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Por Eduardo De La Peña De León

            Siendo la circunstancia que ha prevalecido durante prácticamente todo el año, es lógico que el gobernador Miguel Ángel Riquelme haya privilegiado en su informe no únicamente el recuento de las acciones que se han emprendido para hacer frente a la pandemia por coronavirus, sino también para un claro reconocimiento a la entrega del personal médico y hospitalario que se mantiene en primera línea luchando contra el virus.

            También el año ha estado marcado por la conformación de la Alianza Federalista, y hubo el espacio desde luego para refrendar la postura que Riquelme ha mantenido: «México no puede avanzar sin coordinación ni equidad. Hoy enfrentamos un trato injusto del gobierno federal», aseveró el gobernador, justo cuando a nivel nacional se daba a conocer un nuevo paquete de proyectos de infraestructura en el que una vez más se margina a Coahuila.

            El informe transcurrió sin sobresaltos y con apego al protocolo que se estableció, acorde a la contingencia sanitaria y a la austeridad que obliga el momento actual.

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            Ya cumplida la obligación constitucional de informar al Congreso sobre el estado que guarda la administración pública, se da paso a las comparecencias de los titulares de las diferentes secretarías, pero realmente la atención estará centrada en las definiciones que por estos días deberán darse en el terreno político.

            Y es que si bien quienes aspiren a las alcaldías tienen hasta el tres de enero para separarse del cargo, los que vayan a contender por las diputaciones federales deben de solicitar licencia en la tercera semana de diciembre, por lo que pronto veremos movimientos.

            En esa misma tónica, con la audiencia pública de este lunes el Tribunal Electoral prepara el camino para su resolución en los juicios respecto a la segunda reelección de alcaldes.

            Los únicos dos juristas que participaron en la audiencia defienden la idea de que se deje a los alcaldes ser candidatos una vez más y que sean los electores los que resuelvan si les dan una nueva oportunidad.

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            Y si en efecto por ahí va la resolución del Tribunal, queda definido el escenario para algunos alcaldes que quieren ser de nuevo candidatos, como el de Monclova Alfredo Paredes, que de entrada tendría que dar una muestra de congruencia y solicitar licencia para separarse del cargo.

            La legislación electoral no exige a los integrantes de los cabildos que dejen su cargo si van a buscar la reelección, de hecho quienes compitieron en la contienda de 2018 y habían sido electos en 2017 siguieron en funciones, pero en el caso de Paredes recordemos que él emplazó a sus colaboradores con aspiraciones a renunciar si tenían aspiraciones, y seis de ellos ya lo hicieron el fin de semana.

            El edil panista dijo que no toleraría que funcionarios municipales perdieran tiempo en la grilla…¿Lo ve como un privilegio exclusivo?.

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            A propósito de Monclova, también el fin de semana surgieron expresiones de tribus afines a Morena pronunciándose en contra de que Melba Farías sea considerada como candidata a alcaldesa o a reelegirse en la diputación federal.

            Señalan que Melba no es militante de Morena y no tiene derechos en ese partido… Que si quiere ser candidata se regrese al PRI.

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            Parece que en la Comisión de Derechos Humanos no conocen el concepto de casos de urgencia ni de medidas cautelares. Este lunes su presidente Hugo Morales dijo que probablemente la próxima semana, «lunes o martes» emitan una recomendación por la insistencia del alcalde de Madero, Jonathan Ávalos, en promover el uso de dióxido de cloro como tratamiento para el covid.

            Para esa fecha habrán transcurrido dos semanas desde que el edil maderense inició con su promoción, y desde que la Secretaría de Salud advirtió que hay un riesgo a la salud, pero los tiempos de la Comisión parecen ser sagrados, aunque terminen por no ser oportunos en sus intervenciones.

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            Falleció el fin de semana el licenciado Santiago Xicotencatl Riojas Guajardo, originario de Nueva Rosita pero avecindado en Saltillo desde hace varias décadas. Fue Ofical Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila y ocupó también diversos cargos en el PRI y sus organizaciones. Para su esposa, hijas y nietos, así como sus hermanos, vayan nuestras condolencias.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo De La Peña De León

            El superdelegado Reyes Flores Hurtado salió del periodo de duelo post derrota electoral pero no se ha recuperado del todo, regresó a la actividad –al menos a la mediática– así como «agatelado».

            Afirma Flores Hurtado que otros órdenes de gobierno promueven una campaña de desinformación y «versiones maleadas» para que las obras federales ¡pasen desapercibidas!.

            De ser así estaríamos ante un nuevo concepto en comunicación capaz de volver invisibles obras materiales, y quizá también recursos económicos.

            Entonces los automovilistas que diariamente quedan atrapados en los congestionamientos rumbo a Derramadero, y las familias que se han enlutado por los recurrentes accidentes en esa saturada vía, seguramente se creyeron de «versiones maleadas» y en realidad sí se están realizando las obras de modernización de la ruta pero no las pueden ver.

            Lo mismo ocurre en Los Chorros, sigue habiendo accidentes mortales y cierres de la carretera, pero es una cuestión de mala propaganda, no que la federación haya congelado el proyecto para corregir el trazo.

            ¿Igual es con el tema del metrobús en La Laguna?.

            Habría que investigar, pues a la mejor y tampoco es cierto que se quitaron los recursos a las estancias infantiles y que no hay medicamentos oncológicos. Probablemente también sigue existiendo el programa para becar a menores embarazadas y apoyarlas a que terminen su educación secundaria, pero alguien manipuló la percepción e hizo creer otra cosa.

            Para Reyes Flores estamos ante una «versión maleada», no se trata de que un equipo incompetente lleve al país al despeñadero.

            Esto es muy sencillo, si existen las obras, el superdelegado tiene equipo, medios y espacios para darlas a conocer, ¿qué le falta?.

            Eso sí, que lo haga con claridad y precisión, pues en su anuncio de la próxima conclusión del paso elevado en el vado del Río Sabinas, dice que es una obra realizada a través de la Secretaría de Economía, pero hace un año cuando lo anunciarion dijeron que era de Sedatu.

            Aún más se dijo que la obra se costeaba con recursos del Fondo Minero, faltaría precisar si es con los remanentes de lo que quedó a deber la administración de Peña Nieto o si corresponde a lo recaudado en 2019. Y de una vez que digan ¿cuándo van a entregarles a los municipios los remanentes que les adeudan?.

            Por estos días habrá que estar al pendiente de «las mañaneras», pues capaz y en una de esas hasta López Obrador acusa a su delegado de sumarse a la campaña de desinformación y achicarle las promesas.

            Recordemos que hace un par de semanas cuando el Presidente estuvo en Pasta de Conchos dijo haber dado instrucciones a Román Meyer, Secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, de desarrollar para beneficio de Nueva Rosita «las obras que se requieran».

            Y a eso que se prometió como un cheque en blanco, que López Obrador dijo sería para hospitales, viviendas, escuelas, pavimentación, agua potable y drenaje, Reyes Flores ya le puso un tope, y además lo diluyó, pues dijo que Sedatu invertirá 200 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano y vivienda en la región Carbonífera.

            200 millones de pesos no van a ser suficientes para las obras que requiere Nueva Rosita, y eso es lo que prometió el Presidente.

            Ya empezó el regateo.

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            Un mes después de que Emilio de Hoyos llevó el tema al pleno del Congreso, finalmente esta semana los diputados se pusieron de acuerdo y aprobaron exhortar a la Procuraduría de Protección al Ambiente y a la Conagua que les informe si están en regla las concesiones para extraer material pétreo en el río San Rodrigo y «si operan en armonía y respeto al medio ambiente».

            Para cuando las dependencias respondan, si es que lo hacen, esta Legislatura ya no estará en funciones. No le dieron la importancia a un tema que es en verdad trascendente y ante el que tendría que haber habido no un «respetuoso llamado» sino una enérgica exigencia a remediar el daño ambiental que se causó en el San Rodrigo.

            Antes de que se vayan deberían también investigar en qué condiciones operan nuevas extracciones, ahora en el río Bravo, en los límites de Nava y Guerrero, y el que aquí hemos señalado que inició a trabajar en juio en Arteaga, en el ramal Los Lirios-San Rafael.

            El asunto compete a la Conagua, pero cuentan con un solo inspector para toda la entidad, así que cada quien hace lo que le viene en gana pues en realidad no hay nadie que vigile.

edelapena@infonor.com.mx

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la CTM en el litigio por el contrato colectivo de trabajo en la maquiladora Arneses de Ciudad Acuña, debe poner fin, al menos en lo que a instancias legales se refiere, a un prolongado conflicto con el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia.

            Cuando Gómez Urrutia huyó al extranjero para librarse de los cargos por el desfalco al Sindicato Minero y el robo de su indemnización a trabajadores de Cananea, se puso a las ordenes de organizaciones extranjeras que han porfiado en su propósito de generar inestabilidad laboral en la región fronteriza, en su pretensión de que las plantas se vayan a Estados Unidos.

            Napoleón secundó la estrategia que había venido a desarrollar Susana Prieto, la abogada que durante cuando menos quince años ha instrumentado paros en las empresas fronterizas, destacando los del año anterior en Matamoros, Tamaulipas, que terminaron con el cierre de fuentes de empleo, y con una denuncia penal en contra de ella, que la llevó por unas semanas a la cárcel hasta que López Obrador presionó para que la liberarán.

            En ese contexto se dio la intromisión de Gómez Urrutia, quien se dice representante del gremio minero, en plantas del sector automotriz en Acuña.

            En concreto en Arneses se llevaron cuatro recuentos para definir la titularidad del Contrato Colectivo, el último en mayo del año anterior, donde las autoridades laborales prestándose al juego de Napoleón citaron a los trabajadores en las instalaciones militares, en un descarado acto de coacción.

            En enero de este año, cuando estuvo en Saltillo para participar en la firma del Pacto Coahuila, el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se refirió al tema y lanzó un mensaje al «señor minero» advirtiendo que le volverían a ganar la titularidad del contrato colectivo en Arneses.

            En ese mismo evento, el gobernador Miguel Ángel Riquelme también advirtió, aludiendo al mismo caso, que no habría espacio para caprichos ni chantajes.

            El asunto escaló hasta el máximo tribunal, que ya se pronunció a favor de uno de los sindicatos cetemistas que encabeza Tereso Medina.

            Si en lo legal esta es la última instancia, habrá ahora que estar pendientes de que Gómez Urrutia y su gente no recurran a otras estrategias para generar inestabilidad en Acuña.

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            También debe ponerse atención a un tema que está surgiendo en La Laguna, en concreto en Matamoros, donde empiezan a hacer ruido algunos «campesinos» que se dicen despojados de derechos de agua, quienes esta semana se manifestaron en las oficinas del Tribunal Agrario, aunque realmente su asunto tendrían que verlo en la Comisión Nacional del Agua, en cuya representación por cierto no han nombrado al nuevo titular.

            Los quejosos señalan que con documentos falsos se realizó la cesión de sus derechos y reclaman que se les restituyan.

            Hay que verlo con cuidado, pues admiten que vendieron sus tierras, y son los nuevos propietarios los que ahora ostentan también los derechos de agua, que aseguran no haber vendido, cedido ni rentado.

            Las autoridades federales deben en todo caso llevar una investigación, pues la cesión de derechos conlleva una serie de trámites, algunos electrónicos y otros presenciales, que pasan por diversas instancias de la CNA, si acaso hubo realmente una irregularidad ahí están implicados empleados de la dependencia.

            Estos casos son los que les encanta tomar como bandera a oportunistas que abundan en el área rural de La Laguna, por ello la importancia de que los responsables de la estabilidad política regional le pongan atención antes de que alguien lo infle con un propósito avieso.

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            Se está realizando una encuesta telefónica para conocer la opinión ciudadana respecto a los grupos de seguridad que operan en Saltillo a través de whatsapp y calificar también la actitud y eficiencia de la Policía Municipal.

            La encuesta, robotizada, seguramente arrojará información que permitirá a las autoridades mejorar a partir de la opinión ciudadana.

            Sin embargo quienes contrataron el ejercicio deben pedir a la casa encuestadora que cuide los detalles, pues en la última pregunta se pide manifestar el género o sexo, y dan únicamente las opciones hombre o mujer, y deberían cuando menos dar la posibilidad al encuestado de declinar contestar, como se hace en muchos formularios de este tipo en el mundo por respecto a la diversidad.

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            Dividió opiniones la resolución de la Suprema Corte respecto a la consulta pública para enjuiciar a los ex presidentes.

            Para los puristas aún la reformulación de la pregunta, que ya el Ministro Luis María Aguilar había calificado como «concierto de inconstitucionalidades», conlleva un sometimiento del máximo tribunal a las imposiciones de López Obrador, pues para efectos prácticos le autorizaron a proseguir con su montaje de indudable intencionalidad electorera con la farsa de que se procesará a los ex presidentes.

            No importa que le hayan cambiado la pregunta, desde el primer momento la cuarta transformación dejó testimonio de que no les importa lo que la Corte haya modificado, ellos siguen expresando en sus comunicados y redes sociales, desde la propia vocería del Gobierno de la República,  que la consulta es para llevar a juicio a los ex presidentes, y así lo van a estar manejando en los siguientes meses pues en el fondo se trata de un recurso de manipulación política.

            Para otros, la reformulación de la pregunta tiene trascendencia, y conlleva una ratificación de lo que ya había reprochado el Ministro Aguilar, exponer mediáticamente, en este caso a los ex presidentes, viola el derecho a la presunción de inocencia.

            El cambio ordenado por la Corte implicaría un mensaje a López Obrador para que desista de hacer señalamientos y acusaciones públicas, pero lo cierto es que con su consulta aprobada el señor está engolosinado y se va a seguir de frente.

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            Hace un par de meses comentamos que tras el paso de «Hanna», que arrastró decenas de toneladas de material pétreo en el ramal Los Lirios-San Rafael, en un predio a orillas de esa carretera, en el cauce del arroyo «La Boca» se estaba instalando un molino precisamente para el aprovechamiento de ese material.

            Al paso de las semanas, no únicamente se retiró el material de la carretera, sino que se ha continuado con la extracción en el arroyo, y de acuerdo con fuentes bien informadas se trataría de un aprovechamiento, que aunque tiene toda la infraestructura y maquinaria instalada para operar a gran escala, trabaja en forma clandestina.

            Como hemos apuntado, esos aprovechamientos los concesiona la Comisión Nacional del Agua, y de acuerdo a lo que nos informan desde hace muchos años que no se autoriza ninguno en Coahuila, y de hecho no hay más de diez que operen regularmente.

            Estamos ante un hecho irregular a todas luces, que de entrada causa un impacto ambiental, pero además conlleva evasión en el pago de derechos, causando un daño al fisco.

            Por el derecho de extracción de material pétreo se deben pagar 13 pesos con nueve centavos por metro cúbico, si es en greña, o hasta 16 pesos con 72 centavos por metro cúbico si se trata de grava o arena.

            De ese lugar, en «La Boca» diariamente están saliendo no menos de cincuenta camiones con un promedio de veinte metros cúbicos de material, que ya para su uso en la industria de la construcción se llega a vender en cerca de quinientos pesos el metro cúbico.

            ¿Cuánto y qué han extraído en estos dos meses?, si fuera un aprovechamiento en regla tendrían que llevar una bitácora diaria, para que la Comisión Nacional del Agua fiscalice y cobre lo que corresponde.

            Para quien está beneficiándose de ese negocio resulta una gran ventaja que Conagua tenga en todo Coahuila únicamente un inspector,  así que difícilmente les van a poner por esa dependencia un alto.

            Pero si en la entidad no se han autorizado más permisos de extracción, es porque la Secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales se ha mantenido firme buscando no crezca el impacto por esta actividad en cauces de arroyos y ríos.

            Queda entonces la posibilidad de que sea la instancia estatal la que intervenga, disponga medidas de remediación ambiental en ese lugar y notifique de manera oficial a Conagua para que la empresa que se está beneficiando pague los derechos que por ley corresponden.

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            Respecto a lo comentado en el Índice de ayer de quienes han encontrado en la pandemia una oportunidad de negocio, nos contactó el aspirante a la alcaldía de Arteaga Enrique Cepeda para aclarar que no es él quien está realizando las pruebas de diagnóstico del coronavirus, sino un hermano suyo.

            Filiberto Cepeda es químico, con una experiencia de más de 18 años, y se ha establecido en Torreón donde tiene un laboratorio privado, y en efecto ahora con la pandemia montó uno de tipo móvil que estuvo realizando pruebas en el estacionamiento de una plaza comercial en Saltillo.

            Los que en el mismo tema mejor fingieron demencia fueron los de la Tesorería Municipal de Piedras Negras, que desde luego no aclaran por qué negaron información que un ciudadano solicitó sobre el laboratorio contratado y el monto erogado para pruebas covid. Tampoco el IMSS tuvo nada que decir de la extraña contratación de un todologo saltillense para el suministro de alimentos en un hospital de Acuña.

edelapena@infonor.com.mx

ALTERNATIVA

El Indispensable Cambio

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Un nuevo asesinato ha consternado a la sociedad saltillense. Una joven madre, Alondra, fue víctima de un sujeto que con saña extrema le arrebató la vida y luego dejó su cuerpo oculto en una vecindad por casi una semana, mientras que familiares y amigos de ella vivieron días de angustia sin saber de su paradero.

            A la par se conoció otro caso, ocurrido en Morelia, en que igualmente una joven mujer fue brutalmente asesinada.

            Más que entrar en estadísticas, pues en hechos así incluso un solo caso es demasiado, como sociedad deberíamos comprometernos en lograr que la conmoción que se ha generado se convierta en un impulso que construya un cambio de fondo, antes de que la dinámica nos arrastre a otros temas.

            Aunque se ha creado un estereotipo del macho mexicano, la violencia de género no es un problema exclusivo de nuestro país sino un fenómeno mundial, lo cual nos permite observar las estrategias que han seguido otras sociedades para combatirla.

            En gran medida han sido los movimientos sociales de mujeres los que han conseguido llamar la atención sobre las diferentes expresiones de la violencia de género, y han logrado cambios en políticas gubernamentales y leyes.

            Dos de los elementos que organizaciones internacionales consideran relevantes para disminuir la incidencia de este tipo de hechos son hacer frente y poner fin a la impunidad; y, contar con mecanismos eficientes y confiables para la recopilación de datos que ayuden a focalizar las estrategias.

            Otro punto es destinar recursos suficientes para que operen las instituciones que atienden a las víctimas y que haya un sistema judicial accesible y funcional.

            Todos estos puntos caen en el ámbito institucional, y podría afirmarse que en Coahuila se han logrado avances importantes al respecto, y que en el caso más reciente que ha ocurrido, el de Alondra, hubo una rápida reacción y se logró la detención y consignación del asesino.

            Pero todo esto será insuficiente mientras no haya un enfoque cultural que nos lleve hacia un cambio en las personas.

            Es inaudito, pero estos días pudimos encontrar en redes sociales expresiones de simpatía con los agresores de las mujeres que fueron asesinadas en Saltillo y en Morelia.

            Eso es inadmisible, ¿cómo lo cambiamos?.

            La ONU ha señalado que la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales. La prevención, indican, debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género.

            No es un reto sencillo, pues aún y cuando el sistema educativo se comprometa en este propósito, resultará insuficiente mientras en los hogares los niños encuentren un ejemplo diferente a lo que en las escuelas se les pretende inculcar.

            Todos los actores de la comunidad debemos involucrarnos en generar conciencia y cambio, permanecer como meros expectadores equivale a complicidad.

            Hoy que al menos una parte de la sociedad está sensible al tema, es el momento de recoger experiencias, ideas, propuestas y hacerlo desde todos los ámbitos porque finalmente en todos se da algún tipo de violencia o maltrato hacia las mujeres.

            Las nuevas formas de interacción y de comunicación permiten multiplicar el mensaje con facilidad y hacer derroche de creatividad, son ventajas que deben aprovecharse.  

            Hacen falta una suma de voluntades, liderazgos y talentos. Una auténtica cruzada social.

edelapena@infonor.com.mx

INDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Esta semana Miguel Ángel Riquelme y los gobernadores de la Alianza Federalista se reunirán con los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, para plantear no únicamente las necesidades que cada entidad tiene en materia presupuestal, sino también para exponer el impacto que tendrían en cada rubro los recortes que se han planteado por parte de Hacienda en el proyecto de egresos para 2021.

            Se busca sensibilizar a los legisladores sobre cómo afecta que una vez más no haya inversión para proyectos de infraestructura, como las obras carreteras que aquí están en espera de fondeo; o el impacto de no destinar programas para el fomento a la productividad en el campo; igualmente los recortes en materia de seguridad.

            Anticipó el gobernador que la reunión es con los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, seguramente es así porque los de Morena siguen en su soberbia y cualquier gestión con ellos es intransitable.

            Sin embargo bien harían los gobernadores en intentar también el dialogo con esos legisladores, y dejar testimonio público de sus gestiones, si piden audiencia y no se las conceden que lo hagan en una carta pública, para que una vez aprobado el presupuesto -donde pesará el voto mayoritario de Morena– si no se consiguen los ajustes esperados, que esos diputados no puedan decir que ellos no estuvieron enterados.

            Con lo que está en juego en materia presupuestal para el 2021 las siglas deben dejarse a un lado, los ciudadanos debemos de mantener bajo observación el comportamiento de los legisladores para medir en dónde están realmente sus compromisos.

            Recordemos que muchos de ellos el año próximo querrán buscar la reelección, veamos si la merecen.

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            Y hablando de expectativas presupuestales, en lo que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hay pesimismo respecto al 2021 y poco les falta para de una vez bajar la cortina.

            A los funcionarios de la dependencia federal en los CADER, los centros que tienen en cada municipio, ya les anticiparon que nuevamente para el año próximo no habrá programas de apoyo a productores, y que ahora la función de ellos será como promotores de créditos.

            Según les han explicado son créditos que se gestionarán ante financieras internacionales y el gobierno fungirá como una especie de aval, aportando el gobierno federal las garantías líquidas.

            Con los recortes que ya habían sufrido este año, algunos de los CADER se quedaron sin jefe de oficina, les quitaron también los vehículos y ya no realizan trabajo de campo, operan prácticamente como ventanilla para recepción de trámites.

            Para quienes laboran en la dependencia es preocupante pues temen que pronto haya recorte de personal, y para el país es gravísimo pues conlleva una desatención del sector primario.

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            Los que vuelven a recorrer el calvario con la Comisión Federal de Electricidad son los productores coahuilenses de carbón.

            Se anuncia que este martes volverán a tener una reunión con directivos de la paraestatal para buscar nuevos términos a los contratos de adjudicación directa que se comprometieron hace algunas semanas y en los que están involucrados ya no los 75 que habían recibido luz verde sino únicamente poco más de 50.

            Como lo hemos dicho las condiciones exigidas en los contratos son de imposible cumplimiento y los productores van por mayor flexibilidad, pues en esos términos no van a entregar pedidos luego de la mala experiencia que ya tuvo uno de ellos al que no le pagaron lo entregado.

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            La directora de la Comisión Nacional del Agua Blanca Jiménez Cisneros confirmó el fin de semana que el plan del gobierno federal es tomar agua de las presas internacionales para poder pagar lo que se adeuda de este quinquenio en el tratado con Estados Unidos.

            ¿Cuál agua soledad?, de acuerdo al reporte más reciente disponible, que es al 12 de septiembre, y que se actualiza hasta finales de esta semana, del almacenamiento útil en La Amistad, únicamente un 4.9% corresponde a México, y de la Falcón, un 10.3% es de nuestro país.

            Tiene México en esos dos embalses 225 millones de metros cúbicos de agua, y lo que se debe a Estados Unidos son 319 millones de metros cúbicos.

            Pero además hay trece municipios de Coahuila y Tamulipas que tienen derechos de uso de agua de esas presas para abasto humano, adicional a los distritos de riego agrícola. Esos municipios tienen un consumo semestral estimado en 410 millones de metros cúbicos.

            La realidad es que México va a tener que pedirle agua prestada a Estados Unidos para cubrir el déficit que aquí habrá. El tema es bastante complicado.

edelapena@infonor.com.mx