Por Eduardo J. De La Peña

            Sea cual sea el final del intenso debate que se da a nivel nacional sobre el presupuesto federal para 2022, de cualquier manera el nombre de Saltillo deberá quedar registrado en la historia de este momento en que el país ha alzado la voz.

            Primero fue la alcaldesa de Tlalpan, originaria de nuestra ciudad, Alfa González Magallanes la que en una manifestación de alcaldes de oposición fijó la postura del grupo perredista.

            El mismo miércoles Manolo Jiménez participó en la primera reunión de un grupo de Presidentes Municipales de capitales de los estados, que por lo pronto congregó a doce, decididos a integrar un frente para defender recursos para los municipios.

            Y en tribuna primero Jaime Bueno tundió a los de Morena, acusándolos de tener una visión centralista, y luego se sumó Jericó Abramo que demandó priorizar inversión pública para generar desarrollo.

            A la par, en un panel convocado por «Sí por México» en que participaron diputados federales y empresarios, Luis Arizpe Jiménez en su papel de presidente de la Federación Norte de Coparmex, demandó reasignar 130 mil millones de pesos del presupuesto, que dijo está concentrado en dos empresas y cuatro proyectos, para generar mayor equidad.

            El pronóstico, se ha dicho, no es alentador, pero sin duda se podrá afirmar que al menos por Saltillo no quedó, se le hizo la lucha en todos los frentes.

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            En una sesión del Consejo Universitario en que no se completó el quórum legal, pues apenas estuvieron presentes 14 consejeros, y al menos otros 27 ausentes, con todo y que se les dio la posibilidad de conectarse de manera virtual, rindió su tercer informe el rector de la Antonio Narro, Mario Vázquez Badillo.

            El gran vacío lo hicieron los alumnos, pues únicamente dos marcaron asistencia, en plataformas digitales, ambos de la Unidad Laguna.

            Vázquez Badillo aseguró que la Antonio Narro tiene finanzas sanas, y que en los tres años que lleva como rector ha conseguido 565 millones de pesos de fondos adicionales del gobierno federal.

            Sin embargo ya fuera de guión, en un mensaje final pidió a los trabajadores de la Universidad sentarse a dialogar para resolver sobre prestaciones que no están autorizadas y que le están generando un déficit a la institución por errores del pasado. Entonces no son tan sanas las finanzas.

            Otro punto importante del informe, y sin duda un acierto en la actual gestión, es la labor que se está haciendo para regularizar el patrimonio de la Universidad, pues de más de treinta predios que se supone son de su propiedad, únicamente de 17 tienen escrituras, y ocho de estas no dan una certeza plena, Vázquez habló de un riesgo real para esas propiedades.

            Para darnos una idea de la magnitud de la omisión que se ha arrastrado por años, el emblemático rancho Los Angeles, que es sin duda el principal campo experimental de la Universidad, nunca fue cedido formalmente a la institución.

            Los trámites para formalizar esa cesión los lleva la Universidad con el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Carlos Estrada Flores, quien estuvo presente en el informe, en lo que seguramente será uno de los últimos eventos públicos a los que acude en ese carácter, pues en siete semanas más asumirá como Secretario del Ayuntamiento.

            Que por cierto el evento sirvió también para dejar en evidencia que no hubo en el gobierno federal la tan pregonada desaparición de delegaciones, pues ahí estuvieron los delegados de Desarrollo Rural, Registro Agrario, Procuraduría Agraria y Educación, además del director general de la Conaza.

            Que no hagan nada esos delegados pues ni presupuesto tienen es otra cosa, pero no desaparecieron los cargos nada más se tardaron en ocuparlos.

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            La gerencia de contratos de obra pública de la Comisión Federal de Electricidad emitió esta semana la licitación para la construcción de dos lumbreras en la mina Pasta de Conchos.

            De acuerdo a la convocatoria, está previsto que el 18 de enero del año próximo se adjudique el contrato a quien deberá construir estos túneles de ventilación, otra de las etapas de los trabajos para intentar recuperar los cuerpos de los mineros que ahí murieron en febrero de 2006.

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            Coincidiendo con la conmemoración española del Día de las Librerías, y en vísperas del Día del Libro que se festeja en México este viernes 12, fue presentado por la Universidad Autónoma de Coahuila el compendio de los artículos periodísticos del bien recordado Alfonso Vázquez Sotelo, en un emotivo evento en que la presentación corrió a cargo de la Maestra Candelaria Valdés Silva y del rector Salvador Hernández Vélez.

            «El Mesón de San Antonio» retoma precisamente el nombre que Vázquez Sotelo dio al espacio de opinión y reflexión que por más de cinco años tuvo en diferentes medios de comunicación.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Importante sin duda que en la reunión entre los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se haya alcanzado el consenso para retomar la Operación Noreste, que en el pasado aportó resultados pero en algún momento se interrumpió, principalmente por la transición en Nuevo León.

            Cuando se pactó inicialmente la Operación Noreste, en 2018, uno de los temas de colaboración que se puso sobre la mesa fue que Coahuila pudiera utilizar en algunas regiones la red de comunicación que tiene Nuevo León, pues aquí el sexenio anterior se desmanteló y dejó de operar la red Matra.

            En operaciones policiales contar con canales de comunicación estables y blindados es fundamental, pues a falta de ellos se siguen utilizando plataformas como el whatsapp lo que ha derivado en filtraciones de los audios que se envían cuando han ocurrido enfrentamientos. Habrá que ver si se retoma esta idea de compartir la red de Nuevo León.

            Y aunque definitivamente hacia el norte y la frontera es donde se tienen los mayores problemas, también en los límites de Coahuila y Nuevo León al sur hay puntos vulnerables en que se debe reforzar la vigilancia para evitar la incursión de los grupos que tienen dominio en Zacatecas.

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            Interesante que en la manifestación de alcaldes este miércoles ante la Cámara de Diputados fue una alcaldesa originaria de Saltillo la que llevó la voz cantante por parte de los perredistas.

             La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, nació en Saltillo y aquí se tituló de abogada en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, aquí fue candidata a diputada local en 2008, y en 2012 asumió como diputada federal plurinominal, representando a la circunscripción en que se encuentra Coahuila.

            En San Lázaro este miércoles González Magallanes cuestionó que el gobierno de López Obrador abandonde a los municipios y alcaldías, cuando se supone que en los 18 años que recorrió el país como candidato conoció la realidad que enfrentan y las carencias que tienen.

            Los problemas no se resuelven, dijo, con los programas federales que se limitan a regalar dinero.

            De los alcaldes que están en funciones actualmente se conoció que acudieron Juan Salas, de General Cepeda, y Jorge Zermeño de Torreón, y de los electos por allá se vio a Mario Dávila Delgado, de Monclova.

            Y así como los alcaldes se apersonaron para presionar en la negociación del presupuesto federal, se espera que este jueves esté en la Cámara de Diputados una comisión de empresarios de Torreón que va con una exigencia similar.

            Pero ya lo anticipó Jaime Bueno en una entrevista, el panorama no es muy optimista, ya hay un dictamen en comisiones, y de la propuesta alterna que presentaron PAN, PRD y PRI los de la mayoría presidencial no consideraron nada.

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            De diputados hablando, quien ya tiene avance en las gestiones para resolver la problemática que aqueja a productores rurales por el desmantelamiento de las oficinas de Conagua en Saltillo es Jericó Abramo Masso.

            Ya puso en antecedentes al presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, y el martes de la próxima semana tendrán una reunión entre legisladores para revisar los asuntos pendientes y llevar un planteamiento al director del organismo, Germán Martínez.

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            Quien se prepara para ser anfitrión la semana próxima de sus pares de otras entidades de la República es el Fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier, quien anunció que Saltillo será sede de un encuentro en que se anticipa la presencia de al menos veinte fiscales.

            No por nada se empezaron a poner nerviosos algunos ex alcaldes y otros que aún están en funciones, temiendo que a Flores Mier se le vaya a ocurrir tener algo para presumir y acelere la judialización de las carpetas de investigación que ha estado integrando por irregularidades financieras en varios Ayuntamientos.

            Dice el Fiscal que los casos más importantes tienen que ver con la administración anterior de Saltillo y la actual de Parras. Sobre aviso no hay engaño.

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            A la que vieron por Parras haciendo promoción al pan fue a la diputada priista Edna Dávalos. Pero que nadie se espante, no es que la legisladora ande traicionando a su partido y promoviendo al albiazul, aprovechó reuniones con dirigentes de colonias para obsequiarles pan de pulque del que elaboran en su tierra, Ramos Arizpe.

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Por Eduardo J. De La Peña

            En la semana que finaliza concluyó la vigencia del contrato colectivo del sindicato «Miguel Trujillo López», que encabeza Tereso Medina Ramírez, con la planta Silao de General Motors.

            Se abre el espacio para que cualquier otro sindicato solicite la firma de un nuevo contrato colectivo, siempre y cuando demuestren que tienen la aceptación de al menos el treinta por ciento de los trabajadores.

            Sin embargo se afirma que para Tereso Medina el capítulo no se ha cerrado, pese a que después del recuento en que su organización fue derrotada no promovió ningún recurso legal, mantiene una estrategia para tratar de impedir que el autodenominado «Sindicato Independiente» se quede con la titularidad del contrato.

            Pues aunque al frente de la nueva organización aparece una empleada de General Motors, no queda duda de que son auspiciados por Patricia Juan Pineda, una abogada con fama de desestabilizadora.

            En el pasado la abogada Juan Pineda estuvo vinculada al «Frente Amplio de Trabajadores», el FAT, y también se le relaciona con el Sindicato Mexicano de Electricistas que lideró Martín Esparza, una de las agrupaciones con los más señalados antecedentes de propiciar conflictos y entorpecer soluciones y acuerdos.

            En el centro del país y el Bajío, Juan Pineda ha jugado un papel similar al que tuvo en la región fronteriza Susana Prieto Terrazas, hoy protegida por Morena como diputada federal plurinominal, urgida de fuero tras el proceso penal que se le abrió en Tamaulipas tras los conflictos que generó en Matamoros, propiciando el cierre de varias fuentes de trabajo.

            No es entonces la planta de Silao lo que más preocupa a Tereso, sino cortar el avance de Patricia Juan Pineda para evitar que en el futuro intente infiltrarse en otras empresas donde hay representación cetemista.

            Y este vendría a ser solo uno de los frentes que se le abren a la CTM, pues en otras entidades hay un terco asedio de Pedro Haces y el CATEM para despojarlos de los contratos colectivos.

            El CATEM logró ya la representación sindical de Nissan en Aguascalientes, y se habla que ahora tienen la mira en varias empresas agrupadas en el Consejo Nacional Index, es decir las maquiladoras de la frontera.

            ¿Automotrices y maquiladoras son las prioridades del CATEM?, esa ruta pasa por Coahuila, es importante estar alertas y cuidar la estabilidad laboral que caracteriza a la entidad.

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            El gobernador Miguel Riquelme se mostró realmente consternado en el homenaje luctuoso que se rindió este viernes en Palacio de Gobierno a Higinio González Calderón. Es claro que le impactó el enfrentarse nuevamente a un escenario que un mandatario nunca tiene previsto que vaya ocurrir, la muerte de un colaborador de primer nivel, y le consternó también el hecho de que el último contacto que tuvieron, hace algunas semanas, fue una llamada del entonces titular de Educación desde el hospital en que se atendía, dando seguimiento a temas propios de la dependencia.

            Sin embargo, en la historia reciente de Coahuila a otros gobernadores les ha tocado enfrentar trances similiares. Rogelio Montemayor Seguy perdió a uno de sus más cercanos colaboradores, Oscar Olaf Cantú Ramírez, cuando se desempeñaba como representante del gobierno del estado en el entonces Distrito Federal.

            Dos colaboradores de Humberto Moreira Valdés murieron en accidentes aéreos, Emilio Bichara Marcos, y años después quien fuera Secretario de Obras Públicas Horacio del Bosque Dávila, en una tragedia en que también murió el alcalde de Piedras Negras José Manuel Maldonado Maldonado.

            En el sexenio de Rubén Moreira murieron quien fuera Consejero Jurídico, Raúl Alvarado Castro, quien fue su compañero de generación en Jurisprudencia y llevaban una amistad personal; y en 2015 murió el Subsecretario de Minería y ex alcalde de Guerrero, Francisco García Castells Alanís.

            El año pasado, unas semanas antes de que se desatara la contingencia sanitaria, fue asesinado en Saltillo el Subsecretario de Infraestructura José Pablo Ramírez Ortega, quien además de colaborador era amigo del gobernador.

            Así, este vienes Riquelme dirigió un emotivo mensaje de reconocimiento no solo a la trayectoría de Higinio en la vida educativa y el sector público de la entidad, sino además a las aportaciones al proyecto de gobierno producto de su experiencia y su personalidad analítica y mesurada.

            Un homenaje sobrio, pero aún con ello emotivo y sin duda merecido para el ex Secretario de Educación.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Con el reloj en contra se aplicaron algunos de los grupos de Morena en la entidad y armaron su estructura para promover la consulta de revocación de mandato, que en el planteamiento de ellos es de ratificación.

            Si veinticuatro horas antes de que el INE cerrara el registro para quienes estarán autorizados a recabar las firmas para solicitar la consulta había en el caso de Coahuila menos de cincuenta personas inscritas, al final cerraron con 479 en los siete distritos.

            El distrito con más promotores inscritos es el segundo, donde se contabilizan 150, y de ahí le sigue el primero con cien registrados, y se entiende que sea en esos distritos donde lograron reclutar un mayor número de personas, pues fue en donde obtuvieron triunfo en la elección de junio, aunque en el primero lo hicieron con las siglas de su satélite el PT y con un candidato que les prestó su socio la UDC.

            Llama la atención sin embargo que en los distritos con cabecera en Saltillo, el cuarto y el séptimo, hayan registrado únicamente a tres y a dos promotores respectivamente, dejando en evidencia que su nuevo dirigente estatal Diego Del Bosque anda en una burbuja de jabón, sin haber construido estructura alguna en los más de cuatro años que tiene como activista de ese partido.

            Claro que la convocatoria del INE no era en específico para Morena, sino abierta a toda la ciudadanía, pero nadie hizo caso, y por los nombres de quienes están registrados queda en claro que se trata de una estrategia del partido presidencial.

            Entre quienes se inscribieron de última hora está Melba Farías Zambrano, en el tercer distrito donde buscó ser reelecta como diputada federal, pero la derrotó en las urnas la priista Cristina Amezcua.

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            Aunque desde inicios de la semana grupos del PAN deslizaron la versión de un acuerdo de unidad para impulsar a Elisa Maldonado para la Presidencia del Comité Directivo Estatal, y a Gerardo Aguado para la Secretaría General, ahora que se abrió la convocatoria se habla de que pudieran surgir otros prospectos.

            La de Elisa Maldonado parecía la mejor opción para conciliar entre los dos principales grupos que se disputan el control de Acción Nacional, el de Mario Dávila Delgado, donde ella ha construido su propia relación, y el de Guillermo Anaya, con quien su padre, el abogado Ricardo Maldonado Escobedo, tiene relación desde hace años.

            Cuando en 1996 el PAN obtuvo diez diputaciones en el Congreso local, designó como coordinador de esa significativa bancada precisamente al abogado Maldonado Escobedo. Fue entonces cuando surgieron, en ese momento impulsados por Jorge Zermeño Infante, que ganó ese año la alcaldía de Torreón por primera ocasión, personajes como Guillermo Anaya, Ignacio Corona y Pedro Luis Bernal.

            Maldonado supo jugar bien su papel, no era dado a los protagonismos pero conocía el peso de su bancada en el Congreso y llevó la tarea con bastante dignidad, aunque su ejemplo a la larga no fue imitado por algunos como Anaya.

            Los activos de su padre parecería que impulsan a Elisa Maldonado y le dan entrada con Anaya y Jesús De León, sin embargo da la impresión de que estos grupos pensaron en una solución a la medida de las pugnas internas, pero no a la altura de los retos que afrontará el PAN en el futuro cercano en Coahuila.

            Elisa Maldonado puede unificar a los dos principales grupos internos de su partido, pero no ha  demostrado tener el empuje para reconstruirlo y reposicionarlo en el ánimo del electorado después de la inercia perdedora que han tenido.

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            Sorprendió el tono con el que Alfonso Cepeda Salas dirigente nacional del SNTE recibió a diputados federales que participaron en la conferencia «Un siglo de rectoría estatal de educación pública».

            Ante los morenistas Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Cepeda Salas soltó el reclamo: la insuficiencia presupuestal, dijo, ha sido una constante en la historia de la educación en nuestro país.

            Habló el coahuilense de que hay problemas, añejos y nuevos, que se están acumulando, como pagos pendientes de sueldos y prestaciones, y señaló como uno de los grandes pendientes nacionales la equidad educativa.

            Nada nuevo bajo el sol en lo que plantea, lo que describió Cepeda Salas es la realidad de nuestro sistema educativo, lo que llama la atención es que hoy lo señala crudamente, cuando en general se había mostrado dócil y sumiso ante la cuarta transformación, que con tres años a cargo de la administración pública federal, se suma a los gobiernos que históricamente han negado el presupuesto que se requiere en educación.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Un análisis publicado este miércoles en El Universal plantea que si dieciséis diputados del PRI se mantienen en su postura, no se conseguirán los 333 votos necesarios para que sea aprobada por mayoría calificada la reforma eléctrica planteada por el Presidente López Obrador.

              En esos dieciséis que ya se identifican en el bloque contra la reforma, hay siete coahuilenses, Jericó Abramo Masso, Jaime Bueno Zertuche, Tereso Medina Ramírez, Cristina Amezcua, José Antonio Gutiérrez Jardón, Shamir Fernández y Rigo Fuentes.

              No incluyen a Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada priista, quien comparte la postura del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, de que habría que someter la iniciativa a una consulta de parlamento abierto, y ha señalado además que no hay prisa para abordar la reforma eléctrica.

              Moreno ha dicho además que “al PRI nadie lo presiona”, lo que ha sido leído como una pose de aparente dignidad que no se sostendría si empiezan a presionar al ex gobernador de Campeche con las cuentas pendientes que dejó en su entidad.

              Que por cierto la nueva gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apenas cumplirá el viernes un mes en el cargo y ya empezó a deslizar declaraciones de que ha encontrado indicios de malos manejos en la administración que recibió de Carlos Miguel Aysa, el interino que quedó en lugar de Moreno. No se ha ido al fondo ni ha presionado, pero ya sembró el tema, en lo que pareció un recordatorio por si se ocupa.

              Pero el gran tema es la reforma eléctrica, y aunque cada día hay mayor coincidencia en que realmente se trata de una estrategia de posicionamiento político del Presidente, y que en su cálculo le es más redituable que se mantenga la oposición a la iniciativa, si que hay razones para que el trámite legislativo no se postergue más.

              Según se conoce, ante la incertidumbre que ha generado la iniciativa, respecto al futuro de la industria eléctrica en el país y su capacidad futura para satisfacer la demanda de energía, hay algunos corporativos internacionales que han puesto en pausa importantes proyectos de inversión en México.

              Se afirma que por ejemplo General Motors pausó su proyecto de expansión del complejo Ramos Arizpe, que implica una inversión de más de mil millones de dólares para la reconversión de sus plantas de ensamble y de sistemas de propulsión, con el propósito de que en el mediano plazo se convirtiera en su quinto centro de producción de autos eléctricos, y la razón de meter el freno es porque no tienen certidumbre de que en el futuro haya abasto de energía estable y suficiente.

              Es decir que la iniciativa de reforma eléctrica no impacta únicamente a los proyectos en curso para parques de energía solar y eólica en Coahuila, también está poniendo en riesgo otros de giros diversos, como este del ramo automotriz.

              Puestas así las cosas, la verdad es que sí hay prisa en resolver la reforma, y lo que conviene al país es que no se apruebe.

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              Y a propósito de la industria automotriz, que no sale de la emergencia provocada por la escasez de semiconductoreds, que ha llevado a plantas como General Motors a extender sus paros técnicos, y a otras como Kia a iniciar con los mismos, veremos cómo les va ahora con el anuncio de López Obrador en el sentido de que sí habrá regularización para los autos “chuecos”, los cientos de miles que han sido introducidos de contrabando al país.

              El planteamiento del Presidente va vinculado al tema de la seguridad, y no le falta razón, es necesario tener un padrón de estos autos, pero también es cierto que históricamente cada que se abre un proceso de regularización, crece el contrabando, se beneficia a muchos ganones, y al final volvemos a tener el mismo problema.

              En el anuncio presidencial va también la promesa de que el derecho que se cobre por la regularización se entregará a los gobiernos estatales, etiquetado para obras de pavimentación, a ver si es cierto.

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              Dicen que cuando estás en el lodo vale más ser paciente y esperar a que se seque, pues si te mueves te ensucias más. Pues parece que nadie se lo dijo al Ministro Javier Laynez y ya enredó más el tema de su detención en Torreón.

              El Ministro asegura que no conducía en estado de ebriedad, que no lo dictaminó un médico legista, que no le dieron oportunidad de demostrar que estaba sobrio, y que a su familia le exigieron el pago en efectivo de seis mil quinientos pesos, sin recibo de por medio, para dejarlo en libertad.

              Funcionarios municipales de Torreón aseguran que sí hay una prueba de alcoholemia, pero no la harán pública por la protección de datos personales.

              Y también el Fiscal del Estado Gerardo Márquez Guevara le entró al tema, asegura que el médico legista de la dependencia dictaminó al Ministro, que su grado de alcoholemia no era alto, y que como su falta no era grave lo pusieron en libertad.

              ¿A quién le creemos entonces?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Un martes movidito tuvieron los representantes de Coahuila en el Senado de la República, los tres — cada uno con diferente tema– jalaron reflectores.

            Y hasta en la lectura de correspondencia hubo espacio para un exhorto que hizo el Congreso de Coahuila para que se asigne en 2022 un mayor presupuesto federal para nuestra entidad, que acordaron remitirlo a la Cámara de Diputados pues es la que tiene competencia en el tema.

            La priista Verónica Martínez llevó a tribuna una iniciativa para incorporar a la Ley de Responsabilidades Administrativas sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en hostigamiento o acoso sexual.

            También llevó otra propuesta para modificar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que actualmente no fija plazos para que se resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores.

            Y la que sorprendió llevando también dos asuntos en la sesión fue la morenista Eva Galaz Caletti, que se ha destacado por su improductiva gestión.

            Galaz propone reformas a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para que se señale que no se podrá establecer un régimen de visitas con el progenitor que esté en un proceso penal que tenga que ver con atentados contra la vida, la libertad, o de carácter sexual en el seno familiar.

            También Galaz, en conjunto con Ricardo Monreal Ávila, propuso un exhorto a los gobiernos federal y de Coahuila para que diseñen un programa especial de inversión y de reactivación económica para Monclova con motivo de la crisis generada, dicen ellos, por Altos Hornos de México, aunque les faltó señalar que más bien la crisis la propició el propio gobierno federal con su persecución, y que no ha atendido ninguno de los llamados que se le han hecho a declarar la zona de emergencia.

            Habrá quienes opinen que los planteamientos de las senadoras son importantes, otros los verán  como relleno, pero cuando menos ellas sí estaban trabajando en labor legislativa, que es para lo que se les paga, y bastante. En cambio Armando Guadiana Tijerina se ausentó de la sesión y desvió recursos del Senado para intentar limpiarse la cara luego de que su nombre salió mencionado en la investigación de los «Pandora Papers».

            Guadiana confirma que llevó inversiones a un banco estadounidense y explica que lo hizo para financiar un proyecto minero en Colombia. Señala que el caso data de 2008 y que el banco en que depositó los recursos quebró por lo que en lo personal tuvo un quebranto, afirma también que por ese dinero pagó los impuestos correspondientes.

            Quedaría ahí a grandes razgos explicado lo de los «Pandora Papers», y aclarado que no hubo nada ilícito en esa inversión offshore.

            El propio Guadiana en la conferencia de prensa dijo que en los últimos 10 años ha tenido ingresos personales por 200 millones de pesos y que participa en varias empresas que en ese mismo lapso han generado ingresos por más de 13 mil millones de pesos, y que de todo ello ha tributado puntualmente.

            No hay elementos para dudar que lo dicho por el Senador sea cierto, que tuvo esos ingresos y pagó los impuestos correspondientes. Sin embargo nada de eso está mencionado en su declaración patrimonial.

            Dice Guadiana que el Instituto Electoral de Coahuila cometió un error en la declaración que hizo publica hace meses cuando fue candidato a la alcaldía de Saltillo, pero si revisamos la declaración 3902 presentada el 26 de febrero de 2021 ante el Contralor Interno de la Cámara de Senadores, tampoco encontraremos mención alguna de esa fortuna ni de esas empresas.

            En el apartado 8, donde se deben declarar los ingresos, Guadiana consignó los que recibió por su cargo público, reportando 478 mil 237 pesos, pero aparecen en blanco los percibidos por actividades empresariales o financieras. El apartado 9 se refiere al año inmediato anterior, y tampoco consigna otros ingresos.

            En el punto 12 respecto a bienes muebles reporta «Ninguno», al igual que en los puntos 13, 14 y 15, relativos a inversiones, cuentas bancarias, otros activos, adeudos, pasivos, préstamos o comodatos.

            El capítulo segundo es la declaración de intereses ahí respecto a participación en empresas, sociedades o asociaciones lo deja en blanco, y asegura que en ninguna institución participa en la toma de decisiones.

            En suma, la declaración patrimonial que debe presentar de acuerdo con la ley, no cumple con lo que admitió este martes en la conferencia de prensa. Ante la Contraloría del Senado ocultó su gran riqueza, ¿esto no amerita una sanción?, ¿va a salir otra vez con que se atontó?. Eso sí, al hacer negocios no se atonta, y ahí están de muestra esos 200 millones de pesos de ingresos personales en una década.

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Por Eduardo J. De La Peña

            El domingo autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reconocieron que les tomaría seis o siete días procesar para su deportación a los más de doce mil migrantes que acampan en Del Río abajo del puente internacional, esperanzados con recibir asilo en el vecino país.

            Si es así, para finales de esta semana Estados Unidos tendría resuelta la situación, y quizá incluso antes autoricen la reapertura del cruce fronterizo. Sin embargo para Coahuila el problema apenas comienza.

            El Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos Raúl L. Ortíz está desde el fin de semana en Del Río, una región que debe conocer bastante bien pues en el año 2000 ahí estuvo asignado como agente auxiliar, y en 2019 regresó como Jefe de Sector, cargo del que ascendió en 2020 a Jefe Adjunto a nivel nacional, y finalmente hace apenas un mes lo designaron en su actual cargo, que es el de mayor rango.

            L. Ortíz dijo en una conferencia de prensa que están en conversaciones con los países donde estos migrantes, la mayoría haitianos, hicieron escalas para retornarlos. Es decir que a todos aquéllos que Estados Unidos no envié directamente de regreso a su país de origen, los mandarán a México, entre otras naciones.

            ¿A cuántos de ellos simplemente los dejarán en los cruces fronterizos?.

            En Piedras Negras a lo largo de varios meses han constatado cómo son esas deportaciones, que se hacen por decenas y sin aviso previo a las autoridades mexicanas, lo que genera que esos extranjeros ingresen a nuestra entidad sin ningún control sanitario ni registro migratorio.

            Pero además, también el Del Río, el Secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, dijo que los miles de haitianos llegaron engañados –en su teoría por los propios traficantes– con la información falsa de que la frontera estaba abierta.

            Seguramente muchos de los que actualmente están en los campamentos en Del Río tratarán de huir para no ser retornados a Haití, e intentarán cruzar a Acuña, donde se sumarán a las decenas que estuvieron viniendo a comprar víveres y que a partir del domingo ya no pudieron pasar por el río Bravo.

            A estos hay que sumar los decenas o cientos –no hay manera de precisar un número– que iban en tránsito y que han preferido bajar de los autobuses en que viajaban cuando en los retenes que se han instalado en Coahuila y Tamaulipas se les impidió continuar.

            Desde el sábado, de Monclova hacia el norte se observó a grupos de extranjeros caminado a la orilla de la carretera, y también buscando alimentos en comunidades como Sabinas y Zaragoza.

            Los retenes, con un impresionante despliegue de la guardia nacional, han permitido frenar el flujo que llega a Del Río. Las autoridades de EU consiguieron que el gobierno mexicano les quitara esta presión, pero los migrantes se están quedando en nuestra entidad.

            Y desde luego no hay ningún esfuerzo del gobierno federal para ayuda humanitaria, al contrario la bloquean, como en Tamaulipas, donde a dos hombres originarios de San Fernando que aceptaron trasladar en su auto a algunos haitianos los detuvieron y consignaron por tráfico de personas.

            Quedará pues una carga para las autoridades estatales, que como ocurrió en la caravana de 2019 tendrán que instrumentar una estrategia sin apoyo federal para movilizar a cientos de migrantes procurando condiciones de seguridad e higiene.

            Habrá que estar atentos al tema, pues los problemas se prolongarán por varias semanas más.

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            El Director del Instituto de Transporte en Saltillo, Héctor Gutiérrez Cabello, dio a conocer que se ha dado de baja de manera definitiva, y sin posibilidad de volver a obtener licencia para trabajar en el servicio público de transporte, a cuatro operadores que fueron denunciados por acoso sexual en contra de pasajeras.

            Sin duda que es un avance, y también que el funcionario exhorte a quienes sean víctimas de estas conductas a presentar su denuncia ante el Instituto, si el acosador es un chofer, y notificar al operador si las acosa un pasajero.

            Sin embargo no hay un esfuerzo real de comunicación por parte del Instituto para que las pasajeras conozcan que existe esta posibilidad. Si se le diera difusión serviría también como medida disuasiva.

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            No únicamente el alcalde electo de Torreón Román Alberto Cepeda participa cada vez con mayor frecuencia en eventos alusivos a las responsabilidades que pronto asumirá, también ya lo está haciendo su esposa, la señora Selina Bremer, quien acompañó a la esposa del gobernador, señora Marcela Gorgón a la inauguración de un comedor comunitario, lo cual le permitió conocer cómo operan estos centros de los que el DIF Coahuila tiene ya más de ochenta en la entidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Apenas va a completar diez días fuera de la nómina y a Luis Fernando Salazar ya le andan ganando los nervios. Ahora hizo frente común con el también desempleado Antonio Attolini para abrir fuego en redes sociales contra el delegado Reyes Flores Hurtado, y no batallaron para encontrar con que tirarle pues las jornadas para entrega de apoyos a beneficiarios de los programas «del Bienestar» han resultado todo un desorden en Torreón.

            Primero fue Attolini el que se sumó en redes sociales a las críticas de ciudadanos por el trato que se dio a los adultos mayores en el pago de sus pensiones, pues los mantuvieron bajo el sol y haciendo fila por varias horas, y vino luego la aportación de Luis Fernando: «Eso y la desorganización de las vacunas».

            Y sí, en Saltillo hemos visto como en forma reiterada las jornadas de vacunación se convierten en un caos, lo que ahora les tocó vivir a los adultos mayores en Torreón con las pensiones.

            Lo mejor fue cuando ya Salazar y Attolini agarraban vuelo cuestionando la eficiencia de la delegación del Bienestar, y un usuario les espetó en redes con atinado sarcasmo: «No creo, todo es perfecto en México. Revisa bien, seguro Calderón está atendiendo esa zona».

            La realidad es que a Luis Fernando y a Attolini Murra les urge un cargo y quisieran preferentemente el de Reyes Flores Hurtado, quien no pasa por su mejor momento y es atacado desde varios flancos, pues recordemos que  también la ha emprendido en su contra Armando Guadiana Tijerina, quien hasta se alió con Tania Flores –a la que antes acusó de verse favorecida con irregulares contratos de la CFE– para que la aún diputada local y alcaldesa electa de Múzquiz se sume al golpeteo en cuanta tribuna pueda.

            Por su parte el otrora super delegado no pierde la actitud, y la semana pasada se dejó ver por la Sierra de Arteaga, no se sabe si en gira de despedida o cumpliendo alguna cita regular con amigos, pero definitivamente en plan social, pues ninguna de esas visitas se ha traducido en algún tipo de apoyo para las comunidades o los productores.

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            Ahora que el gobernador Miguel Riquelme estuvo en la región Carbonífera para una gira de dos días tuvo oportunidad de ser informado a detalle sobre el accidente ocurrido en una mina en el ejido Obayos.

            Ahí se confirmó que fueron más de diez horas las que cuatro mineros estuvieron atrapados, porque el responsable de la mina no dio aviso a las autoridades, que intervinieron hasta después de las siete de la tarde en que una llamada anónima a los sistemas de emergencia alertó de lo que estaba ocurriendo.

            En el ÍNDICE de ayer comentamos que Consorcio A.G., el dueño de la mina que quedó «taponeada» el martes, es también patrón de Juan Muñiz, el hombre que resultó lesionado en otro accidente ocurrido en junio, y precisamente Muñiz denunció este jueves que desde hace cinco semanas la empresa no le entrega su pago.

            A tres meses del accidente Muñiz no se puede reincorporar a trabajar, debido a las lesiones que sufrió, y el IMSS no le paga su incapacidad porque hubo un erro en su registro, entonces la empresa le venía entregando una cantidad semanal, menor a su ingreso real, pero lo cortaron desde hace cinco semanas.

            Muñiz refiere que «Memo Flores» –Guillermo Flores Rangel– encargado de la mina, no le contesta llamadas ni mensajes, y ha intentado comunicarse a los teléfonos que se supone son de la compañía, pero tampoco nadie le contesta.

            Y respecto a su salud, el minero lesionado explica que le han dicho va a requerir una operación, pero no hay en la región el especialista que la practica.

            Aún más, Juan Muñiz reveló que la semana anterior coincidió en el IMSS con otro trabajador de A.G. que se fracturó un dedo en la mina de esa empresa, otro accidente más.

            Aquí hay tantas irregularidades como cuentas tiene un rosario, y mientras tanto las autoridades federales del trabajo dejan pasar, y la Comisión Federal de Electricidad le sigue comprando a esta empresa.

            ¿Garantías de no repetición?, esa es otra broma de la 4T.

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            En los círculos políticos hacen correr la recomendación a la Secretaría de Educación Delfina Gómez que mejor se abstenga de pasar la charola a los empresarios para la remodelación de planteles educativos, no vaya a ser que en uno de sus arranques el Presidente la acuse de que le pagaron viáticos y se le caiga hasta la candidatura al gobierno del Estado de México.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Vaya caso el que se presenta en Monclova –¿dónde más?– con lo ocurrido en la secundaria número 2 donde la directora convocó a una junta con padres de familia para explicarles cómo se incorporarán, cuando les corresponda, al modelo híbrido, pero a partir de dicha reunión la situación del plantel ha dado un giro dramático con la muerte de un intendente.

            Para la junta con los padres de familia la directora siguiendo el protocolo ordenó un filtro sanitario, y puso a cargo al intendente pese a que este se quejaba por presentar dolor de cabeza y otros malestares. El hombre cumplió con tomar la temperatura a cada uno de los asistentes, pero tal parece que nadie le tomó la suya y no se percataron que estaba tan enfermo que a los pocos días murió.

            La inquietud que hay entre los compañeros del intendente ante la posibilidad de haberse contagiado, al igual que todos los asistentes a la junta, no es el único tema que deben resolver el secretario de Educación Higinio González y el de Salud Roberto Bernal, quienes deben definir también si corresponde una sanción a la directora de la secundaria por la negligencia de ignorar los síntomas del empleado, tan reales que le costaron la vida.

            Aún más, ambas instancias deben definir un protocolo claro y certero para las instituciones educativas ante casos similares a futuro, un tema harto complejo pues debe además cerrar la puerta a abusos y trampas.

            En otras entidades han implementado pruebas de antígeno como un recurso rápido para detectar posibles casos de contagio en planteles educativos, quizá esta puede ser la ruta a seguir, con el inconveniente que no son del todo confiables, además del costo que representan.

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            Y en más de la contingencia sanitaria, mientras el delegado federal Reyes Flores Hurtado sigue haciendo malabares para tratar de arreglar el entuerto que generó con las jornadas de vacunación en Saltillo, nadie presta atención a víctimas colaterales del desorden que se presentó esta y la anterior semana.

            Resulta que a diferencia de como se dio el proceso con otros grupos de edad, para la población de Arteaga que está entre 18 y 29 años de edad no hubo una jornada en específico, se les convocó junto con los de Saltillo, incluso a los de comunidades rurales.

            Hubo a quienes de acuerdo con la inicial de su primer apellido les correspondía vacunarse el martes 24 de agosto, el día del zafarrancho en Ciudad Universitaria, y desde luego no consiguieron se les aplicara el biologico, lo volvieron a intentar el lunes y martes de esta semana, también sin éxito, y ahora quedaron en la categoría de «rezagados», para los que no hay una fecha prevista.

            Son habitantes de ejidos enclavados en la Sierra de Arteaga, que tuvieron que faltar tres días a su trabajo, le invirtieron al traslado y aún no son vacunados.

            ¿Qué llevó a Reyes Flores a cambiar la estrategia con Arteaga cuando había funcionado bien el llevar las vacunas a los ejidos?, nadie se lo explica el caso es que vino a complicar las cosas justo cuando en algunas comunidades hay brotes de contagio en niveles preocupantes.

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            En otros temas,  en Torreón sembraron la versión de que Javier Díaz González dejará la Administración Fiscal General para incorporarse en el equipo de José María Fraustro Siller como tesorero municipal para la siguiente administración en Saltillo.

            Javier Díaz tiene los atributos para el cargo, pues además de su capacidad ha acumulado experiencia en su responsabilidad actual; tiene una buena relación personal con Fraustro Siller, a partir de que coincidieron como diputados en la Legislatura en que el alcalde electo presidió la Junta de Gobierno; y cumple también con un requisito que históricamente se ha pedido a los tesoreros en Saltillo, aceptación y buenos contactos en las cúpulas de la IP.

            Con todo y ello no se puede perder de vista que Javier Díaz se ha consolidado en estos años como uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Miguel Riquelme, al grado de que no únicamente lleva la cuestión recaudatoria, sino que también le delegan la operación de los egresos para proyectos específicos que ordena directamente el mandatario estatal.

            No se ve sencillo que el gobernador vaya a dejar ir a Díaz, que es también un enlace eficiente con los dueños del capital en Saltillo.

            Lo que más llama la atención es que la versión venga de Torreón. ¿A poco alguien de allá promovió la idea para ver si pega, saca a Javier Díaz de la estructura estatal y recupera espacios de poder que se le acotaron conforme creció la influencia del Administrador Fiscal en el ánimo del gobernador?.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Ya pasó un mes de las elecciones y en Coahuila Morena sigue acumulando derrotas, aunque estas ya no son en las urnas sino en los tribunales.

            En días recientes se ventiló en el Tribunal local la impugnación que presentaron por la elección de alcalde en Nava, que se resolvió con una diferencia a favor del PRI de apenas 123 votos.

            Morena pretendía en ese municipio un recuento total y anular algunas casillas, pero el Tribunal no lo consideró procedente y confirmó el cómputo que dio el triunfo a Pilar Valenzuela Gallardo del PRI, por sobre Iván Ochoa Rodríguez, de Morena, quien no entrará al Cabildo ni como regidor pues su partido no lo consideró en las posiciones de representación proporcional.

            Y en instancias federales ya se resolvió el juicio que promovió Melba Farías Zambrano, juicio que estuvo a punto de desecharse pues lo promovió ella y no su partido, sin embargo los Magistrados de la Sala Monterrey hicieron una excepción y le concedieron entrar al estudio del caso.

            Melba en su anhelo por retener la diputación federal que en 2018 le cayó de milagro, acusó de todo lo que se le ocurrió a la priista Cristina Amezcua, pero no es lo mismo acusar que probar y a la hora del análisis ninguno de sus agravios se sostuvo.

            Así que la Sala Monterrey, por mayoría de votos, confirmó la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría para la candidata del PRI.

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            En estos tiempos el anhelo de la mayoría es vacunarse, y cada quien va a donde puede para conseguir ese propósito.

            Se ha visto de todo. Cuando llegaron las primeras vacunas tuvimos el caso del diputado Francisco Cortez Gómez que se hizo pasar por empleado del ISSSTE para ser considerado con el personal de salud.

            Muchos viajaron a Estados Unidos para vacunarse allá, algunos a ciudades texanas y otros aprovecharon los vuelos baratos para ir hasta Nueva York. Se conoció también de quienes se registraron como donadores de sangre y plasma en Eagle Pass para que les concedieran cruzar la frontera por vía terrestre, y aprovecharon para vacunarse pero ya andaban perdiendo la visa de turistas porque les pagaron por la donación.

            No faltó quien consiguió espacio en la nómina de alguna institución educativa para entrar con los maestros. Y están desde luego también los que hicieron filas de madrugada para esperar las vacunas en los centros que abrió aquí el gobierno federal.

            Pero sin duda el caso más singular es el de la alcaldesa electa de Múzquiz y diputada local Tania Flores Guerra. Ella la semana pasada fue a vacunarse a la Unidad de Inteligencia Financiera y junto con Evaristo Lenin Pérez se entrevistó con Santiago Nieto Castillo.

            Anda en tantos enjuagues la también empresaria minera, que su vacunación va a necesitar otras dos dosis de refuerzo.

            Cada quien se vacuna de lo que tiene miedo.

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            Finalmente el fin de semana avanzó el procedimiento de desafuero para el diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.

            La Sección Instructora volvió a sesionar el fin de semana y ahora sí alcanzó los votos necesarios para declarar la procedencia del juicio político, pues la priista Claudia Pastor –que la semana pasada había votado en contra– reconsideró su posición.

            Resta ahora que se convoque a un periodo extraordinario y la Cámara se erija en Jurado de Procedencia. De darse el desafuero, la UIF y la Fiscalía de la Ciudad de México podrían iniciar el proceso penal contra Toledo, y se abrirá un momento interesante, pues Toledo ha sido reelecto, ahora como candidato de Morena en un distrito de Puebla, y si rinde protesta el primero de septiembre tendrá nuevamente fuero.

            Otro diputado electo que rendirá protesta sujeto a proceso penal, y con una acusación similar aunque de menor cuantía, es el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo.

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            De diputados hablando, la que destaca no únicamente por el compromiso con que ha asumido su función, sino además por el cuidado que pone en mantener informado a su distrito de la labor que realiza, es la saltillense María Bárbara Cepeda quien preparó un informe semestral en video que está haciendo circular en plataformas digitales y en el que habla tanto de sus tareas de gestoría como su participación legislativa.

edelapena@infonor.com.mx