Por Eduardo J. De La Peña

A nadie sorprendió que se filtrara a medios de comunicación la solicitud de información que envió la Fiscalía de la Repúbica a la Cámara de Comercio de Sabinas y al titular de la oficina del Registro Público de la Propiedad en esa ciudad, respecto a al menos siete personas que de alguna manera están relacionadas con la Compañía Minera «El Pinabete».

Y es que allá en la Región Carbonífera, desde que la FGR inició las indagatorias fue muy comentado que cuando el titular del Registro Público, Eduardo Reséndiz, recibió las primeras solicitudes de información, lo primero que hizo fue alertar a los investigados, antes incluso que notificar a sus superiores de lo que le estaban pidiendo.

La Fiscalía de la República recaba información respecto a propiedades, sociedad y negocios de Régulo Zapata, padre e hijo, y de la esposa y madre de ellos, la sub secretaria Carolina Morales Iribarren.

También están en la mira los que en documentos aparecen como socios de «El Pinabete», Arnulfo Garza Cárdenas, quien fuera vice presidente de la rama minera en Canacintra a nivel nacional, y Luis Rafael García Luna Acuña, así como la madre de este, Aida Araceli Acuña Cruz.

Acuña Cruz fue diputada y titular de la Contraloría Estatal en Tamaulipas, y coincidió con Régulo Zapata Morales en la administración del Parque Fundidora, en Monterrey. Ella fue Contralora y posteriormente Directora de Planeación, mientras que Régulo era Director de Operaciones, cuando su tío Francisco Morales Purón era el Director General.

El año pasado la hoy alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, dio a conocer que Aida Acuña se incorporaría a la administración municipal en el área de auditoría gubernamental, pero parece que no le llegaron al precio.

Y el último de los siete sobre los que la Fiscalía pide información es el ya detenido Cristian Solís Arriaga, paradojicamente el único sobre el que no encontrarán datos de propiedades o negocios, pues como se sabe a él nada más lo utilizaron.

Ya entrados en el tema, cuando el gobernador Miguel Riquelme demandó que la acción penal no quede en Cristian y vaya contra los concesionarios de la mina, así como quienes compran el carbón y lo venden a la CFE, fue bastante generoso al no entrar en mayores detalles sobre ese entramado que armaron los auténticos beneficiarios del negocio para eludir responsabilidades.

Para darnos una idea de cómo se las gastan, basta con señalar que el predio que utilizaron en el «Barrio Uno» de Agujita para simular el domicilio de Minera «El Pinabete», lo ocuparon como posesionarios, no son legalmente propietarios ni del terreno ni de los precarios cuartos que cateó la FGR.

Así, se queda corta la Fiscalía al sólo buscar información de siete presuntos implicados. Tendrían que comenzar a seguir la huella del dinero en las muchas empresas con las que están relacionados, y definir también si otros personajes que, por cuestión de omisiones en un trámite no lograron que el título de la concesión de la mina quedara a su nombre, estuvieron participando o no del negocio.

También la Unidad de Inteligencia Financiera debería estar paticipando en estas indagatorias.

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En otros temas, la actualización de la cartografía electoral por parte del INE en Saltillo ha generado suspicacias, y no son pocos los que piensan que hay truco.

Una de las secciones electorales que sufre modificación es la 0734, en donde se ubica la emblemática casilla del Liceo Freinet, esa que efectivamente tiene un gran número de electores y donde lo más común era que tuvieran mayoría los candidatos del PAN, lo cual cambió en la elección municipal de 2021.

Fue en esa casilla donde se tuvo de manera más tangible el voto útil, quienes tradicionalmente votaban por el PAN lo hicieron en esa elección por el PRI ante el riesgo de que llegara MORENA a la alcaldía de Saltillo.

Y ahora diluyen esa sección, y no hay suficiente difusión para que los ciudadanos hagan la reposición de su credencial, entonces para la siguiente elección no sabrán en cuál casilla les corresponderá votar.

Tal parece que hay una apuesta para desalentar a quienes ya están identificados como ciudadanos que razonan el sufragio, ciudadanos que le apuestan a un voto útil y que nunca lo harán a favor de MORENA.

Tendrían que ser los partidos opositores al presidencial los que difundan profusamente la necesidad de que los electores considerados hoy en la sección 0734 de Saltillo renueven su credencial aunque esté vigente, para que los ubiquen de manera correcta en donde podrán votar en junio del año próximo.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Con todo y que seguramente lo intentaron, los integrantes del Consejo Directivo en la Universidad «Antonio Narro» que le son afines al ex rector Jesús Valenzuela, no encontraron elementos para descalificar en el segundo racero a ninguno de los aspirantes a la Rectoría.

Incluso tuvieron que reconsiderar la negativa al registro de Enrique Esquivel Gutiérrez, con lo que la lista de aspirantes se incrementó a nueve, de los que al menos cuatro son del grupo de Valenzuela.

