Por Eduardo J. De La Peña

            Cuando se escucha a Armando Guadiana Tijerina azuzando a Santiago Nieto para que ahora inicie una persecución en contra de las universidades, no es difícil llegar a pensar que el Senado es como un club de costura en donde premian la mejor puntada, pero sería injusto cortar a todos con la misma tijera pues resulta que hay algunos senadores que sí se ocupan de los temas importantes de este país, de los que apremian y duelen .

            Por ejemplo esta semana se llevaron a tribuna dos asuntos que impactan directamente en Coahuila, la propuesta de reintegrar el Fondo Minero para estados y municipios, y el impulso al proyecto «Agua Saludable para La Laguna», pero a los tres senadores que representan a Coahuila Eva Galaz, Verónica Martínez y Guadiana les pasaron de noche.

            En el caso del Fondo Minero resulta además interesante que el tema lo llevó a tribuna la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo, partido afín a la 4T, la senadora por Zacatecas Geovanna Bañuelos de la Torre.

            Lo que propone Bañuelos no es muy diferente a lo que ya existía desde 2014 y que este gobierno desapareció, una bolsa que concentre lo que se capta por impuestos a la minería, y que el 85% se destine a infraestructura social y remediación ambiental en las comunidades mineras, un 10% lo conserve el gobierno federal y el 5% restante se destine a la Secretaría de Economía como reguladora del sector.

            Proviniendo de un estado con importante vocación minera, seguramente la senadora Bañuelos sabe que hace siete años se estableció una contribución del 7.5% sobre las utilidades de las compañías mineras, para constituir un fondo del que 37.5%  se destinaba para los estados y 62.5% para los municipios donde se desarrolla la actividad extractiva.

            El gobierno de López Obrador mantuvo el cobro del derecho a las mineras, pero ya no lo entrega a estados y municipios, incluso no se cumplió con entregar remanentes que estaban en poder de la Tesorería de la Federación y que corresponden a la recaudación de los últimos años de la administración de Peña Nieto.

            En octubre del año pasado se calculaba en 22 mil millones de pesos lo acumulado en el Fondo Minero, y pese a que López Obrador prometió en su discurso de toma de protesta “Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”, lo cierto es que los 24 estados y 212 municipios con esta actividad no han visto los recursos.

            El otro tema con impacto en Coahuila tratado en el Senado lo llevaron a tribuna los representantes de Durango Lilia Valdéz Martínez, de Morena, y Alejandro González Yáñez, del PT, quienes se pronunciaron por impulsar el proyecto de «Agua Saludable para La Laguna».

            Que por cierto ahora sí se entra francamente en cuenta regresiva, pues resta apenas una semana para que se cumpla el plazo que dio el Presidente de la República para que haya un consenso en torno al proyecto y se retiren las demandas de amparo de quienes se oponen al mismo.

            Todavía este viernes seguían las negociaciones con campesinos integrantes de módulos de riego en la búsqueda de acuerdos, y por la parte oficial a los directivos de Conagua y de los gobiernos de Coahuila y Durango se han sumado funcionarios de Gobernación.

            Veremos cómo transcurren las cosas de aquí al domingo 3 de octubre en que se debe dar una nueva reunión de los involucrados en el tema con López Obrador.

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            Se empiezan a filtrar nombres de quiénes presidirán las siete comisiones que alcanzó el PRI en la Cámara de Diputados, y las críticas no se hacen esperar.

            Se repite el agandalle que hubo con las plurinominales y para presidir las dos más importantes perfilan a Alejandro Moreno, en Gobernación, y Carolina Viggiano en Vigilancia de la Auditoría Superior.

            Vuelven a favorecer con la presidencia de una comisión a Laura Barrera, plurinominal por segunda ocasión, y una de las legisladoras más cercanas a Enrique Peña Nieto, fue su directora del DIF en el Estado de México y en el gobierno de la Repúbica, y está casada con Luis Maccise, el dueño de Grupo Capital, y uno de los proveedores consentidos del anterior sexenio.

