Por Eduardo J. De La Peña

            No se podía eludir el deje de nostalgia y despedida en el mensaje de Miguel Ángel Riquelme este martes en la sesión solemne de Cabildo en que se entregó la Presea Saltillo, la última de estas ceremonias en que le toca participar.

            Y ya en ese contexto, cabe desde luego recordar la primera ocasión en que a Riquelme le tocó acudir como gobernador a los festejos por el aniversario de la ciudad, el 25 de julio de 2018, cuando habían transcurrido apenas tres semanas de la elección que cambió el mapa político del país.

            En esa elección en Coahuila el PRI perdió además de la Presidencia de la República, las dos senadurías, seis de siete diputaciones federales y veinte alcaldías. Sin embargo Saltillo se confirmó como bastión priista, y para los festejos por el 441 aniversario de la fundación de la ciudad, el gobernador llegó consciente de ello, agradecido y comprometido, incluso en esa ocasión acompañó a Manolo Jiménez –quien acababa de ser reelecto como alcalde—a la tradicional ceremonia de las mañanitas en el Mirador.

            Ayer Riquelme se refirió a la generosidad de Saltillo hacia su gobierno durante el sexenio, y a la solidaridad y entendimiento que encontró con los dos alcaldes junto a los que le tocó afrontar retos mayúsculos como la pandemia, Manolo Jiménez y José María Fraustro.

            Es el último aniversario de Saltillo al que acudo como gobernador, dijo Riquelme y la precisión no pasó desapercibidad: como gobernador. Y es que no se debe descartar que el año próximo asista como senador electo…

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            Que por cierto, por ahí andan algunos que le quieren jugar al despistado y “deslizan” nombres de los que dicen podrían ser prospectos de Acción Nacional al senado en Coahuila, pretendiendo sembrar la idea de que una candidatura le corresponde al PRI y otra al PAN, por aquello de la alianza.

            La alianza sigue desde luego, pero el acuerdo tiene un sustento y una visión nacional, esto es que las candidaturas al senado en cada estado serán definidas por el partido que tenga mayor presencia en esa entidad, con lo cual claramente en Coahuila las postulaciones serán del PRI, como por ejemplo en Guanajuato serán del PAN.

            Y en el caso de las diputaciones federales, se tratará de hacer una distribución que refleje el peso de cada uno de los partidos, así en Coahuila de los ocho distritos, en seis serían candidatos del PRI y en dos del PAN.

            Cabe la aclaración para que no se vayan generando confusiones e ilusiones, que a la vuelta de los meses terminen en decepciones.

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            Ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial especializado en la resolución de conflictos entre gobiernos e inversionistas, la minera canadiense Silver Bull Resources llevó el caso que sigue contra el Estado mexicano, demandando el pago de nada menos que 178 millones de dólares porque en todo el sexenio no ha podido explotar sus minas de plata y zinc en Sierra Mojada.

             El proyecto de Silver Bull para Sierra Mojada consta de 20 concesiones que abarcan más de 4 mil hectáreas en donde se tienen yacimientos con reservas estimadas de más de 70 millones de toneladas de plata de alto grado que se iban a empezar a explotar en abril de 2019, pero no han podido trabajar por el bloqueo de una cooperativa autodenominada “Mineros Norteños”.

            La cooperativa exige el pago de regalías, aduciendo que se le adeudan desde 2004, aunque en el acuerdo están condicionadas a que las minas entren en producción.

            Por ese diferendo son ya cuatro años de bloqueo, y por eso ahora la empresa está exigiendo el millonario pago pues el gobierno mexicano no le ha podido garantizar sus operaciones.

