Por Eduardo J. De La Peña

Este viernes se cumplen seis meses del accidente que cobró la vida de diez mineros en “El Pinabete”, y el sábado se cumplen tres meses de que, dentro del plan para recuperar los cuerpos de esos diez trabajadores, se inició la construcción de un tajo a cielo abierto, obra que costará más de 600 millones de pesos y que pagará la Comisión Federal de Electricidad.

El 24 de enero el presidente López Obrador instruyó a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, a que emitiera un informe de los avances en los trabajos de rescate. Diez días después no se ha presentado ese informe, quizá la funcionaria no se atreve a desmentir a su jefe, quien en la mañanera aseguró que se va “bastante bien” y que están cerca de rescatar los cuerpos.

La recuperación de los cuerpos quizá para los deudos es el punto más importante en relación con “El Pinabete”, pero igual de trascendente es la investigación y la acción penal contra funcionarios y particulares que tienen responsabilidad en esa tragedia.

Al día de hoy solo hay una persona procesada, Cristian Solís, a quien la Fiscalía General de la República acusó de estar explotando ilicitamente la mina. Señalaron a Cristian porque fue quien apareció como titular de la relación laboral ante el IMSS.

Ya se agotaron los cuatro meses que dio un juez de control a la FGR para complementar la investigación, y hasta ahora nada ha informado la Fiscalía de avances en el caso.

Hay ordenes de aprehensión desde mediados de septiembre en contra de los socios de la minera, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, pero hasta ahora no se les ha capturado.

No en las investigaciones ministeriales, a las que todo indica se les ha dado carpetazo, pero sí en las periodísticas, han surgido nuevos elementos que señalarían responsabilidad en servidores públicos.

Cuando la CFE abrió el proceso para adjudicar pedidos de carbón en 2022, contrató al Servicio Geológico Mexicano para verificar los centros de producción de 55 posibles proveedores, entre estos la minera “El Pinabete”.

En la ficha técnica de la verificación a “Las Conchitas” que fue el centro de producción declarado por “El Pinabete”, documento signado por el geólogo Juan Eduardo Martínez Meza, y revisado por el Gerente Regional Noreste del Servicio Geológico Mexicano, José Carlos Rivera Martínez, no hay advertencia alguna por las condiciones de riesgo ante la proximidad de dos minas abandonadas que estaban inundadas.

De las verificaciones que hizo el SGM, en otros cinco casos si se alertó de situaciones similares a las que existían en el entorno de “El Pinabete”, y de hecho a esas empresas no se les adjudicaron pedidos de carbón.

¿Qué llevó al geólogo Martínez Meza a omitir esas condiciones de riesgo?, ¿estamos ante un caso de negligencia o de corrupción?, esto lo tendría que estar indagando la Fiscalía del Estado, pero la instancia se ha desentendido del tema.

Otra irregularidad más que pasaron por alto funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a la hora de adjudicar en junio de 2022 a “El Pinabete “ el contrato por más de 41 millones de pesos, hay una discrepancia entre lo declarado al Servicio Geológico Mexicano y lo que se informó a la propia CFE en la declaración sobre el origen del carbón.

Como se ha dicho, para la verificación del SGM se declaró como centro de producción el predio correspondiente a la concesión minera  “Las Conchitas fracción norte”, a nombre de Minera Río Sabinas, y ahí fue donde ocurrió el accidente.

Sin embargo en la “declaración sobre el origen del carbón”, que como requisito del proceso de adjudicación, se entregó a la CFE, Luis Rafael García Acuña manifestó que la concesión se encuentra vigente y a nombre de “Compañía Minera El Pinabete”.

¿Nadie detectó la discrepancia?.

Si las autoridades tuvieran la voluntad de fincar responsabilidades a quienes las tienen por esta tragedia minera, hay muchos hilos de los que pueden jalar, pero tal parece que en este, como en tantos otros casos, a lo que se le apuesta es al olvido. A la impunidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

Ya reaccionó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso del menor que fue agredido por policías estatales y municipales durante un operativo mochila en Piedras Negras.

A través de la tercer visitaduría, a cargo de Manuel Isaac López Soto, ya se pidió a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Presidencia Municipal y al director de la escuela donde ocurrieron los hechos un informe de lo ocurrido.

López Soto dijo que esa instancia no ha recibido una denuncia pero que pueden abrir una investigación de oficio.

La semana pasada también el coordinador de agentes del Ministerio Público dijo que no había recibido denuncia y que por eso no investigaba.

¿Qué pasa con la Secretaría de Educación y su departamento Jurídico?, un asunto de este tipo no se puede pasar por alto, ¿cuándo van a denunciar?.

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            Los representantes de los partidos políticos tendrían que observar con cuidado el desempeño del presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano,  no vaya a ser que debiendo ser imparcial y apartidista, en el fondo su corazón lata por Morena y la 4T.