Los nueve pasan entonces a la etapa de entrevistas, que se realizarán el 5 y 6 de octubre, pero antes el Consejo Directivo deberá realizar la auscultación entre la comunidad universitaria, lo cual ocurrirá la semana próxima. Lunes y martes en la Unidad Laguna; jueves y viernes en Saltillo; y, por videoconferencia, también el viernes para el Centro Académico Regional en Chiapas.

Y será hasta el 7 de octubre, dentro de dos semanas, cuando el Consejo defina la terna que finalmente irá a las elecciones.

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Que la CFE haya declarado desierta la segunda ronda de los siete procedimientos para adquirir carbón de la cuenca del Río Escondido, genera intranquilidad entre los productores que en julio se vieron favorecidos con más de 50 contratos para suministrar carbón de la cuenca de Sabinas.

Como es sabido, para que las termoeléctricas de Nava puedan generar energía eléctrica requieren de una mezcla del carbón de ambas cuencas, pues el de Sabinas por su baja capacidad calorífica no es suficiente, y según explica Bogar Montemayor, quien representa a una de las Uniones de Productores, CFE tiene reservas del de Río Escondido para cuando mucho dos meses.

El temor es que si se agotan esas reservas, entonces CFE deberá parar las plantas, y entonces no requerirá tampoco del carbón de Sabinas.

Que además tampoco ha sido muy puntual y seria la Comisión con los más de cincuenta productores a los que asignó directamente los pedidos en julio, pues con varios de ellos tiene adeudos que rebasan ya los 75 días.

La morosidad impacta en la capacidad de operación de productores y esto necesariamente pega también en la de por sí vapuleada economía de la región.

Paradójico que hoy la CFE esté batallando para conseguir quien le abastezca de 700 mil toneladas de carbón, cuando en 2019 de manera unilateral canceló los contratos que tenía con Micare, empresa que tenía la capacidad para abastecerle 6 millones de toneladas al año.

Comisión ya recurrió a comprar lamas de las plantas lavadoras para conseguir algo de carbón de diseño; luego hizo pruebas con diesel y combustóleo, que no le funcionaron; ahora que no consigue proveedores en Río Escondido, ¿harán una compra internacional, o pararán la generación de energía en Nava?.

Por lo pronto han abierto una licitación para movilizar las reservas que se tienen en la planta carbón II a la López Portillo. Buscan quien tenga la capacidad para trasladar en veinte días cien mil toneladas del mineral, es decir al menos cinco mil toneladas diarias.

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Familiares del ex Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Jorge Luis Morán Delgado, alertan en redes sociales que al ex funcionario le fue «hackeado» su Whats App «con la finalidad de pedir dinero en su nombre con fines de fraude».

Por más que llame la atención que al maestro en tecnologías y seguridad le pase eso, la verdad es que lo de su Whats App es lo que menos debe preocuparle. Con la razita que ahora se junta no debe sorprenderse si empiezan a pedir dinero en su nombre para definir candidaturas y hasta para pactar citas.

Que NOEspere otra cosa. Aunque, si ya los conoce ¿para qué los invita?.

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Se dio a conocer este jueves que en dos días autoridades de Estados Unidos detuvieron a 2 mil 395 migrantes que cruzaron el río Bravo en parajes entre Eagle Pass y Del Río, Texas, es decir desde territorio coahuilense.

Los casi 2 mil 400 migrantes provienen de 30 países diferentes y viajaban en grupos que superaban las 200 personas. ¿Cómo llegaron hasta la frontera de Coahuila con Texas, si se supone que para evitarlo hay operativos municipales, estatales y federales en toda la entidad?.

En el mismo contexto, tenemos que la Secretaría de Gobernación dio a conocer, igualmente el jueves, que en la caseta «Los Chorros», aún dentro de Nuevo León pero a tres kilómetros de la colindancia con Coahuila, y a menos de 40 kilómetros de Saltillo, fue localizado un trailer abandonado con más de cien migrantes abandonados en su interior.

Los hechos están a la vista, el tráfico de migrantes está en pleno auge, y si las bandas delictivas se mantienen en esa actividad es porque siguen encontrando las condiciones favorables para su «negocio».

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Un «puente patrio» lleno de incertidumbre pasaron los deudos de los mineros de Pasta de Conchos y de El Pinabete, pues al escuchar el «Muera la Corrupción» que gritó López Obrador la noche del quince, la primer duda que les surgió es quién sería el nuevo encargado de los proyectos de recuperación de cuerpos en esos dos desarrollos mineros.

Ya avanzado el fin de semana se difundió que Manuel Bartlett goza de cabal salud, y comprendieron que la proclama no fue más que otra ración del atole presidencial.

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Que por cierto, CFE aprovechó los días de fiesta para reponer los siete procedimientos para suministro de carbón que la semana anterior había declarado desiertos, y claro volvió a invitar a los mismos proveedores, obteniendo el resultado previsible: ninguno logró presentar el manifiesto de impacto ambiental para los predios de donde supuestamente extraerían el carbón de la cuenca de Río Escondido.

Algunos presentaron manifiestos ya caducos, otros utilizaron documentos a nombre de compañías diferentes a las que les pertenecen. En resumen, una vez más todos descalificados.

