Por Eduardo J. De La Peña

            Es importante que la Delegación del Seguro Social difunda una versión oficial respecto al supuesto cese de los directores de tres hospitales, en Monclova, Nueva Rosita y Piedras Negras, los que presuntamente estarían bajo investigación.

            Y tiene que haber esa versión oficial, porque si acaso hubo alguna irregularidad, hay que informar en qué consistió y cómo se va proceder; si hay una investigación en proceso, en su momento precisar el deslinde de responsabilidades. Y también, si no hubo tal, igualmente hacerlo público para que no quede manchado el buen nombre de nadie.

            Allá en plena pandemia se hablaba de investigaciones en Monclova en torno a dos temas en específico, uno tenía que ver con omisión o desvío, pues no se estaba entregando el equipo de protección al personal médico; otro era relacionado con un presunto fraude en montos de jubilaciones.

            Hubo hasta cambios de directivos en Monclova, pero nunca se dieron a conocer conclusiones, y hoy se está de nuevo con una situación similar. Deben informar.

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            En semanas anteriores nos referimos al clima de inseguridad que impera en el valle que se extiende desde Galeana, Nuevo León, hasta Vanegas, San Luis Potosí, en donde fue asesinado el empresario saltillense Lorenzo Mario González, sin que a la fecha ninguna autoridad haya informado de algún avance en las investigaciones. Y seguramente ni informarán, pues ningún gobierno extranjero ha mostrado interés.

            Pues bien, nos quedamos cortos. Y es que no son únicamente brechas y caminos vecinales los que se han convertido en tierra de nadie, lo mismo ocurre con la mismisima carretera 57, pese a los múltiples retenes de militares, guardias nacionales, agentes de migración y corporaciones de San Luis Potosí y Nuevo León.

            En el tramo entre Galeana y Huachichil los asaltos al transporte de carga son nota común. Entre noviembre y febrero hubo dos robos de camiones cargados con llantas nuevas, y la semana anterior se conoció de un cargamento con varias toneladas de limón, que también fue robado, y otro de electromésticos. Y esto es únicamente de lo que se ha tenido conocimiento porque llega a trascender en Saltillo.

            Un dato a tomar en cuenta, en los cuatro casos a que hacemos referencia, los operadores que conducían los camiones robados fueron abandonados en el tramo entre la caseta de Huachichil y el ejido Los Llanos, es decir ya en territorio coahuilense.

            Esto nos habla de que si bien los asaltos se cometen en Nuevo León, en el tramo que es el más vulnerable, las bandas están ocultando o desplazando el botín en Coahuila, tienen operaciones en ambos estados y eso tendría que llevar a la Fiscalía de Gerardo Márquez Guevara a parar las antenas y realizar investigaciones para desarticular esos grupos delictivos.

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Se afinan los detalles para el evento que habrá el sábado en Torreón, en el Centro de Convenciones, para la toma de protesta de Manolo Jiménez como candidato a la gubernatura.

Se anticipa que no será un evento masivo, pues incluso la sede no se presta para una concentración multitudinaria, pero la contundencia radicará en la efectividad de la representación, proveniente desde luego de todas las regiones del estado y de todos los sectores de la vida política, económica y social en la entidad.

            Posterior a esto se abre nuevamente un espacio, de casi dos semanas más, para a partir del 23 de marzo –en que se cumplen por cierto 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio—tener el registro de candidatos ante el Instituto Electoral, y hasta el 2 de abril –domingo de Ramos—arrancar ahora sí las campañas.

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            Dicen que Manuel Bartlett aprovechó el viaje de la Ciudad de México a Nueva Rosita para ofrecerle a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que puede dar unos cursos de capacitación a Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria, ahora que la están perfilando para que en abril asuma la presidencia del INE.

            “Como organizar elecciones y garantizar resultados a la medida de los deseos presidenciales” es el curso que ofrece Bartlett, incluye talleres de marrullerías y una versión actualizada de cómo hacer caer el sistema en un momento crítico.

            El Director de la CFE y la Secretaria del Trabajo viajaron a Nueva Rosita con nuevas promesas sobre el rescate en Pasta de Conchos, y claro una vez más van por un proceso de adjudicación directa para asignar la terminación de las obras que fueron abandonadas en noviembre. De las responsabilidades para los contratistas incumplidos, nada se dijo.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Muchos casos se pueden tomar como referencia para reprochar al gobierno federal que su reacción cuando recibe presión de los Estados Unidos ante un caso delictivo es muy diferente que ante las tragedias que cada día viven los mexicanos en las diferentes regiones del país, pero ninguno tan contundente para mostrar el contraste que  el de los Marinos que desaparecieron en Guerrero cuando escoltaban al senador José Narro Céspedes.

Justo este martes se cumplió un año de la desaparición de los dos Marinos, y el Presidente no quiso hablar del tema mientras que el Secretario de Marina aseguró que no tenía información del caso. Más tarde, para informar sobre los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, de los cuales dos fueron asesinados, salió todo el gabinete de Seguridad a dar conferencia de prensa.