            El caso es relevante no solo porque tiene que ver con una región de nuestra entidad, sino también por su semejanza con lo que ocurre en otra comunidad minera, del mismo municipio, por cierto, la de Hércules, donde no solo hay un bloqueo sino una toma del poblado y de las instalaciones productivas por parte del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

            Lo de Hércules podría tomar una ruta similar a lo de Silver Bull, pues también hay una afectación para inversionistas extranjeros, en este caso representados por el fondo Argentem.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx     

Por Eduardo J. De La Peña

            El martes cuando ocurrió el siniestro que dejó como saldo dos muertos en un pozo de carbón en Sabinas, se encontraba en esa ciudad la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa, pero no alteró su agenda para acudir en apoyo al lugar del accidente.

            Como si no hubiera una emergencia, Velázquez Alzúa se concentró en sus reuniones informativas con los deudos de El Pinabete y de Pasta de Conchos, como si no se pudieran postergar para otro momento –que ya ha ocurrido—o tuviera realmente una información relevante que presentar, diferente a la que repite cada quince días en que acude a la Carbonífera.

            Esa indiferencia ante lo que ocurría en el ejido El Mezquite, refleja la falta de sensibilidad que caracteriza a este gobierno; la carencia absoluta de compromiso y de sentido de la responsabilidad que hay en sus funcionarios.

            Se supondría que la titular de Protección Civil en el país tendría la capacidad de reacción y organización para ir a encabezar el auxilio en una emergencia, pero en el caso de El Mezquite no fue así.

            Para Velázquez Alzúa y su dependencia el nuevo accidente minero solo mereció un tweet informando que fueron recuperados los cuerpos de los dos trabajadores que fallecieron.

            De hecho El Mezquite no solo puso en evidencia a Protección Civil, sino a todas las instancias del gobierno federal relacionadas con la minería del carbón, e ilustra a la perfección como empresarios del sector se burlan de la autoridad  y le dan a sus operaciones un matiz de legalidad cuando en realidad trabajan de manera ilegal.

            Y es que a la mañana siguiente del siniestro, la Secretaría del Trabajo confirmó que la operación minera en ese pozo estaba restringida desde agosto del año pasado, pero sin embargo Minera Fuga tenía un registro patronal vigente ante el IMSS, y no con un domicilio falso como ocurrió por ejemplo en El Pinabete, sino declarado precisamente en el ejido El Mezquite.

            ¿No hay un intercambio de información entre la Secretaría del Trabajo y el IMSS?, ¿no tendría que notificarse al Seguro Social cuando se clausura un centro de trabajo?, ¿no tendría el IMSS que alertar cuando una empresa supuestamente clausurada da de alta trabajadores y paga sus cuotas?.

            Al cliente de  Minera Fuga, que es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no se le debería informar de una clausura por condiciones de inseguridad?.

            Sería incluso recomendable que se informe a la ciudadanía sobre los centros de trabajo clausurados, para que contribuyan a denunciar si es que los ven operando.

            Pero de nuevo lo confirmamos, en la seguridad de la minería del carbón hay mucho de simulación, gran avaricia, y poco compromiso, y con la misma tijera se corta a las autoridades que a los empresarios del sector.

            En el mismo tema, el delegado de la Fiscalía del Estado en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, sigue sin dar la cara a los medios de comunicación tras el siniestro en el que murieron dos mineros.

            El miércoles y el jueves su secretaria dijo a los reporteros que Ramírez Guillén trabaja fuera de la delegación por lo que no puede atenderles. ¿Está de vacaciones o se está escondiendo?.

            Ya se tendrían que haber girado citatorios y tomado declaración a los dos socios de Minera Fuga, Orlando García y Víctor Mussi, pero tal parece que como ha ocurrido siempre en estos casos, les han dado la oportunidad de desaparecer, ahora sí que como dice su razón social darse a la fuga, para que algún intermediario trate de llegar a un acuerdo con los deudos.

            La cuestión es que a García y a Mussi los irá a buscar ya no la Fiscalía del Estado sino la General de la República, pues operaban el pozo pese a la clausura.

