Por Eduardo J. De La Peña

              Quienes asumirán en enero como alcaldes de los principales municipios de Coahuila, tienen en todos los casos antecedentes familiares de participación en los cabildos de esas mismas localidades.

              En el caso de Saltillo, el edil electo José María Fraustro Siller, con todo y su amplia trayectoria en el servicio público, no había estado nunca en el gobierno municipal, sin embargo su suegro, el ya fallecido Doctor Eduardo Dávila Garza, fue alcalde de 1961 a 1963, hace sesenta años, y además Beatriz, la hija de Fraustro, ha sido regidora por cuatro años.

              En cuanto a Román Alberto Cepeda González, su abuelo Don Román fue alcalde de Torreón hace más de 70 años, en 1948, y su hermano Carlos Román lo fue en la segunda mitad del sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto, en los noventa.

              Otro dato interesante para el anecdotario es que Don Román Cepeda Flores solicitó licencia a la alcaldía en 1951 para ser candidato al gobierno de Coahuila.

              En Piedras Negras, Norma Treviño, quien logró la hazaña de ganar la presidencia municipal para el PRI, tiene el antecedente de que su padre, el empresario ya fallecido Elías Sergio Treviño fue en dos ocasiones presidente municipal de esa ciudad, primero por elección en los setenta, y posteriormente en los noventa designado como interino para un periodo de año y medio.

              El padre del alcalde electo de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, el médico Emilio de Hoyos Serna fue presidente municipal de 1994 a 1996.

              El caso del alcalde electo de Monclova, Mario Dávila Delgado es singular, pues aunque no tiene antecedentes familiares en ese Cabildo, él mismo fue presidente municipal, pero del vecino municipio de Frontera, de 2003 a 2005.

              Tenemos otros casos interesantes en la región, como José María Morales Padilla en Ramos, quien se convierte en el primer alcalde en ser reelecto en ese municipio; Ramiro Durán en Arteaga, quien recibirá la alcaldía de manos de un tío, además de que su padre, Jesús, ha sido presidente municipal en dos ocasiones.

              En General Cepeda el candidato electo Pablo Salas Aguirre será el sucesor de su hermano Juan Gilberto.

              En Parras Fernando Orozco llega al cargo que en los noventa tuvo su padre, del mismo nombre, y se da además la coincidencia de que en el municipio impera un ambiente político tenso como ocurrió en aquéllos años.

              Cuando Fernando Orozco Cortés, el padre, asumió como alcalde, en Parras las diferencias entre grupos políticos habían polarizado a la sociedad, pero el edil operó con habilidad y tacto y sentó a la mesa a los dirigentes de todos los partidos y líderes de los diferentes sectores para firmar un acuerdo de colaboración y trabajo por los intereses comunitarios.

              Para la firma de ese pacto Orozco invitó al entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quien quedó positivamente impresionado por la habilidad política del alcalde, al grado que luego lo postuló como candidato a diputado y lo impulsó como líder del Congreso local.

              Así Orozco escaló en su carrera política, luego fue Director Jurídico del Gobierno de Coahuila y finalmente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Es de los contados coahuilenses que ha tenido cargos de primer nivel en los tres Poderes del Estado, además del gobierno municipal.

              Queda el apunte histórico para que el hoy alcalde electo Fernando Orozco, hijo, dimensione las oportunidades que puede construir si logra recomponer la vida política, social y productiva de Parras, después del desastre que recibirá en enero.

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              Directo Ciro Gómez Leyva le planteó en una entrevista este lunes a Rubén Moreira las dudas que ha generado su elección como coordinador de los diputados federales del PRI, y la interpretación que en muchos círculos se ha dado de que ese nombramiento es el primer puente que le tienden a López Obrador.

              Moreira aseguró que se mantendrá la postura que su partido ha manifestado dentro de la alianza con PAN y PRD, Va por México, de rechazo definitivo a las tres iniciativas que ya ha planteado el Presidente, para meter mano al INE; fortalecer a la CFE y asignar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

              También dijo que todas las posiciones de la bancada –magra bancada con 70 diputados—se tomarán en consenso.

              Al final serán los hechos los que hablen y nos digan si fue contrapeso o comparsa. Veremos.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Hace una semana, el viernes 11, ocurrió en la región Carbonífera un nuevo accidente minero, ahora en el municipio de Escobedo. Hasta el momento ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal ha sido notificada del siniestro en que un trabajador resultó lesionado.

              Recurrir a una clínica privada para atender al minero herido les permitió a sus patrones evadir la intervención de las autoridades.

              Juan Muñiz, como se llama el minero que resultó lesionado, salvó la vida, pero no sabe si podrá volver a trabajar, pues una semana después aún no puede mover sus piernas; tampoco sabe quien es el dueño de la mina, ni si está afiliado o no al Seguro Social.

