Por Eduardo J. De La Peña

            Si bien es una buena noticia que el accidente minero del martes en la región Carbonífera no haya terminado en tragedia, y que los cuatro mineros que estuvieron atrapados por varias horas en un pozo de carbón hayan resultado ilesos, lo ocurrido puso en evidencia varias anomalías que se siguen presentando en aquélla región y que las autoridades no deben de soslayar.

            El primer reporte a las autoridades se recibió por medio de una llamada anónima a las líneas de emergencia poco después de las siete y media de la tarde del martes, refiriendo que al norte de Obayos –un ejido del municipio de Escobedo– dos o tres horas antes se había derrumbado una mina y que al parecer había personas atrapadas.

            …»Refiere que los mismos trabajadores de las minas cercanas son los que andan buscando personas pero comenta que no han pedido ayuda, desconoce el nombre de la mina, solicita apoyo», señala el reporte levantado por las corporaciones de seguridad en la Carbonífera.

            No hay reporte, versión o comunicado oficial de ninguna autoridad, pero fue poco después de las nueve de la noche que se conoció que los mineros habían sido rescatados, la llamada de auxilio se generó a las siete y media, y el accidente habría ocurrido al menos dos o tres horas antes. Estuvieron atrapados entonces cuando menos tres horas y media, aunque hay quienes dicen que fueron ocho.

            Obayos está a poco más de sesenta kilómetros de Sabinas, si se hubiera avisado a las autoridades del accidente en cuanto ocurrió, la ayuda habría llegado en menos de una hora.

            En cambio dejaron a trabajadores de la mina siniestrada y de otras cercanas intentar el rescate, y lo hicieron en condiciones tan precarias, que de acuerdo con el testimonio de un empresario minero a este Índice, estuvieron utilizando una tina de 20 litros para retirar el material que obstruía el acceso. La obstrucción tenía cuatro metros de profundidad.

            Ocultar los accidentes es una practica en la que reincide Consorcio Minero A.G. y Cía de Ariel Gómez, y nuevamente en este accidente sale a relucir el nombre del capataz o encargado Guillermo Flores Rangel, asociado a otros siniestros ocurridos en semanas anteriores.

            El 11 de junio, también en Obayos, hubo un desprendimiento en una mina, y el trabajador Juan Muñiz resultó lesionado, pero ni se avisó a las autoridades ni se le llevó para atención al Seguro Social, sino a una clínica privada.

            Muñiz identificó en ese entonces al contratista como Margarito Puente, y a «Memo» Flores como encargado. Y después se supo que el trabajador estaba afiliado al IMSS por Consorcio Minero A.G. como patrón.

            Juan Muñiz aún convalece de las lesiones sufridas y ya hubo otro accidente.

            Lo ocurrido el martes no fue un derrumbe, la mina quedó obstruida por tierra que se deslavó de la pared de un tajo cercano, lo que vino a confirmar el riesgo del que hace varias semanas advirtió la Organización Familia Pasta de Conchos, se hacen nuevas explotaciones en terrenos adyacentes a tajos abandonados, que además están inundados, y no hay garantías de la estabilidad del terreno.

            Sería utópico pensar que algún día una actividad productiva como la minería llegue al riesgo cero, pero en definitiva hay prácticas y mecanismos para atenuarlos, además de normas y protocolos que se deben de seguir, y en el caso de este Consorcio A.G. estamos ante claros incumplimientos que las autoridades federales del trabajo solapan.

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            También el Secretario de Salud Roberto Bernal tuvo un posicionamiento respecto a la resolución que votó el martes la Suprema Corte y señaló que ningún médico puede ser obligado a practicar un aborto.

            Precisamente ese es otro de los pendientes en la agenda del máximo tribunal, resolver sobre la objeción de conciencia, es decir si un médico por principios personales o creencias religiosas se puede negar o no a interrumpir un embarazo.

            La discusión al respecto se dará en los próximos días.

            Y más allá de los tribunales, en la esfera de las autoridades administrativas, queda el resolver cómo se resolverá en los hospitales públicos el atender los abortos. En el caso de la Ciudad de México hay catorce unidades médicas en donde se practican gratuitamente, ¿se imitará la medida en Coahuila?, ¿lo harán también el IMSS y el ISSSTE en todo el país?.

            Lo resuelto por la Corte hasta ahora tiene que ver con no perseguir penalmente a la mujer que decice abortar, nada se ha dicho respecto a si se obiga o no a las instituciones de salud a esa práctica.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Vaya que causó revuelo el gobernador Miguel Riquelme con su discurso en el evento con que este martes se dio inicio a la última etapa del programa municipal «Bello Saltillo».

            Señaló el gobernador que Manolo Jiménez dice que en diciembre termina, pero que él (Riquelme) no cree que termine en diciembre, y que la experiencia de Manolo lo va a llevar a apoyar en otras partes.

            Hay quienes dicen que simplemente Riquelme anticipó, o confirmó, que cuando Jiménez concluya la alcaldía lo sumará al gabinete, pero otros lo interpretaron como algo inminente, que implicaría una conclusión anticipada de la administración.

            En los círculos cercanos al alcalde se señala que al menos por parte de Manolo tiene proyecta su agenda efectivamente hasta diciembre. Concentrado por ahora en el cierre de programas, lo previsto es en noviembre entrar al proceso de entrega-recepción y rendir el último informe el 6 de diciembre.

            Jiménez se mantendría en la prioridad de un cierre ordenado, como lo ha venido comprometiendo, puntualizan en su entorno.

            ¿Tiene el gobernador otros planes?, en los corrillos políticos se empezó a especular con esa posibilidad incluso antes del discurso de Riquelme este martes.

            En días anteriores se habló de que es inminente el cambio de dirigencia en el PRI, y eso perfilaría la salida de Francisco Saracho Navarro de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, para irse al partido y dejarle el cargo estatal a Manolo.

            Hay quienes opinan sin embargo que no existe apremio para eso, pues la única circunstancia que se da es el traslado de Rigo Fuentes a la Ciudad de México para ocupar su asiento en la Cámara de Diputados, pero dicen que el twitter –lo único de lo que se ocupa– igual lo puede atender desde allá.

            Vaya, que no hay quien extrañe aquí a Rigo, finalmente la chamba la han hecho otros, los buenos resultados son mérito de otros, y ellos siguen aquí en Coahuila.

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            Puntual el Ejecutivo Estatal emitió un pronunciamiento respecto a la sentencia de la Corte que invalida artículos del Código Penal de Coahuila en los cuales se sancionaba el aborto. Señalan en el comunicado que se acatará la resolución.

            También el Poder Legislativo se pronunció a las pocas horas de que se conoció lo definido en la Corte, e igualmente puntualizaron que acatarán lo que derive de esa resolución.

            En cambio por parte de la Fiscalía General del Estado, que de acuerdo con nuestra Constitución es el órgano público autónomo al que corresponde la investigación y persecución de los delitos, hubo absoluto silencio.

            Tendría que ser la Fiscalía la que diga si hay mujeres sujetas a proceso penal, o incluso ya sentenciadas y privadas de su libertad, por haber abortado, al igual si hay personal médico en las mismas circunstancias. Además de si tienen carpetas de investigación abiertas al respecto y qué pasará con ellas.

            Claro, deben transcurrir plazos y diligencias para que la resolución de la Corte surta efecto, pero un asunto de tal trascendencia la Fiscalía tendría que haberse pronunciado ya.

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            Una semana después del regreso a clases en el país, que en el caso de Coahuila incluso fue antes, apenas este martes el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas le llevó a la Secretaria de Educación Delfina Gómez el informe sobre las condiciones en que se encuentra la infraestructura educativa.

            Pero no es lo más grave que dicho informe vaya tarde, sino la respuesta de la secretaria Gómez, quien dijo que se convocará a los gobiernos estatales y a los empresarios para que se solidaricen y aporten para la remodelación de los planteles.

            ¿Algún compromiso de inversión federal?, claro que no.

            Menos mal que aquí en Coahuila el censo de infraestructura se levantó desde antes, y hace más de dos meses el gobernador convocó a la IP a apadrinar escuelas y con esto se ha avanzado en las reparaciones necesarias.

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Por Eduardo J. De La Peña

            A Claudio Bres se le está complicando el cierre de su tercera gestión como alcalde de Piedras Negras con el tema de los grupos delictivos que no cejan en su empeño por controlar «la plaza».

            Los nigropetenses inician la semana consternados por la agresión que sufrió el domingo un oficial de tránsito al que balearon dentro de su patrulla, lo cual mantiene al agente en estado grave y luchando por su vida.

            Estos hechos detonaron un brote de inconformidad en agentes de la corporación, que aseguran haber puesto en antecentes a la directora de Tránsito, Marina Lozano, de que estaban recibiendo amenazas y aseguran también que la funcionaria se lo tomó a burla, por lo que amenazan con un paro de labores para exigir la destitución de su jefa.

            Tendrá que ser la Fiscalía del Estado la que determine quién y por qué atentó contra el oficial, y en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública definir las estrategias para el blindaje de Piedras Negras.

            Pero al alcalde le corresponde investigar qué hay de cierto en esas acusaciones de los oficiales de Tránsito y establecer si realmente hubo amenazas que la directora ignoró.

            Marina Lozano es una empresaria de Piedras Negras que constiuye uno de los pocos casos en el país en que un miembro de la iniciativa privada deja de ver los toros desde la barrera y asume el mando de una corporación vinculada con la seguridad pública. El desenlace de estos acontecimientos la pondrá a prueba.

            También debe tenerse en cuenta que en las últimas semanas han crecido en Piedras Negras los problemas relacionados con el flujo migratorio, y si ya desde hace meses se advertía del riesgo de que Estados Unidos deportara por la frontera nigropetense cada semana a decenas de personas y que estas ingresaran a nuestro país sin ningún control sanitario, la semana pasada ese riesgo se materializó cuando fue detectada una casa en la que traficantes tenían escondidos a varios migrantes, cuatro de los cuales resultaron positivos a contagio por coronavirus.

            El tráfico de personas, una práctica ilegal altamente lucrativa, está presionando la seguridad pública desde muchos frentes en Piedras Negras, las autoridades deben ser muy acertivas en sus decisiones para evitar que esto se desborde.

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            En los corrillos políticos de la capital empiezan a configurar la posibilidad de un enroque cuando entre en funciones la nueva administración municipal.

            Dicen que si en efecto Javier Díaz González llega a la Tesorería Municipal, su lugar como titular de la Administración Fiscal del Estado sería ocupado por Antonio Gutiérrez Rodríguez.

            Gutiérrez en su desempeño como Tesorero municipal durante cuatro años se ha caracterizado por su eficiencia y seriedad, concetrado en los resultados y alejado de protagonismos, y además de la experiencia que ha adquirido se ha confirmado como un enlace con los diferentes sectores, atributos que en todo caso podría aportar si le llaman en enero a un cargo estatal.

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            Todo apunta a que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará el artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona con prisión de hasta tres años a la mujer que aborta voluntariamente y a quienes la hayan asistido.

            En sesión del lunes ocho Ministros ya se pronunciaron a favor, y quedaron pendientes los pronunciamientos de tres más.

            Según se ha explicado a raíz de la reforma judicial, si en una sentencia de este tipo hay al menos ocho votos a favor, será jurisprudencia obligatoria para todos los jueves del país, es decir que no únicamente se despenalizaría el aborto en Coahuila, sino en todas las entidades en donde aún es delito.

            Grupos afines a la Iglesia Católica, y a otras organizaciones religiosas desde luego se han manifestado en contra, pero todo indica no han sido escuchados.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Es tan burda la manipulación que se da desde el púlpito presidencial al tema de Altos Hornos de México, y tal la confusión e incertidumbre que se ha generado, que se vuelve necesario diseccionar el asunto para aclararlo y calmar los ánimos.

            Por algún encargo el tema llegó a la mañanera del jueves en la tónica de que la siderúrgica, y el Presidente de su Consejo de Administración Alonso Ancira, al constituir en Estados Unidos un fideicomiso para garantizar el acuerdo reparatorio al que se llegó con Pemex había caido en incumplimiento.

            De ahí se soltó el Presidente con una letanía de consejos a Ancira para que se cuide de cumplir, y ordenó a la que se supone es autónoma Fiscalía General de la República publicar el famoso acuerdo reparatorio, un documento que pese a ser confidencial, y así estar membretado, la dependencia difundió la noche del jueves.

            Y en ese documento que ahora es público se puede constatar que Ancira no ha incumplido, pues como se estableció en la claúsula tercera, antes de noventa días celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía. ¿Lo hizo en y con una institución extranjera?, eso no se aparta del acuerdo, que no especifica nada al respecto.

            Ya se sabía desde abril, pero ahora que el acuerdo se hizo público, a muchos les entraron los nervios cuando leyeron que las garantías son el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y algunos activos de Altos Hornos, y se empezó a hablar de que Pemex tomaría control de la empresa.

            Hay que puntualizarlo, son garantías, y se ejercen si no se paga lo acordado, algo que no ha ocurrido. Es hasta el último día de noviembre de este año que se debe de hacer el primero de tres pagos, por 50 millones de dólares, y luego hay otros dos pagos en noviembre de 2022 y de 2023, entonces acciones y activos no han cambiado de manos.

            Hubo tanto ruido respecto a esa versión errónea de que Pemex se quedaría con Altos Hornos, que no se puso atención en un asunto de fondo que ahí se consigna: Alonso Ancira estuvo vinculado a proceso penal, en la causa 211/2019, acusado de «operaciones con recursos de procedencia ilícita».

            Esa es la causa penal en que lo acusaron de haber dado sobornos a Emilio Lozoya, sustentándose en pagos que Altos Hornos hizo a quien después sería director de Pemex, en un momento en que ni siquiera era funcionario público.

            Pero el acuerdo reparatorio se hace sobre una carpeta de investigación relacionada con el supuesto sobreprecio pagado por Pemex en la compra de la planta de Agronitrogenados.

            El documento deja en evidencia la extorsión del gobierno, procesaron a Ancira con una acusación sin sustento, y lo liberaron con el compromiso de reparar un supuesto daño, pues al Presidente se le puso que Agronitrogenados no valía lo que valuadores oficiales establecieron como monto de la operación de compra-venta.

            Y en su conferencia López Obrador metió otro ingrediente, con segundas intenciones –quizá ir quebrantando al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo– revivió su versión de que Altos Hornos «pago viáticos» a Rubén Moreira y a otros políticos, y ordenó hacer públicos documentos que deberían estar en resguardo de acuerdo con la ley.

            Publican una lista de vuelos que hicieron Moreira, funcionarios de su gobierno, y actores políticos de diferentes entidades en aviones de ANTAIR, una subsidiaria de Altos Hornos que se dedica precisamente a dar servicios de transportación aérea y mantenimiento de aeronaves.

            El gobierno de Coahuila en el sexenio anterior contrataba a esa empresa para la transportacion de sus funcionarios a actividades oficiales, ¿dónde está lo irregular?, se insinúa como un soborno cuando se trata de un servicio de una empresa privada a nstituciones gubernamentales, algo que ocurre todos los días.

            Lo irregular es que difundan los datos, que fueron extraídos de bitácoras de vuelo que ANTAIR entrega por obligación a las autoridades aeronaúticas, pero que por ley no son públicos.

            La empresa ha reconocido que proporcionó traslados a otros políticos como Manlio Fabio Beltrones, quien pidió el apoyo en una emergencia médica familiar. Como en ocasiones el Ejército les pidió trasladar a mandos militares en comisiones oficiales, o en su momento la Policía Fedeal les pidió combustible, sin costo para sus aeronaves.

            ¿También considerará el Presidente irregular que AHMSA aporte para la construcción de cuarteles militares y venda al costo acero para obras públicas?.

            Hay en todo este asunto mucho ruido y pocas nueces, pero siendo un tema que impacta en la economía de Coahuila, antes que omitirlo es necesario precisarlo para que la manipulación no genere un clima de incertidumbre que entorpezca el ritmo de recuperación que ha tomado la siderúrgica, y que la reposiciona para nuevas negociaciones con posibles inversionistas.

            Que ya no meta ruido el Presidente, ya ha hecho demasiado daño a la economía de las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

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Por Eduardo J. De La Peña

            La decisión del alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, de incorporar como su asesor al ex Rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, es trascendente en dos aspectos.

            La experiencia de Narro Robles, que no se limita al ámbito de la salud exclusivamente, es augurio de que Fraustro Siller estará rodeado de un equipo asesor con visión y profesionalismo lo cual debe incidir en el diseño de las estrategias para hacer frente a los muy diversos retos que plantea el desarrollo de Saltillo.

            Es de esperarse que una solidez similar tengan quienes vayan a ocupar los cargos ejecutivos en la administración municipal.

             Y habla también del talante político de José María Fraustro quien sin duda al hacer esa invitación puso en la balanza tanto los activos de Narro, como son su trayectoria, capacidad pofesional y solvencia moral, como los que para algunos pudieran ser pasivos, en los que se cuenta su rompimiento con la cúpula que controla actualmente al PRI.

            No olvidemos que en 2019 el Doctor Narro Robles aspiró a la dirigencia nacional del tricolor, pero renunció tanto a participar en el proceso como a seguir militando en el PRI, haciendo duros cuestionamientos en los que señaló a quienes hoy mandan en ese partido, que es en el que milita Fraustro.

            En aquél momento el ex Rector de la UNAM habló de una farsa, en que se utilizaría lo que llamó un padrón tramposo, inflado en estados como Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. «Ellos serán llevados a votar por quienes llenarán de vergüenza al partido», decía Narro Robles en su carta de renuncia.

            Quedaron desde entonces rotos los puentes y las relaciones entre el Doctor Narro y el grupo en que hoy participan Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

            Pero más allá de esas consideraciones, José María Fraustro pondera los atributos de quien será su asesor y manda con claridad el mensaje de que no compra pleitos ajenos, que está por encima de ellos y si se trata de buscar lo mejor para Saltillo las formas políticas no serán obstáculo. Bien por él.

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            Si bien la versión que circula en redes sociales respecto a asaltos en la carretera 57 no es exacta, y ubica en las inmediaciones de Huachichil hechos que habrían ocurrido efectivamente en esa ruta, pero en las cercanías de Matehuala, esa imprecisión no debe ser motivo para que los acontecimientos se desestimen.

            Y es que situaciones similares se han dado en los días recientes en Ramos Arizpe, donde hombres armados intentaron asaltar en la carretera a un ex alcalde, posteriormente lo intentaron con un agricultor en el centro de la ciudad, y a otra persona la retuvieron y la llevaron por la fuerza a su domicilio para despojarla de dinero en efectivo.

            Nadie lo pone en duda, las corporaciones estatales y municipales se la han rifado para hacer frente a las incursiones de la delincuencia organizada, pero tal parece que hay quienes aprovechan que las fuerzas se concentran en el blindaje de los puntos más vulnerables, y están delinquiendo en comunidades menos vigiladas, un asunto al que urge se le ponga atención.

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            Juega con fuego Ricardo Monreal en su relación con lo grupos defensores de los animales. Ya agendada la votación en el Senado para la reforma que prohíbe la experimentación animal para la industria cosmética, que se aprobó este jueves, Monreal pactó reunirse el miércoles con una de las asociaciones que más pugnó por esta ley, así jaló reflectores y hoy se muestra como uno de los grandes aliados de esta causa.

            El caso es que el líder de Morena en el Senado se topará en un par de semanas con esos mismos activistas cuando llegue a la plaza de toros de Zacatecas, a acompañar a su hermano, el gobernador electo, en la corrida que le organizaron Armando Guadiana y el empresario José Aguirre.

            Por cierto es tal la inseguridad que impera en Zacatecas desde hace semanas, que no resulta una exageración decir que la cita del domingo 12 de septiembre resulta más riesgosa para los aficionados que para los toros mismos.

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            Más allá de lo que aquí diga la dirigencia de la sección 38 del SNTE que insiste en la segunda vacunación para maestros y alienta que los trabajadores de la educación interpongan amparos, su líder nacional Alfonso Cepeda Salas puntualizó que en todo caso hay que vacunar primero a quienes no han recibido ninguna dosis, y pasar a la de refuerzo únicamente si hay comprobación científica de que se requiere.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Quien no afloja el paso en su aspiración por dirigir a Acción Nacional en la entidad es el tesorero municipal Juan Carlos Terrazas.

            Cuando debería estar concentrado en el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el año próximo, y en el delicado proceso de entrega-recepción de la administración municipal, un día sí y otro también llegan noticias de Terrazas reunido con grupos de panistas en las diferentes regiones de la entidad.

            El más reciente fue con liderazgos del albiazul en Acuña y los Cinco Manantiales. Antes estuvo en la Carbonífera, y se había arrancado desde su casa, la región Centro.

            Lo que le sigue faltando es conciliar con los que se supone tiene más cerca, los regidores del PAN en el Cabildo de Monclova, que con Ariel Venegas a la cabeza no dejan de hacer señalamientos de malos manejos e irregularidades.

            Los señalamientos pueden ser o no fundados, eso en todo caso lo deberán determinar las autoridades a las que corresponde auditar el manejo de las finanzas públicas, pero en lo político habla muy mal de Terrazas y de sus alcances como líder, que no logre conciliar con este grupo.

            Y a propósito de la renovación de la dirigencia en el PAN, quien parece haber dado un paso atrás es la regidora de Saltillo Tere Romo. Quizá saco cuentas y vio tan avanzado al grupo de la región Centro que mejor desistió en participar.

            Sin embargo dentro y fuera del PAN deben aprovecharse los activos y valías de Tere Romo. En Saltillo no se puede dejar de reconocer lo que aportó para el triunfo del PRI su posición responsable y digna.

            No olvidemos el asedio al que la sometió Armando Guadiana para tratar de que declinara en su favor en la contienda por la alcaldía de Saltillo, y si Tere hubiera cedido habría sido un golpe de efecto que tal vez hubiera dejado otros resultados en la elección de junio.

            Sin embargo se mantuvo firme, digna, y eso abonó al concepto de voto útil que contribuyó al triunfo de José María Fraustro, que de ninguna manera es mérito único de la estructura del PRI.

            A querer o no, hay una deuda de honor con Tere Romo, sería un error dejarla de lado. Su contribución para evitar que Morena llegara al Cabildo de la capital es un asunto de responsabilidad histórica.

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            Puntuales, los lectores complementan el apunte histórico respecto a los coahuilenses que han ocupado la presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, además de los ya mencionados en el ÍNDICE de ayer, Eliseo Mendoza Berrueto y Humberto Roque Villanueva.

            Nos comparten que de 1943 a 1946 ocupó el cargo el lagunero Raúl López Sánchez, en la segunda mitad del gobierno de Manuel Avila Camacho; López Sánchez sería años después gobernador sustituto en Coahuila, y Secretario de Marina en la administración de Miguel Alemán Valdés.

            Y también nos hacen ver que, de 1961 a 1964, el saltillense Rómulo Sánchez Mireles presidió la Gran Comisión, era el cierre del sexenio de Adolfo López Mateos. Sánchez Mireles fue uno de los fundadores de la CNOP y director general del ISSSTE en el país.

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            Este miércoles se deben reanudar las mesas de dialogo con los sectores involucrados en el proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, y aunque se había anticipado que esta semana el tema a abordar será el del impacto en la salud de las personas por el consumo de agua con arsénico, surgió la versión de que el encuentro será con productores agropecuarios y ya saltó un grupo de comisariados ejidales a quejarse de que no se les ha convocado.

            El asunto es complejo y a los actores involucrados hay que tratarlos con pinzas. Tacto extremo para lograr construir los indispensables acuerdos.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Aunque su llegada a la Junta de Coordinación Política es producto de un acuerdo entre todas las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, no se pude omitir que a Rubén Moreria Valdez le toca estar en esa importante posición en un momento harto complejo para el país, en el que precisamente los acuerdos son la excepción, y la confrontación, alentada desde el poder, es la regla.

            Precisamente este lunes se presentó el Índice de Desarrollo Democrático, un ejercicio impulsado por el INE y varias organizaciones nacionales e internacionales, y en la presentación se dijo que el país enfrenta retrocesos en indicadores democráticos y ahí el director de la Fundación Konrad Adenauer en México, Hans Blomeier, afirmó que para corregir esta situación, debe superarse la polarización que está imperando.

            Rubén Moreira por su parte, en las primeras entrevistas que dio como presidente de la Jucopo, cuando se le planteó que la polarización ha dividido al país en dos bandos hizo la observación de que en la elección de junio los partidos opositores al gobierno tuvieron más votos en las urnas que los aliados del Presidente, pero en la integración de la Cámara tienen menos diputados.

            Ello le lleva a poner de entrada sobre la mesa la idea de una reforma electoral que corrija la sobre representación.

            El proceso de instalación de la Cámara destacó por la civilidad política con la que se llevó, incluso los analistas nacionales se mostraron sorprendidos por la actitud de Sergio Gutiérrez Luna, quien como diputado de Morena presidirá la mesa directiva y externó una disposición al dialogo y los acuerdos que contrastan con sus posturas cuando representó a su partido en el INE.

            La gran duda es hasta cuándo durará este ánimo constructivo.

            Para el anecdotario, antes que Rubén Moreira al menos otros dos coahuilenses han estado al frente de la Cámara de Diputados, pero presidiendo lo que se denominaba la Gran Comisión, y desde luego en circunstancias muy diferentes pues eran los tiempos anteriores a la alternancia y quien llegaba a esa posición era designado por su cercanía y confianza con el Presidente de la República.

            El también ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto fue presidente de la Gran Comisión por poco más de un año y medio y precisamente dejó el cargo para ser candidato al gobierno de Coahuila.

            Circunstancialmente llegó a la presidencia de la Cámara Humberto Roque Villanueva en 1994, tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien ya estaba designado para el cargo.

            Y retomando la sesión de instalación de la nueva Legislatura, resulta que Leonel Godoy de Morena no tuvo que llegar escondido en la cajuela de un auto para rendir protesta, como lo hizo hace años uno de sus hermanos, pero si le tocó como integrante de la Mesa de Decanos dar lectura a un oficio del perredista Rogelio Franco quien por escrito rindió protesta desde un penal de Veracruz.

            Un caso interesante, pues como Franco no está sentenciado el INE ordenó darle posesión como diputado, y entonces tendría ya el fuero con lo que las autoridades locales de Veracruz, donde está acusado de abuso y actos contra la administración de justicia, lo liberen, y que en todo caso se inicie el proceso de desafuero.

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            Respecto al Índice de Desarrollo Democrático presentado este lunes, por quinta ocasión desde que se realiza este ejercicio Coahuila califica con alto desarrollo, pero con un resultado menor al de 2019.

            En el ranking nacional se ubica en la posición número 10, con 7 mil 041 puntos, cuando el estado mejor calificado, Yucatán, tiene 10 mil puntos.

            Nuestro mejor indicador es el de Democracia de las Instituciones, y entre las áreas de oportunidad que se señalan para Coahuila destaca el de generar procesos de construcción de ciudadanía.

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            Ya en tono de despedida y a cuatro meses de dejar el cargo, el alcalde de Monclova Alfredo Paredes López salió con las típicas dos noticias, la mala y la buena, que en el primer caso fue un anuncio y en el segundo una promesa.

            Paredes anunció reajuste de personal municipal que alcanzará a 150 empleados, entre otras medidas de austeridad con las que promete dejar cero deuda a su sucesor Mario Dávila Delgado.

            Ese reajuste deberá ser un proceso muy pulcro y cuidadoso para que no se convierta en un pasivo que quite tiempo y recursos a la siguiente administración.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Para Tereso Medina Ramírez el caso de la General Motors en Silao no está cerrado, y ha dicho que lo litigará en dos vertientes.

            La primera tiene que ver con denunciar las irregularidades que asegura iocurrieron en el proceso, como la intromisión de agentes extranjeros y la participación activa de inspectores federales del trabajo para promover el voto en contra de la legitimación del contrato.

            En esta vertiente Tereso la va a tener cuesta arriba, pues la Organización Internacional del Trabajo ya entregó el informe sobre la observación realizada, que se anexará al dictamen final de la Secretaría del Trabajo, y aunque el documento no se ha dado a conocer, según la versión oficial el director de la OIT habría dicho a Luisa María Alcalde que el éxito del proceso fue que permitió llevar una consulta justa y democrática.

            Pero Medina Ramírez plantea que también hay controversia sobre las implicaciones de los resultados, pues en su concepto lo que se votó fue la legitimación del contrato colectivo de trabajo, es decir si los trabajadores estaban o no de acuerdo con las condiciones acordadas por el sindicato y la empresa, pero no se trataba de una ratificación de la titularidad del mismo, por lo que la representación la mantendría el sindicato «Miguel Trujillo».

            Debe Tereso calcular bien los movimientos y medir hasta donde puede realmente llevar las cosas, no vaya a ser que tense la cuerda de más y termine sirviendo a los intereses de quienes buscan precisamente generar inestabilidad en el sector laboral en el país.

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            A propósito, en la controversia comercial con Estados Unidos respecto a la interpetración a reglas de origen en la industria automotriz, Canadá se sumó esta semana a la posición de México.

            Según la interpretación estadounidense, sus dos socios tienen una metodología más flexible, pero sí se impone la que EU plantea, que elevaría los costos, de acuerdo con la propia Secretaría de Economía del gobierno mexicano se corre el riesgo de que los fabricantes de autómoviles decidan abandonar la región. No es cualquier cosa.

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            En la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Armando Guadiana Tijerina abordó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto.

            El comunicado oficial de la oficina del Senador señala que Guadiana intercambió con el titular de la UIF «puntos de vista relevantes respecto a la lucha contra la corrupción en Coahuila y todo México».

            ¿Realmente hablaron de la lucha contra la corrupción?, ¿le planteó Guadiana lo que esta semana declaró a los medios respecto a asignaciones irregulares de contratos por parte de la CFE y los sobornos para recibir tierra en lugar de carbón?, ¿previno a Santiago Nieto sobre los vínculos con estas irregularidades de la alcaldesa electa de Múzquiz Tania Flores, a quien recibió a principios de julio?.

            ¿O nada más se le acercó para la foto, como hizo el año antepasado con Bartlett para presumir acuerdos que luego la CFE desmintió?.

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            Se dio ya la primera de seis mesas de dialogo entre la Comisón Nacional del Agua, y los gobiernos estatales de Coahuila y Durango con los sectores involucrados en el proyecto «Agua Saludable».

            El evento se dio en Lerdo y la reunión, encabezada por el titular la CNA, Germán Martínez Santoyo, fue con representantes de las cámaras empresariales.

            En la siguiente mesa de dialogo se abordará el tema de la salud pública, para explicar detalladamente los riesgos que representa para la población el consumo de agua contaminada con arsénico.

            Por parte del gobierno de Coahuila en la apertura del dialogo, el representante fue Fernando Gutiérrez Pérez, coordinador de comunicación y uno de los operadores más eficaces a quien el gobernador Miguel Riquelme le entrega delicadas encomiendas, como la coordinación de los sub comités de salud en el Centro y La Laguna, que ha llevado por meses, además de las tareas normales inherentes a su cargo.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Finalmente la tarde del jueves se logró desactivar el agandalle que preparaba Morena y quedó descartada, o al menos a eso se comprometieron, la «megabancada» en que el partido del presidente pretendía fusionar a sus aliados, PT y Partido Verde, para tener un solo grupo parlamentario de 278 diputados y quedarse con todos los órganos de gobierno y administración, además de controlar las principales comisiones.

            El compromiso entre coordinadores parlamentarios, incluyendo por parte del PRI a Rubén Moreira, fue que para el sábado quedarán registrados todos los grupos conforme al número de diputados que tiene cada partido, y así el domingo se podrá celebrar la sesión Constitutiva de la nueva Legislatura, sesión que conducirá la Mesa de Décanos.

            Seguramente la Mesa de Décanos la presidirá el priista Augusto Gómez Villanueva, quien a sus 92 años será diputado por sexta ocasión. La tradición establece que sea el diputado electo con mayor antigüedad quien presida, y dificílmente alguien ha estado en más legislaturas que Gómez Villanueva, y el grupo mayoritario, el de Morena, no le pondrá objeciones, pues es bien sabido que la 4T es muy propensa a desempolvar el museo de personajes afines a Luis Echeverría.

            Pero también estará un coahuilense en esa Mesa, Carlos Ortíz Tejeda, quien en los setenta fue diputado federal por el PRI, partido del que incluso fue a nivel nacional Secretario de Ideología, y que ahora llega a la Cámara como plurinominal de Morena. Ortíz Tejeda tiene o tuvo estrecha cercanía con el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.

            También van a la mesa Leonel Godoy Rangel, que se espera y tenga un ingreso normal al recinto Legislativo y no llegue oculto en la cajuela de un carro, como lo hizo hace once años su hermano Julio César, que andaba urgido de fuero ante la investigación que había en su contra por supuestos vínculos con «la familia michoacana». Se recordará que fue acompañado en aquélla ocasión por Rubén Moreira y Mary Thelma Guajardo.

            La representación de Movimiento Ciudadano en la Mesa de Décanos la tendra Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, militante en aquéllos tiempos en el PRD.

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            Las incursiones de hombres armados la noche del miércoles y mañana del jueves en territorio coahuilense, en los límites de Coahuila y Nuevo León al norte de la entidad, frustradas primero gracias a la valiente actuación de policías estatales, respaldados después por fuerzas federales y corporaciones municipales, pueden parecernos lejanas, y ante la distancia territorial tal vez mucho no las dimensionen en su debida trascendencia.

            No es sin embargo un asunto a desestimar, tan claro como que en el pasado el arribo inicial de los grupos delictivos que más tarde sembraron el terror en Coahuila se dio precisamente en aquélla región.

            Por ello el gobierno de Miguel Riquelme le está dando la importancia que vemos a este asunto y ha reaccionado de forma tan contundente, no se puede ceder pues de lo contrario perderíamos lo que se ha avanzado en seguridad y lo que se ha ganado en tranquilidad para las familias coahuilenses.

            Y si estos grupos delictivos andaban buscando abrazos, todo indica que además de equivocarse de lugar se les extravió la agenda, pues el abrazo de la amistad lo dan en Eagle Pass y Piedras Negras en marzo, y el Del Río y Acuña en octubre, pero no están invitados.

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            Otra vez el senador Armando Guadiana Tijerina habla de corrupción en la CFE, tanto en la asignación de contratos para suministro de carbón, como en la recepción de los pedidos.

            No hay nada nuevo en lo que dice, de tiempo atrás circulan las versiones de que en lugar de carbón hay quienes entregan tierra, y Guadiana precisa que por cada camión con truco pagan un soborno de cinco mil pesos.

            El gran tema es cuándo va a llevar el Senador su denuncia formal a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, pues no se pueden quedar cosas tan graves en una mera acusación en la prensa.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Este asunto de los nuevos criterios del Infonavit para aprobar viviendas a financiar tiene, como dice el clásico, más picos que un serrucho y ha generado todo tipo de reacciones entre el sector constructor en la entidad.

            Apenas se conoció que se exigirá que los desarrollos habitacionales estén a una distancia mínima de escuelas primarias y secundarias, y desde Monclova Andrés Osuna, empresario del sector y ex dirigente estatal de la Canadevi, lo planteó como una limitante, que se suma a las nuevas puntuaciones que deben tener los trabajadores para acceder a un crédito y que considera son inalcanzables.

            Hace ver Osuna que se exige la cercanía con escuelas cuando el gobierno no cuenta con recursos para construirlas, y tiene razón pero ya puestos en el tema debe reconocer que no únicamente la parte oficial puede dotar de planteles educativos a las comunidades, ahí mismo en su región está el ejemplo de empresarios, como la familia Zabaleta, que a través de la Asociación de Distribuidores Nissan donó dos escuelas para Cuatro Ciénegas y Nadadores… Caminos hay.

            Y en el mismo tema, acá en Saltillo desarrolladores de vivienda hacen notar que aunque las nuevas reglas entran en vigor hasta mayo de 2022, tienen que trabajar desde ahora en la verificación de los fraccionamientos que tienen en proceso, pues si no entran dentro de los cuadrantes válidos para el Infonavit, tendrán problemas para vender el año próximo las viviendas que hoy están construyendo.

            Así que los nuevos criterios tienen para la entidad un mayor impacto al que aquí comentamos inicialmente, y lo que queda en claro es que al más puro estilo de la 4T, el Infonavit tomó decisiones de manera unilateral y sin ponderar la realidad que se vive en cada una de las ciudades del país.

            Las repercusiones de entrada son para los desarrolladores de vivienda, pero finalmente pegan también a los trabajadores, pues aunque en teoría se busca protegerlos, lo que se puede generar es un déficit de vivienda que cumpla con los requisitos.

            Para Andrés Osuna esto lo que va a desencadenar es que más trabajadores opten por la autoconstrucción, agregando cuartos a la casa paterna, lo que derivará en hacinamiento y en condiciones de vida poco dignas.

            Y en específico respecto a lo que apuntamos el martes de que estos nuevos criterios vendrían a meter freno al desarrollo de Ciudad Derramadero, hubo también reacciones de lectores que en pocas palabras señalaron «Que bueno que no vayan a cometer la locura de construir vivienda en Derramadero!».

            El tema entonces sigue generando polémica y dará para mucho más en los meses siguientes conforme se acerque la fecha fatal, mayo 2022, para que entren en vigor las nuevas reglas.

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            En otros temas, la que ahora advierte que recurrirá a instancias internacionales para solicitar un recuento en una de las plantas de Teksid, es la CTM de Frontera que se disputa con Napoleón Gómez Urrutia la titularidad del contrato colectivo, que las autoridades laborales otorgaron a este último tras un largo litigio que tomó tres años.

            Según Mario Dante Galindo Montemayor ellos solicitaron desde hace tres meses a la Secretaría del Trabajo el recuento, y que si no obtienen respuesta irán ante organismos internacionales.

            Quiere Galindo replicar lo ocurrido en la General Motors de Silao, con la diferencia que fue allá el gobierno de Estados Unidos quien exigió reponer la votación para la legitimación del contrato.

            ¿Tendrá Dante algún amigo de aquél lado del río Bravo que le ayude a empujar el tema?.

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            Y respecto al comentario que aquí publicamos el miércoles señalando que el trabajo de los bomberos es poco valorado por la sociedad y que la conmemoración de su día pasó desapercibida, es justo reconocer que hay excepciones.

            El lunes la empresa TRAJIMSA donó a los bomberos de Arteaga un equipo completo de rescate «quijadas de la vida», al enterarse que la corporación, pese a atender varios tramos carreteros, entre ellos el de «Los Chorros» que es el de mayor incidencia de accidentes en el país, no contaban con este instrumental indispensable para salvar vidas.

            TRAJIMSA es una empresa de transporte de carga, propiedad de la familia Dávila Suárez, los descendientes de Don Javier Dávila Siller, saltillense que tuvo una destacada trayectoria en la Policía Federal de Caminos, y que en diferentes trienios fue delegado de Policía y Tránsito municipal en Saltillo.

            Es claro que el compromiso de esta familia con la ciudad, y la región, y con las corporaciones de servicio, se mantiene y trasciende en las generaciones. Un ejemplo a imitar.

edelapena@infonor.com.mx