Si es tanto el afán de Bartlett y la CFE por limpiarse el rostro en la compra de esas 720 mil toneladas, ¿por qué no hacen una licitacion abierta y siguen con ese procedimiento a modo de proveedores que no tienen la capacidad?.

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Ni la burla perdona el alcalde de Artega Ramiro Durán. Con mucha seguridad afirma que algún día la producción de manzana en su municipio igualará a la de Cuauhtémoc, Chihuahua, lo cual no es de ninguna manera una posibilidad real.

A números de 2021, que para Arteaga fue un buen año –a diferencia del pésimo actual– la superficie plantada con manzanos aquí era de 5 mil 800 hectáreas y la producción de ese año se estimó en 45 mil toneladas. En Cuahutémoc, con 10 mil hectáreas de superficie de plantación, la producción fue de 165 mil toneladas.

Con menos del doble de superficie, la producción allá fue casi cuatro veces más de la de aquí.

Y nada más como referencia para que el alcalde Durán tome perspectiva, en todo Chihuahua hay más de 33 mil hectáreas de plantación de manzano, y la producción en 2021 superó las 490 mil toneladas.

La infraestructura productiva que se tiene en Arteaga está a años luz de la de Cuauhtémoc, y además salvo un programa estatal que dota a ejidatarios de manzanos –muy limitado y con fallas de instrumentación– no hay por parte de municipio, estado o federación ningún estímulo a la producción, no hay ningún programa que vaya a incidir en el crecimiento de la capacidad productiva en el sector manzanero.

Vaya, no hay ni siquiera una estrategia para arraigar a los trabajadores del campo en sus comunidades. Al contrario la apuesta es al crecimiento industrial, que los requiere como mano de obra, y al desarrollo de fraccionamientos campestres, que reducen la superficie cultivable.

Y por más que en algún momento hubiera voluntad, capacidad y recursos para retomar la producción manzanera, lo que nunca se van a poder conseguir son las condiciones climatológicas que le dan a Chihuahua una insuperable ventaja.

En lo que no se equivoca Ramiro Durán es en que la manzana de aquí es de mejor calidad. Pero de eso a que algún día desbanquemos a Chihuahua por el tamaño de la produccion, hay un mar de distancia.

De Arteaga decían los mayores «futuro puerto de mar», por lo pronto con esas declaraciones del alcalde ya pueden decir que se convirtió en «isla de la fantasía».

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Deben estar por concentrarse en Saltillo los tres consejeros externos que forman parte del Consejo Directivo de la Universidad Antonio Narro, pues la próxima semana participarán en el proceso de auscultación entre la comunidad universitaria, que es una de las etapas previstas en estatutoy convocatoria para seleccionar a la terna que irá a la elección en los últimos días de octubre.

Ojalá los consejeros externos tengan presente la trascendencia del rol que les toca jugar, pues son los que le darán en todo caso la nota de confianza al proceso, ya que los consejeros internos, que son cuatro, sirven a los intereses de un grupo en especifico –el del muy cuestionado ex rector Jesús Valenzuela– que tiene también a cuatro aspirantes inscritos, con la idea de cerrar el paso a quienes no les son afines.

Mañana el Consejo dará a conocer quienes de los ocho a los que se les aceptó registro pasan a la etapa de entrevistas, y el lunes comienza la auscultación. Se supone que del resultado de ambas fases se tomará la decisión de cómo integrar la terna que irá a las urnas.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Una vez más la Comisión Federal de Electricidad pone en escena su operación “reborujo”, participando en esta ocasión también la Secretaría del Trabajo en una jugada de varias bandas que tiene como propósito principal librarse de responsabilidad en el caso de “El Pinabete”.

Tenemos como primer elementos los nuevos procedimientos para la adquisición de carbón a los que nos referimos el viernes anterior, y que finalmente el jueves por la tarde CFE decidió declararlos desiertos todos, descalificando a los siete proveedores a los que había invitado a participar.

En todos los casos los descalifica por los mismos motivos, no presentar Manifiesto de Impacto Ambiental, ni acreditación de que estén autorizados para extraer carbón de los predios que declararon en su oferta.

De repente la CFE se volvió estricta y de entrada consiguió generar confusión, pues hubo quienes lo interpretaron como que se habían cancelado contratos. No es así, se declararon desiertos procedimientos de adjudicación para nuevos contratos, pero los asigandos en julio siguen vigentes.

Así, cuatro de las siete empresas a las que ahora descalificaron siguen con pedidos que representan un monto superior a los 200 millones de pesos.

¿En la licitación que se desarrolló en junio y julio sí cumplieron con los requisitos y ahora no?, ¿o en aquélla ocasión tampoco cumplieron y hubo tolerancia cómplice?.

Es necesario que CFE haga públicos los expedientes de los más de cincuenta contratos asignados en julio, para que se pueda corroborar el cumplimiento de todos los requisitos.