Vive pero respecto a su futuro, y el de sus tres hijos, todo es incertidumbre.

              Estamos ante las mismas negligencias que se han señalado en cada uno de los accidentes mineros, y en esta ocasión con un ingrediente adicional –que igual se ha dado en otras ocasiones—de que no se notificó a la autoridad, lo cual plantea la urgencia de una revisión legislativa.

              Si los diputados quieren realmente aportar a un cambio, más allá de meros pronunciamientos y puntos de acuerdo en tribuna, tendrían que establecer una previsión legal para que todo médico o centro de salud que conozca de un accidente en las minas lo notifique a las autoridades laborales y penales. Algo similar a lo que ocurre –o debería ocurrir—cuando a los hospitales llega un herido de bala o una mujer golpeada.

              Es necesario cerrar esos espacios a la evasión de responsabilidades.

              Y ya que entramos al terreno legislativo, también ha quedado manifiesta la necesidad de que se impulse la creación de un cuerpo profesional de rescatistas, que cuente con la capacitación y equipo para intervenir en este tipo de accidentes.

              Se ha conocido que la recuperación de los cuerpos de los siete mineros que murieron en Rancherías, costó a Minera del Norte más de 21 millones de pesos, por los salarios de sus rescatistas y técnicos, además del equipo y logística que se requirió, y esta empresa participó, como lo ha hecho en el pasado, de manera solidaria.

              Ninguna institución, ni en la región ni en el estado, tiene un cuerpo de rescate con las capacidades necesarias en una tragedia de este tipo. Aquí es donde la Comisión Federal de Electricidad debería demostrar que es, como presume, una empresa socialmente responsable y aportar para una brigada, o también podrían los legisladores federales recuperar algo del Fondo Minero para una inversión de esta naturaleza.

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              Equiparables a sus atributos y alcances son los pasivos con los que carga Rubén Moreira. Su apocado desempeño en la gestión legislativa que está por concluir, que contrasta con aquél que reclamaba a cacerolazos a Felipe Calderón, se atribuye a que prefirió pasar desapercibido y dada su vulnerabilidad no confrontarse con la cuarta transformación.

Nada indica que ahora como coordinador de los diputados priistas las cosas vayan a ser diferentes.

              Por lo demás el PRI apostó por un estratega y operador eficaz, y se olvidó de la imagen pública. ¿Cuántos de los que en junio le dieron el voto a ese partido como una última oportunidad o como la opción menos peor, habrán tenido un temprano desencanto?.

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              Con todo y que la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos trataron de restarle importancia al incidente en que la Guardia Nacional detuvo en Piedras Negras a Alberto Xicoténcatl,  director de la Casa del Migrante en Saltillo, hay que registrar el hecho, tenerlo presente y analizarlo.

              Xicoténcatl viajó a la frontera para participar, junto a representantes de organismos internacionales, en un ejercicio de observación respecto a las condiciones en que viven personas migrantes que quedaron varadas en su anhelo de llegar a los Estados Unidos.

              Si recordamos que en las últimas semanas el vecino país ha detenido y deportado a decenas de migrantes que cruzaron por Piedras Negras sin que ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Nacional hayan actuado contra los traficantes de personas, llama a sospecha que en un “operativo de rutina” se haya detenido, así fuera por unos minutos, a Xicoténcatl.

              ¿No estaremos ante un acto intimidatorio para desalentar al activista a que investigue lo que está ocurriendo en la región fronteriza de Coahuila?.

              La Casa del Migrante anticipó que llevará el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esperemos a que formalice su queja y que el organismo se sacuda la modorra en que ha permanecido durante los últimos meses y realice una investigación al respecto.

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Por Eduardo J. De La Peña

              Desde principios de la semana se escucharon versiones de accesos furtivos de trabajadores a la mina de Micarán, en Rancherías, y este jueves la Organización Familia Pasta de Conchos denunció en redes sociales que ya se están haciendo ahí nuevas cuevas para explotar el yacimiento siniestrado hace un par de semanas.

              Resulta inconcebible que así ocurra, pues tanto la Secretaría del Trabajo federal como la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía deberían ordenar al menos una clausura temporal hasta que se deslinden responsabilidades y se cumpla con las indemnizaciones a los deudos de los siete mineros fallecidos.

              También la Fiscalía General del Estado tendría que mantener el predio acordonado, pues se supone –así lo anunció el Fiscal Gerardo Márquez—que se está integrando una carpeta de investigación, es fundamental entonces que no se alteren evidencias de lo que ahí ocurrió.

              Igualmente Protección Civil, municipal y del Estado, deberían verificar que existen ahí condiciones para trabajar.

              ¿Por qué volver a escribir la misma historia?.

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              El gobernador Miguel Ángel Riquelme preguntó a Manuel Bartlett que cuál sería su siguiente mentira, y la respuesta no tardó.