Con los mexicanos, así sean fuerzas de seguridad, indiferentes. Ante el gobierno de EU, obsequiosos.

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            En la dirigencia priista se afirma que los siete diputados locales de ese partido que no irán por la reelección de este año lo procesaron con madurez y altura, asumiendo que por encima de aspiraciones personales la única causa es Coahuila y hay que hacer sacrificios y ceder espacios a quienes son aliados políticos en la misma prioridad.

            No estaría de más sin embargo que se haga una labor de sensibilización con otros actores del priismo, que aunque no aspiraban a las diputaciones, son liderazgos locales o regionales, que pudieran desde ahora sentirse desplazados en aspiraciones futuras y a quienes habría que hacer conscientes de la importancia que hoy tiene sumar fuerzas e ir en coalición.

            Y es que, no lo duden, otros partidos como el PT van a tratar de meter cizaña y aprovechar esta circunstancia para tratar de reclutar a los que se dejen engatusar.

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            En ecos de los festejos por el centenario de la Universidad Antonio Narro, entre quienes estuvieron presentes se reconoce que hubo una buena organización, con una extraordinaria concurrencia de egresados provenientes de todo el país, e incluso del extranjero, con eventos emotivos y que abarcaron todos los ámbitos.

            Sin embargo hay quienes hacen notar que en esta conmemoración se dejó de lado a personajes que fueron protagonistas importantes en la historia de la institución, como Don Eulalio Gutiérrez Treviño, quien no solo fue egresado de la Escuela Superior de Agricultura, sino que además como Gobernador impulsó ante el Congreso la Ley que dio a la “Antonio Narro” el carácter de Universidad Autónoma.

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            Aunque alcaldes de varios municipios y secretarios de la administración estatal se han sentado a la mesa para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos que se tienen en las diferentes regiones para poder aprovechar la inercia que se generará con la llegada a Nuevo León de la armadora de Tesla, las cosas no quedan ahí y ya también hay funcionarios de otros niveles arrastrando el lápiz.

            Por parte de Saltillo, el subdirector del Instituto Municipal de Planeación Mauricio Díaz ha estado trabajando junto al Secretario de Infraestructura Miguel Algara, y dada la experiencia de Mauricio en estas tareas, seguramente que aportará mucho respecto a los retos que representa la expansión industrial que se avecina.

            El reto no es menor, y los recursos son escasos, hay que ponerle todo el empeño en una planeación profesional, y toda la creatividad posible para encontrar soluciones. Hay que sumar también a la iniciativa privada y a organismos que en su momento se crearon precisamente para la planeación de largo plazo, no puede haber esfuerzos aislados,

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            Con 65 días del año transcurridos, finalmente este martes el Congreso del Estado aprobó el dictámen por el que se declara “2023 Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia”.

            Ya nada más les faltó un posdata o artículo transitorio, “Habrá de disculpar Don Francisco pero nuestro reconocimiento a su legado alcanza nada más para 300 días”.

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Por Eduardo J. De La Peña

Conocido el talante marrullero y tramposo de Morena y los que son sus aliados a nivel nacional, se entiende que empiecen a darse especulaciones de una posible reconciliación y acuerdo en Coahuila para impulsar a un solo candidato a la gubernatura.

Pero hasta ahora, fuera de esa convicción de que son tramposos y no inspiran confianza alguna, no hay elementos que sustenten esa eventualidad, y sí en cambio muchos indicadores de lo contrario.

Por principio está el tema jurídico. Ya no hay posibilidad de que hagan una coalición –el plazo para registrarlas venció el 14 de enero– y las candidaturas comunes ya no existen, se les eliminó en alguna reforma electoral. Entonces la única vía para que en la boleta aparezca solo un candidato por el bloque Morena, PT y Verde, es que dos de los partidos no registren.

Y en ese supuesto habría que revisar los estatutos de cada partido, y si no hay en ellos una previsión que los obligue a registrar una vez que han tenido el proceso interno de postulación, como lo tuvieron los tres.

Hasta ahí lo legal. Ahora lo político, ¿estará alguno de esos partidos dispuesto a no ir a la contienda?.

En el caso del Verde su candidato es Evaristo Lenin, quien tiene motivaciones incluso de orgullo personal para ir a la elección, pues también ha sido postulado –desde luego– por su partido UDC, y es la primera vez en la historia en que tienen un candidato propio a gobernador. Lo destaca cada vez que puede, además de que tienen que cuidar también el tema de prerrogativas y registro. Entonces Lenin no se baja.

Y en el caso del PT, están en el escenario real de llegar a un nunca visto 10 por ciento de la votación, lo que les daría acceso a prerrogativas, diputaciones y quizá hasta la posibilidad de tener una fracción en el Congreso, y eso les representa también dinero, vida.

Queda además el elemento más complicado, los agravios más que subidos de tono, que se han dado no solo entre los aspirantes de Morena y PT a la gubernatura, sino también entre quienes están siendo perfilados por ambos partidos a las diputaciones. Superarlos está muy cuesta arriba.