            Y es que al igual que López Obrador, el Consejero Paredes Lozano desde que llegó al cargo se la pasa mirando al pasado.

            Primero abrió fuego con el tema de la millonaria liquidación que se llevó Gabriela De León Farías, y ahora va por la segunda semana polemizando con el tema del PREP y de que en la entrega-recepción no se dejaron manuales, código fuente ni ningún elemento que permita certidumbre en el uso de ese programa que se supone había sido desarrollado por el Instituto, y que ahora se abrirá una licitación para contratar una empresa que lo implemente.

            Como lo dijimos desde el tema de la liquidación de Gabriela De León, si hay irregularidades o hasta presunción de ilícitos, que los lleve Paredes a las instancias que deben investigar y, si procede, sancionar.

            Sin duda, cualquier conducta irregular debe ser castigada.

            Pero eso se tiene que llevar en los cauces legales, no litigarse en los medios. Hoy la prioridad del Consejero Paredes tendría que ser dar certeza de que el Instituto Electoral puede organizar el proceso de este año y llevarlo a buen término.

El exceso de ruido no abona de ninguna manera a generar confianza y certidumbre.

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            Quien esta semana ha tenido reflectores en la prensa nacional es el ex Sub Secretario de Caminos en Coahuila, Manuel Gómez Parra, ahora en su función de Difrector de Desarrollo Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del gobierno federal.

            Le ha tocado al ingeniero Gómez Parra salir a dar la cara y explicar que el tren suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles no estará listo para diciembre de este año como se había prometido, pues apenas van en un 35% de avance.

            Otra obra que se le entrampa a la 4T.

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            Empieza el segundo mes del año y el Congreso del Estado sigue con una asignatura pendiente, el decreto para declarar 2023 como Año de Madero.

            El 30 de octubre se cumplirán 150 años del natalicio del Apóstol de la Democracia, y el 22 de febrero 110 años de su asesinato, y el Patronato del Museo Presidentes, que preside Raúl López Gutiérrez, ha propuesto que para conmemorar ambos acontecimientos se declare en Coahuila el Año de Madero.

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            Valiosa la iniciativa que llevaron ante las autoridades de Turismo la Asociación de Autos Antiguos, que preside Héctor Horacio Dávila, y algunos clubes de motociclismo, para implementar el “Pasaporte de Pueblos Mágicos”, una estrategia para motivar a quienes tienen estas aficiones a que visiten los siete municipios de Coahuila que tienen esta denominación.

            La iniciativa fue bien acogida y respaldada por la secretaria de Turismo Azucena Ramos, pues bien sabe que cuando los recursos escasean hay que echar mano de la creatividad y todas las ideas suman.

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Por Eduardo J. De La Peña

Concluyó la consulta en el SNTE para conformar el Pliego Nacional de Demandas, y a decir de la dirigencia magisterial, este ejercicio que se prolongó a lo largo de una semana fue un éxito pues participaron más de un millón 400 mil trabajadores de la educación, docentes y no docentes, lo que representa una participación récord en las cinco ocasiones en que se ha llevado a cabo.

Y que bueno que en materia de participación hayan tenido éxito, mucho mejor si también lo tienen a la hora de la negociación con el gobierno federal, que se deberá iniciar el próximo mes de febrero.

La consulta recoge no solo las demandas en materia salarial, sino también las que tienen que ver con prestaciones económicas y sociales.

Y es precisamente en el tema de las prestaciones donde, según ha trascendido, vuelven a estar sobre la mesa dos temas que inquietan al magisterio y que no han tenido una respuesta: la mejora en los servicios que presta el ISSSTE y la reforma a la ley de este instituto en el tema de pensiones.

Para un número importante de trabajadores de la educación, que cotizan al fondo de pensiones del ISSSTE, el esquema de cuentas individuales que se implementó en la ley de 2007 les perjudicó seriamente, pues al jubilarse reciben cuando mucho el 30% de su último salario, y han estado pugnando porque se les tabule como en otros sistemas con un 70% u 80%.

El tema no es nuevo, lo han planteado desde hace cuando menos cuatro años, pero no han encontrado una respuesta favorable de la cuarta transformación. Promesas sí, pero no hechos.

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            Hubo una rápida reacción de la Secretaría de Seguridad Pública ante los señalamientos de que un alumno de una escuela secundaria en Piedras Negras fue agredido por agentes de la Policía Civil, durante un operativo mochila.

            Pero tal parece que reaccionó más rápido la SSP que la Fiscalía del Estado, pues con todo y el comunicado de Seguridad Pública de que ya se había iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, el coordinador de agentes del ministerio público Santiago Espinoza Eguía declaró que no habían recibido denuncia, y sin ella no se puede iniciar la carpeta.