              El director de la CFE convocó este jueves a una rueda de prensa para asegurar que no habrá más apagones. Desde Ciudad Juárez usuarios respondieron que en los últimos siete días se han multiplicado las interrupciones al servicio.

              Bartlett trata de quitar importancia a un reportaje de Reforma en el que advierten que hay falta de capacidad para atender la demanda que se incrementa en el verano, pues el margen de reserva está casi al límite.

              Pero no es únicamente Reforma quien hace este tipo de advertencias, hace un mes la NERC, que es el organismo responsable de la confiabilidad en el suministro eléctrico en Norteamérica, incluyendo algunas regiones de México, alertó que ante las olas de calor que se anticipan para los meses siguientes la demanda de energía eléctrica puede crecer hasta diez veces, por lo que existe el riesgo de cortes en el suministro en el centro de Estados Unidos, y otros estados como Texas.

              Lo vivimos en febrero, ante la tormenta invernal el gobernador de Texas ordenó parar las exportaciones de gas natural y privilegiar el suministro en su estado. Por eso tuvimos aquí una crisis.

              Hoy en día cerca del 60% de la energía eléctrica que se consume en México se genera utilizando gas natural, y un 80% de ese gas es importado de Estados Unidos, principalmente de los campos productores de Texas. El escenario se puede repetir en las semanas más críticas del verano. No hay forma de creerle a Bartlett de que no habrá apagones.

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              Cuando se supo que en la reunión con los priistas que son alcaldes electos el gobernador Miguel Riquelme les advirtió de no incurrir en actos de nepotismo, desde los rumbos de Arteaga se escuchó un respiro de alivio.

              Y es que la participación en la campaña de Ramiro Durán de su hermano, el médico veterinario Adrián, había generado preocupación en dos amplios grupos, primero de sus clientes que temían perder a un buen veterinario, y segundo los que temían que ya se le estuviera preparando para seguir con la tradición de la sucesión familiar.

              Pero ya les emplazaron, nada de nepotismo y a cumplir con un buen gobierno, que en el caso de Ramiro Durán tiene un gran compromiso después de no haber perdido en ninguna de las 38 casillas –tanto las de la cabecera como las rurales—y ganar con una ventaja de cuatro a uno sobre el segundo lugar, la aguerrida candidata de Morena Hilda Vásquez.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Se asegura en los círculos políticos que esta semana estarán concentrados en Saltillo los 33 candidatos ganadores del PRI. Los 25 que triunfaron en las alcaldías, los cinco que van a diputaciones de mayoría, y los tres de representación proporcional.

            En la agenda, dicen, estaría prevista una reunión con el gobernador Miguel Riquelme, y que para los alcaldes electos el mensaje será que agilicen el diseño de sus programas de gobierno, para sincronizar la planeación y arrancar el 2022 con acciones y resultados; para los diputados federales recordarles el compromiso de ser contrapeso responsable.

            Y aunque aparentemente ese es el propósito del encuentro, hay expectación en algunos actores afines al priismo pues no descartan que haya, en lo interno, posicionamientos y señales de lo que viene para el futuro.

            Quienes conocen bien y de adentro los manejos en las cúpulas del poder estatal, recuerdan que tras la elección del 7 de junio de 2015 en la que el PRI ganó en Coahuila los siete distritos, siendo candidatos Francisco Saracho; Ana María Boone; Guadalupe Oyervides; Armando Luna Canales; Flor Rentería; el verde Refugio Sandoval, que iba en alianza; y Jericó Abramo, hubo una reunión similar encabezada por el entonces gobernador Rubén Moreira.

            La reunión abierta fue seguida por otra a la que se convocó nada más al grupo compacto, en la casa de Rubén Moreira, y ahí les comunicó la decisión de que Miguel Riquelme fuera en 2017 candidato a gobernador, y que Verónica Martínez asumiría la dirigencia estatal del PRI; y les emplazó: si alguien no estaba de acuerdo era momento de decirlo y si no » a jalar».

            El 26 de junio la hoy senadora Verónica Martínez rindió protesta como dirigente del PRI. Riquelme fue candidato y hoy es gobernador.

            Hay quienes opinan que tras los buenos resultados de la elección del 6 de junio, es el momento de que, ante los directamente interesados, el gobernador Riquelme abra las cartas de la sucesión, para que quienes se sienten con posibilidades no inicien una competencia interna que genere desgastes y diluya activos.

            Que se tomen definiciones, se pacte lo que deba de pactarse, y si alguien no coincide tome de una vez su camino, dicen unos.

            Otros consideran por contrario que hoy Riquelme tiene varias cartas con las que puede jugar; sus activos y las circunstancias le dan la posibilidad de diseñar y operar la sucesión sin concesiones, y en ese escenario no tendría porque apresurarse ni apostar desde ahora todo a un perfil específico.