Pero al final sigue prevaleciendo una realidad, son tramposos y  nada confiables. Entonces, más vale no confiarse.

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Quienes dirigen en Coahuila el Organismo Nacional de Mujeres Priistas preparan ya el evento en que el próximo 7 de marzo entregarán los reconocimientos “MujerEs 2030”, y entre quienes serán distinguidas destaca doña Socky Villar de Moeller.

Doña Socky, quien el 24 de marzo cumplirá 95 años, se ha significado como una mujer emprendedora y comprometida con su comunidad, y en lo partidista basta con conocer la manera en que ella misma se describe “madre de 10 hijos y priista”, y lo ha sido sin pretensiones de prebendas ni de ocupar un cargo público, sino por convicción y lealtad.

Merecido sin duda el reconocimiento, y que hayan decidido hacerlo habla de que cuando menos en el Organismo de Mujeres hay quienes entienden que son un partido político y no solo una oficina de ganar elecciones, y entonces se trata de hacer operación política, para lo cual se requiere sensibilidad, apertura, sentido de la oportunidad, atención a las formas, todo ello tan olvidado por quienes ocupan ahora la dirigencia del PRI.

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 Fue presentado, en Monterrey, un libro alusivo a la trayectoria empresarial, el legado y anécdotas de Don Alfredo Arteaga Lira, comerciante coahuilense que incursionara con éxito en el ramo de las tiendas de autoservicio, inciando en la región Carbonífera y expandiendose posteriormente a varias ciudades de la República.

La presentación del libro se dio en EGADE, que es la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y entre los comentaristas participó Carlos Salazar Lomelín, quien fuera director de FEMSA y presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

El modelo empresarial de Don Alfredo “Administración Centrada en las Personas”, ha trascendido en las generaciones y más allá de su propia cadena comercial.

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Por Eduardo J. De La Peña

Tuvo un buen evento el rector Salvador Hernández Vélez en ocasión del segundo informe de su segundo periodo. En la Ciudad Universitaria de Arteaga hubo una asistencia representativa de personajes de los sectores público y privado.

De destacarse la presencia del Obispo de Saltillo, Hilario González García, siendo quizá la primera ocasión en que hay representación de la jerarquía católica en este tipo de eventos. Presentes también los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial; alcaldes provenientes de todas las regiones, y de diferentes partidos, pues por ejemplo estuvo el morenista Roberto Piña, de Frontera.

También dirigentes de algunos organismos empresariales, rectores y directores de otras institiuciones educativas y tres de los antecesores de Hernández Vélez en la rectoría: José María Fraustro; Alejandro Dávila Flores y Mario Alberto Ochoa, que por cierto a alguien se le ocurrió sentar juntos a Dávila y Ochoa, cuando lo indicado habría sido poner a cada uno en un extremo, pues eso es precisamente lo que simbolizan, los extremos tanto en perfil profesional, legado académico y material para la Universidad.

El gobernador Miguel Riquelme de buen talante en la ceremonia, llegó contento por la confirmación de que Tesla se instalará en Nuevo León, y mantuvo el buen ánimo al constatar la armonía que se respiró en el evento, reflejo del ambiente que hay en la Universidad y en el estado.

Incluso abrió espacio para el comentario jocoso en su discurso, al comentar que si bien ha acudido a todos los informes de Hernández Vélez, al del año siguiente ya no podrá asistir, en relajada alusión de que a partir del día de hoy le quedan justo nueve meses al frente del Gobierno de Coahuila.

En cuanto al informe, en el terreno de los logros, es sin duda importante que en 2022 en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura la UA de C destacó a nivel nacional y se ubicó más de diez puntos porcentuales por encima del promedio de estudiantes con resultado satisfactorio y sobresaliente.

Y es importante mencionarlo no únicamente por esos diez puntos arriba del promedio nacional, sino porque además es la primera ocasión en que la Universidad local lo consigue, historicamente se había estado por debajo.

No es desde luego el único logro, Hernández Vélez destacó veinte principales. En suma la Universidad lleva buen rumbo y está en paz.

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            Cuando se habla del que sería, según analistas, el próximo objetivo bélico de Putín y el Kremlin, aquí a nivel regional conviene deletrearlo, están hablando de M-o-l-d-o-v-a, sí Moldova, un pequeño país en la frontera suroeste de Ucrania, que por cierto tiene algunas de las bodegas vitivinicolas más grandes del mundo, pero hasta ahí su semejanza con nuestro estado.

            Y más vale precisarlo, antes de que Armando de la Garza y otros agoreros de la destrucción comiencen con la idea de que Putín va tras Monclova y empiecen a narrar una nueva tragedia ahora que están por llegar las buenas noticias a la capital del acero.

Es Moldova, ¿está claro?.

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            Gracias al Museo Presidentes y su puntual publicación de las efemerides estatales, ayer pudimos recordar que el 28 de febrero se cumplieron 121 años de que Porfirio Díaz ingresó al interior de una mina de carbón en “Esperanzas”, municipio de Múzquiz.