            Directivos de la institución educativa confirmaron que un alumno fue separado del resto de sus compañeros en el operativo mochila, pues aparentemente admitió haber consumido drogas en alguna ocasión, y al tenerlo en un sitio diferente al del operativo lo golpearon en la cabeza para que dijera a quién le había comprado los estupefacientes.

            “Zapes” o golpes, el tema no es menor, y ya se tendría que haber hecho cargo también la Secretaría de Educación Pública, y desde luego presentar esa denuncia que el Ministerio Público está condicionando para iniciar la investigación.

            ¿Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos?. Ni como hacerler, su titular anda concentrado en lo socialito y estos hechos y temas parece que no le interesan.

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            Este jueves el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió que son los órganos internos de Morena y no esa instancia, los que deben atender la inconformidad que hubo por la falta de difusión de la convocatoria de ese partido para postular candidato a la gubernatura.

            El litigio fue llevado al Tribunal por los abogados del delegado del Bienestar, Reyes Flores Hurtado, quien sigue metiendo ruido para ver si logra sacar tajada en la repartición de las candidaturas a diputados locales.

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            El próximo lunes se cumplen los cuatro meses que un juez federal en Torreón dio a la Fiscalía General de la República para la investigación complementaria en contra de Cristian Solís, a quien imputaron por explotar de manera ilícita la mina “El Pinabete”.

            Cristian Solís prestó su nombre para el registro patronal ante el IMSS y ahora está preso en el penal de Mesillas, en Ramos Arizpe, mientras que los beneficiarios de los contratos con la CFE, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas siguen gozando de libertad.

            Vamos a ver si la semana próxima la Fiscalía llega o no con elementos sólidos contra el prestanombres.

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Por Eduardo J. De La Peña

Dicen los abogados que a confesión de parte relevo de la prueba, y eso fue precisamente lo que ocurrió en “la mañanera” de este martes, el Presidente López Obrador admitió que un eventual apoyo a Altos Hornos de México está condicionado a que Alonso Ancira venda su participación accionaria.

Esto lleva implicito el reconocimiento de que el hostigamiento gubernamental hacia la siderúrgica tiene su origen en un deseo de revancha contra Ancira, y el propio López Obrador explica las razones de ese rencor, “su cercanía al gobierno y a los políticos”.

No le importa al Presidente admitir que por decisiones viscerales tiene en vilo desde hace años la economía de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, y la fuente laboral y de sustento de miles de personas.

Tampoco le importa mentir. Vuelve a salir con el cuento de que Altos Hornos le pagaba viáticos a uno de los Moreira, cuando ya quedó demostrado que una subsidiaria de AHMSA le rentaba aviones al gobierno del estado, como se los renta o rentaba a otros clientes pues ese es o era precisamente su giro mercantil.

Nada irregular hubo en eso, que quedó debidamente registrado en las bitácoras de vuelo, en las declaraciones fiscales de la empresa, y en las cuentas públicas del gobierno, pero López Obrador pretende que una mentira repetida mil veces se convierta en verdad.

Dice el Presidente que si Alonso Ancira vende sus acciones a “empresarios mexicanos” entonces el gobierno ayudará “para que se mantenga y fortalezca le empresa”.

No está de más recordarlo, a la par del acuerdo reparatorio que AHMSA tuvo que suscribir con PEMEX, se forzó a Alonso Ancira a firmar un compromiso para vender sus acciones a lo que se denominó “Alianza Minera Mexicana”, un grupo encabezado por Julio Villarreal, uno de los empresarios que financió las campañas de López Obrador.

Villarreal y la mentada Alianza incumplieron con los plazos y no hubo venta de AHMSA.

Hoy otra vez el Presidente está aferrado a la idea de que su amigo y benefactor Julio Villarreal se quede con la siderúrgica, y hasta se muestra dispuesto a ayudarle a que la mantenga.

Vaya, de alguna manera le tiene que pagar lo que invirtió en sus candidaturas.

Esa postura de López Obrador no solo es perversa, raya en lo criminal, pues en su venganza contra Ancira llevó al cierre de Micare y dejó a miles sin empleo; y hoy tiene en la incertidumbre no solo a los empleados sino también a los proveedores de la siderúrgica.

“Estamos dispuestos a ayudar y lo hemos hecho”, dijo el Presidente. Otra mentira, por ejemplo PEMEX no aceptó mantener ni siquiera un suministro mínimo de gas a la siderúrgica para evitar que los equipos se dañen y queden inservibles.

Seguramente Altos Hornos, por gestiones de sus dueños, avanzará a algún tipo de reestructuración, el colmo sería que después este gobierno visceral trate de adjudicarse el mérito, cuando se han empeñado en acabarla.

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            En otros temas, en el Cabildo de Torreón se ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear una comisión para verificar la situación en que se encuentran terrenos que han sido donados por el Municipio, pues se han quedado practicamente sin reservas territoriales.