            Por eso es que hay expectación respecto a las reuniones de esta semana. Algunos esperan ver las señales.

            Pero, con todo y la cercanía que en algún momento tuvieron, los estilos de Rubén y de Riquelme son muy diferentes. El manejo del gobernador es mesurado, en ocasiones hasta críptico y no siempre, y no todos, leen sus jugadas, pero definitivamente es un operador político extremadamente hábil y eficaz, los resultados están a la vista. Habrá que estar atentos.

            Y ya en estos temas, y a propósito de los legisladores federales, en funciones y electos, no está de más una rápida revisión a las posturas que tuvieron en sus redes sociales ante el áspero desencuentro del gobernador y Manuel Bartlett.

            Predominaron los que se fueron por la orillita; la senadora Verónica Martínez aludió al tema y dijo que en Coahuila se trabaja con responsabilidad y unidad; Martha Garay expresó su respaldo «total y absoluto» a Riquelme; Sergio Sisbeles dijo apoyar al gobernador, y Ramón Verduzco, el único con tamaños y agudeza para darle una repasada a Bartlett, no maneja redes sociales.

            De los electos, Cristina Amezcua; Shamir Fernández; Jericó Abramo y Rubén Moreira, se limitaron a replicar las publicaciones de Riquelme en twitter. Jaime Bueno y Antonio Gutiérrez Jardón manifestaron su respaldo. Tereso Medina parece que ni cuenta se dio.

            Rigo Fuentes quiso lucirse, pero al parecer el único like que consiguió fue de Cuauhtémoc Cárdenas, con su acusación a Bartlett de haber asesinado a la democracia en 1988… Cuando el PRI ganó  o se quedó con la Presidencia de México.

            Pero hubo un tweet que destacó por su contundencia, el de la también diputada electa Carolina Viggiano, quien señaló como inmoral y vergonzoso que Bartlett no asuma sus responsabilidades.

            Que contrastes.

            Esperemos que ya en funciones los diputados demuestren más firmeza y compromiso con Coahuila. Si no, ¿para que los queremos ahí?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Resulta interesante ver como esta semana se han ido acumulando las impugnaciones respecto a los cómputos municipales, y no con el propósito de cambiar la definición del triunfador, sino pidiendo una vez más recuentos para intentar la reasignación de las regidurías plurinominales.

            En varios de los casos, además, quienes quedaron como primera minoría, se toparon con la sorpresa de que su partido modificó las planillas registradas ante el IEC, y quienes ya se hacían con una sindicatura o regiduría en la bolsa realmente no obtuvieron nada.

            Esto ocurre en cada proceso, y es que los partidos –todos los partidos– hasta el último momento siguen haciendo adecuaciones y no informan a sus candidatos. En el proceso de este año, la última actualización de planillas la tiene registrada el IEC el 29 de mayo, es decir una semana antes de las elecciones.

            Por ejemplo en Piedras Negras se han presentado cinco impugnaciones. Una de militantes del Partido del Trabajo que impugnan la planilla completa que encabezó Jacobo Rodríguez, otra del propio PT, que dice haber ganado más de los 16 mil votos que le adjudicaron en el cómputo y quiere otro regidor.

            Es interesante el caso del PT, que en el estado obtuvo 26 mil 810 votos, apenas el 2.06% de los emitidos, y de estos el 60% se los aportó Jacobo Rodríguez, a quien los dirigentes municipales de ese Partido en Piedras Negras lo rechazaron como candidato, pero salió adelante con el impulso de la UDC.

            Pero siguiendo con las impugnaciones en Piedras, hay otras dos de Morena, una que pide el recuento total de votos, para reducir su diferencia con el PRI, y otra en busca de una regiduría más.

            Y también en la planilla del independiente Lorenzo Menera surgió una impugnación, igualmente en la disputa por regidurías.

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            En otros temas, acá en Saltillo ya empiezan los nervios, especulaciones y apuestas respecto a la integración del equipo que acompañará a José María Fraustro en su administración que comienza el primero de enero.

            Se da por descontado que su coordinador de campaña Juan Carlos Villarreal tendrá una posición relevante, que puede ser la Secretaría Técnica desde donde se mueven muchos de los hilos de la gestión municipal.

            En una entrevista posterior a su triunfo, Fraustro dijo que su estilo no es llegar a «barrer» con los equipos, y que en otras responsabilidades que ha tenido conservó a muchos de los que ya estaban en algún cargo.

            Y no solo los conservó, a muchos después los llevó a otras dependencias. Dos de los casos más visibles son Carlos Estrada Flores, a quien encontró como funcionario del Congreso, lo conservó en la Legislatura que encabezó y luego lo llevó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y Enrique Flores Ruiz, que fue su Jurídico en Educación y posteriormente lo promovió para la Dirección de Notarías.

            Enrique Flores aparece en las quinielas para Jurídico del Ayuntamiento. Tiene tablas para eso y más.