Si CFE realmente requiere las 720 mil toneladas de carbón para las que abrió siete procedimientos de adjudicación directa, en los próximos días tendría que convocar de nuevo. Si no lo hace estaríamos confirmando que todo fue una simulación.

De cualquier manera, salen a relucir otros aspectos interesantes. Tanto a Minerales Don Chilo como a Consorcio Oasis, les descalifican porque presentaron documentos de trámite de manifiesto de impacto ambiental, en los dos casos, con fechas de 17 de noviembre de 2021, y 2 de marzo del 2022, más no la resolutiva.

Sin embargo en los registros de la Secretaría del Medio Ambiente, solo hay trámites ingresados de Don Chilo, pero no de Oasis.

En el caso de la minera de los Flores Guerra, en el trámite que iniciaron en noviembre de 2021 sí hubo resolutivo, en que se les desechó su proyecto “Aprovechamiento de carbón mineral Don Chilo”, para un predio en los municipios de Villa Unión y Guerrero.

Se les desechó porque pretendieron desahogarlo como un proyecto agropecuario, de cambio de uso de suelo de áreas forestales, y no como actividades de extracción mineral.

Y en el trámite que iniciaron en marzo de 2022, para extracción de carbón en el predio “Casi 8”, desde mayo de este año la autoridad ambiental les solicitó mayor información, y no hay registro de que la hayan entregado, por lo que no hay hasta ahora resolutivo.

Así van surgiendo nuevos testimonios de cómo se da la participación de los Flores Guerra en el negocio del carbón, con trampas y engaños.

Al inicio de esta columna decíamos que en la operación “reborujo” participa también la Secretaría del Trabajo, y es que en su afán de negar responsabilidad en el accidente en “El Pinabete” emitieron un comunicado diciendo que nunca hicieron una inspección a la mina porque no se tenía en su padrón registro de que estuviera operando.

Presumen de que el 33% de las inspecciones mineras a nivel nacional las realizan en la región Carbonífera, ¿no tendrían que empezar por las empresas que reciben contratos de la CFE, como las más de 50 a las que se adjudicaron pedidos en julio, entre ellas “El Pinabete”?.

La Secretaría del Trabajo asegura que en 2021 Minera El Pinabete en un contrato privado cedió los derechos de la concesión a Cristian Solís Arriaga, pero no lo registraron ante la Dirección General de Minas.

Con todo y ello, en febrero intentaron ceder los derechos, ahora a SCI Edificaciones, pero el trámite se les denegó.

Y es este trámite el que viene a explicar que también se involucre a José Feliciano Díaz Iribarren, el famoso “Chano”, pues es el accionista mayoritario de SCI, empresa que en marzo de 2020 modificó su objeto social para incluir entre sus actividades todas las relacionadas a la minería, transporte y comercialización del carbón.

Cuando surgió el nombre de Díaz Iribarren a las pocas horas de la tragedia en “El Pinabete”, buscó desvincularse aduciendo que tenía una relación “de palabra pero no documental”.

No se formalizó documentalmente porque no cumplieron con los requisitos, y eso hasta ahora ha librado a SCI y sus socios de responsabilidad, por lo que ante las autoridades el titular de la concesión sigue siendo “El Pinabete” y el operador Cristian Solís, quien al igual que Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas aprovechó la oportunidad que les regaló la Fiscalía de la República y se ha dado a la fuga.

Órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol más de un mes después de la tragedia, ni la burla perdonan.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

El 28 de agosto la Organización Familia Pasta de Conchos demandó del gobierno federal no entregar el rescate en “El Pinabete” a la CFE, por su falta de experiencia en rescate minero, y además cancelar todos los títulos para la explotación de carbón en áreas de alto y mediano riesgo.

Al primer punto el propio Presidente de la República le dio respuesta inmediata, anunciando ese día que encomendaba a Manuel Bartlett y a la CFE el plan de rescate con la construcción de un tajo a cielo abierto.

Para el segundo punto la respuesta tardó un poco más, llegó el 2 de septiembre y precisamente a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ese día abrió siete nuevos procedimientos por adjudicación directa para la adquisición de carbón.

De cancelar concesiones nada. Al contrario, compran más carbón en un proceso opaco y favorecen en la mayoría de los casos a los mismos grupos que están siendo señalados por operar desarrollos mineros improvisados y en condiciones precarias. Y, una vez más, está clara la intencionalidad política en las adjudicaciones.

Los nuevos contratos representan un monto de más de 720 millones de pesos, que se estarán pagando entre septiembre de este año y junio del próximo. Oportuna derrama para el proceso electoral en puerta.

Solo una de las siete empresas a las que se está favoreciendo en esta ocasión tiene experiencia acreditada en la minería del carbón, yacimientos conocidos e infraestructura suficiente para trabajar en condiciones que se ajusten a la norma, Minería y Energía del Noreste, de la familia García de Anda, a la que se le están haciendo pedidos por poco más de 148 millones de pesos, adicionales a los que se le adjudicaron hace dos meses por 55 millones de pesos.

Y nuevamente está en las listas Minerales Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, el hermano de la alcaldesa de Múzquiz, quien otra vez se lleva la mayor tajada, pedidos por más de 198 millones de pesos.