            Las donaciones se tendrán que revertir si han transcurrido 18 meses desde que se entregaron los terrenos y no se ha iniciado la construcción de la obra para la cual se definió la cesión, o si se dio un uso diferente.

            Hablan los regidores de que hay más reservas territoriales en poder de la Diócesis de Torreón y la Secretaría de Educación que del propio Ayuntamiento. No estaría de más que le den una buena revisada a los expedientes y chequen si no hay por ahí donaciones al IMSS que estén sin aprovechar.

            Y es que en casi todas las regiones de Coahuila se han cedido terrenos al IMSS para clínicas y unidades médicas, y las inversiones no llegan. Cada año dicen que ahora sí, pero no se concretan.

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Por Eduardo J. De La Peña

Finalmente este jueves, catorce días después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se notificó al Congreso de Coahuila que han sido invalidados los decretos de la reforma electoral de septiembre del año pasado, así que para el proceso que ya está en marcha se volverá a jugar con las reglas anteriores.

Como ya lo hemos comentado, el mayor impacto de esta resolución de la Corte se tendrá en lo económico, pues habrá cambios en los montos de financiamiento público a los partidos y en los topes de gasto de precampaña y campaña.

En las próximas horas el Instituto Electoral de Coahuila tendrá que tomar un acuerdo a este respecto. Se conoce que ya han estado trabajando en diferentes escenarios para hacer los ajustes correspondientes, no se han dado a conocer porque no existía la notificación oficial de la resolución, pero ahora sí deberán aplicarse a la brevedad.

Que a propósito del Instituto Electoral y del proceso, para estas fechas ya son alrededor de mil cuatrocientos coahuilenses que radican en el extranjero y han manifestado su interés de votar en la elección para gobernador. La mayoría de ellos han escogido la opción por vía electrónica.

Al 31 de octubre se tenían 879 registros, en dos meses se han sumado otros 500, y restan casi dos meses más para que se cierre el plazo de inscripción.

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            El miércoles el Fiscal Gerardo Márquez Guevara declaró en Saltillo que “aparentemente” ya había declarado en Sabinas Régulo Zapata Morales ante un agente del Ministerio Público por la agresión a Jesús Espinoza Dávila, director de Comunicación Social del municipio.

            Y este jueves el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera Ulises Ramírez Guillén dio a conocer que efectivamente el miércoles acudió ante el MP quien es señalado por víctima y testigos como el agresor, pero se acogió al artículo 20 constitucional que le da derecho a no declarar.

            Ramírez Guillén deja abierta la puerta a que las partes acepten ir a un proceso de mediación, pero si esto no se da entonces sí se judicializará el caso.

            Mientras tanto la abogada de Jesús Espinoza sigue levantando testimonios de quienes estaban en el bar cuando se dio la agresión la noche del 29 de diciembre.

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            El vicealmirante en retiro Ramón Galindo deja la delegación del Instituto de Migración en Coahuila, fue reasigando a Veracruz, estado en el que desarrolló la mayor parte de su carrera dentro de la Armada de México.

            Queda como responsable de la delegación quien fuera su segunda de a bordo, la ex agente del Ministerio Público Sonia Leticia Guardiola Alemán.

            Y hasta ahí quedan los cambios en Migración, pues no hay ni la más mínima señal de que el gobierno federal tenga la intención de canalizar más personal y recursos a esta instancia en la zona fronteriza de Coahuila, donde los pocos agentes ahí comisionados están rebasados.

            Lo común era que durante el invierno bajara notablemente el número de migrantes llegando a la frontera, pero ahora el flujo no se detiene, y hay que considerar tanto los que llegan tratando de cruzar a los Estados Unidos como los que son deportados de allá, principalmente por Piedras Negras.

            Hoy se ve también un fenómeno inédito, migrantes caminando por el acotamiento de la carretera 57, pero ya no con rumbo al norte, sino regresando desde la frontera. No viajan en grandes caravanas, sino en grupos de dos  o tres, pero se les ha visto a varios de ellos entre Saltillo y Monclova.

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            Sin aspavientos el Obispo de Saltillo Hilario González García va dando muestras claras de su sensibilidad. Ahora ha convocado a un “octavario de oración por la Unidad”, es decir una jornada de oración para ese propósito en específico, que comprende del 18 al 25 de enero.

            La convocatoria no está limitada a su grey, sino la extiende a todos los Ministros de Culto de denominación Cristiana no Católica.

            Para el momento que se vive en el país, donde la polarización es alentada desde el púlpito presidencial, una convocatoria como la de Monseñor Hilario es por demás oportuna.

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Por Eduardo J. De La Peña

Más que la innegable demostración de fuerza y de unidad la tarde de este jueves en el registro de Manolo Jiménez ante la comisión de procesos internos del PRI, el mensaje que deja mayor impacto para los coahuilenses es que el precandidato estuviera acompañado en el evento por su esposa, sus hijos y sus padres.