            “Siendo el primer Presidente en entrar a una mina de esta naturaleza”, dice la publicación del Museo. Y quizá haya sido el único, pues cuando menos en los últimos siete sexenios no se sabe de ninguno; es más, incluso de ningún gobernador que haya entrado a las minas. Han ido cuando ocurren accidentes, pero entrar a conocer esa realidad no se sabe de casos en la historia reciente.

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            Se lleva pesado la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa con su jefe el presidente López Obrador. Este martes publicó en sus redes sociales “La mañanera imprescindible para evidenciar”.

            Hacerle eso al Presidente cuando acaba de ponerse en evidencia que es engañado y lo llevan a mentir sobre lo que ocurre en la mina Pasta de Conchos, rebasa todos los límites por parte de Velázquez Alzúa.

            Y por cierto, mientras el Presidente no ha rectificado su versión de que se avanza “muy bien” en el rescate de los mineros, pese a que desde noviembre las obras fueron abandonadas, este martes el colectivo Pasta de Conchos dio a conocer que túneles y lumbreras siguen inundados, y la CFE les ha dicho que no tiene recursos para instalar bombas y extraer el agua.

            El colectivo también mostró que en el cañón o tunel de interconexión, la empresa que tuvo a su cargo los trabajos no cumplió con las normas oficiales y no utilizó ademes ni emparrillado, por lo que hay una situación de riesgo para quienes lleguen a retomar las obras.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Hace poco más de una década los clubes de quads (cuatrimoteros les dicen también) de Saltillo y Monterrey, tenían un evento anual durante el fin de semana largo de febrero en que hacían un recorrido, por brechas, desde San Antonio de las Alazanas hasta Real de Catorce.

Los organizadores daban a los participantes dos opciones de ruta a  seguir a partir de Galeana, Nuevo León, ir siguiendo la carretera 57, o atravesar por lo que llamaban “el valle de los perdidos”, nombre que no tenía en ese entonces una connotación relacionada con la seguridad pública –o la inseguridad—sino que hacía alusión a los motociclistas que se extraviaban por la gran cantidad de brechas que cruzan ese semidesértico paraje.

Por sus características geográficas ese “valle de los perdidos” que va desde Galeana, hasta Vanegas, San Luis Potosí, y que tiene múltiples caminos que conducen a comunidades de Coahuila y Zacatecas, ha sido durante años tierra de nadie.

El Ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales de Nuevo León y San Luis, tienen retenes, pero todos están en la carretera 57, no los hay ni en las carreteras secundarias, ni mucho menos en las brechas.

Es una zona con la que muchos saltillenses tienen interacción constante porque allá desarrollan su actividad agrícola y ganadera. Pero también, en los últimos diez años se ha sabido de personas de nuestra ciudad, que aquí fueron secuestrados y allá se les mantuvo ocultos; a otros allá mismo se les plagió, y los asaltos son una nota común.

En diciembre, aquí lo comentamos, hubo en El Carmen, un ejido del municipio de Galeana, la detención circunstancial de un individuo al que en ese momento se sorprendió en posesión de drogas, pero al que ya detenido se le identificó como el cabecilla de una banda que cometió varios asaltos en la carretera y en ranchos ubicados entre Huachichil y San Roberto.

Lo peor, todos los productores del rumbo sabían que la banda se ocultaba en San José de Raíces, otro ejido de Galeana, y aunque lo denunciaron no se les hizo caso.

Fue en esa zona, en un rancho más cercano a Vanegas que a Galeana, donde ocurrieron los trágicos hechos del martes en que murió asesinado el empresario Lorenzo Mario González.

Referirnos al contexto no es algo meramente anecdótico, sino un llamado, sobre todo a las autoridades, a reconocer el entorno en que se dan los hechos y replantear estrategias.

Lo hemos insistido, también esa parte en que colindan al sur Coahuila y Nuevo León debe ser blindada, desplazarse del “valle de los perdidos” a la sierra de Arteaga y Santiago es posible por brechas y burlando los retenes. Hay ahí un flanco débil.

El retén de la Guardia Nacional en San Antonio de las Alazanas opera al mínimo y se mantiene en punto fijo. Del proyecto que había para construir en esa comunidad un cuartel, ya nada se ha dicho.

Es necesario que fuerzas estatales y federales tengan presencia permanente y hagan recorridos constantes por las brechas, para evitar que esas bandas delictivas que hoy asolan al valle de Galeana crucen la sierra e incursionen en Coahuila.

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            Desde la región Carbonífera llegan versiones de que la Comisión Federal de Electricidad está aplicando parejo a todos sus proveedores de carbón una penalización del veinte por ciento en el precio que paga por tonelada, porque no tiene en funcionamiento el laboratorio para analizar la calidad del mineral.

            Está pactado en los contratos que el precio por tonelada será ajustado en función del contenido de ceniza y azufre y la humedad total. Pero por cada lote se debe hacer un muestreo que se tendría que analizar en el laboratorio de la CFE, incluso está previsto que si hay controversia intervenga un árbitro para validar las pruebas.