Garantizado el flujo para la caja chica –que no es tan chica– con la que se ha venido financiando a los candidatos y precandidatos de Morena.

A Consorcio Oasis, de Efrén Delgado Valdéz, se le están haciendo pedidos por 59 millones de pesos. Pero en las especificaciones técnicas se señala que debe ser carbón con las características de la Cuenca de Río Escondido, que comprende los municipios de Nava, Guerrero y Piedras Negras.

Oasis, de acuerdo con la Secretaría de Economía, tiene un título minero que ampara un tajo a cielo abierto, pero está ubicado en Sabinas, en un predio cercano a “El Pinabete”. No hay registro de que tenga yacimientos en la Cuenca de Río Escondido.

A Beneficios Carboneros AJ, de Carlos Carrillo Garza, le adjudican pedidos por 84 millones de pesos, adicionales a los que le contrataron en julio por 55 millones.

Y luego aparecen tres empresas con las que desde el año pasado está participando el grupo de Régulo Zapata Morales en el negocio del carbón.

Las empresas ligadas con el proveedor consentido de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, son:

Minerales y Transportes, representada por David Morales Yutani, que tendrá un contrato por 99 millones de pesos; el año pasado lo tuvo por 61.

Minerales La Florida, representada por Javier Irribarren Balderrama, sumará 66 millones de pesos a los 41 que se le adjudicaron en julio, y en 2021 recibió contratos por 37.

Y por último Consorcio Minero AG, representada por Rodolfo Esquivel Lozano, que recibe este año contratos por 64 millones de pesos. Ahora no le tocó rebanada grande, como en 2021 en que le adjudicaron pedidos por más de 229 millones de pesos.

Con el Consorcio Minero AG se da también la circunstancia de que tiene un título, en su caso para la explotación de un pocito en Escobedo, y le están comprando carbón de la Cuenca de Río Escondido.

Con todo y las fatales consecuencias que el modelo está dejando lo vuelven a repetir en una actitud que ya no es únicamente cinismo, es un manifiesto acto de autoritarismo y desplante de impunidad.

En la región Carbonífera corre la versión de que este viernes en Torreón habrá una audiencia ante el juzgado federal en que la Fiscalía de la República radicó el caso de “El Pinabete”, habrá que estar atentos para ver si presentan algún avance real.

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Para cerrar, un tema más relacionado también con la Carbonífera. Falleció el miércoles en un hospital de Monterrey el acreditado locutor y presentador de noticias José Luis Olivo Castro.

Nacido en Nueva Rosita, Olivo Castro desarrolló la mayor parte de su vida profesional en estaciones de radio de esa ciudad, fundamentalmente en la XENR, donde fue una de las voces emblemáticas, hasta hace algunas semanas en que su estado de salud ya no le permitió trabajar.

Fue también dirigente sindical a nivel regional, con una destacada gestión.

Para sus familiares y amigos, nuestras condolencias.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

No ha pasado ni una semana de que en Piedras Negras la activista Julia Quiñones dijo estar comprometida con la estabilidad laboral, luego de que su Liga Sindical ganó en el proceso de VU Manufacturing, y ya está hablando nuevamente de irregularidades.

La dirigente ha señalado que la queja que presentaron ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida seguirá su curso pese a que los obreros de VU pudieron elegir al sindicato de su preferencia.

Y aunque fue precisamente la Liga de Quiñones la que se quedó con la representación sindical, la activista ahora dice que en el proceso hubo incidentes y violaciones.

No hay de momento ninguna otra votación en puerta directamente en el estado, pero sí hay empresas con inversiones en Coahuila, que en sus plantas en otras entidades tienen en curso un proceso.

Tal es el caso de la francesa Saint Gobain, que en su planta en Cuautla, Morelos, los trabajadores votarán para escoger entre un sindicato a la CTM y otro de los denominados “independientes”.

Saint Gobain tiene plantas en Saltillo y Ramos Arizpe, esperemos que sus trabajadores a nivel local no se dejen llevar por esos grupos que están tratando de infiltrarse con aviesos intereses.

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En otros temas, para aprovechar bien el «puente» con motivo de las fiestas patrias, el rector de la UAdeC ya prepara para el sábado 17 de septiembre dos eventos con Ricardo Mejía, uno en el entorno familiar y otro en el institucional.

Primero Hernández Vélez lo recibirá en el ejido Tomás Garrido, de su natal Viesca, y luego en la Infoteca de la Unidad Torreón en donde se hará la presentación de un libro de la autoría de Mejía.

Ricardo Mejía Hernández, es el mejor corredor de trail en México, es un atleta mexicano de talla internacional, que tiene el tiempo más rápido conocido –FKT por sus siglas en inglés– en el ascenso al Pico de Orizaba. En Torreón presentará su libro «El Rey de las Montañas».

Un acierto del rector Hernández Vélez promover estas actividades que son además congruentes con hábitos y valores que a lo largo de su gestión ha buscado inculcar a los universitarios: la lectura y el senderismo.