El aspirante a la gubernatura es un hombre de familia, un padre de familia, y eso trasmite no solo empatía sino principalmente confianza. Habla de la solidez personal, de la seriedad del proyecto, y del compromiso por mantener un Coahuila seguro y en desarrollo.

No hay aventura política, hay una apuesta en la que van también el presente y el futuro de los suyos.

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El jueves de la semana pasada cuando se cumplieron siete días de la agresión a patadas de Régulo Zapata Morales en contra de Jesús Espinoza Dávila –quien resultó con varias fracturas– el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera Ulises Ramírez Guillén dijo que el agresor sería llamado a declarar “cuando sea el momento”.

Se cumplieron ya dos semanas de la agresión, y ahora el delegado Ramírez Guillén dice que la agente del Minsiterio Público estuvo de vacaciones, pero que la próxima semana “se agilizará el asunto”.

¿Cuándo sea el momento?, ¿agilizar el asunto?, la misma noche de la agresión el responsable fue identificado por la víctima y por testigos, y es bien sabido que tiene medios, documentos y motivos para huir no solo de Sabinas sino hasta del estado y el país.

¿El delegado no ha visto necesario buscarlo, citarlo, tomarle declaración?. ¿O ya lo arreglaron?, ¿nada más al delegado?…

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            Y ya en temas de la región Carbonífera, la Organización Familia Pasta de Conchos ha emplazado a la Comisión Federal de Electricidad a que retire a las empresas que contrató para los trabajos de rescate en la mina, y dieron un plazo fatal que se vence el 17 de enero, o bloquearán los accesos.

            La realidad es que las obras en las lumbreras están sin actividad desde el 24 de noviembre, y ambas están inundadas, la uno con un tirante de agua de casi dos metros; y la dos de más de 20 metros.

            Las lumbreras de acuerdo con el contrato tendrían que concluirse en abril de este año, pero el avance en la excavación según el reporte más reciente de la CFE es del 50% en una y del 44% en la otra.

            La CFE sí está en un procedimiento para finiquitar los contratos a las empresas que adjudicó la construcción de las lumbreras y de la rampa de acceso, pero no podrá volver a licitar hasta que no haya finiquitado ese procedimiento.

            El haber favorecido a empresas foráneas, sin experiencia ni capacidad, va a generar un nuevo retraso en los trabajos de rescate.

            Alguien ya hizo ahí un negocio por cientos de millones de pesos, pero a las familias no se les ha cumplido.

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            En otros temas, donde dicen que están de fiesta desde el martes es en el municipio de Francisco I. Madero pues ese día se conoció que su alcalde Jonathan Avalos Rodríguez solicitó licencia porque buscará ser candidato de Morena a una diputación.

            Y no es que les alegre la posibilidad de que el edil llegue a ser diputado, festejan porque se van a librar de esa figura perniciosa por cuando menos cinco meses, de aquí a la elección.

            Avalos es un fiel apostol de la 4T e imita a su mesías en todo, es igual de ineficiente, abusivo y la emprende en contra incluso de instituciones de la sociedad civil.

            Eso sí el diputado gandalla Francisco Cortez Gómez ya tiene prospecto para heredar la curul, pues Avalos cumple fielmente con el mismo perfil.

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            Todo indica que a Rodrigo Paredes Lozano se le pasó la dosis de melatonina y se tardó una semana en despertar, pero finalmente este viernes tendrá una sesión extraordinaria del Consejo General del IEC para ajustar las reglas tras la resolución de la Corte que invalidó la reforma electoral de 2022.

Ya no es tiempo de pastorelas, pero si alguien trae en su playlist de Spotify la de “Levantate Bartolito no seas flojo ni pesado…” que se la comparta al Consejero Presidente.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Jericó Abramo Masso asumió su responsabilidad histórica, honró su palabra, y se convierte en factor de unidad al reconocer que no es puntero en las encuestas por lo que se suma a la alianza ciudadana que encabezará Manolo Jiménez Salinas.

El momento que vive la entidad no da espacio para la confrontación ni para aferrarse a aspiraciones personales, si queremos mantener las condiciones de seguridad, la dinámica social y económica, no hay más camino que el de un frente sólido contra aquello que amenace esas prioridades.

Así, Jericó hace suya la causa de Manolo, quien el lunes la definió con claridad: Coahuila.

Y Manolo mañana estará registrándose ante la Comisión de Procesos Internos del PRI, en un evento que será además especialmente emotivo para el precandidato, pues está previsto que se realice en la explanada “Luis Horacio Salinas Aguilera”, que lleva ese nombre en honor a su abuelo materno.

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            Rarita, por decir lo menos la convocatoria que el martes, después de empollarla por varios días, emitió el PT para postular a sus candidatos a gobernador y a diputados locales.

            Para los registros el PT abrió un plazo de siete horas, de las diez de la mañana a las cinco de la tarde de hoy en sus oficinas de la calle General Cepeda en Saltillo.

            Pero lo que más llama la atención de la convocatoria es la clausula sexta: los aspirantes no podrán realizar actos de precampaña en ninguna modalidad y bajo ningún concepto.

            Bueno, y para que querrían realizar campaña si finalmente la decisión sobre las postulaciones será de la dirigencia nacional.

            Para el PT nunca ha sido una prioridad Coahuila, de hecho su presencia y participación es marginal. En las elecciones municipales de 2021obtuvieron apenas el dos por ciento de la votación.

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            Significativa la foto que este martes se tomaron, y difundieron en sus redes, los nigropetenses Sonia Villarreal y Claudio Bres, secretarios de Seguridad y de Economía, al finalizar el evento de entrega de patrullas que entregó el gobernador.

            Si bien fue un encuentro circunstancial, la cordialidad que muestran deja en claro que entienden la responsabilidad que les toca como actores políticos relevantes: abonar a la unidad.

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            Se está a menos de 72 horas de que inicien las precampañas y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento, mucho menos un acuerdo, del Instituto Electoral de Coahuila sobre el efecto que tendrá la resolución de la Suprema Corte de Justicia en los topes de gastos de precampaña y campaña.

            La parsimonia con que se toma las cosas la autoridad electoral no corresponde con la trascendencia de la responsabilidad que tienen en sus manos.

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            Murió este martes el abogado Xavier Diez de Urdanivia, con una larga trayectoria en el servicio público y en la academia.

            Fue Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del que fue también presidente, y años después estuvo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

            Para su familia y amigos nuestras condolencias.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

En opinión de algunos, la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán nos demuestra de hasta dónde es capaz de llegar el presidente López Obrador con tal de conseguir que Joe Biden aceptara aterrizar el lunes en el aeropuerto Felipe Ángeles.

Pero lo que más debe preocuparnos es hasta dónde es capaz de llegar el Cartel al que pertenece Ovidio.

Ya este jueves dieron muestras suficientes de que están dispuestos a escalar a actos terroristas, pues en ese nivel se inscribe el que un avión de pasajeros haya sido alcanzado en los tiroteos, por fortuna antes de despegar.

El terrorismo, según la ONU, implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. ¿De qué otra manera se puede definir entonces lo ocurrido en Sinaloa, donde se asesinó a militares; se asaltó a ciudadanos y comercios; se robaron autos para incendiarlos y utilizarlos como barricadas en las calles?.

Actividades económicas y gubernamentales se tuvieron que suspender, como ocurre en una guerra, para que la población pudiera resguardarse.

La capacidad de fuerza del grupo delictivo ya la pudimos dimensionar en la violenta jornada del jueves, la duda es hasta dónde van a llegar, y qué tanta capacidad hay en un gobierno que ha sido permisivo y tibio para hacerles frente ahora que se acabó la tregua.

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            Sesiona hoy la diputación permanente del Congreso local, de hecho se abre así formalmente el primer periodo de sesiones de este año, que se prolongará por dos meses, para en marzo dar paso al periodo ordinario.

            La diputación permanente no puede resolver sobre iniciativas de ley, pero seguramente sí les tocará conocer la notificación de lo que este jueves resolvió la Corte invalidando dos decretos de la reforma electoral aprobada en septiembre del año pasado, con lo que se tiene que regresar a las normas vigentes antes de esa reforma.

            Esto tiene varias implicaciones. Primero a partir de la resolución de la Corte no habrá dos diputaciones plurinominales adicionales, las que se había dispuesto serían para representantes de grupos en condición vulnerable.

            Segundo, se elimina la disposición que cancelaba la posibilidad de ser candidatos a los deudores alimentarios y quienes están acusados de violencia familiar o contra la mujer en razón de género.

            Y tercero, y esto es lo que más ruido va a generar, se regresa a los topes de campaña a como estaba establecido en nuestra legislación hasta antes de que en septiembre se votara a favor la iniciativa de Claudia Rodríguez Márquez para incrementarlos.

            El impacto no es menor, con la reforma se pasó el tope del 25 al 70 por ciento del financiamiento público de campaña para todos los partidos políticos.

            Con esa disposición del 70 por ciento, el Instituto Electoral acordó el cuatro de noviembre que cada candidato a gobernador podría gastar hasta 56 millones 540 mil pesos; y cada candidato a diputado local podría gastar hasta 3 millones 533 mil pesos.

            Otro punto que se aprobó en la reforma de septiembre del 2022 fue que los topes se fijaran ya no en base a un porcentaje del salario mínimo, sino de la Unidad de Medida y Actualización, disposición que también se cae, y ayuda a que los topes no se desplomen tan drasticamente.