            Ahora, sin pruebas de por medio, se van con la regla general de descontar un veinte por ciento, lo cual sigue siendo una ganga para los que entregan tierra o lamas, pero para quienes sí tienen un centro de producción y costos reales de operación, el trato es injusto.

            Sin embargo nadie se queja ni alza la voz, pues saben que con la actual administración de la CFE, “copelas o cuello”.

            Y adicional a ello, hay que considerar el daño que se genera a las turbinas de las centrales termoeléctricas de Nava al alimentarlas con carbón de baja calidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

Que en el marco del 30 aniversario de la fundación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila abundaran los reclamos por los casos en que no se han tenido avances en relación con personas desaparecidas, se entiende porque la actividad principal del evento fue la presentación de una relatoría sobre el tema.

Pero además hay trámites en que las autoridades se llevan años, y eso desde luego es cuestionable, pues al dolor que ya afrontan quienes tienen un familiar desaparecido se le suman dificultades de toda índole en las que no encuentran empatía y apoyo de algunas instancias oficiales.

Si bien es cierto que en la administración de Miguel Ángel Riquelme se han dado los más sólidos avances institucionales en varias áreas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, hay instancias en donde no lo toman con el mismo compromiso.

Un trámite importante para los familiares de personas desaparecidas es la declaración judicial de ausencia, indispensable para resolver terminaciones laborales, liquidar créditos y poner en orden el patrimonio familiar, y pese a su trascendencia pueden transcurrir hasta 14 años para que se obtenga una sentencia en ese sentido.

En los juzgados familiares de Parras se tramitó el caso de una persona desaparecida, a causa de delito, desde enero de 2009, y fue hasta febrero de 2015 que un agente del Ministerio Público solicitó la declaración de ausencia.

Siete años después, en septiembre de 2022 se dictó la sentencia definitiva, que fue certificada hasta enero de este año.

¿Cómo no va a haber reclamos cuando ese es el ritmo al que avanzan las diligencias judiciales en casos tan sensibles?.

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            El siempre oportuno chismoso del facebook nos recordó que el 20 de febrero de 2020 cuestionamos que el Congreso local haya tardado más de cincuenta días en declarar a ese año como el del “Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, Varón de Cuatro Ciénegas”.

            “Todo indica que nuestros diputados locales se guían por el primitivo calendario romano, que dividía el año en diez meses…”, escribimos en aquélla ocasión.

            Ese señalamiento fue para la anterior legislatura, pero tal parece que como algunos diputados se reeligieron, hubo contagios de parsimonia y este martes en la sesión del Congreso local volvieron a dejar para después la declaración de 2023 como “Año de Francisco I. Madero”, por lo que vamos a volver a tener una conmemoración de diez meses.

            Este jueves se cumplen 110 años del asesinato de Madero, y el 30 de octubre se conmemoran 150 de su natalicio, por ello es que se planteó dedicar este año a recordar a tan importante personaje coahuilense, pero sin remedio le regatearon dos meses. ¿Será por los que en el 2020 le quedaron a deber a Carranza?.

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            En San Buenaventura, la administración de Hugo Lozano Sánchez, ya concretó la donación de un terreno de 10 hectáreas para la construcción de la Unidad Interdisciplinaria del Politécnico Nacional, un proyecto que se impulsó desde que el coahuilense Mario Alberto Rodríguez Casas fue director de la institución.

            De hecho en instalaciones prestadas el IPN ya ofrece tres ingenierías en San Buenaventura, y ahora con la donación del predio podrá comenzar a construir su campus, que inicialmente estaba proyectado para 20 hectáreas y con capacidad para 3 mil 500 alumnos y casi 500 docentes.

            Contar con el terreno es un paso importante, pero falta lo principal, y esto es que el gobierno federal libere los recursos para la construcción de los edificios y para la contratación de los maestros, y que no vaya a pasar como con el campus Arteaga del Tecnológico de Saltillo, que tiene terreno e instalaciones pero no presupuesto para operar. Cosas de la 4T.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

La designación de José Feliciano Díaz Iribarren, conocido como Chano, para que ocupe el cargo que dejó Claudia Garza del Toro en las regiones Centro y Carbonífera, al ser nombrada delegada estatal del Bienestar, es reveladora. Es uno más de los hilos de esa telaraña de complicidad y contubernio en que confluyen los contratos de la CFE para el suministro de carbón y la manipulación de programas federales con una clara intencionalidad electorera.

Recordemos, al hoy sub delegado regional del Bienestar se le mencionó como uno de los socios de la mina El Pinabete, donde en agosto del año pasado murieron 10 mineros atrapados, pero se libró de que se le fincara responsabilidad por una circunstancia que le favoreció.

En aquél entonces Díaz Iribarren declaró que tenía una relación “de palabara pero no documental”, con la mina siniestrada.

El deslinde fue por completo ambiguo, incluso por parte de la Secretaría del Trabajo, dependencia para la que fue más sencillo inculpar a Christian Solís, por ser el titular de la relación laboral ante el IMSS.