El propio Rector es un prolífico autor además de ávido lector; y cada fin de semana sin falta sale –casi siempre acompañado por universitarios– a sierras y montes de diferentes municipios de la entidad a hacer senderismo.

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Emotiva la ceremonia celebrada este martes en que la Universidad Anglo Hispano Mexicana otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al licenciado Armando Javier Guerra.

Guerra, quien a lo largo de su vida ha destacado como promotor cultural tanto desde la Universidad Autónoma de Coahuila como desde el gobierno estatal, fue acompañado en la especial ocasión por familiares, amigos y ex colaboradores que le reconocen sus méritos y trayectoria.

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Que la Fiscalía General de la República haya solicitado órdenes de aprehensión contra tres personas involucradas con el accidente en “El Pinabete” invocando la Ley de Bienes Nacionales y no el Código Penal, viene a confirmar que han decidido continuar con la simulación.

Van contra los prestanombres, acusados de explotar ilegalmente un bien propiedad de la nación, y no contra los titulares de la concesión y de los contratos de suministro de carbón.

Tampoco hay acción alguna por la negligencia en que incurrieron autoridades federales del Trabajo al permitir la operación del desarrollo minero sin cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

En la misma actitud el director de la CFE Manuel Bartlett en su visita de pantalla a la región Carbonífera, donde se negó a responder cuestionamientos de los medios de comunicación sobre los contratos de suministro y la verificación que tendría que haber hecho el Servicio Geológico Mexicano a las minas.

Pero sí es de destacarse que el gobierno mexicano confirme que esta semana se indemnizará a los familiares de los diez mineros muertos. Indemnización que lleva implícito un reconocimiento de responsabilidad y de que se incumplió en las prometidas medidas de no repetición de accidentes.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Mal le salieron las cosas a la CTM y a su dirigente en Piedras Negras Leocadio Hernández el miércoles en el proceso en que los trabajadores de VU Manufacturing  votaron a cuál sindicato adherirse.

La Liga Sindical Obrera Mexicana, que dirige Julia Quiñones, será la que ostente la representación sindical y esta no es una buena noticia para el sector productivo en Piedras Negras.

La votación, como hemos comentado, se da en el marco de la quinta queja ventilada ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, con supervisión de instancias del gobierno de Estados Unidos, y es tal su trascendencia que hasta el Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila, José Luis Vásquez, hizo presencia para supervisar el desarrollo del proceso.

No ha habido un pronunciamiento ni de la Secretaría de Economía ni de la del Trabajo en cuanto a esta votación, pero se supondría que ya es cuestión de trámite dar por cerrada la queja, pues finalmente los trabajadores pudieron elegir al sindicato de su preferencia en un proceso democrático.

Lo interesante ahora será ver qué hacen la CTM y Leocadio Hernández para evitar que el desenlace en VU se les convierta en una tendencia que genere inestabilidad en otras empresas.

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Tras las declaraciones el miércoles del rector de «La Narro» Mario Vásquez de que en esa institución regularán las campañas proselitistas al grado de que prohibirán las carnes asadas y el alcohol, no pocos son los que plantean que Vásquez habría sido un buen prospecto para presidir el Instituto Electoral de Coahuila.

Y es que en los preparativos para su sucesión el Rector al menos hace el intento de poner orden, lo que contrasta con la autoridad electoral a nivel estatal, que se ha sentado a ver cómo calefactos y «corcholatas» se dan gusto pisoteando las normas que prohíben los actos anticipados.

Ya en cuanto al proceso electoral en la Universidad Antonio Narro, será el martes de la semana próxima, seis de septiembre, cuando se emita la convocatoria, y a partir del domingo once se abre el registro de aspirantes.

Y aunque aún no hay ni registro, ya en grupos de la institución empiezan a descalificar a algunos de quienes han levantado la mano y mostrado interés en postularse por la Rectoría.

Por ejemplo incluso entre sus cercanos se cuestiona cómo haría Roxana Cuevas Flores para superar el conflicto de intereses en caso de llegar a la Rectoría, pues es la promotora y firmante de varias demandas colectivas en contra de la institución, lo cual la dejaría en una situación bastante complicada.

Otros nombres de aspirantes que se comienzan a manejar son los de Alberto Flores Oliva y José Antonio González Fuentes.

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El que reapareció tras varios meses de ausencia es Reyes Flores Hurtado, a quien no le debe haber gustado que se le maltratara la austera Cheyenne High Country de un millón cuatrocientos mil pesos cuando transitó por la llamada «Autopista Premier», de Agujita a Allende, y ahora amaga con retirarles la concesión.

Habría que decirlo, no le falta razón a Flores Hurtado, cobran como autopista y dan servicio de brecha carretonera, pero se trata de una concesión estatal y cuando se ha valorado la posibilidad de cancelarla han desistido porque no es rentable, con todo y el alto aforo no es suficiente para cubrir sus costos de operación y financieros.