            También se menciona a Rodolfo de León, que es actualmente administrativo de la Secretaría de Gobierno, y antes colaboró en la SEP, como uno de los futuros funcionarios municipales.

            Quien fungió como Contador Mayor de Hacienda del Congreso, y luego tuvo una gerencia regional en la Comisión del Agua, Ricardo Alvarez García, estuvo manejando las finanzas de la campaña de Fraustro en mancuerna con Sergio Mier, y hay quienes ven a alguno de los dos en la Tesorería municipal.

            Algo que debe de tener en cuenta el alcalde electo, es que contó con el sufragio de muchos simpatizantes del PAN que en esta ocasión apostaron por el voto útil y como excepción votaron por el PRI, hacia ellos tendría que haber un guiño, un gesto político que les genere confianza y les trasmita apertura.

            No son las cúpulas, que con ellas Fraustro tiene una comunicación fluida, ni tampoco los militantes y activistas albiazules, son más bien panistas de concepto, medianos empresarios, profesionistas y directivos de la industria alineados tradicionalmente hacia la derecha, pero sin participación partidista.

            Algún área como Fomento Económico, hacia un perfil ciudadano, que aporte creatividad, compromiso y trabajo, puede ser una concesión hacia ese bloque que aportó para el triunfo.

            Ahí están perfiles interesantes como los comerciantes Felipe José, Jorge Tafich, César Elizondo Valdés, el industrial Jorge Erdmann o el director de la Coparmex Miguel Monroy, que podrían aportar bastante.

            Con el transcurso de las siguientes semanas se irá aclarando el panorama.

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Por Eduardo J. De La Peña

            En la región Carbonífera ha trascedido que la semana anterior, en los terrenos de la mina siniestrada en Rancherías, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde y el director de la Unidad «de trabajo digno», Alejandro Salafranca Vázquez, tuvieron una platica con Eduardo Rubén Morales, propietario de la explotación minera.

            Morales les habría asegurado a Alcalde y Salafranca que el contratista o rentista Gerardo Nájera se haría responsable del siniestro y pagaría a la familia de cada uno de los siete mineros muertos una indemnización de cien mil pesos.

            Incluso la alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores, ha difundido esa versión.

            La gran duda es si Nájera se hará cargo también de las multas que impondrá el IMSS por no haber tenido a tres de los siete mineros afiliados al momento del accidente, ¿o eso se los dejará a los representantes legales de Micarán, Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García?.

            Pretender compensar a cada familia con cien mil pesos, equivale a 700 mil pesos por los siete mineros fallecidos. De acuerdo con la ley, cuando un trabajador muere por un riesgo de trabajo, sus beneficiarios reciben una indemnización de cinco mil días del salario que devengaba, es deir que por cada uno es casi un millón de pesos, que el Seguro Social pagará, pero por los tres no afiliados debe cobrarlos al patrón ¿esos tres millones de pesos, más otras prestaciones, multas, actualizaciones y recargos, también los asumirá Nájera?.

            Aún más, ¿asumirá la responsabilidad penal?, pues las hay en los fueros estatal y federal.

            ¿Por qué la secretaria Alcalde no informó oficialmente de este diálogo y acuerdo?.

            Lo que llama a burla es la denominación que han dado al cargo de Salafranca, «director de trabajo digno», cuando en la minería, principalmente en la del carbón a pequeña y mediana escala, se trabaja en las peores condiciones.

            De Salafranca dependen las inspecciones sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo, y hacia él apuntan las omisiones en Micarán. ¿Qué más se podía esperar de alguien que llega a ese cargo sin experiencia alguna?.

            Alejandro Salafranca, es licenciado en Etnohistoria, y su carrera en el sector público se limita a haber sido director de estrategia digital de la Secretaría de Cultura, de donde brincó a jefe de delegaciones de la Secretaría del Trabajo, y luego le adornaron el nombramiento inventando la «Unidad de Trabajo Digno».

            Hace un par de meses, en abril, el Sindicato Minero Metalúrgico, que dirige Carlos Pavón, pidió la destitución de Salafranca por presionar a Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante de los trabajadores de la mina San Rafael, en Cosalá Sinaloa.

            Y por cierto este lunes la Secretaría del Trabajo y la de Economía anunciaron una inspección a la mina San Rafael.

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            Pero si la falta de experiencia de la secretaria Alcalde y su digno Salafranca son cuestionables, más lo es aún la actitud cínica de Manuel Bartlett quien ante las evidencias de su indiferencia ante las denuncias por las condiciones en las minas en Rancherías, salió a redes sociales a acusar al gobernador de Coahuila.

            No fue muy lejos por la respuesta, también en redes sociales Miguel Riquelme con puntualidad y contundencia le contestó: «es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo» le dijo además de adjuntarle copia de las cartas que en octubre anterior le entregó el colectivo Familia Pasta de Conchos.

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            Este lunes por la mañana Ricardo Monreal anunció que a la reunión que tendría horas después con el grupo parlamentario de Morena en el Senado se incorporaría Armando Guadiana, que reasume sus funciones sin embargo al parecer no participó en ese encuentro virtual que tuvieron para definir la agenda legislativa.

            De cualquier manera el Senado sigue en receso y no regresará a sesiones hasta septiembre.

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            Con todo y que el cómputo y recuento ya confirmaron que perdió la reelección por más de 4 mil 700 votos, Melba Farías Zambrano promovió una impugnación, y ahora el asunto se irá a los tribunales.

            Si ese empeño que pone ahora Melba en defender los casi 2 millones de pesos anuales que gana como diputada, lo hubiera puesto en las causas de los electores de la región Centro tal vez habría tenido mejores resultados.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Graves las dos acusaciones que hizo el empresario nigropetense y militante de Morena, Mario Dávila Longoria y que involucran a la dirigencia de ese partido y al senador Armando Guadiana Tijerina.

            Dávila tuvo en Saltillo una conferencia de prensa acompañado de Juan Pablo «Calo» Rodríguez Delgado, y se refirió primero a la venta de candidaturas, y aunque no entró en detalles, anteriormente se había señalado el caso de Mario Alberto «Mayito» López Gámez, ahora alcalde electo de San Juan de Sabinas, quien hace semanas cuando estaban por definirse las postulaciones jaló los reflectores al circular fotografías suyas con fajos de billetes.

            Y en cuanto a Armando Guadiana,  afirma Dávila Longoria que fue el promotor de la candidatura de Jacobo Rodríguez por el PT en Piedras Negras, saboteando la reelección de Claudio Bres Garza, por Morena.

            Según Dávila, Guadiana quiso sacar del camino a Bres para que no le estorbe en sus aspiraciones futuras.

            Son muy serias las acusaciones, que remata exigiendo la destitución de la dirigencia nacional de Morena, pero podríamos anticipar que nada va a ocurrir.

            Mario Dávila simpatiza y ha promovido desde hace años el movimiento de López Obrador y se asegura que tiene derecho de picaporte con el Presidente. En Piedras Negras tiene una buena imagen, y se ve que defiende con pasión sus convicciones, pero hasta ahora todas las batalllas que ha emprendido en Morena, llegando incluso a los tribunales, las ha perdido.

            Le hizo la lucha por todos los medios para ser candidato a diputado federal en el primer distrito, y ni sus buenas relaciones con el grupo en el poder, ni sus alegatos ante los tribunales, le sirvieron de nada.

            Esto se traduce en algo pragmático y contundente, en Morena lo que quieren son votos, no les importan convicciones, lealtades, ni les preocupa el perfil de candidatos y dirigentes. Todo se reduce a votos, el cómo es lo de menos.

            Por eso en el primer distrito postularon a Evaristo Lenin Pérez y no a Mario Dávila, y todavía después de que la candidatura del udecista se cayó, le mantuvieron el compromiso y jugaron con Brígido Moreno. Necesitaban la estructura, capacidad operativa y bagaje marrullero de los dueños de la UDC, así jugaron y seguirán jugando. Al tiempo.

            Lo único que puede descarrilar a Lenin en su abordaje a la nave morenista es que en el centro llame la atención su jugada traicionera que los llevó a perder la alcaldía de Piedras, pero al final de cuentas les va a importar más haber ganado la diputación, que era la prioridad en esta contienda.

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            Que una vez concluidos los cómputos municipales, en donde hubo recuento de casi el 60% de los paquetes electorales –cuando menos uno en cada uno de los 38 municipios– se haya confirmado a los mismos ganadores que anticipó el PREP, y no haya habido variaciones significativas en los resultados, habla de las buenas cuentas que están entregando las autoridades electorales en este proceso.

            Es primero que nada confirmación de la confiabilidad del PREP, en donde participa la Facultad de Sistemas de la UAde C; también del buen desempeño de los miles de ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla; y desde luego de todos quienes forman parte del IEC, Consejeros, funcionarios y empleados. Y hay que reconocerlo, igual que cuando erran se les cuestiona.

            Y aunque no se descarta que alguien promueva impugnaciones, también debe reconocerse a partidos y candidatos que han llevado la etapa poselectoral civilizadamente, despejando el clima de tensión que hubo previamente en algunos municipios.

            La única mosca en la sopa es la actitud del PT en Viesca, que con todo y que su candidato quedó en tercer lugar, tomaron por asalto el Comité Municipal Electoral, aunque afortunadamente se lograron salvaguardar boletas y actas.

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            Tanto en las reuniones formales que han tenido las Uniones de Productores, como en las de tono social que acostumbran para quitarse el calor, los empresarios de la minería del carbón han coincidido esta semana en dos temas: la importancia de asegurarse que no entre a trabajar ninguna persona que no esté afiliada al IMSS, por los problemas económicos y legales que les genera posteriormente; y que el detonante del descuido en las medidas de seguridad e higiene está en la CFE.

            En el pasado CFE pagaba mil 300 pesos por la tonelada de carbón, ahora paga 890 pesos. Los productores aceptaron los contratos, que además no son de largo plazo, porque no tenían otra alternativa, pero admiten que eso les limita en las inversiones para medidas de seguridad.

            Y que ni diga Manuel Bartlett que desconoce la situación, ya uno de los deudos de Pasta de Conchos confirmó que en octubre le denunció las condiciones de las minas en Rancherías, y a su estilo quedó en contactarla, y una diputada federal Vanesa del Castillo Ibarra, de Morena, por cierto, señala que en febrero le pidió una reunión para tratar este tema y jamás hubo respuesta.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Al concluir el complejo y doloroso proceso de recuperación de los cuerpos de los siete mineros que quedaron atrapados en Rancherías, tendría que iniciarse ahora el proceso legal que corresponde al Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, y las Fiscalías de la República y el Estado, cada instancia en el ámbito de su competencia.

            Se ha confirmado que tres de los trabajadores no tenían una afiliación vigente al IMSS cuando ocurrió el accidente, y la empresa minera intentó una incorporación extemporánea, por lo que se debe iniciar el procedimiento que la ley refiere como fincamiento de capitales constitutivos para que los deudos puedan recibir la indemnización correspondiente.

            Por ley se establece una indemnización equivalente a cinco mil días de salario, esto es que a los beneficiarios de cada uno de los siete trabajadores que murieron les corresponde menos de un millón de pesos, pues los mineros estaban registrados con un salario inferior a 200 pesos diarios.

            Sí, por menos de 200 pesos al día se jugaban la vida en esa cueva.

            Por los tres trabajadores que no estaban afliados se finca un crédito fiscal a la empresa, que además deberá pagar las cuotas por todo el tiempo que no los tuvo dados de alta, más multas, actualizaciones y recargos.

            Micarán es la empresa que aparece como patrón, y de acuerdo con el Registro Público del Comercio sus socios son, a partes iguales, Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García.

            Ramos y Sánchez aparecen también como representantes legales y hasta el momento ninguno ha sido localizado, ni siquiera contestan el teléfono. El domicilio fiscal de la empresa está registrado en la colonia Tiro 3 de Palaú, y ahí sí se ha visto actividad, pero no la presencia de ellos.

            Con un capital social de cincuenta mil pesos, ¿cómo le hará frente esta empresa a las responsabilidades y obligaciones que le competen?. Lo más probable es que los socios se evadan, ¿qué le queda al IMSS?, ¿embargar el tajo?, ¿de qué le sirve?.

            Se tendría que establecer si además de los patrones, hay alguna responsabilidad del concesionario de la explotación minera, quien tiene que hacerse cargo de que esta opere en condiciones de seguridad.

            Y a propósito de esas condiciones es donde debe intervenir la Secretaría del Trabajo y dar vista a la Fiscalía de la República porque se operaba al margen de la normatividad y no se cumplía con la afiliación a la seguridad social.

            A la Fiscalía del Estado le tocará abrir el proceso penal por el homicidio culposo de los siete mineros.

            La investigación tendría que cubrir adicionalmente otro frente: establecer a quién se le estaba entregando el carbón que de ahí se estaba extrayendo, pues todo apunta hacia una simulación para aprovechar los contratos que en julio del año pasado adjudicó la CFE.

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            Avanzan sin mayores sobresaltos los cómputos municipales, que han concluido en 35 de los 38 ayuntamientos sin que haya cambios respecto a lo que se anticipaba desde el domingo con el PREP.

            El caso más cerrado, con una diferencia de tres votos, era Hidalgo, que se mantuvo sin cambio quedando como triunfador el Partido Verde.

            En Nava, donde el PREP marcaba una diferencia de 116 votos entre el PRI y Morena, con el recuento se amplió a 443 sufragios. Ahí se revisó voto por voto en 21 de las 39 casillas.

            En Piedras Negras, donde la ventaja de Norma Treviño del PRI sobre Claudio Bres de Morena era de mil 305 votos, se redujo a  759 pero Claudio solo sumó nueve votos más, en cambio Carlos Jacobo Rodríguez del PT sumó otros 688. La travesura de Lenin.

            En Múzquiz, donde habían hecho correr la versión de que Morena falsificó boletas, después del recuento en 45 de las 97 casillas, se mantuvo sin cambios la votación para Tania Flores y en cambio la del priista Héctor Miguel García Falcón, «Gachupín» disminuyó otros 265 sufragios.

            De los tres municipios en que no ha terminado el cómputo, en Saltillo y Torreón la ventaja del PRI sobre Morena no da espacio para sorpresas. Y en Monclova donde el PRI pidió el conteo voto por voto ante una diferencia de 555 sufragios a favor del PAN, faltaban hasta anoche 27 casillas por revisar y se mantenía la tendencia favorable para Mario Dávila Delgado.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Que de las once diputaciones federales que logró ganar por si solo el PRI en todo el país, cinco hayan sido en Coahuila, provocó entre algunos priistas de nuestra entidad un desbordado optimismo que convendría, por el bien del estado, moderar.

            De la buena gestión que ha llevado el gobernador Miguel Ángel Riquelme no hay duda. De su sensibilidad y eficacia para hacer frente a las contingencias y repetidas crisis que se han presentado en estos años hay sobrados testimonios. Su habilidad y tacto político son también conocidos y reconocidos.

            Sus valimientos y capacidad no están pues a discusión.

            Pero bien harían los que ya andan en la silla mareadora del futurismo en leer bien los resultados: son once diputaciones en el país, sí once de trescientas. El PRI no dio para más.

            No deben perder de vista tampoco que muchos de los votos con los que los candidatos del PRI triunfaron en los cinco distritos de Coahuila, fueron producto de la campaña del «voto útil», es decir que vienen de simpatizantes de otros partidos que se convencieron de que la única ruta para acotar el avance de Morena era sumarse a la opción más viable, y esto de ninguna manera asegura que en el futuro vuelvan a votar por priistas.

            Pero hay otro riesgo que deberían tener presente, jugar con la idea de que Riquelme es un referente del priismo nacional equivale a abrir frentes, es ponerlo en la mira de un Presidente visceral, que no está contento con los resultados y que es capaz de todo para debilitar a sus opositores.

            De entrada el muy vulnerable Alejandro Moreno, encargado de la dirigencia nacional del PRI, prepara la genuflexión y ofrece disposición para entablar dialogo y acuerdos con López Obrador.

            No tardó el revire del gobernador Riquelme, quien recordó que la prioridad para los ocho diputados coahuilenses –pues además de los cinco que ganaron habrá tres plurinominales– deberá ser cumplir la expectativa de los electores y convertirse en un contrapeso real.

            En eso es precisamente en lo que se deben de concentrar también los veinticinco priistas que fueron electos como alcaldes, en cumplir a los electores, gobernar con extrema eficiencia y honestidad, para que en el futuro puedan seguir teniendo triunfos.

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            Siguiendo con el tema de las elecciones la que no se mide es Melba Farías, quien anticipa impugnará los resultados en el tercer distrito pues asegura que ganó.

            Hay cerca de cuatro mil cuatrocientos votos de diferencia, a favor de Cristina Amezcua del PRI, pero Melba pedirá la revisión de los votos nulos, que fueron poco más de tres mil trescientos, es decir que ni sumando todos ellos le alcanzaría a la que fue candidata de Morena para su reelección.

            Como antecedente, cuando Melba fue electa en 2018 los votos nulos fueron más de 5 mil 600, y no hubo el menor asomo por parte de quien en aquélla ocasión fue candidata del PRI, Guadalupe Murguía, de generar un conflicto.

            En esta elección del domingo, Melba tuvo 53 mil 500 votos, que son 18 mil cien menos de los que hace tres años la llevaron a la Cámara de Diputados. Y aún así son muchos para el pobre desempeño que tuvo y para no haber hecho campaña en esta ocasión, son votos inerciales de una estructura de Morena a la que no se debe perder de vista pues la seguirán alimentando con los llamados «programas del bienestar».

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            Vaya desparpajo el de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, salir a decir en sus redes sociales que continúan trabajando en el rescate de 3 mineros a los que no se ha localizado en la mina de Rancherías, cuando se limitó a una visita para la foto y no ha habido ninguna participación efectiva de la dependencia a su cargo ni en la atención del accidente, como no la hubo en la prevención que es una de sus facultades.

            Y también habría que preguntar qué pasó con la delegación del Seguro Social, que el viernes tan pronto se supo del accidente dieron a conocer que había personal y equipo disponible para prestar la atención necesaria, y a partir de ahí ha guardado silencio.

            Conocidos ya los nombres de los trabajadores que quedaron atrapados, tendría el IMSS que informar si estaban o no dados de alta, y la situación patronal del dueño de la mina.

            Que el cuerpo de uno de los mineros haya tenido que ser trasladado en una carreta al lugar en el que se le sepultó, además de indignante lleva a preguntar si estaba dado de alta en el Seguro y en todo caso por qué la institución no asumió los gastos funerarios.

            El dramático cortejo fúnebre del minero Pedro Ramírez fue no solo un reproche hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino además una clara manifestación de la indiferencia oficial hacia las condiciones en que viven estas familias.

edelapena@infonor.com.mx