Pero esa misma dependencia informó que el 22 de febrero de 2022, Compañía Minera El Pinabete intentó ceder los derechos de la concesión minera a SCI Edificaciones –empresa de la que es socio José Feliciano Díaz–, trámite que fue denegado por la Dirección General de Minas porque se incumplieron algunos requisitos.

Relación de palabra, no documental. ¿Quién explotaba realmente la mina?.

En la inspección contratada por la CFE al Servicio Geológico Mexicano previo a la adjudicación de pedidos de carbón, el centro de trabajo correspondiente a SCI que se inspeccionó –y de ello hay un acta de marzo de 2022–, es justo El Pinabete, amparado con la concesión identificada como “Las Conchitas Fracción Norte”.

De acuerdo con esa acta “la empresa se encuentra explotando carbón y tienen una producción de 1,200 a 1,500 toneladas mensuales de carbón”.

Por un error de trámite, documentalmente la concesión minera no pasó a SCI, pero esa empresa cuando fue inspeccionada por el Servicio Geológico Mexicano declaró y tenía operando ese centro de producción donde seis meses después murieron diez mineros.

Los socios de El Pinabete, Luis Rafael García Luna y Héctor Morales Longoria como se recordará están prófugos, pero hoy que Feliciano Díaz Iribarren accede a un cargo público federal vuelve a recordarse el vínculo que une a los tres, su relación con Régulo Zapata Morales.

Y Zapata Morales, pariente de Díaz Iribarren, construyó su relación con la cuarta transformación, y tuvo acceso a contratos de suministro de carbón por adjudicación directa, porque con su empresa de desarrollo en sistemas dio servicio en las campañas de Claudia Sheinbaum, y la primera de Delfina Gómez en el Estado de México hace seis años, así como en la de Americo Villarreal en Tamaulipas, y luego fue proveedor de gobiernos estatales emanados de Morena y también de dependencias federales.

Zapata se introduce en los círculos políticos con una aplicación –llamada zafiro– para auditoría y organización de estructura y movilización electoral.

Feliciano Díaz Iribarren es el encargado de los programas sociales del gobierno federal en las regiones Centro y Carbonífera, su primo vende una aplicación para organizar la movilización electoral.

Los partidos de oposición al presidencial tendrían que ponerle marcación personal al nuevo delegado.

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Ocho asuntos se tienen enlistados para la sesión que tendrá la tarde de este viernes el Tribunal Estatal Electoral.

Salvo uno promovido por UDC, el resto de los asuntos fueron promovidos por Morena o por militantes de ese partido en contra de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

UDC sigue haciendo la lucha para que le permitan elevar el monto del financiamiento privado y las aportaciones de militantes y candidatos, que el IEC estableció en base a la ley y que no deben rebasar el 10% de los gastos de campaña de la elección anterior a gobernador, es decir la de 2017.

El argumento de la UDC es que con ese tope en las aportaciones, y con lo que les corresponde por financiamiento público no llegan ni al 50% de lo que está autorizado para gastos de campaña y quedarían en desventaja frente a otros partidos. El IEC les ha dicho que es la ley con la que se han regido, y UDC aceptado, desde 2014. Veremos qué resuelve hoy el Tribunal.

Y Morena anda litigando contra el registro de los convenios de las dos coaliciones y hasta contra la convocatoria del PT para nominar candidato a gobernador. ¿Será que ahora sí se pondrá sobre la mesa que en ese partido no hubo registros en las fechas establecidas por la convocatoria y tres días después salieron con dos precandidatos?.

Pendientes pues de la sesión de hoy.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx  

Por Eduardo J. De La Peña

El discurso de Claudia Rodríguez Márquez, secretaria general del Partido Verde Ecologista, en la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral sintetiza la trascendencia, no solo del evento sino del acuerdo mismo.

La también diputada local habló del reto para autoridades electorales, ser referente en materia de imparcialidad, pero también del que hay para partidos y actores políticos “es momento de dejar en claro nuestra cultura democrática en el estado y que esto se refleje en las campañas favoreciendo la participación ciudadana libre y la convicción de que cada sufragio es respetado”.

Rodríguez Márquez ha tenido la sensibilidad de leer el momento, y es que mucho se habla de que por la proximidad con el proceso sucesorio de 2024, la elección local de Coahuila es un laboratorio y los ojos del país estarán puestos en lo que aquí suceda, pero eso se ha enfocado principalmente en lo que se refiere a comportamiento del electorado y resultados de los comicios.

Pero tiene razón la diputada del Verde, Coahuila puede ser referente de cultura democrática, de juego ético, de participación ciudadana. En suma desde aquí puede darse una verdadera muestra de integridad, y en ese ánimo parecen estar todos los que concurrieron a la firma del acuerdo.

Los que no concurrieron –leáse el dirigente local de Morena– mantienen entonces una apuesta por la beligerancia, la descalificación y el agandalle.

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            De acuerdo con un trabajo periodístico del diario Reforma, de quienes tienen a su cargo las instancias de Cultura en los 32 estados de la República, únicamente 8 cuentan con estudios sobre gestión de la Cultura, entre ellos la coahuilense Ana Sofía García Camil.