Y si Reyes tuviera una buena comunicación con el gobierno federal al que dice representar, sabría que hay un proyecto de la SCT para concesionar dos nuevos libramientos, en Castaños y Sabinas, y las empresas interesadas en esas nuevas concesiones han puesto sobre la mesa la posibilidad de absorber la Agujita-Allende, remodelarla para poder soportar transporte de carga de mayor capacidad y así hacerla rentable.

Pero claro, una cosa es que haya proyectos y otra que avancen en esta cuarta transformación que todo deja en pausa.

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Concluyó el periodo de Rubén Moreira como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y asumió como tal el Coordinador de Morena, Ignacio Mier.

En la sesión en que se dio el cambio de estafeta hubo de parte de representantes de todos los partidos reconocimiento y comentarios generosos hacia Moreira y su desempeño en el cargo.

Ya que empiece el análisis de las inciativas para militarizar la guardia; la reforma electoral y el presupuesto de 2023, de ese ánimo de cordialidad y entendimiento nadie se va a acordar.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Ya se dejó ver por Saltillo, después de que pasó más de tres semanas concentrado en la región Carbonífera donde incluso le tocó pasar su cumpleaños, el Secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes Hernández.

Y tan pronto regresó y se enfocó a algo que le entiende, que está dentro de sus funciones, y que es prioritario en el momento actual: la operación. Por lo pronto este martes tuvo un acercamiento con importante personaje de la política local que tiene sus orígenes familiares en Acapulco, Guerrero.

La relación no es de hoy, coincidieron como diputados locales en la misma legislatura hace una decáda, y aunque sin duda tuvieron sus diferencias, ambos tienen la madurez y estatura política para saber llevar los diferendos sin romper el dialogo.

En la terraza de un conocido restaurant tuvieron prolongada charla De Las Fuentes y la connotada panista Esther Quintana Salinas.

En la circunstancia actual seguramente son más los puntos de coincidencia, y es importante privilegiar la construcción de acuerdos, por lo que esa reunión de Quintana y De Las Fuentes envía señales positivas.

Y desde el equipo del Secretario de Gobierno nos dicen que aunque ya esté en Saltillo no se desentiende de los temas de la Carbonífera y desde acá revisa el proceder de algunos funcionarios adscritos a su dependencia, pero asignados a aquélla región, que habrían estado ayudando a los dueños de los pozos inundados en trámites para librarse de las indagatorias del Ministerio Público.

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Según se tiene previsto, hoy los poco más de cuatrocientos trabajadores de VU Manufacturing votarán para definir a cuál organización sindical se agremian, si a una que forma parte de la CTM, o al Comité Fronterizo de Obreras, que maneja la activista Julia Quiñones cercana a la Liga Sindical Obrera Mexicana.

El caso de VU es relevante no por el número de trabajadores, sino porque es la empresa que pretende utilizar como plataforma de lanzamiento el gremio de Quiñones lo cual tiene inquieto al sector productivo, y con sobrada razón pues es un grupo afín a los activistas que en otras ciudades fronterizas se han infiltrado en la industria provocando inestabilidad y caos.

Y tiene también relevancia porque esta empresa, que fabrica asientos para automoviles, desde que se inició operaciones en 2015 ha trabajado sin sindicato, y el intento por formar uno adherido a la CTM fue lo que motivó la queja ante el Mecanismo Laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio.

Incluso se afirma que el agregado laboral de Estados Unidos en México, Luis Pablo Solorio, ha estado dando seguimiento al tema y se ha entrevistado con trabajadores de VU para tener contexto del proceso al que se llega hoy con la votación.

Será importante no solo el resultado, sino además que figuras como el agregado laboral avalen que se desarrolló en condiciones de equidad y certeza, para que se pueda cerrar a satisfacción la queja y esta no meta más ruido en las de por sí tensas relaciones con los Estados Unidos.

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Mañana jueves se presentará ante el Pleno del Congreso local la terna para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. La integran Leydy Verónica Antonio Hernández; Luis Carlos García Gil, y Manuel Ramírez Briones.

Ha trascendido que será finalmente Ramírez Briones quien asuma la responsabilidad que deja Armando Plata Sandoval.

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Hoy estará en Saltillo el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Erbrard, y para acompañarlo en algunas de sus actividades en la ciudad invitó a una coahuilense, originaria de Parras, Lilia Cárdenas Treviño.

El canciller y Cárdenas Treviño, quien es además Presidente de la Casa de Coahuila en la Ciudad de México, coincidieron hace años en el equipo de Manuel Camacho Solís, en Programación y Presupuesto, y desde entonces llevan una cercana amistad.

Erbrard además de visitar algunas de las plantas automotrices en la región, tendrá un encuentro con empresarios, convocado por Canacintra y el Museo del Desierto.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Cada diligencia que efectúa la Fiscalía General de la República en torno a la tragedia minera en «El Pinabete», lejos de representar un avance hacia la justicia, va dejando en evidencia la telaraña que se tejió para evadir responsabilidades y  que si ocurría algo, como lo que finalmente ocurrió, los verdaderos beneficiarios del negocio carbonero siguieran disfrutando de impunidad.

