SIN REMEDIO
Aunque efectivamente será hoy miércoles cuando sesione la Comisión de Prerrogativas, ya circuló el proyecto de lo que votarán para llevarlo el viernes al Consejo General del INE, y va en el sentido de definir la asignación de plurinominales por partido y no por coalición, lo que llevará a Morena y sus aliados a tener 364 escaños en San Lázaro.
Quedará así confirmada la sobrerrepresentación y la mayoría calificada, una especie de monstruo de dos cabezas, fiero e intransigente ante la oposición, ante las razones de estado y el interés nacional; pero dócil y sumiso ante los caprichos presidenciales.
Un remedo del lacayismo que caracteriza a la bancada actual de la 4T, cuyo actuar sumiso se confirmó este martes cuando su coordinador Ignacio Mier anticipó que al dictamen que circularon el viernes anterior sobre la reforma judicial, le harán una adenda para incorporar la sugerencia presidencial de prever un mecanismo que proteja a los jueces que lleven casos relacionados con el narcotráfico, pero también aseguró que seguirán adelante pese al paro de actividades en todos los órganos del Poder Judicial.
SUBEN EL TONO
La Jufed, que es la asociación que agrupa a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito decidió pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita medidas cautelares contra la reforma judicial, con lo cual escala la controversia y podría detonar una reacción adversa hacia México y una no deseada pero probable inestabilidad en los mercados.
Con todo y ello desde la tribuna presidencial y también en cada declaración de los líderes parlamentarios de la 4T, como Mier y Ricardo Monreal, no cesa el golpeteo y los calificativos hacia la burocracia judicial.
Quizá por eso actores que han cobrado visibilidad en esta polémica, como el juez Miguel Ángel Luna Gracia, pasó de los argumentos –que no escasean– a la mordacidad, y en una entrevista de radio propinó rotundo gancho a los legisladores: «Nosotros no administramos dinero, no nos podemos autoasignar bonos de 400 mil pesos como los diputados salientes». Se los llevó a todos de encuentro.
A PREPARARSE
No se ve como pueda ocurrir de otra manera, así que seguramente el lunes 26 se votará el dictamen en Comisiones y en los primeros días de septiembre ya con la nueva legislatura instalada pasará de mero trámite al pleno de ambas cámaras, para luego buscar el aval de las legislaturas estatales y para antes de que concluya el sexenio de AMLO será promulgada la reforma judicial.
Con ello, habrá elección de 9 ministros y de un buen número de jueces y magistrados federales en 2025. Pero también a partir de que entre en vigor la reforma tendrán los estados 180 días para legislar sobre los poderes judiciales locales.
No queda muy claro qué tanto margen habrá, aunque se ha planteado un escenario en que los estados podrían establecer gradualidad en la sustitución de magistrados y jueces según se fueran teniendo ausencias o concluyendo periodos.
De los magistrados actualmente en funciones en Coahuila, el primero al que se le acaba su periodo conforme a la legislación vigente es Juan José Yáñez, pero hasta 2031, y un año después César Saucedo e Iván Garza García. Miguel Mery tiene nombramiento hasta 2033, hay 6 más hasta 2034 y en el caso de María Luisa Valencia y María Eugenia Galindo se irían hasta 2035.
Sin embargo hay 3 vacantes que quizá convendría nombrarlos antes de la reforma local con la proyección de que se mantengan en el cargo por 15 años, o el otro escenario es que sean los primeros 3 titulares en elegirse con voto popular en 2026.
YA SE ENREDÓ
A Alberto Flores Olivas la paz en la Antonio Narro le duró tan solo lo del periodo vacacional, pues su falta de sensibilidad le detonó el conflicto una semana antes de la fecha emplazada para el estallamiento de la huelga y los trabajadores salieron a las calles para acusarlo de que rompió las pláticas ante las autoridades laborales y se levantó de la mesa de negociación sin dar respuesta a las demandas del sindicato.
Ahora le van a tener que ayudar en la conciliación, porque aunque mandó a su Secretario General Alfredo Sánchez a decir que es una cuestión presupuestal difícil de resolver en un fin de sexenio, la verdad es que antes de ello está una cuestión de actitud y falta de empatía y en eso sí que han fallado.
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