            Pero mientras tanto el delegado Ramírez Guillén no queda mal con ese grupo de empresarios a los que históricamente ha protegido en la Carbonífera, los juniors del carbón, inversionistas que andan en los 40 años, pero que tienen las relaciones necesarias para conseguir los contratos millonarios con la CFE y la protección local cuando su negligencia termina en homicidio.

Por Eduardo J. De La Peña

            Con sus variantes desde luego, pero bajo las mismas circunstancias de fondo, la historia se repite. A quince días de que se cumpla un año de la inundación que cobró diez vidas en El Pinabete, murieron este martes otros dos mineros, ahora porque se reventó el malacate con el que los bajaban a la plancha de un pozo de carbón en Sabinas.

            Y como pasó en El Pinabete, y ha ocurrido en cada accidente minero en la Carbonífera, comienza la danza de nombres, porque la concesión del yacimiento es de una persona, pero la operación y el contrato de suministro a la CFE son de otra.

            Según la organización Familia Pasta de Conchos la concesión pertenece a Alfonso González Garza, quien es uno de los empresarios que más concesiones tiene en la región, y a quien en su momento se le vinculó con otras minas siniestradas, como el Pozo 3 de Sabinas, donde una explosión en mayo de 2011 dejó catorce muertos.

            Ese Pozo 3 era operado por Binsa, empresa de Melchor González, hijo de Alfonso González Garza.

            El pocito en que murieron dos mineros este martes, era operado por Minera Fuga, empresa de la que es socio mayoritario y representante legal Orlando García Macías.

            La empresa fue constituida en febrero de 2018, con un capital contable de 50 mil pesos, que es el mínimo de ley como se han constituido todas las empresas mineras siniestradas en los últimos años. Inicialmente eran socios a partes iguales Orlando García y Víctor Manuel Fuentes Flores.

            Un año después, en marzo de 2019, Víctor Manuel Fuentes pone a la venta sus 25 acciones, en mil pesos cada una, y Orlando se queda con 24 de ellas, para sumar 49, y entra un nuevo socio, con una acción, Víctor Karim Mussi Cámara.

            El de Víctor Karim Mussi Cámara es un nombre recurrente en las listas de socios de las empresas favorecidas con contratos de adjudicación directa por parte de la CFE.

            Además de su acción en Minera Fuga, Mussi también participa en Consorcio Oasis Minería y Transporte, que en 2019 recibió contratos por casi 60 millones de pesos, y en septiembre de 2022 fue invitada a un procedimiento por adjudicación directa para suministrar 60 mil toneladas de carbón para la Termoeléctrica Carbón II, pero se le rechazó por falta de manifiesto de impacto ambiental.

            Meses antes, el 30 de junio, la otra empresa de Mussi, en la que es socio de Orlando García obtuvo el contrato por más de 97 millones de pesos para suministrar 81 mil toneladas de carbón, de las cuales serían 16 mil 200 en 2022; 32 mil 400 en 2023 y 32 mil 400 en 2024, pues el contrato tiene vigencia hasta el 29 de diciembre del año próximo.

            En junio de 2022 la CFE adjudicó contratos de suministro a 40 empresas, pero después de la tragedia en El Pinabete en agosto de ese año, la Secretaría del Trabajo suspendió operaciones a 25 que no cumplían con las normas de seguridad, entre ellas a Minera Fuga.

            ¿Cuándo reanudó operaciones Minera Fuga?, ¿lo hizo con el consentimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o estaba operando de manera clandestina como es común en la región Carbonífera?.

            La STyPS no ha emitido ningún posicionamiento respecto al siniestro en el pozo de Sabinas, como si no hubiera pasado nada.

            Cambian los nombres de las víctimas, cambia la ubicación del accidente, cambian las cifras de muertos y heridos, pero no cambian las condiciones en que trabaja la minería del carbón: con empresarios privilegiados que se van transfiriendo concesiones y contratos, y mineros obligados a trabajar sin las medidas básicas de seguridad.

            Al final destaca la promesa incumplida, nunca llegaron las medidas de no repetición que por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprometió el presidente López Obrador en octubre de 2020.

            En esa misma fecha la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en ese entonces titular de la Secretaría del Trabajo, dijo: “…Así, en nuestro país no puede pasar desapercibido que los accidentes en minas se pueden prevenir, que la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurra. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas”.

            Palabras huecas.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Cuando han transcurrido casi cinco años del sexenio de López Obrador, por fin se puede entender por qué tanta tolerancia, contemplaciones, abrazos, apapachos y arrumacos con los carteles de la droga: son iguales.

            Sí, los carteles y la 4T son iguales. Lo confirma el Presidente cuando dice que el narco usó la pobreza para construir su base social, y eso es exactamente lo mismo que están haciendo en el gobierno federal, aprovechar la pobreza para armar una estructura clientelar, por eso incluso se han empeñado –y vaya que lo han conseguido—en que crezca el número de personas en pobreza en el país.

            Más grave aún, López Obrador admite que el poder del narcotráfico se ha infiltrado en el poder público, y reconoce que en estados como Chiapas y Guerrero las bandas delictivas han postulado candidatos con lo que han logrado el control de las autoridades.

            ¿Y hacen algo desde el gobierno federal para revertir la situación, restablecer el orden y recuperar los espacios arrebatados por el hampa?, desde luego que no, mantienen una actitud contemplativa, tolerante y, al final, cómplice.

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            Atinado el planteamiento que hace el secretario de Vivienda Enrique Martínez y Morales de integrar un comité de desarrollo metropolitano entre Coahuila y Nuevo León, que en conjunto vaya planeando las acciones que se harán necesarias para hacer frente al crecimiento que se anticipa en los próximos años para ambas entidades.

            Martínez y Morales refiere la experiencia de La Laguna, donde se integró la comisión para la zona metropolitana cuando ciudades como Torreón, Gómez Palacio y Lerdo ya estaban conurbadas, y en el caso de Saltillo, Ramos, Arteaga, Santa Catarina, García y Monterrey pueden anticiparse y apostar a mejores resultados.

            El desarrollo plantea retos en capital humano, movilidad y servicios, y si se hiciera una planeación puntual y profesional se podría apostar a aprovechar las fortalezas de cada municipio en lugar de andar compitiendo a la mala para ver quién le puede arrebatar algo al otro.

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            Ya en estos temas, interesante lo que acaba de dar a conocer el Instituto Municipal de Planeación que dirige Ricardo Alvarez. En una colonia de Saltillo con asesoría del Ministerio del Medio Ambiente alemán se aplicó un plan piloto para evitar inundaciones.

            Se construyeron jardines y fosas permeables que permiten la retención e infiltración del agua, con lo que se evitaron escurrimientos pluviales que dañan la infraestructura, también se acabó con los encharcamientos, y el agua de lluvia no se perdió.

            El modelo es interesante, puede ser una solución para otros sectores en donde se genera caos cada que llueve; ofrece alternativas para el mantenimiento de las áreas verdes y para la recuperación de los mantos freáticos.

            ¿Por qué algo tan prometedor lo tenían tan escondido?.

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            Comisión Federal de Electricidad abrió una nueva licitación para adjudicar la construcción del sistema de extracción de agua almacenada en las galerías de la mina Pasta de Conchos, y ya está apuntada para participar, y hasta propuesta técnica presentó, una de las dos empresas que fueron descalificadas en el proceso anterior, que fue declarado desierto en junio.

            Corporativo Trimarco, constructora establecida en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, va por una segunda oportunidad, y compite con Servicios Eco Ambientales, una empresa establecida en Durango y en su caso sí especializada en obras hidraúlicas.

            A mediados de la semana próxima tendría que tenerse el fallo de este nuevo procedimiento, vamos a ver con qué sorpresa sale la Comisión Federal de Electricidad.

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