            Junto a García Camil son mencionados con esa preparación académica los titulares de Baja California, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Puebla.

            Ana Sofía García Camil, además de su licenciatura en Comunicación, cursó el “Programa en Alta Dirección de Museos” que impartió el Getty Leadhership Institute en conjunto con el ITAM.

            De su alta preparación no hay duda, los resultados en los dos sexenios que ha tenido la responsabilidad como Secretaria de Cultura, dan testimonio de ello.

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            De laguneros hablando, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo en su tierra, Torreón, en los festejos alusivos al quince aniversario del Coliseo Centenario, junto a sus propietarios, la familia Gilio.

            Los Gilio tienen buenos motivos para festejar en estos días, y no solo por el aniversario de su exitoso centro de espectáculos, sino también por los triunfos que ha cosechado el tercero de la dinastía, Arturo Gilio Quintero, en los tres meses desde que tomó su alternativa como matador de toros en Lima, Perú.

            Y precisamente Gilio se presentará este viernes en la Monumental Monterrey, en corrida nocturna previa a su regreso el sábado a tierras laguneras para un mano a mano, en la plaza de Lerdo, con el peruano Arturo Roca Rey.

            Así las cosas para la afición taurina coahuilense, hay que ir a Nuevo León o a Durango para poder disfrutar de la fiesta brava. Y todo por un visceral pleito político.

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            Estará hoy en Saltillo la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Guadalupe Díaz Carranza. Tendrá primero un encuentro con su gremio, que aquí encabeza Armando Luna Canales, y posteriormente en la Facultad de Jurisprudencia participará en un Conversatorio sobre Transversalización de la Perspectiva de Género, junto a Katy Salinas Pérez, del Instituto Coahuilense de las Mujeres, y la Magistrada Sandra Rodríguez Wong.

            Luego de que la notaria Díaz Carranza fue electa a nivel nacional como dirigente del gremio, a nivel local surgió la inquietud de algunas fedatarias por buscar presidir el Colegio de Notarios de Coahuila pero ya estaban las cosas muy avanzadas para la reelección de Luna Canales.

            Sin embargo, con la visita del día de hoy ya hay quienes empiezan a pensar en las elecciones de enero del año próximo y en la posibilidad de que por primera ocasión este Colegio sea presidido en Coahuila por una mujer.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx  

Por Eduardo J. De La Peña

La Secretaría de Economía presentó esta semana el reporte de la Inversión Extranjera Directa recibida por México en 2022, que fue de 35 mil 292 millones de dolares. Lo presumen porque la cifra es un 12% en comparación con el 2021.

Sin embargo antes de echar las campanas al vuelo, convendría observar otras cifras que nos permiten tomar perspectiva. Las remesas recibidas en 2022  ascendieron a 58 mil 497 millones de dolares.

Esto es que los mexicanos que dejaron el país en busca de oportunidades, enviaron un 65% más de la inversión extranjera que se logró atraer a México. Y así ha sido en los últimos cuatro años, porque desde 2019 ingresa más por remesas que por inversiones.

No hay mucho que celebrar entonces, y menos sí consideramos que el crecimiento en la llegada de inversiones observado en 2022 tiene más que ver con circunstancias internacionales que con una labor de promoción y atracción atribuible a este gobierno.

Circunstancias internacionales que nos abren grandes oportunidades, y que estamos en riesgo de perder por las condiciones que este gobierno genera, como incertidumbre, vulneración al estado de derecho, y cero inversiones para el crecimiento de la infraestructura.

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            Y hablando de inversiones para la infraestructura, Jericó Abramo Masso llevó a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se haga un enésimo llamado al gobierno federal a que realice la adecuación del tramo de Los Chorros, en la carretera 57.

            De acuerdo con cifras presentadas por Abramo Masso, del 2020 al 2022 hubo más de 360 accidentes, con al menos 27 personas muertas, en ese tramo, para el cual supuestamente ya se tiene un proyecto de readecuación, lo que falta es que se autoricen los recursos.

            Los diputados tendrían que emplazar también a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a que haga público ese proyecto y sus costos, y a Capufe a que trasparente las cuentas de esa concesión, para de ahí sustentar una reforma legal que obligue a los concesionarios a invertir en las medidas que sean necesarias para la seguridad.

            También hay áreas de oportunidad legislativa en las medidas preventivas, pues algunas que se han intentado en Los Chorros quedan en mera recomendación, lo dejan a la buena voluntad pues no hay sanciones, tal es el caso de restringir el carril izquierdo a las unidades de carga.

            Esa restricción es obligatoria en muchos otros países y abona a la seguridad en tramos sinuosos, en Los Chorros hay letreros que marcan la restricción, pero para quienes la ignoran no hay sanciones previstas en los reglamentos de tránsito federal.

            Volviendo a Jericó, la semana pasada anunció propondría otro punto de acuerdo, relacionado con la autopista de cuota Agujita-Allende, en donde pediría se exija al concesionario darle mantenimiento, pero de esa propuesta ya no se supo.