            Al regresar al tope anterior, y con el cálculo en función del salario mínimo del 2022, el tope para los candidatos a gobernador sería aproximadamente de 36 millones de pesos, y para los aspirantes a legisladores de dos millones 257 mil pesos.

            Aquí el Instituto Electoral tendrá que moverse rápido, pues esto también repercute en los topes para las precampañas, que están por iniciar en ocho días más.

            Habrá que ver cómo se lo toman los partidos, y es que al asunto no es menor, Coahuila estaba entre los estados con mayor restricción en los topes. En la elección de 2017 el monto por elector fue de 9.31 pesos, cuando en el Estado de México rondó en los 25.23 pesos.

            Si queda en el orden de los 36 millones de pesos el tope en la elección de gobernador, estaríamos en el rango de los 15.39 pesos por elector.

            En este asunto el tiempo corre en contra para el Instituto Electoral.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Todo indica que será este viernes, una semana antes de que venza el plazo, cuando PAN, PRD y PRI registren ante el Instituto Electoral su convenio de coalición.

En ese convenio se deberá establecer en definitiva cómo se operará en los procesos internos de cada partido para la postulación del candidato a gobernador. Hasta ahora lo que se proyecta es que los interesados tendrían que registrarse en los tres partidos.

Pero sobre lo que hay más expectación es sobre la postulación a las diputaciones locales, pues seguramente en este convenio se establecerá ya en que distritos le corresponderá la nominación a cada uno de los partidos.

Esto de la postulación a las diputaciones es una etapa importante en que se espera de los actores políticos de los tres partidos involucrados una manifestación contundente de madurez para entender que en las coaliciones se cede en bien del interés mayor.

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            Con el proceso electoral formalmente en marcha, desde la Secretaría de Gobierno se elaboró ya el manual para guiar con claridad a los servidores públicos sobre lo que pueden y no hacer en los próximos cinco meses.

            Por ejemplo en lo que se refiere a programas sociales, estos no se suspenden; solamente se suspenden las entregas de beneficios dos semanas antes del día de la elección, es decir del 19 de mayo al 4 de junio, y desde el 2 de abril no puede haber eventos masivos para esas entregas, ni difusión de las mismas.

            Pero sí puede haber en estos meses eventos relacionados con las actividades ordinarias de las dependencias, así como realización de obras, y los funcionarios pueden dar entrevistas y hacer declaraciones siempre y cuando no tengan un enfoque proselitista.

            Es oportuno que se les haya entregado esa guía a los funcionarios, para que tampoco exageren, pues luego ponen como pretexto la veda para no hacer declaraciones de ningún tipo y evadirse de los temas polémicos.

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            En esa caja de sorpresas que es la Región Carbonífera, no solamente los excesos de Régulo Zapata Morales y la pasividad mostrada por la Fiscalía del Estado son motivo de expectación y comentarios.

            Hay otros temas que mantienen la atención social, al menos del gremio carbonero y de las organizaciones y colectivos que documentan y observan los “enjuagues” que se dan en algunas empresas para simular y lograr obtener más contratos por parte de la CFE.

            Así, en los días recientes se ha comentado mucho la reaparición documental del misterioso personaje Ricardo Montalvo Borjón, quien hace algunos meses habría vuelto a adquirir sus acciones en Comercializadora y Arrendadora La Carbonífera.

            Esa empresa la constituyeron en 2015 Ricardo Montalvo Borjón, y Martha Imelda Campos Corpus, quienes salen de la sociedad en 2020 cuando se le adjudica un contrato por parte de la CFE por más de 39 millones de pesos para suministro de carbón.

            Mientras la empresa fue proveedora de la CFE, sus socios fueron José del Castillo Mejía, María Teresa Muñoz Caraveo—esposa del empresario lagunero Aldo Díaz–, Camila García Castells Alanís y Enrique Castañeda Gloria, actual Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Sabinas.

En mayo de 2022, ya cuando la Comercializadora terminó con el contrato, Montalvo vuelve a adquirir las acciones, junto con Víctor Gaytán Pérez.

Ricardo Montalvo, no es conocido en el gremio minero, sin embargo aparece como empleado de la Clínica del Magisterio en Sabinas.

De acuerdo a su declaración patrimonial presentada en mayo de 2021, egresó en julio de 1982 de la Universidad Autónoma de Nuevo León como licenciado en Criminología, y en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación es Oficial de Servicios Generales, con un sueldo de 6 mil 713 pesos mensuales.

Aunque en julio de 2020, de acuerdo con el Registro Público del Comercio, vendió acciones de una empresa favorecida con contratos millonarios, en su declaración patrimonial Montalvo Borjón reporta en ceros ingresos por actividad industrial, comercial, empresarial o financiera.

En el rubro de experiencia laboral no declara ningún empleo anterior al de Oficial de Servicios Generales, del que según lo declarado tomó posesión el 27 de mayo de 2021, para un año después convertirse nuevamente en socio de una empresa minera.

Es claro, estamos ante el carrusel de prestanombres que se echa a andar cada que hay adjudicaciones de pedidos por parte de la CFE, y como son valores entendidos Comisión lo admite, pero en este caso en particular bien podrían intervenir la Secretaría de Fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción o la Unidad de Inteligencia Financiera, por ser Montalvo empleado de un organismo público.

Con todo, lo más interesante sería conocer para quién juega el misterioso Montalvo.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Otra vez se les hizo bolas el engrudo en Pasta de Conchos. Dentro de poco más de tres meses, el 6 de abril de 2023, tendrían que estar terminadas las dos lumbreras que ahí se empezaron a construir en febrero, pero el avance no es significativo y la compañía a la que se adjudicó el contrato, para esa y otras obras en la mina, suspendió y abandonó.

No hay una versión clara ni definitiva; las que circulan extraoficialmente indican que la empresa suspendió por falta de recursos, pero también se dice que CFE no ha hecho nuevos pagos porque no hay avance en los trabajos. El hecho es que las obras están suspendidas, y a quienes ahí trabajaban los despidieron.

Este viernes habrá una videoconferencia entre funcionarios de la Secretaría del Trabajo y de la CFE con deudos de los mineros que murieron en Pasta de Conchos. Claro, a distancia, hoy no hay espacio para el lucimiento y recurren a la tecnología, a ver si de lejecitos se sienten menos los reclamos, que se anticipa serán subidos de tono.

Vamos a ver con qué salen las autoridades.

Algo se puede afirmar desde ahora: lo que mal empieza, mal acaba. Recordemos que Proacón, la empresa a la que se encomendaron las obras, había sido previamente descalificada en una licitación pública por falta de solvencia técnica, y a los pocos días le entregaron los contratos en adjudicación directa.

Sí, una empresa que no cumplió con los requisitos en un concurso de obra pública, luego tuvo adjudicaciones directas, primero por 308 millones de pesos para la construcción de las dos lumbreras; y luego por más de mil cien millones de pesos para la construcción de rampas, galerías y túneles.

Las lumbreras tendrían que entregarse el 6 de abril del año próximo, y el resto de las obras el 23 de diciembre del año próximo.

Un responsable de los trabajos, que también fue despedido, ha dicho extraoficialmente que hay un considerable atraso, y que aún y siguieran trabajando, no concluirán en tiempo.

Así las cosas con la seriedad de este gobierno.

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Y ya que se habla de Pasta de Conchos, hay en la agenda otro tema que alguna relación tiene.

Esta semana Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, presumió que se ha “robustecido” el mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Habla Palazuelos de crecimiento presupuestal y de creación de más plazas laborales en el mecanismo, pero desde luego omite el manejo selectivo que le están dando desde la administración federal, excluyendo a quienes mantienen posiciones críticas frente al régimen.

Así a una connotada activista en favor de los Derechos Humanos, involucrada desde hace años en los colectivos de familiares de Pasta de Conchos que mantienen una línea crítica ante los incumplimientos en el rescate y en las medidas de seguridad en la minería del carbón, en semanas recientes le retiraron la protección que se le había otorgado desde el sexenio anterior.

Así son, hay protección y recursos para los que guardan silencio o no cuestionan al gobierno, y a los que alzan la voz los dejan a la deriva. Los defensores de derechos humanos necesitan sí que se les brinde protección, pero sobre todo que se les garanticen autonomía y libertad, y este régimen no comulga con ello.

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Luego de que desde la mañanera el Presidente dictó línea para cesar a Javier Trujillo Arriaga quien fue por muchos años director de Senasica, el Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, ya se designó a un nuevo director en jefe, Francisco Javier Calderón Elizalde.

Afortunadamente no se trata de un improvisado como acostumbran en este gobierno. Calderón Elizalde, agronómo con maestría en Economía, tiene más de 25 años de trayectoria en el servicio público.

Eso sí, es egresado de Chapingo, Universidad que sigue “bateando” en los cargos relacionados con el sector agropecuario, pues así lo ha privilegiado el Secretario de Agricultura Víctor Villalobos, quien también es egresado de esa casa de estudios. Esto mantiene a los Buitres de La Narro en la banca.

Francisco Javier Calderón fue en algún momento director administrativo de Senasica, por lo que conoce bien la dependencia, y sabe que mucho del presupuesto del organismo se maneja en las Juntas de Sanidad Vegetal, por lo que ya ha definido como una de sus prioridades meterles orden.

Y es que en la actualidad de los pocos recursos federales que llegan para programas relacionados con el agro, efectivamente la mayoría son a través de las Juntas de Sanidad.

Hoy el papel que juegan Senasica y sus diferentes áreas es fundamental para mantener al país libre de enfermedades y plagas en animales y cultivos.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx