravedad de la crisis a que se refieren.

Entre los firmantes está el ex gobernador Enrique Martínez, quien siempre se ha mostrado cauto y es enemigo de meter baza en este tipo de asuntos, pero sin embargo ahora se suma, de seguro consciente de que no se puede posponer más un golpe de timón en su partido.

También firma el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quien bien podría agregarle un posdata al desplegado, escribiendo en mayúsculas ¡SE LOS DIJE!. Y es que cuando renunció al PRI en 2019 señaló que el Doctor José Narro Robles era la única esperanza de reconstruir al PRI.

Recordemos, Montemayor –como muchos otros– abandonó el PRI denunciando la manipulación en el proceso que llevó a Alejandro Moreno a la dirigencia. En aquél momento se señaló por el propio Doctor José Narro que el padrón había sido inflado, en lo que hace unas semanas el propio Rubén Moreira dio la razón.

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Y si de cartas se habla, no menos relevante es la que dirigió al delegado federal Reyes Flores Hurtado el empresario nigropetense, militante de Morena, y amigo del Presidente de la República Mario Dávila Longoria.

Aunque Dávila Longoria erró en el destinatario, y no tardaron en reaccionar las redes sociales, con mensajes tan contundentes como «ese pelado no te arregla ni un nescafé», o la recomendación de mejor recurrir a la Fiscalía General de la República.

Y es que Dávila Longoria pide investigar la adjudicación de contratos «y recepción amañada de carbón para entregar a CFE», señalando posibles actos de corrupción y de lavado de dinero.

Además denuncia la desaparición de desechos o lamas, «las cuales pueden haberse surtido a CFE así como carbón de mala calidad que causa graves daños a la planta carboeléctrica I y II».

Justo el 9 de julio del año pasado publicamos que la entonces alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores Guerra y su hermano Tony habían comprado 150 mil toneladas de lamas y mixtos para cumplir con los contratos que les adjudicó la CFE.

Algunos de los intermediarios o coyotes que fueron invitados por los Flores Guerra a llevarse una rebanada del pastelote, quisieron defenderlos insistiendo en que las lamas al secarse dejan «carbón de buena calidad», lo cual ha sido desmentido por especialistas en el tema, quienes advirtieron que el uso de esos residuos dañaría el equipo de las termoeléctricas.

Esto es lo que Dávila Longoria está denunciando y pidiendo investigar. Pero como bien le dijeron en las redes sociales, tendría que llevarlo ante la Fiscalía, o quizá ante la Auditoría Superior de la Federación o la Cámara de Diputados, porque mandarle una carta a Reyes Flores o platicarlo en la fila de las tortillas sirve para lo mismo. Nada.

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Y ya en los temas del carbón, algunos de los productores a los que se les rechazaron sus ofertas en los procedimientos de adjudicación directa para pedidos multianuales por parte de la CFE, están confiados en que habrá una reconsideración y han presentado ya argumentos ante el área de compras de la paraestatal.

Afirman tener evidencia de que fue por fallas técnicas en el portal electrónico de CFE que no se adjuntaron documentos, como los manifiestos de impacto ambiental, pero que tienen todo en regla y no es imputable a ellos la omisión.

Habrá que estar pendientes respecto a lo que resuelva Comisión Federal.

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Nadie duda de la voluntad y el empeño que le pone el delegado del IMSS, Doctor Leopoldo Santillán, para lograr que haya un servicio de calidad a la derechohabiencia, pero poco puede hacer el funcionario cuando en otras áreas lo que impera es la desorganización y la indolencia.

Derechohabientes de la institución en Saltillo se han encontrado esta semana con que no se les pueden practicar procedimientos tan básicos como la extracción de una muela porque no se cuenta con anestesia. Si para algo tan elemental y relativamente sencillo, no se cuenta con los suministros suficientes, ¿qué será cuando alguien requiere una cirugía mayor?. Y esto sí que escapa ya a los alcances del Delegado, por mejor voluntad y actitud que haya por su parte.

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Bien haría el médico Juan Antonio Garza García, alcalde de Castaños, en pedir a su Secretario del Ayuntamiento que revise la legislación en materia de publicidad, pues tal parece no están enterados que la promoción personal está prohibida y penada. Y es que hay anuncios en la radio, en que se refieren a Garza García por su nombre invitando a jornadas de reclutamiento de personal. No vaya a terminar en un problema, mejor que se asesore.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx  

Por Eduardo J. De La Peña

La adjudicación de los nuevos pedidos de carbón por parte de la CFE terminó con doce procedimientos desiertos o rechazados, con lo que hay un déficit de ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas, de los 3 millones 200 mil que proyectan comprar en los próximos 30 meses.

Esas ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas representan un negocio de más de mil millones de pesos, por lo que habrá que estar muy atentos sobre cómo lo resuelve la paraestatal, y si abre nuevos procedimientos con los mismos doce proveedores o favorece a algunos otros de los que bien se sabe son privilegiados.

Dos de los 53 proveedores a los que la CFE solicitó ofertas no las presentaron, Comercializadora de Productos Minerales Mercurio, establecida en Monclova y representada por Everardo Huerta Guajardo, quien sí tiene antecedentes en la actividad minera del carbón.

Tampoco presentó postura Construcciones Transforma, la empresa a la que nos referimos en alguna columna anterior y que está establecida en Boca del Río, Veracruz.

Y finalmente fueron dos empresas vinculadas con el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a las que se les rechazaron sus ofertas, Desarrollos El Arca, que iba por un contrato de 142 mil 500 toneladas y Minera Jipa, por 72 mil toneladas.

En ambos casos se le rechazó su oferta por no presentar el Manifiesto de Impacto Ambiental.

El pedido para El Arca era el segundo de mayor cantidad de toneladas, solo por debajo de las 158 mil 400 que se habían previsto para Black Fossil, empresa de Eduardo García Soto, a quien también le rechazaron su oferta, por no expresar los plazos de entrega del mineral en su oferta técnica.

Así, ninguno de los 43 pedidos que sí se adjudicaron llega a las cien mil toneladas, los de mayor cuantía son el de 94 mil 500 toneladas, para Minera Dalma de Armando Garza Evaristo; y las 91 mil 200 que por 110 millones de pesos le comprarán a Grupo Sacu de Luis Alfonso Rodríguez Garza.

Sí, Wicho Rodríguez vuelve a participar, por más que cada que se abre un concurso o pasa algo en la Carbonífera jura y perjura que es la última vez que le entra a la minería del carbón.

Y por si a alguien todavía le quedan dudas de la simulación que hay en estos procedimientos, todos los proveedores presentaron una oferta económica idéntica, mil 207 pesos con 56 centavos por tonelada. Cual si fuera un dictado.

CFE decidió pagar la tonelada de carbón en un 16.7% más que los mil 034 pesos que ofreció en 2020. En dos años los salarios mínimos se han incrementado un 15%, y el precio de los combustibles un 20%, ¿realmente este precio les permitirá cubrir los costos de producción, o forzará nuevamente a las empresas mineras a buscar “ahorros” invirtiendo menos en seguridad?.

Y ya que estamos en el tema, el Secretario de Inversión Pública, Gerardo Berlanga Gotés, en relación con lo publicado con el ÍNDICE del viernes anterior, precisó que Transportes Somifer sí tiene títulos vigentes de yacimientos mineros, y lo que está buscando rentar son los terrenos en donde se encuentran esos mantos, pues no son propietarios de la tierra.

Berlanga explicó a esta columna, que ha apoyado en diferentes gestiones a Somifer, por una relación personal, desde hace más de veinte años, con el ya fallecido Miguel Aréchiga, y que ahora ha continuado con la viuda y la hija del empresario, que están al frente de la compañía, pero en su caso no es socio ni representante legal.

A Somifer la CFE le confirmó un pedido de 72 mil toneladas de carbón, con lo que retomará sus actividades y la proveeduría a la paraestatal luego de que se le bloqueó en 2019 para que no pudiera participar en los pedidos que se adjudicaron en aquél año a PRODEMI.

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En otros temas, quien quedó en evidencia fue el Procurador de Protección al Ambiente, Javier Rodríguez Mendoza, pues el domingo esa dependencia no atendió las denuncias ciudadanas de vecinos del barrio de Santa Anita en Saltillo que pedían la intervención de la autoridad para detener a un sujeto que mató un perro a machetazos.

Simplemente no hubo respuesta de esta instancia que tiene la facultad de intervenir ante casos de violencia contra los animales, pero tal parece que esos casos tienen que ocurrir de lunes a viernes y en horario de oficina, pues de otra manera el Procurador no responde.

De donde sí obtuvieron respuesta los vecinos fue de la Fiscalía General del Estado, cuyo delegado en el sureste Everardo Lazo Chapa atendió personalmente el llamado, y pudieron proceder porque el sujeto además profirió amenazas de muerte contra quienes reclamaban su bestial actuar.

Quizá Javier Rodríguez se siente muy confiado en que la suya es una posición política y no lo van a correr aunque no trabajen, pero resulta que en este caso quien puso en evidencia su negligencia fue una de sus compañeras de partido, la ex regidora de Ramos Arizpe Claudia Leza, que acudió a los medios de comunicación a señalar al Procurador.

No es el primer caso, lo mismo ocurre con otras situaciones relacionadas con sus facultades, Rodríguez Mendoza las ve desde la barrera y no interviene.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Desde algunos años antes de que Morena ganara la Presidencia de México ya se identificaba a Pedro Arturo López Obrador como “el hermano incómodo”, y no en el sentido original de la frase que se acuñó en tiempos de Raúl Salinas de Gortari, pues en este caso no se trata de un consanguíneo envuelto en escándalos, sino que le colgaban esa etiqueta por ser el único que se atrevía a cuestionar, incluso públicamente, las actitudes del hoy Presidente.

Mientras en el transcurso de los años otros de los hermanos como Martín y Pío cobraron celebridad al circular los videos que los mostraban recibiendo millones de pesos en efectivo, para financiar las campañas, o documentos probando que son beneficiarios de programas federales, Pedro Arturo bajó el perfil y desapareció de la escena pública.

Pero resulta interesante que en estos tiempos los amigos de Pedro Arturo en Coahuila se empiezan a beneficiar de contratos de empresas paraestatales, ¿cómo cuáles? pues nada menos que la CFE. ¿Dónde más si no ahí?.

Aún más, uno de esos beneficiados es además funcionario del gobierno estatal, nos referimos a Gerardo Berlanga Gotés a quien se vincula con una empresa, Transportes Somifer, una sociedad de responsabilidad limitada a la que CFE ha considerado para la adjudicación directa de un pedido por más de 72 mil toneladas de carbón.

El miércoles Somifer, a través de su representante Ana Sofía Aréchiga Villarreal presentó a la CFE una oferta económica tasando en mil 207 pesos con 56 centavos la tonelada de carbón, con lo que el contrato ascendería a un monto de más de 87 millones de pesos.

La paraestatal publica el acta de la sesión en que Somifer presentó sus ofertas técnica y económica, pero no adjunta dichas propuestas, por lo que no se conoce si la empresa transportista detalla de dónde pretende obtener el carbón para eventualmente cumplir con el contrato, pues hasta inicios de esta semana seguían buscando un yacimiento en renta.

En todo caso, la tarde de este viernes se conocerá el fallo, lo cual es además muy oportuno, pues la señora Aréchiga celebrará el próximo lunes su cumpleaños número 36. Hoy sabremos pues si el Secretario Berlanga y la representante legal de Somifer tendrán o no doble motivo de festejo.

Y es que aún y cuándo la CFE ha recurrido una vez más al proceso de adjudicación directa está visto que no hay nada seguro para nadie, hasta la tarde del jueves la paraestatal había emitido 27 fallos de los 53 procedimientos que abrió, y ya ha rechazado las ofertas de cuatro proveedores.

Entre los rechazados está nada menos que el dirigente de la Unión Nacional de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, a cuya empresa Minera El Arca la descalificaron por no presentar el manifiesto de impacto ambiental del yacimiento que va a explotar.

¿Retomará Aguirre el tono crítico que le caracterizaba?.

También rechazaron a Arrendadora y  Servicios del Norte de Eduardo Ramos Boone; a RSY Minera de Rogelio Sánchez Yutani, y a 3 Amigos de Eduardo Rodríguez Reyes.

Con estos cuatro rechazos quedan en suspenso adjudicaciones de pedidos por 315 mil toneladas de carbón, algo así como 378 millones de pesos. Habrá que estar pendientes, pues no sería de extrañar que terminen asignándolos a alguno de los proveedores consentidos.

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Este jueves se conoció que la Fiscalía de la República solicitó, y obtuvo, nuevas ordenes de aprehensión con dos empresarios a los que se investiga desde 2018 por estar implicados en un desfalco al Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.

Se trata de los socios de la empresa que el hoy gobernador de Oaxaca Alejandro Murat contrató cuando era director del Infonavit para el programa de “Movilidad Hipotecaria y regulación de cartera”, ese doble juego en que recuperaban casas a  deudores morosos, y luego las remataban en paquete para que las inmobiliarias volvieran a venderlas.

Cuando Murat se fue de candidato a Oaxaca y llegó David Penchyna al Infonavit, le rescindieron el contrato a esta empresa, y los socios se quedaron con dinero que tenía que haber ingresado a la institución.

El caso tiene interés en Coahuila, porque a su vez Penchyna contrató a otros para que hicieran el mismo trabajo, cobranza, recuperación y remate de casas, y fue así como se originó el megafraude para el que utilizaron a funcionarios judiciales de nuestra entidad, jueces y secretarios que se prestaron a juicios colectivos, no previstos en la ley, para despojar de sus viviendas a derechohabientes en Guerrero y otros estados.

Hoy que la FGR va por los implicados en el primer fraude, cabe desde luego preguntar qué ha pasado con el caso aquí en Coahuila, había al menos 7 funcionarios sujetos a proceso penal desde 2019, ¿en qué van estos procesos?, y al menos otros 11 bajo investigación ¿todavía no están listos para vincularlos?.

Pero además el Fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier dijo que se investigaba a los particulares que sobornaron a estos funcionarios judiciales, ¿llegó a alguna conclusión con estas investigaciones o lo dijo nada más para salir al paso?.

Será interesante conocer lo que la Fiscalía tenga que decir al respecto.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Aquellas frases tan socorridas por políticos de la hoy llamada «vieja guardia», lejos estaban de ser figuras retóricas simplistas o meras puntadas, pues aunque expresadas en un tono coloquial e incluso en términos campiranos, encerraban mensajes de fondo y verdades en los que había que poner atención y reflexionar.

Hoy con todo lo que se ha generado en torno a la equidad de género y su observancia en el proceso electoral del año próximo en Coahuila, es oportuno recodar aquélla frase que sugería «no las monten tiernas porque las hacen pandas», aplicable en más de un sentido.

Y haciendo caso pues a esa expresión, no queda más que esperar a que las diferentes instancias que algo tienen que resolver respecto al tema, lo resuelvan, y no desgastarse desde ahora en especulaciones sobre posibles escenarios.

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La semana anterior comentamos que la Comisión Federal de Electricidad había iniciado ya el procedimiento de adjudicación directa para los nuevos pedidos de carbón, y justo la tarde del viernes terminó de emitir las «solicitudes de oferta» a los productores que fueron seleccionados previamente.

Todo se va dando como se había especulado que ocurriría, pedidos para completar poco más de tres millones de toneladas de carbón, a surtir a treinta meses, y con 53 proveedores considerados, que esa sería la única variación a partir de que en febrero la CFE contrató al Servicio Geológico Mexicano para dictaminar 55 yacimientos.

Están claramente siguiendo un guion, de lo que constituye un nuevo montaje para tratar de darle visos de legalidad a una compra que se hace al margen de la ley y con adjudicaciones discrecionales que no tienen que ver con criterios de productividad sino con una intencionalidad de control político en la región Carbonífera.

¿Se atreverá la CFE a hacer públicos los dictámenes que le contrató al Servicio Geológico? sería interesante conocerlos, pues resulta que algunos de los productores a los que ya les están pre asignando pedidos por más de 70 mil toneladas de carbón todavía andan buscando que les renten  algún yacimiento para poder concretar el negocio.

Queda mucho por explicar en este procedimiento que se concretará con los contratos esta misma semana, pero también es evidente que están funcionado las estrategias de coacción habilitadas desde las esferas del poder en la cuarta transformación, pues en la Carbonífera todos los que tienen que ver con la actividad minera se conducen con misterio y silencios, temerosos de las represalias que pueden traducirse en la pérdida de contratos o en persecuciones de tipo fiscal.

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Ya que se habla de la Carbonífera y de la CFE, el incidente ocurrido esta semana en Pasta de Conchos ilustra con claridad lo que ocurre cuando se improvisa y se contrata a empresas sin experiencia para obras que requieren técnicos con trayectoria en el ramo minero.

Los responsables de la construcción de las lumbreras en la mina ocho ignoraron las advertencias de los riesgos ante las inminentes lluvias y no retiraron la maquinaria con la que están realizando la obra, equipo que quedó sepultado por toneladas de lodo luego de que el tiro se inundara.

No hubo tragedias personales que lamentar, y todo quedó en la confirmación de que con las minas de carbón no se puede andar jugando, hay que saberle.

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Y de la misma región, y de improvisaciones hablando, otra de las obras prometidas por el Presidente de la República, dentro del programa de «reparación integral a los deudos de Pasta de Conchos», fue suspendida por ordenes de un juez federal ya que se estaban invadiendo terrenos de una empresa privada.

El parque lineal que una empresa yucateca comenzó a construir a finales de mayo en Sabinas, bajo contrato de la SEDATU que definió la obra sin el consenso de los deudos, está ahora en suspenso, pues Ferromex recurrió ante un juzgado federal ya que los terrenos son de su propiedad.

De seguro habrá litigio, y controversia respecto a quien realmente es dueño del derecho de vía, ¿pero por qué hasta que la obra ha iniciado?, ¿no pudo SEDATU resolver eso mientras hacían el proyecto y la licitación?.

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Quedó en evidencia el poco empeño que pone la Fiscalía de Personas Desaparecidas en dar seguimiento a los casos que le llegan en la entidad.

Por más de un mes estuvo sin ser localizado un joven de Monclova, hasta que cuarenta días del primer reporte su madre recibió una llamada en que le decían que estaba preso en un penal de Nuevo León. Las autoridades adujeron que no lo habían localizado porque el muchacho dio un nombre falso al ser detenido.

No se puede hablar de falta de oficio cuando el Fiscal José Ángel Herrera tiene una trayectoria de más de 25 años, y no se necesita una experiencia de ese calado, basta con ver cualquier mala película policiaca, para saber que el primer lugar en que se buscan a un desaparecido es en las cárceles y en los hospitales, y hay que ir con una foto ante el posible cambio de nombre.

¿Con el mismo empeño que mostraron en este caso le dan seguimiento a todos los demás que tienen pendientes?.

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Por Eduardo J. De La Peña

Finalmente la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que abrir la información –aunque no el procedimiento—sobre los nuevos contratos para el suministro de carbón en sus termoeléctricas de Nava.

A cuenta gotas la paraestatal va publicando en su portal de licitaciones las solicitudes de oferta que, en un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ha hecho hasta ahora a 35 compañías de la región Carbonífera.

Como ya se anticipaba no hay licitación, se alude a un “dictamen de excepción”, que solo se menciona pero no se presenta el documento, y así se encaminan para adjudicar pedidos para los siguientes 30 meses, de julio de este año a diciembre de 2024, es decir incluso después de que concluya la actual administración federal.

En el primer bloque de 17 empresas, los pedidos totalizan 854 mil toneladas. Como referencia en mayo del año anterior, a la Minera Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, hermano de Tania la alcaldesa de Múzquiz, en uno solo de los tres contratos que le adjudicaron, le hicieron un pedido por 898 mil toneladas, operación con valor de 806 millones de pesos.

Ahora se cuidan de no dirigir todos los pedidos a un mismo círculo, por lo pronto han convocado a 35, pero no se descarta que este viernes haya solicitudes de oferta para 15 o 20 productores más.

“Salpican” a muchos, favoreciéndolos con no tener que competir en una licitación pública, en una claro propósito de tenerlos gratos por los tiempos políticos que se avecinan.

Pero hasta en círculos de la cuarta transformación hubo expresiones de desaprobación cuando la mañana de este jueves se conoció de la asignación directa, un procedimiento que ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el combate a la corrupción.

Y conforme se van conociendo los nombres de los agraciados con los pedidos, va aflorando también información sobre sus cuentas pendientes.

Por ejemplo del primer bloque saltó de inmediato a la vista el nombre de Carkim Industrial, de Eduardo Morales Martínez, empresa que tuvo accidentes en 2010, 2012 y 2014, en los que murieron al menos nueve mineros.

Pero además Carkim ha sido señalada como responsable de la inundación el año pasado en Micarán, en Rancherías municipio de Múzquiz, donde murieron otros siete mineros.

Sería importante que la CFE de a conocer no solo las invitaciones a sus elegidos y los montos que ofrece comprarles, sino también los dictámenes de las evaluaciones que contrató al Servicio Geológico Mexicano, para saber si estos proveedores tienen realmente concesiones mineras; si cuentan con las reservas para abastecer lo que se les está pidiendo; y, sobre todo, si cuentan con la infraestructura y las medidas de seguridad necesarias.

Habrá que seguir atentos procesos que tienen implicaciones sociales y económicas para una región en específico, y políticas para el estado.

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En otros temas, muy comentado el buen gesto que tuvo el ex alcalde de Saltillo Manuel López Villarreal al donar para el DIF de Piedras Negras un auto que obtuvo como premio en una rifa para contribuyentes cumplidos en aquél municipio.

Viene el recuerdo de una situación que allá en los noventa le tocó a Manuel López vivir cuando era alcalde de la capital, y acudió con su padre, presidente en ese entonces del Grupo Industrial Saltillo para pedirle que ese corporativo no aprovechara los descuentos que en los primeros tres meses del año se ofrecían a quien pagara el predial, pues si lo hacían después del cuarto mes habría una mayor recaudación que le sería muy útil a la ciudad.

No prosperó la gestión, pues Don Isidro tuvo que hacer ver a su hijo que a él le tocaba rendir cuentas a los accionistas del GIS y no podría justificar el haber dejado pasar la posibilidad de pagar menos impuestos.

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Y ya que se habla del Ayuntamiento de Saltillo, hay nuevo Contralor Ciudadano. Esta semana asumió el cargo Fernando Morales Ayala, quien seguramente mucho tendrá que aportar a partir del conocimiento cercano que tiene de la administración pública y la gestión de proyectos.

Un área en donde pudiera empezar a poner atención el Contralor Ciudadano es la de Catastro Municipal, pues aunque nadie habla de corrupción o desvíos, sí se acumulan las quejas en contra del director Severo Galván Cornejo, pues los trámites se resuelven con demasiada lentitud.

Dicen los notarios que ni siquiera con la titular del Registro Público de la Propiedad en Saltillo, Monika Zertuche Sánchez, batallan tanto, y eso ya es mucho decir.

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El martes, en una reunión a la que acudieron embajadores de varios países, y en la que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda hablaron de las estrategias para resolver la crisis forense en México, se destacaron los resultados que en Coahuila se han tenido con el Centro Regional de Identificación Humana, a cargo de Yezca Garza. Al menos se reconoce lo que se hace bien.

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Por Eduardo J. De La Peña

El gobierno federal, a través de varias de sus dependencias, sostiene en la región Carbonífera de Coahuila un juego perverso en el que manipula realidades, deja de lado a la comunidad y construye una gran cortina de humo para no transparentar la adjudicación de contratos por más de tres mil millones de pesos para suministro de carbón a la CFE.

El tema corre en varias pistas, pues por un lado se tienen los compromisos de reparación integral con los deudos de Pasta de Conchos, y por otro lo que tiene que ver con la actividad productiva y la economía de la región.

En cuanto a los compromisos de reparación integral, a su vez giran en dos ejes principales, uno el de los trabajos para intentar la recuperación de los cuerpos; y otro las obras sociales que se harán en la región.

La semana anterior estuvo en la Carbonífera Luisa María Alcalde Luján, secretaria federal del Trabajo, quien en forma deliberada ha ido marginando a un grupo de deudos, pasando por encima de que fueron estos quienes iniciaron el procedimiento ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de donde se derivó la recomendación al Estado Mexicano que motivó precisamente el plan de reparación y sus compromisos.

Si la forma en que el gobierno cumple con el plan no satisface a los deudos, no se tendrá por atendida la recomendación del organismo internacional, y esto parece no entenderlo Alcalde Luján, quien se muestra más preocupada por el calendario sexenal que por atender lo que es interés de las víctimas.

Lo que se puso en evidencia durante la gira de la Secretaria del Trabajo, aunque ella lo omite en las declaraciones, es que han surgido nuevas demoras en las obras para intentar el rescate, y a las que se tuvieron por la tardanza en las licitaciones, se sumó que hubo trámites entrampados nada menos que con la Secretaría de la Defensa Nacional para la utilización de explosivos.

Pero además en la Carbonífera se afirma que obras como la construcción de lumbreras no avanzan al ritmo necesario, en parte por la falta de experiencia de las constructoras a las que se contrató, y en parte porque las están haciendo con especificaciones sobradas, muy excesivas a lo que realmente se requiere.

El rompimiento de los funcionarios federales con los deudos se da porque a pesar de esas demoras, y de la falta de certeza en el rescate, ya hasta se adjudicó la construcción del memorial, cuando este tendría que simbolizar el cierre de todo el proceso, no admiten que haya memorial sin rescate, ni están de acuerdo en que se imponga un diseño de monumento, como se impusieron las otras obras que hará Sedatu en diferentes municipios y en las que no se consideraron las necesidades prioritarias de la región.

En la otra pista tenemos la parte productiva, lo que tiene que ver con la actividad económica de la región, es decir con la minería del carbón y esto desde luego va vinculado a la adjudicación de pedidos o contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual se mantiene con gran secrecía y en la más completa opacidad.

Lo que se sabe es que Comisión tiene proyectado comprar 3 millones 200 mil toneladas de carbón para los próximos treinta meses. Esto representaría contratos que rondan los 3 mil 500 millones de pesos, lo que no queda claro es a quién se le van a adjudicar.

Los últimos grandes contratos que asignó CFE en mayo del año anterior fueron para tres empresas propiedad de la familia Flores Guerra, la alcaldesa de Múzquiz, Tania, su hermano Antonio, y un grupo de prestanombres.

El secretismo con el que se maneja esta nueva adjudicación da a pensar que nuevamente habrá una decisión de este tipo, con una clara orientación política y la previsión de ir armando la alcancía que necesitará el partido en el poder para los procesos electorales del año próximo.

No hay licitación abierta para estos contratos, y se dice que por correo electrónico se ha invitado a un grupo de productores para que participen como proveedores. Son menos de sesenta se dice en la Carbonífera.

En febrero la CFE adjudicó al Servicio Geológico Mexicano un contrato por poco más de un millón y medio de pesos para la verificación de minas, 15 de carbón no coquizable y 40 de carbón coquizable, en la región Carbonífera de Coahuila.

Son 55, el número coincide con lo que se especula en la región, y seguramente desde entonces la Comisión Federal ya tenía definidos los sitios de donde piensa abastecerse, y que con tanto celo guarda.

No es menor lo que les toca hacer a los dos geólogos que deben participar en ese servicio de verificación, pues a ellos les corresponderá verificar que la obra minera exista, que esté en operación, y que se encuentre en el sitio del que el proveedor tiene concesión.

También les corresponderá validar las reservas estimadas, que se tenga la infraestructura necesaria, y “verificar de manera general las condiciones de seguridad”.

Si el Servicio Geológico avala como proveedor confiable, se supondría que sobre esta instancia recaerán entonces responsabilidades si algo sale mal. Como mal ha estado saliendo con todas esas explotaciones improvisadas a las que les están comprando el carbón los proveedores consentidos de la CFE, que tienen contactos y contratos pero no minas.

¿Cuándo se develará la cortina y se dará a conocer la adjudicación de contratos?.

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Por Eduardo J. De La Peña

Aunque autoridades estatales y municipales ya han establecido contacto con la mayoría de los propietarios de predios para lograr la liberación de los derechos de vía en el trazo de lo que será la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza, el secretario de Obras Públicas Miguel Algara no descarta contratiempos pues hay al menos un terreno en litigio.

La obra será una de las más importantes en materia vial en los últimos años, pues representará una nueva alternativa de comunicación para colonias del poniente de la ciudad en las que habitan miles de familias, el trazo de cinco kilómetros irá desde Vito Alessio Robles hasta la carretera a Torreón, por los rumbos del relleno sanitario.

Pero además esta vialidad abrirá la posibilidad de desarrollar para vivienda importantes superficies que actualmente están incomunicadas, y llega esta posibilidad justo cuando se empieza a hablar de una escasez de terrenos para vivienda popular.

Se afirma en círculos empresariales que desde hace meses muchos de los terrenos por donde pasará la prolongación del Nazario ya ostentan letreros definiendo que son propiedad de un conocido desarrollador de vivienda, parques industriales y centros comerciales.

Es el mismo desarrollador que espera verse favorecido con la reestructuración que proyecta el gobierno municipal de Saltillo en el bulevar Carranza, confiado en que ahora sí se le hará la apertura de un nuevo retorno, que implicaría el cierre de al menos otro en esa vialidad.

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Definida ya la reestructuración de los Comités Municipales del PRI, con reelección en algunos casos y renovación en otros, los nuevos dirigentes deben tener bien en claro la trascendencia de la tarea que tienen encomendada rumbo a la que será la más competida elección por la gubernatura en la historia.

No hay espacio para descuidos, juegos ni titubeos, y los dirigentes municipales son quienes tienen la responsabilidad del trato diario y más cercano con el priismo de sus comunidades, y deben de entender que el momento reclama vayan más allá del trabajo con las estructuras y reconstruyan la relación con todo actor político de la comunidad que tenga algo que aportar. De ellos depende el evitar rompimientos y desbandadas.

Y si para quienes son dirigentes en los veinticinco municipios con alcalde priista la tarea es así de trascendente, mucho más lo es para quienes fueron seleccionados para encabezar los comités en los otros trece municipios.

Para algunos en particular el reto es mayúsculo, como Luis Santos Flores, en Múzquiz, y Oscar Davis San Miguel en San Juan de Sabinas, pues además de que ahí hay alcaldes emanados de Morena muy dinámicos y aguerridos, la cuarta transformación ha decidido que la Carbonífera sea su plataforma de lanzamiento en la competencia por la gubernatura de Coahuila.

No deja de ser paradójico, pues si alguna región padece los efectos del pésimo desempeño del gobierno federal, y sufre por una prolongada crisis económica, es precisamente la Carbonífera, pero también ahí la 4T ha instalado su caja chica con los desvíos en los pedidos de carbón de la CFE para favorecer precisamente a los actores políticos que tienen ahora la suficiente solvencia económica –que no moral—para soportar una campaña tan larga como la que se espera.

Y también para la Carbonífera se han destinado las únicas obras federales que habrá este año en Coahuila, y esta semana se suma una jornada de la Secretaría del Trabajo para reclutar becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en Nueva Rosita.

No viene la Secretaría del Trabajo a inspeccionar las minas en que se denuncian condiciones de riesgo, pero sí hace presencia con los programas clientelares de la 4T.

También se maneja la posibilidad de que el fin de semana esté en Nueva Rosita Manuel Bartlett para reunirse con deudos de Pasta de Conchos e informarles sobre los trabajos para la recuperación de cuerpos, pues las familias de los mineros muertos han emplazado que no permitirán la construcción del memorial si no hay avances reales en las obras para acceder a la mina.

Pero regresando al tema inicial y las dirigencias municipales del PRI, en resumen su encomienda reviste hoy mayor trascendencia que cualquier otra que hayan asumido en el pasado, ojalá lo asimilen y trabajen en función de ello, pues es el futuro del estado lo que está en juego.

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Concluyó sin sobresaltos la legitimación del contrato colectivo en las plantas de John Deere en Saltillo y Ramos Arizpe, la mayoría de los dos mil trabajadores avaló los contratos y refrendó la titularidad para la Federación de Sindicatos Independientes.

La legitimación de contrato es un procedimiento que debe llevarse en todas las empresas con este modelo de relación laboral, pero en particular el caso de John Deere llamó la atención porque recién se acaban de anunciar nuevas inversiones y el traslado de más operaciones de manufactura de Estados Unidos a Ramos Arizpe, y no habría sido conveniente que surgiera en este momento algún diferendo o intromisión de esos grupos que están tratando de hacerse con los contratos en empresas de la región.

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