Hoy se cumplirán dos semas de que la Fiscalía soliitó al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Torreón, una audiencia judicial para imputar penalmente a Cristian «S».

Se trata de quien, según informaron en su momento el IMSS y la Secretaría del Trabajo, es titular del registro patronal de los diez trabajadores que quedaron atrapados en los «pocitos» que se inundaron hace más de tres semanas, y al que identificaron como Cristian Solís Arriaga.

Solís Arriaga es una persona sin solvencia económica, a quien eventualmente le tocará hacer frente a los cargos que le finque la Fiscalía, instancia que en dos semanas no ha informado ningún avance, ni siquiera ha confirmado si se celebró la audiencia de imputación.

Y el miércoles de esta semana se conoció del cateo de la propia Fiscalía en las que supuestamente son las oficinas de la Compañía Minera «El Pinabete», empresa que tiene la concesión de los yacimientos de carbón en donde ocurrió el accidente, y a la que Comisión Federal de Electricidad le ha asignado desde 2021 millonarios contratos de suministro.

Los contratos de CFE para «El Pinabete» en 2021 fueron por más de 33 millones de pesos, y los asignados en julio de este año superan los 41 millones, pero las «oficinas» que les catearon son unos modestos cuartos en un barrio de Agujita que no cuentan ni con suministro eléctrico.

Y aquí empieza a surgir algo interesante. Hay fotografías tomadas en mayo de este año que muestran esos cuartos que cateó la FGR, son dos construcciones con un total de siete puertas, como si se tratara de locales independientes, y en la fachada de uno de los dos modulos se muestran los logotipos tanto de la Minera «El Pinabete» como de otra empresa, «Desarrollos Carboneros Mexicanos».

Pero el miércoles, cuando ocurrió el cateo ya había sido eliminado el membrete de «Desarrollos Carboneros», y solo permanece el de «El Pinabete».

Parecería que ese predio del Barrio Uno de Agujita, de cuyo propietario se desconoce el nombre, está habilitado como un «hub de simulación», un sitio en el que se rentan espacios para contar con un domicilio legal «para oir y recibir» notificaciones, y hasta cateos, pero sin mayor infraestructura ni equipo. Para que no duela por si acaso hay un embargo.

Y es que en su millonaria relación con la CFE ni «El Pinabete» ni «Desarrollos Carboneros Mexicanos» tienen registrado el domicilio de la Avenida Cuauhtémoc del Barrio Uno como su domicilio.

En el caso de «El Pinabete» su domicilio según los contratos de CFE es Paseo de Los Leones 396B Colonia Reynera, Sabinas, que correspondería a una plaza comercial en donde todos los locales, excepto uno, están vacíos. El único ocupado son las oficinas de «Constructora Río Sabinas».

Pero tampoco ese domicilio de la Colonia Reynera corresponde al que en trámites legales manifiesta el socio mayoritario y representante legal de Minera «El Pinabete», Luis Rafael García-Luna Acuña.

Cuando en enero de 2019 Luis Rafael García-Luna adquirió 47 de las 50 acciones de la empresa, cada una en mil pesos, manifestó, según el Notario número 12 José Luis Cárdenas Dávila, estar de tránsito en Sabinas, pero tener domicilio en la colonia Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El domicilio corresponde a un departamento en un complejo modesto, pero que sin embargo se ubica en la zona de mayor plusvalía del país. Eso sí es más acorde con el propietario de una compañía que le factura millones a la CFE.

Y hay que llamar la atención también sobre el valor de las acciones de la compañía minera, pues ahí encontramos nuevamente un acto de simulación para eludir responsabilidades. Constituyen estas sociedades con el mínimo capital social que permite la ley, cincuenta mil pesos, y eso es lo que finalmente dejan como garantía para responder ante terceros en una eventualidad.

No se puede dejar de lado el caso del vecino de domicilio legal, «Desarrollos Carboneros», cuyos contratos con CFE están direccionados a la calle Acapulco, en la colonia Independencia de Nueva Rosita. Sin embargo el representante legal y socio mayoritario de esta empresa, Héctor Gerardo Morales Longoria, también manifiesta tener su domicilio en la colonia Del Valle, en San Pedro.

Y hay otro vínculo entre «El Pinabete» y «Desarrollos Carboneros» además de sus «oficinas» vecinas en Agujita. En la primera el socio mayoritario es Luis Rafael García-Luna Acuña, en la segunda Juan Salvador García-Luna Vargas funge como delegado de la asamblea de socios.

Juan Salvador fue Director Jurídico del Parque Fundidora, en Monterrey, al mismo tiempo que la madre de Luis Rafael, Aída Araceli Acuña Cruz, era Directora de Planeación y Contraloría, y Régulo Zapata Morales era Director de Operaciones.

Una vez más afloran los vínculos con Zapata Morales, quien tiene las relaciones suficientes en la 4T para conseguir los contratos millonarios para estas empresas, que podrán no prepararse para operar una explotación minera segura y digna, pero sí toman todas las previsiones para eludir sus responsabilidades.

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