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            A las autoridades coahuilenses les pasó de noche la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que alude al acompañamiento que hicieron los cadetes del Colegio Militar al presidente Francisco I. Madero ante la sublevación de los generales Mondragón, Reyes y Díaz.

            Anteriormente esta fecha se conmemoraba con una ceremonia en un pequeño obelisco al sur de la ciudad, en la Calzada Antonio Narro, donde posteriormente se construyó una secundaria técnica que precisamente lleva el nombre de Heroíco Colegio Militar.

            La fecha está cargada de significado por su alusión a principios y valores como lealtad y apego a la legalidad, pero para las autoridades estatales pasó desapercibida. Tal parece que desde la muerte del Licenciado Javier Cordero ya no hay quien se acuerde de las conmemoraciones cívicas.

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            Estuvo en Sabinas la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para presentar a los deudos de El Pinabete avances de los trabajos para la recuperación de los cuerpos de los 10 mineros que ahí murieron hace seis meses.

            Una reunión cargada de datos técnicos, de la que las viudas salieron confundidas y con el sentimiento de que siempre les dicen lo mismo. Al menos ahí, a diferencia de Pasta de Conchos, los trabajos no se han detenido.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

No les resultó la jugada a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y a Manuel Bartlett, director de la CFE, que le apostaron a dividir a los deudos de Pasta de Conchos para evitar presiones por el abandono en que están las obras consideradas en el programa para la recuperación de los restos de los mineros.

La semana pasada de manera selectiva convocaron a las viudas a una reunión en la Ciudad de México para marearlas con el procedimiento de cancelación de contrato a las empresas que encargaron las obras y no pudieron con el paquete, pero no incluyeron a las que consideran son más combativas.

Pues también resultaron combativas las que sí fueron a CDMX, y tan regresaron inconformes con lo que se les dijo en la reunión –en resumen que no hay garantías de cumplir con la promesa de recuperar los cuerpos antes del fin del sexenio—que este martes tomaron las obras de construcción del memorial, un monumento con el que no todos los deudos están de acuerdo.

Si la intención era bajarle presión antes de que se llegue el aniversario de la tragedia, el 19 de febrero, consiguieron justo lo contrario.

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            Y ya que estamos en temas de la región Carbonífera, en seguimiento a lo aquí comentado el viernes anterior, sobre las omisiones del Servicio Geológico Mexicano respecto a las condiciones de riesgo que existían en “El Pinabete”, fuentes bien informadas de la minería del carbón han aportado nuevos datos.

            De 56 centros de trabajo que verificó el SGM bajo contrato de la CFE, en 24 de las inspecciones se hizo responsable el mismo ingeniero que avaló la operación de “El Pinabete”, Juan Eduardo Martínez Meza.

            Hubo cuatro geologos participantes en el contrato con la CFE, y el que más inspecciones realizó fue Martínez Meza.

            De las 24 minas que revisó, seis tienen que ver con el grupo que controla Régulo Zapata Morales, entre ellas El Pinabete, y tres con el grupo del otro proveedor consentido de la CFE, Antonio Flores Guerra. Todas fueron avaladas y se les adjudicaron contratos.

            En las suspensiones de actividades que dictó la Secretaría del Trabajo posterior al accidente en “El Pinabete” se incluyó a varias de esas empresas que habían tenido luz verde del SGM y en las que los inspectores de seguridad en el trabajo detectaron irregularidades.

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            Se cumplen hoy dos semanas de la agresión al alumno de una secundaria en Piedras Negras por parte de agentes de la policía durante un operativo mochila, y aún no se tiene una conclusión de la investigación.

            Hasta ahora la actitud más responsable ha sido la de Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública, quien de entrada ordenó la suspensión del elemento que fue señalado como responsable y ordenó abrir un procedimiento interno.

            El secretario de Educación Francisco Saracho señala que hay un protocolo con el que no se cumplió, pero de acuerdo con fuentes de la Fiscalía esa dependencia no ha presentado denuncia, tampoco directivos de la escuela, la Procuraduría de la Familia ni los padres del alumno.

            Con todo y ello, aseguran en la Fiscalía que hay una investigación abierta. ¿Cuánto tiempo se lleva una indagatoria así, que se supone no es compleja pues se tiene ubicados a todos los involuvcrados? ¿no le estarán apostando al olvido?.

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            En Torreón el gobernador Miguel Riquelme reveló que el fin de semana junto con su homologo de Durango tuvo una reunión con mandos militares para evaluar las estrategias de coordinación en materia de seguridad y se definieron dos prioridades para los siguientes meses: el combate al narcomenudeo y la supervisión de los centros penitenciarios.

            El tema de los penales es importante, en las últimas semanas en estados vecinos como Zacatecas y Chihuahua han tenido violentos motines, y en el caso de Coahuila se ha reconocido una sobrepoblación en el centro varonil de Saltillo, que deberá corregirse al entrar nuevamente en operación el de Monclova que por años tuvo cerrado el gobierno federal.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx