Por Eduardo J. De La Peña De León

            En círculos políticos se cuenta una anécdota, data de diciembre de 2009, cuando quince días antes de entrar legalmente en funciones rindió protesta como alcalde de Ramos Arizpe Ramón Oceguera Rodríguez.

            Al finalizar el evento, un familiar cercano se abrió paso entre los invitados y tras un estrecho abrazo al nuevo alcalde, le miró de frente y soltó  una frase que no se sabe si era recomendación,  consejo o advertencia «nada más no vayas a robar». La respuesta fue un gesto brusco y un frío silencio.

            Jamás se volvieron a dirigir la palabra.

            Este lunes, casi once años después a Ramón Oceguera le dictaron formal prisión. Desde el penal deberá afrontar el proceso en el que se acusa de peculado.

            La misma suerte corrió quien fuera su tesorero, Vicente Barreda González, quien por esos años decidió dejar su carrera en la banca comercial, en donde había ido escalando posiciones, para incursionar en la que fue su única participación en la administración pública, de donde saldría con las relaciones y los medios para emprender los más diversos negocios.

            Siempre al lado de Oceguera, en los años transcurridos desde que dejaron la alcaldía de Ramos, Vicente Barreda lo mismo se dedicó desde la renta de equipo y maquinaria de construcción, hasta la explotación de granjas avícolas, y también siempre para un mismo cliente, el gobierno de Nuevo León, en donde les abrió las puertas, y las arcas, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, «El Bronco».

            Tres denuncias presentó la Auditoría Superior del Estado en contra de Ramón Oceguera y Vicente Barreda.

            La primera incluso fue presentada cuando aún eran servidores públicos, el 13 de diciembre de 2013, y tenia que ver con el ejercicio presupuestal del año 2010.

            Cumplidas todas las etapas de la fiscalización, agotados cada una de los plazos, oportunidades y términos previstos en la ley para comprobar y justificar, Oceguera y Barreda no habían logrado demostrar la correcta aplicación de poco más de 9 millones de pesos, que estaban consignados como ingresos, sin precisarse su origen ni su destino.

            También del año 2010 no encontraron justificación sobre el destino que dieron a 16 y medio millones de pesos que el gobierno del estado le prestó a Ramos Arizpe a través de PIDECO, una promotora para el desarrollo comercial y económico.

            En enero de 2015 la Auditoría Superior presentó otra denuncia, y entre los hechos señalados el más relevante es un desfase entre los cortes de caja por ingresos y los depósitos en las cuentas bancarias oficiales por 3 millones quinientos mil pesos.

            Lo interesante es que esos 3 millones y medio que se perdieron, corresponden a la revisión de un solo día del año. Si las revisiones de la Auditoría son aleatorias y no exhaustivas, ¿otros días también se habrá perdido dinero?.

            Pero el verdadero festín fue el último año de la administración, el 2013.

            De los hallazgos en la auditoría correspondiente a ese año, el órgano fiscalizador detectó 42 hechos, que engloban las más diversas irregularidades, y que encuadran dentro del delito de peculado. Los montos superan los 30 millones de pesos.

            Las cifras mayores de los hechos detectados tienen que ver con cuestiones de nómina, pago de compensaciones no justificadas, pagos a trabajadores no identificados, premios de puntualidad sin sustento, contrataciones de nuevo personal pese a la prohibición legal a los Ayuntamientos de hacerlo en el cierre de gestión, todo esto supera los diez millones de pesos.

            En este rubro una joya es lo que la administración de Oceguera erogó bajo el concepto de «pago de vacaciones a funcionarios mayores», 756 mil pesos en el mes de enero de 2013.

            También se le señalaron simulaciones de actos jurídicos, contratación de servicios notariales pagados a fantasmas que ni tienen fiat notarial ni cuentan con un domicilio real, ahí la fuga fue de 2 millones y medio de pesos.

            Hubo en 2013 pago por obras y servicios no concluidos por más de cinco millones de pesos.

            Los auditores también detectaron que el Ayuntamiento no cobró la expedición de las licencias para la creación de un parque industrial, una inversión que hizo a título personal el alcalde en un terreno que le compró a su padre.

            La denuncia por los hechos de 2013 la presentó la Auditoría Superior el 7 de agosto de 2015. Ramón Oceguera y Vicente Barreda fueron detenidos el 28 de septiembre, hace una semana, cinco años después.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Antiguamente, principalmente en las zonas rurales, se asociaba la festividad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre– con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en los que incluso se perdían las cosechas, y se dio en llamarle «el cordonazo de San Francisco», término que luego se fue aplicando a todo acontecimiento relevante en la vida nacional.

            Así, por ejemplo, el 4 de octubre de 1987 el PRI destapó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari y se dijo entonces que «el cordonazo» pegó a los otros «tapados» entre los que se encontraban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo y Sergio García Ramírez, cordonazo que también generó el sonado rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo con el otrora partido invencible.

            Este año el cordonazo se adelantó y desde los últimos días de septiembre en la región tuvimos las primeras heladas tempranas, con relativa afectación a los productores agrícolas. Pero en forma más severa lo resentimos en el país el primero de octubre, fecha que quedará inscrita en la historia nacional como el día en que la Suprema Corte se postró ante López Obrador.

            Fecha trágica en que cedió uno de los últimos diques que protegían el Estado de Derecho y la  vida institucional en este país.

            Y como si no fuera suficiente que la Corte le haya dado luz verde al Presidente para instrumentar su consulta manipuladora, ahora el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas marcó el inicio de una ruta revisionista que nada productivo dejará para el país.

            En los eventos alusivos a la conmemoración del 2 de octubre, en que se recuerda la masacre de Tlatelolco, Encinas planteó que se debe retirar de los espacios públicos los nombres de personajes que estuvieron involucrados con actos de represión desde los años sesenta a los ochenta.

            Ejemplificó con el aeropuerto de Puerto Vallarta, que lleva el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.

            Y en efecto puede resultar aberrante que se hayan dado esas imposiciones, pero el tan solo abrir el debate al respecto parece más un recurso distractor de esos que tanto le gustan a este gobierno, que un auténtico propósito de reivindicación con las víctimas.

            Cambiar nombres de calles, escuelas, poblados, aeropuertos y edificios tendría para efectos prácticos un alto costo para un país que está quebrado.

            Y además un gobierno que crea un cuerpo de seguridad de formación militar, como la Guardia Nacional, y lo mismo lo moviliza para retirar mantas de protesta en contra del Presidente que para reprimir a agricultores que defienden sus derechos, no tiene calidad moral para señalar a los represores del pasado.

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            Y si de incongruencias hablamos, otro hecho que exhibe a los funcionarios de la Cuarta Transformación lo tenemos en el sitio que aloja representaciones de al menos tres dependencias federales en Coahuila, Agricultura, Comisión del Agua y Comisión Nacional Forestal.

            Dentro de las políticas de austeridad se fueron dejando de rentar edificios y se concentró a las dependencias en estas instalaciones que desde hace más de cincuenta años son de la Secretaría de Agricultura, pero en la caseta de vigilancia hay un guardia por cada dependencia.

            Sí, la Conagua puede no tener inspectores en la entidad ni suficiente personal para desahogar cientos de trámites en proceso desde hace años, pero paga un guardia para que lleve el registro de visitantes, mientras que Agricultura tiene el suyo propio.

            Podrían ahorrar ahí y destinar el recurso a algo productivo, pero seguramente les resulta más atractivo favorecer a alguien con el contrato del servicio de seguridad privada.

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            Desde chirona manda preguntar Ramón Oceguera si no había que esperar la consulta pública para proceder en contra de actores políticos del pasado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

La Tesorería Municipal de Piedras negó a un ciudadano información respecto a lo que se gastó en realizar pruebas de detección de coronavirus a integrantes del Cabildo y el nombre del laboratorio que prestó el servicio.

Si algún Ayuntamiento en la entidad ha resentido en forma drástica esta pandemia es justamente el de Piedras Negras. Recordemos que ahí resultaron contagiados y murieron el regidor Moisés Lechler de la Garza y el Secretario Santiago Elías Castro; también se enfermó el alcalde Claudio Bres Garza, quien además tuvo que afrontar la muerte por esa misma causa de su padre y un hermano.

En un escenario así es bastante probable, y entendible, que se haya decidido realizar pruebas de diagnóstico a todo el cuerpo edilicio, y cuando menos a los titulares de las diferentes dependencias, pero ahora que la Tesorería ha negado hacer pública la información al respecto, el asunto cobra otro interés y surge de inmediato la duda de si el ciudadano que preguntó supo o presumió que hubo algo irregular, y de qué alcances será como para que lo quieran ocultar.

Cuando ocurre una contingencia, como ha pasado con los fenómenos meteorológicos, y desde luego ahora en esta sanitaria que ha sido inédita, es natural que para hacerle frente se obvien trámites , pues siempre estará primero la atención de la emergencia, el salvar vidas, que cumplir con las normas que en condiciones ordinarias pueden tomar meses en cumplirse cabalmente.

Pero para que en una circunstancia así no se cruce la línea entre lo razonable y el exceso corruptor, el único dique es la obligada rendición de cuentas, y es precisamente a lo que ahora se está negando la autoridad municipal en Piedras Negras.

En los diferentes círculos abundan las versiones de emprendedores de ocasión que precisamente en la pandemia han encontrado una mina de oro, aprovechando la urgencia de las diferentes instancias oficiales, así como del sector privado y los particulares, de hacerse con insumos que van desde los respiradores mecánicos hasta materiales y equipos de protección, pruebas de detección y demás.

El ejemplo más sonado a nivel nacional es el de León Bartlett, hijo del director de la CFE, que vendió al IMSS ventiladores a precio inflado.

En el contexto local se ubica al aspirante a alcalde de Arteaga, Enrique Cepeda, como uno de los principales proveedores de pruebas de detección en la entidad.

Y desde luego no es malo que se haga negocio si se tiene la posibilidad de proveer un insumo o equipo que urge, el tema es que no se aproveche esa urgencia, y la ausencia de fiscalización, para obtener un lucro indebido.

Otro caso que se ha venido ventilando es la asignación que hizo el IMSS para el suministro de alimentos en el hospital que habilitaron de urgencia en Acuña, donde otorgaron el contrato por más de 7 millones de pesos a una persona de Saltillo, Rodrigo Barba Velázquez.

Barba Velázquez hace algunos años intentó ser regidor en Saltillo, participó en la planilla que como candidato independiente encabezó Fausto Destenave Kuri, posteriormente se le vio como promotor de eventos deportivos y ahora encontró la oportunidad de vender alimentos al IMSS.

En una ciudad como Acuña, con una sólida vocación industrial, y en donde la mayoría de las plantas que ahí operan son maquiladoras de inversión estadounidense en las que por muchos años han operado comedores industriales, resulta difícil creer que el IMSS no haya encontrado un proveedor local para ese servicio temporal.

Son precisamente los proveedores y empresas todólogas las que tantas suspicacias generan a nivel nacional, pues se ha detectado su uso como pantallas para el desvío de recursos, ¿por qué ahora el IMSS recurre a ese modelo tan cuestionado en Acuña?.

Cuando esta contingencia sea superada, habrá para los órganos fiscalizadores un enorme reto, e instituciones como el ayuntamiento de Piedras, el IMSS, y en general los gobiernos de todos los niveles, tendrán mucho, mucho, que explicar.

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            Rubén Moreira fue designado como representante del PRI ante el Consejo General del INE, por lo que en los meses siguientes estará muy ocupado defendiendo la posición de su partido en una de las etapas más intensas de la política nacional, la elección de 2021 para renovar la Cámara de Diputados.

El nombramiento que le dio Alejandro Moreno, ¿lo incluye también una vez más en la lista para las plurinominales?.

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            Este miércoles se vinculó a proceso al acusado del asesinato de la joven Alondra en Saltillo. Conoce del caso la Juez Griselda Elizalde Castellanos, quien hace algunos años fue prospecto para ocupar la Fiscalía del Estado, y posteriormente regresó al Poder Judicial, donde precisamente al resolver el primer caso con perspectiva de género a nivel nacional, en 2018, le llevó a ser nombrada como Juez del Año.

Cinco meses dio la juez Elizalde a la Fiscalía para que concluya la investigación de este caso que estremeció a nuestra comunidad.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            La noticia de la detención de Ramón Oceguera y de quien fuera su tesorero en la administración municipal de Ramos Arizpe, Vicente Barreda, causó revuelo en los círculos políticos, pues a siete años de que Oceguera dejó la alcaldía nadie se esperaba una acción de esta naturaleza, aunque fue bien conocido el desaseo con el que llevó su gobierno.

            La Fiscalía General del Estado confirmó que ambos están acusado de peculado, y hay especulaciones de que la Auditoría Superior del Estado los denunció por un faltante de 7 millones de pesos.

            Seguramente este miércoles se les pondrá a disposición de un juez y se conocerá el alcance de la acusación, pero si nos remontamos a los informes de la revisión a las cuentas públicas en los años en que Oceguera fue alcalde, podría estarse hablando de un asunto mucho mayor.

            Como se sabe no todo lo que la Auditoría Superior señala como inconsistencias tiene que ver necesariamente con un quebranto, pero da una clara idea de cómo se manejó esa administración.

            En la revisión del ejercicio de 2010, las inconsistencias señaladas, y no aclaradas en el plazo previsto en la ley, fueron por un monto de 90 millones de pesos, equivalentes nada menos que a una tercera parte del presupuesto que ese año se tuvo en Ramos Arizpe.

            En 2011 las inconsistencias fueron por 33 millones de pesos, y por 38 millones en 2012.

            Y en el año de Hidalgo, 2013, hubo irregularidades por 70 millones de pesos, el veinte por ciento del presupuesto que se ejerció.

            La de Oceguera, además del irregular manejo de los fondos públicos, fue una administración desordenada, una auditoría al desempeño le generó más de cuarenta recomendaciones, y detectó anomalías tan serias como el incumplimiento de obligaciones fiscales por sueldos y salarios.

            Entrar al detalle sería enumerar un rosario de excesos y desvíos, lo interesante será ver qué de todo esto se ventila ante el juez, pero aún más importante sería conocer por qué se retomó el caso, si fue nada más por las apariciones que Oceguera tuvo en días recientes sondeando su posibilidad de volver a buscar la alcaldía, o si estaba haciendo algunas de sus acostumbradas travesuras para estorbar en la elección que está en juego.

            No se puede dejar de lado que de parte de Oceguera hay una obsesión en contra de Ricardo Aguirre, esposo de la candidata del PRI a la diputación local por ese distrito.

            De cualquier manera queda el mensaje para los que tengan intenciones de entrarle al mismo nivel de juego. Si ves las barbas de tu vecino cortar….

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            Como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, Armando Guadiana Tijerina ha participado en las mesas de dialogo con los actores del conflicto en Chihuahua, y este martes el coahuilense hizo un pronunciamiento en el sentido de cuidar el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos y por lo pronto pagar la deuda con las reservas de las presas La Amistad y Falcón.

            Guadiana tiene razón en cuanto a la importancia que el Tratado representa para nuestro país, pues así como aporta agua también la recibe, pero debe recordar que de las dos presas que menciona hay usuarios con derechos, y no únicamente productores agrícolas, en el caso de La Amistad recordemos que de ahí se extrae agua para el consumo humano en trece municipios de Coahuila y Tamaulipas.

            Ya hace un par de semanas la titular de Conagua había dicho que se entregaría a Estados Unidos agua de La Amistad, pero no ha informado si ya ocurrió así, pues además el embalse se encuentra a un nivel muy bajo de almacenamiento.

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            Este miércoles hay sesión ordinaria del Congreso local, aunque se anticipó que no será presencial sino que se llevará de manera virtual.

            Los diputados esperan que al menos en esta modalidad Marcelo Torres Cofiño como presidente de la mesa directiva se comporte con mayor compostura y ya no les ponga apodos como lo ha venido haciendo.

            La semana anterior a la priista Diana Patricia González le llamó «Speedy González», y así les ha ido aplicando motes a algunos otros legisladores, perdiendo la formalidad que debe guardarse en la sesión de uno de los Poderes del Estado.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Sin pena ni gloria transcurrió la gira que el fin de semana realizó por las regiones Norte y Carbonífera el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, y no podía ser de otra manera pues el panista llegó desencanchado sin un referente claro de los territorios que estaba visitando.

            En Piedras Negras, que es sin duda la posición más importante que tiene MORENA en la entidad, Cortés enfocó sus baterías contra el PRI lanzando huecas arengas con el eterno discurso del cambio.

            Y en Nueva Rosita, en una región especialmente maltratada por la cuarta transformación, que está dolida y en franca emergencia económica, el dirigente panista se limitó a admitir que no entiende por qué la Comisión Federal de Electricidad no está comprando el carbón en la región, pero no planteó propuestas ni ofreció gestiones.

            Eso sí, se voló la barda con su interpretación sobre el cambio de la fecha de la elección local en Coahuila y acusó al PRI de ser el responsable del desfase. Ni los más avezados científicos tienen ubicado con precisión el origen del coronavirus, pero Marko Cortés ya descubrió que fue una artimaña priista para manipular la renovación del Congreso de Coahuila. ¡Hábrase visto!.

            No se esfuerzan ni un poquito en refrescar el discurso, en leer la realidad y lo que aqueja a cada entidad y en función de ello generar propuestas, ideas, esperanzas al menos, en parte a eso se debe el rechazo ciudadano. Y además Cortés parece no darse cuenta que ante el reto de 2021 debe buscar sumar fuerzas no pelearse.

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            Cualquiera pensaría que a los productores agropecuarios de la Comarca Lagunera les volvió el alma al cuerpo ahora que Germán Martínez Santoyo, quien tenía la representación regional de la Comisión Nacional del Agua fue designado para un cargo en la administración central, pero la verdad es que los dejó más inquietos.

            Se recordará que cuando en febrero se designó a Martínez Santoyo hubo nerviosismo, pues al conocerse su cercanía con López Obrador –dado que colaboró a su lado en el gobierno de la Ciudad de México– surgió el temor de que llegara con instrucciones de un reordenamiento agresivo en la administración del agua para riego, ante la promesa que en algún momento hubo de restituir derechos a los ejidatarios que los vendieron a particulares.

            Sin embargo en los ocho meses que Martínez Santoyo estuvo en La Laguna se mantuvo con un perfil bajo, concentrado en el proyecto de destinar agua de las presas para consumo humano en la Comarca, y para los agricultores no hubo sobresaltos.

            La semana anterior, en uno de los coletazos del conflicto en Chihuahua que generó ceses y renuncias en la Comisión Nacional del Agua, a Germán Martínez lo designaron como Subdirector de Administración a nivel nacional, pero ahora hay la incertidumbre respecto al perfil de quien llegue en su lugar.

            Habrá que esperar a que nombren al relevo.

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            Respecto al comentario que hicimos aquí el sábado, de las actitudes con las que Ricardo Mejía Berdeja desde la sub secretaría de seguridad pública saboteó el acuerdo que Gobernación había impulsado en Chihuahua, un lector nos escribió para recordar el papel que jugó junto con Luis Efrén Ríos en la aspiración de Raúl Sifuentes Guerrero para ser candidato del PRI a gobernador en 2005.

            Sifuentes, se recordará, estaba impedido para ser candidato pues no reunía los requisitos estatutarios, pero Mejía y Luis Efrén lo metieron en una dinámica que al final lo único que le dejó fue desgaste y ruptura. Y el PRI perdió un activo importante.

            «Los dos con actitudes gánsteriles amenazaban y dictaban línea al PRI… han pasado los años y Mejia no deja de ser el mismo chivo en cristalería que con poder piensa primero en reventar antes de dialogar, si llega a la Secretaría cuidémonos de que no reviente el país», escribe nuestro lector.

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            En otros temas es de reconocerse la actitud que en esta contingencia sanitaria han asumido Alfonso Vázquez Sotelo y su equipo en las bibliotecas públicas de la entidad, quienes lejos de cruzarse de brazos ante las restricciones que tienen a estos espacios en su operación mínima, han sido proactivos y están impartiendo tutorías para alumnos de educación primaria.

            Como el modelo de educación a distancia plantea retos para alumnos y maestros, los bibliotecarios, que son profesores, están grabando videos para ayudar a entender las actividades planteadas en los libros de texto, y los difunden en plataformas digitales y redes sociales, una aportación valiosa y una actitud encomiable.

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            La Universidad Autónoma del Noreste dio a conocer el fallecimiento de Adolfo Olmedo Muñoz, integrante de su cuerpo académico. Olmedo llegó a Saltillo en los años ochenta como director del ya desaparecido Sol del Norte, y desde entonces radicó en la ciudad ejerciendo el periodismo por varios años y posteriormente la docencia. descanse en paz.

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Por Eduardo J. De La Peña De León

            Si el acuerdo impulsado desde la Secretaría de Gobernación para resolver el conflicto por el agua en Chihuahua era corto o insuficiente, al menos era un avance que hablaba de la intención de construir puentes de entendimiento, pero en la mañanera de este viernes Ricardo Mejía Berdeja se aseguró de destruir toda posibilidad de conciliar y aprovechó la tribuna para echar más gasolina al fuego.

            Mejía Berdeja no ignora la trascendencia de lo que está ocurriendo y lo dimensiona justamente como un asunto de seguridad nacional, pero en un rol inexplicable para un sub Secretario de Seguridad, interviene como reventador político de la más baja estofa y endilga acusaciones contra los actores involucrados buscando descalificarlos.

            Pero ayer mismo le respondieron a Mejía Berdeja y lo pusieron en evidencia. El diputado panista Jesús Valenciano al que Mejía acusó de ser familiar de productores de cebolla que según el acaparan el agua en Chihuahua –aunque admite que tienen los permisos correspondientes– salió a explicar cuál es realmente su relación con un miembro de esa familia.

            Resulta que Valenciano, quien por cierto al igual que Mejía tiene raíces familiares en Torreón, lleva amistad con una pariente de los cebolleros, y en redes sociales en tono cordial le llama tía, pero no existe realmente vínculo familiar alguno.

            La explicación deja en evidencia los alcances del Subsecretario de Seguridad del gobierno de la República. Su investigación es en redes sociales, y a partir de lo que ahí se publica construye historias, conjeturas y acusaciones.

            Lo más preocupante es que precisamente esas actitudes perfilan efectivamente a Mejía Berdeja como un prospecto para asumir la Secretaría de Seguridad si Alfonso Durazo se va como candidato al gobierno de Sonora.

            A nivel nacional se maneja una terna de prospectos, destaca Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad en la Ciudad de México y uno de los funcionarios policiales mejor preparados en el país, es tan idóneo para el cargo que ya podemos apostar que no lo obtendrá, este gobierno funciona al revés.

            Se incluye también a Manuel Espino, que alguna experiencia tuvo ya en corporaciones en Ciudad Juárez, tiene estudios en seguridad y coordina actualmente el Servicio de Protección Federal, el cuerpo que se encarga de la custodia en edificios oficiales.

            Y el tercero es Mejía Berdeja, que con sus modos de fajador de callejón no batallará en conseguir el visto bueno presidencial. El actuar irracional de este gobierno apunta a que podrían tomar una decisión así de ilógica.

            Ojalá y el lagunero no se pierda en la ambición y recapacite, asumir la Secretaría de Seguridad podría en riesgo su vida y al país mismo, a los grupos delictivos no los va a poder combatir con grillas.

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            En la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados se abrió espacio en una sesión virtual a Irene Spigno, de la Academia de Derechos Humanos, y a Luis Efrén Ríos para hablar de modelo que en Saltillo impulsó la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– constituyéndose en la primer ciudad solidaria que genera condiciones de inclusión para los migrantes.

            Se expuso el modelo, y participó también el representante de ACNUR en México, con la idea de que los legisladores de esta Comsión, que preside Rubén Moreira, contribuyan a replicarlo en otras ciudades del país.

            El propósito es bueno, no cabe duda. Pero lo que deja mucho que desear es la actitud de Rubén Moreira, quien sin ruborizarse aseguró en la sesión que el modelo nació en la UAdeC y se concretó con apoyo del gobierno estatal.

            El representante de ACNUR, Mark Manly, finalmente es un funcionario diplomático y ya mejor no aclaró que realmente fue bajo el gobierno municipal de Isidro López Villarreal que en agosto de 2016 se inició con este programa piloto en Saltillo.

            Pero claro que no puede haber el más mínimo reconocimiento de Rubén para Isidro, pero en los archivos de la ACNUR están los antecedentes al respecto.

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            En medios nacionales se dijo este viernes que a querer y no pero Morena ya accedió a que los gobernadores de la Alianza Federalista puedan plantear ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados sus observaciones al proyecto de presupuesto de egresos del 2021.

            Tras el encuentro de los gobernadores el miércoles con el resto de los grupos parlamentarios se consiguió este espacio, aunque desde luego hubo resistencia en los diputados afines a la Cuarta Transformación.

            Veremos qué logran.

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Por Eduardo J. De La Peña

            El Ministro Luis María Aguilar a quien correspondió estudiar la constitucionalidad de la pregunta que López Obrador propuso plantear en la consulta sobre si se lleva o no a juicio a los ex presidentes, ya elaboró su proyecto de resolución y el próximo jueves deberá votarse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

            La votación del primero de octubre en la Corte mostrará al país, más allá delas especulaciones y calificaciones que se dan respecto a cada uno de los Ministros, quienes de ellos están auténticamente comprometidos con el Estado de Derecho, y quienes están sometidos a los caprichos presidenciales.

            El proyecto elaborado por el Ministro Aguilar hay que leerlo con atención, su mera expresión de que la pregunta propuesta por el Presidente es «un concierto de inconstitucionalidades» constituye una sentencia demoledora y una definición contundente del actuar de López Obrador, en este y muchos otros casos.

            También es destacable lo que el Ministro considera respecto a mencionar por su nombre a los ex presidentes, eventuales acusados:

            «Viola el derecho a la presunción de inocencia, pues al exponerlas mediáticamente afecta el debido proceso, y podría generar un efecto corruptor y de pruebas ilícitas que imposibilitaría dictar sentencias», señala.

            ¿No es esto justamente lo que está alegando el empresario Alonso Ancira en el juicio de amparo que promovió y donde un juez se ha negado a darle la razón?.

            El Ministro Aguilar lo dice para el caso específico de la exhibición pública de los ex presidentes, pero lo mismo aplica en el caso de Ancira y de todos los personajes e instituciones que diariamente son señalados desde el púlpito presidencial.

            Quizá el juez Gabriel Regis López siga en trabajo remoto y no tenga acceso al sistema informático para conocer el proyecto elaborado por el Ministro Luis María Aguilar, pero bien haría en conseguirse una copia del texto, le ayudaría mucho a normar criterio.

            Respecto al Ministro Aguilar, desde luego que al conocerse el sentido de su proyecto de inmediato las hordas morenistas se ensañaron y llenaron las redes de mentiras, como el decir que se está declarando improcedente enjuiciar a ex presidentes y definitivamente nada hay en ese sentido en la resolución, pero ya sabíamos que esto de la consulta sería principalmente un recurso distractor del Presidente. Cuidado con caer en el garlito.

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            Hablando de recursos legales, se tendría que estar promoviendo ya uno para impedir que el gobierno federal siga quitando recursos al proyecto de ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero.

            Y es que no se trata únicamente de que en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 no vengan recursos etiquetados para esa obra –como para ninguna otra en Coahuila– sino que además se van a retirar los que se habían comprometido para este año porque la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado una y otra vez la licitación.

            Anteriormente se decía que el paso más importante se daba cuando Hacienda accedía a destinar recursos por primera vez para una obra, así fuera una cantidad mínima, pues una vez iniciado el proyecto cada año se le inyectarían fondos para no dejarlo inconcluso, pero ahora se actúa con otra lógica y no les importa dejar las cosas a medias, afecte a quien afecte.

            Esta obra pendiente es de hecho parte de un proyecto mayor que se inició en el gobierno de Felipe Calderón, la modernización de la ruta Saltillo-Zacatecas, pero desde hace años no se le ha puesto mano al tramo en que para intereses locales es más urgente, y no son más que diez kilómetros y medio.

            La vida de miles de trabajadores se pone en riesgo cada día por las condiciones de la carretera hacia la zona industrial de Derramadero, hay desde luego también una afectación para el sector productivo.

            Por la vía legal gobierno y empresarios tendrían que pelear los fondos que se etiquetaron para este año y que están en riesgo de perderse porque la SCT ha declarado desierta la licitación con todo y que doce empresas, con experiencia en esos procesos, mostraron interés en participar.

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            A mitad de semana funcionarios educativos en la región Centro plantearon que con el modelo de educación a distancia surgía ahora el riesgo de intromisiones en las sesiones que se tienen por medio de plataformas digitales.

            Este jueves el Centro de Química Aplicada, CIQA, tuvo que suspender algunas conferencias que se impartían en una de esas plataformas, precisamente porque irrumpieron algunos hackers, al parecer extranjeros, y si este tipo de instituciones de investigación y educación superior no están libres de ese riesgo, con mayor razón son vulnerables otro tipo de planteles, pero como poco pueden hacer realmente las autoridades al respecto, queda la tarea para los maestros, que deben estar muy atentos para reaccionar adecuadamente si hay una intrusión y en todo caso evitar exponer a menores de edad a contenidos no adecuados.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            No se ha dado a conocer si los pequeños y medianos productores de carbón lograron algún avance en la reunión que esta semana sostuvieron con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, en la que buscarían criterios más flexibles dentro de los contratos para el suministro del mineral.

            Más que cambiar las especificaciones caloríficas del carbón, lo que los productores buscan es margen para mezclas y compensaciones, como se hacía en el pasado, de tal forma que se saquen promedios de lo que se entrega en un determinado lapso y no se dictamine en lo individual.

            Además tendría que haber otros criterios en la penalización, pues es razonable que si se entrega una especificación menor que también el pago sea menor, pero no que no haya ni pago ni devolución.

            Finalmente la CFE ha admitido que de los 75 productores a los que se les había dado el visto bueno como proveedores, únicamente 53 firmaron contrato de adjudicación directa, el resto seguramente desistió al ver las condiciones ventajosas que estaba imponiendo la paraestatal.

            En los 53 contratos que ya adjudicó la Comisión se respaldan compras por poco más de un millón cuatrocientas mil toneladas, a surtir hasta diciembre de 2021, es decir casi seiscientas mil toneladas menos de las que inicialmente se dijo que adquirirían.

            Entre las 53 empresas que obtuvieron contratos, a las que menos se les compraría recibirían alrededor de quince millones de pesos, y sesenta millones de pesos las de los contratos de mayor cuantía.

            Llama la atención que el contrato más grande, por 56 mil toneladas, es para una empresa que en el sector aseguran es originaria de Monterrey, Operadora y Suministros Vickel, ¿dónde quedó entonces el compromiso de apoyar a los productores locales?.

            Pero aún así, si no se alcanza un acuerdo entre los productores y la Comisión no habrá suministro ni del millón cuatrocientas mil toneladas ni desde luego la urgente derrama económica en la región.

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            Tuvo gira por municipios del norte de la entidad el Secretario General del IMSS Javier Guerrero García para supervisar avances en hospitales de Ciudad Acuña y Piedras Negras.

            En el caso de Acuña, Javier Guerrero señaló que esperan en octubre ahora sí ponerlo en operación. Es un caso emblemático que ha sido incluso señalado a nivel nacional entre las obras en materia de salud que se dejaron inconclusas el sexenio anterior.

            Este hospital se inició a construir en 2017 y debería de haber estado en servicio el año anterior.

            Como la fecha estimada que dio a conocer Javier Guerrero, octubre, coincide con la anunciada visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila –en específico a San Juan de Sabinas– para el 23 de ese mes, de inmediato se comenzó a especular con la posibilidad de que el presidente lo inaugure.

            Es lo de menos, si hay o no inauguración presidencial no desmerece, lo importante es que entre en servicio.

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            El INEGI dio a conocer sus cifras preliminares de la incidencia de homicidios en el país durante 2019, que ubican a Coahuila entre los estados con menos hechos de este tipo, reflejo de los avances en materia de seguridad.

            En la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, Coahuila es el quinto estado de los más bajos, con 10 cuando la tasa nacional es de 29 por cada cien mil habitantes.

            En 2019 se contabilizaron 305 homicidios en Coahuila, esto incluye accidentes y hechos violentos. Para dimensionar lo que se ha mejorado en materia de seguridad baste recordar que en 2012 se tuvieron mil 160 homicidios en la entidad.

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            No cabe duda que en el país tenemos un gobierno bipolar. Primero esta semana la Secretaría de Gobernación ponderó su acuerdo alcanzado en Chihuahua en el tema de la extracción de agua de las presas, en una mesa de dialogo en que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo representada por Ricardo Mejía Berdeja, y a los dos días se notificó al gobernador Javier Corral que los funcionarios federales ya no participarán en esa entidad en la mesa de coordinación en materia de seguridad.

            Aseguran que están encauzando una solución al conflicto pero lo escalan a otra dimensión rompiendo la coordinación porque el gobierno estatal les ha criticado el despliegue de las fuerzas federales en las presas.

            ¿Cómo el gobierno federal apuesta por la confrontación cuando habían iniciado una ruta de solución?. La esquizofrenia de la cuarta transformación.

edelapena@infonor.com.mx