            ¿Pues no había dicho Rubén que había que ponderar los atributos de cada diputado?, resulta que privilegian otra vez a los mismos.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Se completa una semana de que se desbordó la crisis en Ciudad Acuña por el fenómeno migratorio y el gobierno mexicano no ha podido aún articular una estrategia que permita hacerle frente de manera ordenada, integral y consistente.

            De manera grandilocuente el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas señala que en México no se «echará la caballería» a los migrantes haitianos, sino que se les va a dar una atención humanitaria «y opciones para que se integren por una vía regular a nuestro país».

            Los hechos sin embargo dicen otra cosa, desde el púlpito presidencial el propio López Obrador llama a las empresas de trasporte foráneo de pasajeros a no dar servicio a los migrantes, y ya se ha constatado en la terminal de autobuses de Saltillo que a las compañías les llegó una orden de no vender boletos a estas personas.

            En las ciudades fronterizas el Instituto Nacional de Migración presiona a los taxistas para que tampoco les den servicio, y al comercio para que no les vendan suministros. En las ciudades de tránsito, como Monclova, se ha pedido a los hoteleros que no los hospeden.

            En Ciudad Acuña, desde temprana hora de este jueves fue cercado por la Guardia Nacional y otras corporaciones el parque «Braulio Fernández Aguirre» en que se improvisó un campamento migrante cuando los haitianos ya no pudieron cruzar a Del Río. El cerco lleva el propósito de que nadie salga, pero tampoco puedan ayudar las donaciones ciudadanas de alimentos, artículos de higiene y ropa.

            Personal del INM acudió a ese campamento con el ofrecimiento de trasladar a albergues a quienes de manera voluntaria lo quisieran, pero cuando los extranjeros preguntaron de la ubicación de esos albergues y no hubo respuesta, nadie aceptó el traslado.

            No hay pues el trato humanitario que prometió el subsecretario Encinas sino todo tipo de restricciones, claramente encaminadas a ejercer presión para que los haitianos opten por ser regresados a su país.

            Y sí, lo deseable y óptimo para el país y el estado sería que esas miles de personas regresen a su lugar de origen, pero una cosa es lo que se quiera y planee por parte del gobierno y otra lo que se consigue.

            Ya lo ha advertido Alberto Xicoténcatl, responsable de la Casa del Migrante, todas estas restricciones ordenadas por las autoridades federales colocan a los haitianos en una situación de mayor vulnerabilidad, pues privados de un medio de transporte formal deben caminar, y lo hacen a la orilla de la carretera o por brechas y senderos, y esto además del riesgo de accidentes los vuelve presa fácil de la delincuencia organizada.

            Pero si además en los campamentos en Acuña no se les permite salir, ni que reciban donativos, esto podría tornarse violento y que los migrantes traten de liberarse y conseguir alimentos a como de lugar.

            Y respecto a las opciones de las que habla Encinas para que integren de manera regular, asumiendo que nos convertimos en un país de destino. ¿En dónde hay la capacidad de servicios y las vacantes para recibirlos, emplearlos y darles un sitio para vivir?.

            El problema ha rebasado al gobierno federal que no tiene para esta situación, como para muchas otras, una estrategia de acción. El precio de la incompetencia.

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            No tardó mucho la respuesta del titular de la UIF Santiago Nieto Castillo a la demanda de Armando Guadiana Tijerina de que dicho órgano investigue los recursos que reciben las universidades públicas.

            Nieto Castillo fue claro en señalar que la UIF se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes.

            Tanto que presume el senador coahuilense su supuesta cercanía con Santiago Nieto, y ni siquiera conoce las atribuciones legales que tiene.

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            Ya que se habla de personajes de Morena, el miércoles en la noche  Diego del Bosque dio a conocer en redes sociales que fue designado delegado en funciones de presidente del comité estatal de ese partido en Coahuila.

            De inmediato reaccionó la ex dirigente Miroslava Sánchez quien criticó a Del Bosque por su lejanía con la militancia, dijo que al ex diputado solo se le ve en las conferencias de prensa de Guadiana.

            Sánchez dijo que el gran problema de Morena en Coahuila es el arribo «tumultuario» de ex militantes de otros partidos que quieren replicar las prácticas que allá utilizaron, por lo que está planteando que incluso se pongan candados a la afiliación.

            Anticipó que el domingo habrá sesión del Consejo Estatal y que ese es el órgano donde se deben nombrar a los titulares de las carteras vacantes. ¿Rebelión en puerta?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Duro revés dio este miércoles un juez de distrito a la Fiscalía General de la República al negarle ordenes de aprehensión en contra de más de 30 académicos, en un caso que mantiene atenta a la comunidad científica desde hace semanas, y que se ha tomado más como una venganza personal del Fiscal Alejandro Gertz Manero que como una causa con sustento legal en contra de la corrupción.

            Conviene conocer los detalles del caso, pues describen a la perfección el tortuoso proceder de la Fiscalía cuando se trata de vendettas contra enemigos del régimen o enemigos de funcionarios poderosos de este gobierno.

            La Fiscalía acusó a ex directivos del Conacyt y funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por la asignación, presuntamente irregular, de más de 244 millones de pesos a lo largo de seis años del Consejo hacia el Foro.

            Es una constante en las venganzas de la 4T, invocan delincuencia organizada y lavado de dinero porque son delitos que ameritan prisión preventiva, es decir que no permiten llevar el proceso en libertad.

            En la perversidad de la FGR, turnaron la investigación a la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada y llevaron el caso a un juzgado en Almoloya, en una clara intención de que los académicos acusados quedaran detenidos en un penal de máxima seguridad, rodeados de narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad.

            Ahí tuvo la Fiscalía un primer revés en agosto, pues el juez además de señalar inconsistencias señaló que no tenía competencia pues los hechos no ocurrieron en el Estado de México, donde se ubica Almoloya.

            Insistió la FGR y volvió a solicitar ahí mismo las ordenes de aprehensión, que se le negaron este miércoles porque las conductas en que supuestamente incurrieron los acusados no corresponden a los delitos que se les imputan.

            Y es que ¿cómo los pueden acusar de operaciones con recursos de procedencia ilícita si se trataba de fondos públicos?, que además todo indica que en las reglas de operación que estaban vigentes en ese momento sí era viable que un organismo como el Foro recibiera fondeo del Conacyt.

            En diversos sectores se habla de que esta persecución de la FGR en contra de ex funcionarios del Conacyt y del Foro tiene su origen en la polémica que se dio hace algunos meses en la comunidad científica por la decisión de otorgar a Gertz Manero el grado de investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, que en el pasado se le había negado por no reunir los requisitos.

            Aún más, en la controversia salió a relucir que el Fiscal incurió en plagio en uno de sus trabajos de investigación histórica.

            Y no la dudó Gertz Manero en abusar del poder que tiene para ir con todo en contra de figuras destacadas de una comunidad que lo ha evidenciado en sus trampas.

            Del Foro Consultivo, recordemos que en 2007 esa instancia coordinó al Panel de Expertos Internacionales que evaluó las condiciones de seguridad e higiene al interior de Pasta de Conchos y desaconsejó intentar  la recuperación de los cuerpos de los mineros que murieron atrapados porque era extremadamente peligroso desarrollar cualquier actividad humana al interior de la mina.

            Que por cierto, le restan ocho días al mes de septiembre, mes en que la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a iniciar la construcción de la rampa para acceder a la mina de Pasta de Conchos, ¿cómo van? ¿licitaron el proyecto? ¿a quién se le adjudicó?.

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            En otros temas, se espera para este fin de semana la concentración en Saltillo de lo más representativo de la clase política estatal convocados al bautizo de Cordelia, la cuarta hija del alcalde Manolo Jiménez y su esposa, señora Paola Rodríguez, quien nació en mayo anterior.

            No son pocos, dicen, los que han entrado en crisis nerviosa esperando la invitación.

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            Del equipo del delegado del SNTE Rafael González Sabido nos hacen llegar un comunicado de la farmaceutica CanSino emitido en agosto, ahí dicen que sus nuevos estudios concluyen que los niveles de anticuerpos se mantienen elevados en casi 70% de las personas seis meses después de haber recibido la unidosis, pero también señalan que una segunda dosis multiplica por ocho los anticuerpos, y que es seguro aplicarla.

            No hablan pues de que sea inminente e indispensable la dosis de refuerzo. Sin embargo por parte del actual dirigente de la sección Quinta señalan que la insistencia en que haya la segunda dosis para los maestros nace de la preocupación que ha surgido por la tercera ola y por las variantes del virus que han surgido. No hay segundas intenciones, más que abogar por el bien de los representados.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Mientras que estados, municipios, organismos públicos y universidades están en vilo, esperando a conocer cómo se resolverá la asignación presupuestal para 2022, en la Cámara de Diputados los legisladores concentran su atención y esfuerzo en otro tema: la repartición del pastel. Es decir la asignación de las comisiones.

            Y como se definió que el acuerdo se debe tomar este miércoles, el tironeo está a todo lo que da.

            Hay una propuesta de Morena de incrementar de 46 a 50 el número de comisiones y ellos se quieren quedar con la presidencia de al menos 20. Ya han puesto el ojo en las de Presupuesto; Salud; Seguridad y en la de Desarrollo Social, entre otras.

            Esa disposición al dialogo y a los acuerdos que manifestaron los líderes de Morena en la instalación de la legislatura duró menos de un mes, ahora vuelven a lo suyo, los métodos rudos, y ya plantean que la definición se de por voto ponderado, es decir que cada coordinador represente tantos votos como diputados tiene su grupo parlamentario. La aplanadora pues.

            Así en los cálculos de Morena ellos deberían presidir 20 comisiones, y sus aliados entre 7 y 8, mientras que al PAN le tocarían 11, al PRI 7 y al PRD una o dos, y para Movimiento Ciudadano 2.

            Este miércoles se pondrá nuevamente a prueba la capacidad de negociación y conciliación de Rubén Moreira como presidente de la Junta de coordinación política, y por lo pronto el coahuilense se ha pronunciado porque las comisiones no se pidan como en un mercado, sino que se tomen en cuenta los atributos de cada legislador para definir a cuáles debe pertenecer.

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            La Secretaría del Trabajo ya notificó oficialmente la terminación del contrato colectivo entre la planta Silao de General Motors y el sindicato «Miguel Trujillo» que preside Tereso Medina Ramírez.

            Se tendrá que abrir ahora un nuevo proceso para que los trabajadores elijan una nueva representación sindical y se llegue a un nuevo contrato colectivo.

            El gobierno federal dio a conocer la resolución el domingo, y la noche del lunes Tereso Medina emitió un comunicado diciendo que su organización es respetuosa de la ley y de los tratados internacionales, y que del proceso en Silao les quedan enseñanzas y aprendizajes para replantear el actuar del sindicato.

            De los recursos de inconformidad que había anunciado interpondrían por las irregularidades que dijo ocurrieron en el proceso, ahora Tereso no dijo nada. Cerró el capítulo.

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            El delegado en funciones de Secretario General de la sección Quinta del SNTE, Rafael González Sabido,  le vuelve a meter presión al tema de la eventual vacuna de refuerzo para los maestros, y no únicamente calcula que se pudiera estar aplicando en diciembre, sino además dice que la OMS y la ONU han señalado la necesidad de la segunda dosis.

            En la posición que tiene, bien haría González Sabido en documentarse antes de hacer declaraciones y generar mayor inquietud entre el magisterio.

            Cuando menos leer lo que ha dicho su dirigente Alfonso Cepeda Salas, quien a principios de este mes declaró que gestionarían el refuerzo en caso de existir evidencia científica de que se requiere.

            La farmaceútica CanSino ha dicho que hay un error en la versión de que se requiere una segunda dosis a los seis meses, que eso surgió del planteamiento que hicieron a los participantes en el ensayo de fase 3 de que se les aplicaría el refuerzo, pero es precisamente para evaluar los posibles beneficios no algo definitivo.

            Y respecto al dicho de González Sabido de que la OMS ha señalado que se requiere el refuerzo, llama mucho la atención pues esta Organización ni siquiera ha avalado el uso de emergencia de la CanSino, ¿cómo va a recomendar el refuerzo?.

            Incluso la OMS ha señalado que por el momento no son necesarias las dosis de refuerzo, y que farmacéuticas y gobiernos deben concentrar su esfuerzo en vacunar a quienes no han recibido ninguna aplicación.

            ¿De dónde sacará sus datos el profesor Sabido?.

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            En columnas de otros medios ya se ha comentado del fallecimiento de Javier Alvarado Chapa, y las reacciones que la muerte del economista saltillense generó en personajes como el ex candidato presidencial José Antonio Meade.

            Cabe recordar que Javier Alvarado brilló desde niño, cuando concluyó la primaria fue elegido, por su alto desempeño escolar, para representar a Coahuila en la recepción anual que daba el Presidente de la República a los niños de cada entidad con el más alto promedio en calificaciones.

            Ya como profesionista se desempeñó en el sector público, con una dirección general en la Secretaría de Hacienda, y en el privado en empresas como Aeroméxico, Grupo Cintra, Grupo Mifel y finalmente como director de Monex Casa de Bolsa. Era además vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.

            Vayan nuestras condolencias para sus hermanos Fidel y Alejandro, el resto de su familia y amigos. Descanse en paz.

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Por Eduardo J. De La Peña

            La confirmación del riesgo sanitario que entraña el flujo migratorio en forma desordenada llegó de la peor manera con la situación que se está presentado en la región Centro.

            Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4, dio a conocer que están atendiendo a una mujer originaria de Haití que dio a luz en un autobús del que la bajaron de emergencia en Castaños, y resulta que ha dado positivo a coronavirus.

            El autobús, no identificado, con un número indeterminado de pasajeros, siguió su ruta hacia un destino que no se conoce. No hay pues posibilidades de habilitar un cerco sanitario.

            Para colmo la Jurisdicción Sanitaria no ha podido localizar a alguna persona que hable francés y que pueda dar el servicio de interprete para que la paciente o su esposo aporten más información y tratar de identificar la unidad en que viajaban.

            No se sabe si era un autobús que cubría una ruta regular y que había salido de una terminal de autobuses, con lo que habría un promedio de cuarenta pasajeros más que estuvieron viajando con ella expuestos al contagio, o sí –peor aún– era un viaje clandestino, de esos en que los traficantes hacinan a decenas de personas en una misma unidad.

            ¿A dónde iba el autobús?, ¿hizo más escalas antes de llegar a su destino final?, si acaso las hizo, ¿subieron o bajaron otros pasajeros en esas escalas?, ¿a dónde llegaron todos ellos?, lo más probable es que fueran a Piedras Negras, o a Acuña para tratar de cruzar a Del Río, donde ya hay más de 9 mil haitianos acampando bajo el puente en espera de que les resuelvan si se les da o no asilo en Estados Unidos.

            Apenas el jueves se señalaba que en la terminal de autobuses de Saltillo pese a que se ha dado a lo largo de toda la semana el arribo de haitianos, que desde ahí viajan a la frontera,  no se han reforzado filtros sanitarios ni hay cuidado en que se cumpla con las medidas preventivas en la sala de espera.

            ¿Llevan las compañías transportistas un debido registro de sus pasajeros como está previsto en la ley?, hoy más que nunca cumplir con esa disposición es de vital importancia, para poder desplegar los cercos sanitarios en caso de que se detecte un contagio.

            La Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, advirtió esta semana que las personas desplazadas por la fuerza, como está ocurriendo con los haitianos, se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad ante la pandemia, pues no hay recursos para atenderlos, ni tampoco se les está considerando en las jornadas de vacunación.

            Lo que ocurrió con esta mujer que hoy es atendida en Monclova tendría que llevar a las autoridades, tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Secretaría de Salud, primero a abrir una investigación para tratar de localizar a quienes viajaron con ella y advertirles de la exposición que tuvieron al contagio, y segundo desarrollar nuevos protocolos para intentar un control sanitario en el desplazamiento de estos grupos.

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            Vaya que se armó revuelo a partir de que en el ÍNDICE del miércoles dimos a conocer que el interino Jorge Torres estaba de regreso a Saltillo.

            Y desde luego era predecible la reacción del encargado de la dirigencia estatal del PAN, Jesús de León Tello, quien no perdió la oportunidad para intentar jalar reflectores y salir a exigir que las autoridades federales y estatales investiguen los delitos en que habría incurrido Torres López.

            Se disfraza de León, imitando a López Obrador, como adalid de la lucha anti corrupción, y claro que la mayoría de los coahuilenses quisieran que se aplicara la ley al interino, pero esta exigencia pública que hace el panista es un recurso engañabobos, los delitos prescribieron y con ello ni para donde hacerse.

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            Por cierto, si Jesús De León quiere hablar con su paisano el Fiscal Gerardo Márquez Guevara, o se espera a que el funcionario regrese de sus días de asueto en la Sierra de Arteaga, o que vaya y lo busque a San Antonio de las Alazanas, no batallará para encontrarlo, el despliegue de escoltas que le acompañan es bastante notorio.

            El Fiscal a lo largo de su gestión se ha caracterizado por ser una persona sencilla, sin poses ni ostentaciones, sin embargo así ha de estar el asedio de los grupos delictivos como para que ahora, hasta en sus actividades privadas, haya tal despliegue como el que se vio en San Antonio el jueves mientras el Dr. Marquez paseaba.

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Por Eduardo J. De La Peña

            En el proyecto de presupuesto de egresos para 2022, Pemex está planteando un crecimiento cercano al 400% en la inversión para proyectos de explotación que implican utilizar el fracking, una técnica que el Presidente de México asegura ya está eliminada en el país.

            La evidente contradicción entre lo que Pemex proyecta y lo que el Presidente afirma impide echar las campanas al vuelo ante la posibilidad de que se retome la explotación de los yacimientos de gas shale o gas de lutitas en Coahuila y otras entidades cercanas.

            En el Proyecto de Presupuesto 2022 Pemex solicitó más de 11 mil 600 millones de pesos para trabajos en diferentes cuencas entre las que se encuentran la Sabinas, Burro-Picachos y Burgos, que comprenden algunos municipios de Coahuila.

            De hecho la cuenca Eagle Ford, que Estados Unidos ha explotado desde 2008, se extiende hasta nuestra entidad, con la ventaja que en Coahuila el gas se encuentra aún más superficial que en Texas, lo que incrementa la factibilidad de producción comercial.

            En 2010, que se dieron los primeros trabajos de exploración para buscar gas en lutitas, se encontraron yacimientos en el caso de Coahuila en Hidalgo, Juárez, Guerrero, Piedras Negras y Sabinas.

            La confirmación de esos yacimientos y su potencial productivo, y la importancia económica del gas natural para el país, detonaron inversiones públicas y privadas en exploración y se definieron incluso los primeros campos de explotación, toda esta actividad generó una dinámica en municipios del norte de la entidad que no contaban con infraestructura de servicios, ni la capacidad en alojamiento y alimentación para los cientos de trabajadores que llegaron a la exploración y los miles que se suponía llegarían después.

            Por ejemplo en Guerrero no había ni siquiera una tortillería. El municipio tenía 2 mil habitantes, y de pronto tenían a 800 trabajadores temporales viviendo en los campamentos de las empresas, requiriendo de todo lo elemental.

            El despegue de Guerrero impactó desde luego también en Piedras Negras, donde el comercio tuvo un buen momento y se comenzó a preparar para la proveeduría.

            El gobierno estatal creó incluso una Subsecretaría de Minería, y los gobiernos municipales empezaron a  proyectar la infraestructura de servicios. Se inició también con la formación de profesionistas, técnicos e ingenieros, para aportar el capital humano que requeriría esta industria.

            Pero no se dio el siguiente paso, la explotación de los yacimientos se postergó, y luego llegó la cuarta transformación, que no únicamente prohibió el fracking, sino que además desmanteló los proyectos de coinversión, incumplió con las concesiones y generó un clima de incertidumbre e inestabilidad para la participación del sector privado en la energía.

            El potencial técnicamente recuperable de las cuencas identificadas en México, se calculaba en un volumen equivalente a la energía suficiente para cubrir el consumo de electricidad en los hogares mexicanos por 212 años.

            En términos de consumo energético en el país el gas natural es la segunda fuente, representa más del 40% y México es un importador neto. Lo constatamos y sufrimos los efectos de la crisis que se tuvo en febrero anterior en Texas, y que aquí como allá provocó prolongados apagones.

            El gas de lutitas es un recurso propio que se encuentra en el subsuelo nacional, susceptible de ser extraído con fines comerciales. Tiene pues implicaciones económicas relevantes, pero también efectos ambientales controvertidos.

            ¿En serio va Pemex nuevamente por la explotación de las lutitas?, ¿habrán convencido los especialistas a López Obrador de que el fracking ha evolucionado y las nuevas tecnologías son menos agresivas con el medio ambiente?, ¿o esa petición de recursos quedará en eso, en una mera petición?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Según datos que esta semana dio a conocer la Patrulla Fronteriza, tan sólo en julio detuvieron a más de 212 mil personas que ingresaron a Estados Unidos en condición de migrantes indocumentados, y más de 150 mil de ellos a los que se les frustró su primer intento admitieron haber pagado a alguien para cruzarlos desde nuestro país.

            Según las autoridades estadounidenses, los polleros o traficantes de personas cobran en promedio cuatro mil dólares a los mexicanos, y hasta ocho mil dólares a migrantes de cualquier otra nacionalidad. El negocio les deja millones de dólares al mes.

            Sirvan estas cifras para tomar referencia de lo que se enfrenta en la región y el estado, pues el fenómeno migratorio que en las semanas recientes parece desbordarse conlleva mucho más que los problemas sociales evidentes.

            Es cierto, la llegada de migrantes a nuestras ciudades genera la saturación de albergues, la improvisación de otros, detona casos de hacinamiento y propicia riesgos sanitarios.

            Pero además está el tema de la operación de las bandas delictivas que se dedican al trafico de migrantes, que en la defensa de rutas y espacios que favorecen su millonario negocio ilícito, se confrontan entre sí y con las autoridades.

            No se descarta que el ataque a un oficial de la Policía de Saltillo en semanas anteriores haya estado relacionado con estas bandas, versión que se fortaleció cuando las investigaciones apuntaron a que quienes perpetraron el ataque huyeron hacia comunidades de Arteaga que se comunican por brechas con Nuevo León y San Luis Potosí, es decir una de las rutas en que se ha incrementado el trafico de migrantes.

            Precisamente esta semana fue noticia nacional el secuestro y posterior liberación de 22 extranjeros, presuntamente venezolanos y haitíanos, a quienes sacaron por la fuerza de un motel de Matehuala y horas después se les localizó en una brecha en las inmediaciones de Doctor Arroyo, Nuevo León.

            Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deben elevar la alerta para impedir desde luego que los traficantes abusen de los migrantes, pero también para evitar que la operación de estas bandas, y sus disputas, rompan la tranquilidad en nuestras comunidades.

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            Se celebró el martes en Lerdo, Durango, la octava mesa de dialogo relacionada con el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”, que se suponía sería la última, pero la próxima semana se deberá celebrar al menos otra.

            Y esa ya proyectada para la próxima semana será con los integrantes del mismo Módulo de Riego San Jacinto, con los que estuvieron el martes, que aun no han dado su consentimiento a la realización del proyecto.

            En este caso se trata de ejidatarios de Nuevo Graseros que no están en sí en contra del proyecto, sino que están presionando para que les resuelvan otras situaciones.

            En primer lugar aseguran que cuando se construyó la presa derivadora Francisco Zarco, en los sesentas, no se les indemnizó por la afectación a sus tierras y ahora quieren que les paguen lo que no recibieron hace más de cincuenta años.

            Pero además al parecer no tiene documentado su derecho al uso anual de determinado volumen de agua, y quieren también que se les resuelva este punto.

            Ya el director de CNA, Germán Martínez, dijo que revisarán el tema de la indemnización en los archivos de la dependencia, y deslizó que si en su momento no hubo pago entonces tendría que hacerse.

            El gran tema es si estos puntos quedarán resueltos antes del 3 de octubre en que se tomará la definición de si el proyecto se realiza o no, y también el riesgo de que en los días restantes surjan otros que se acuerden de algún pendiente como estos y aprovechen la circunstancia para presionar.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Un bien informado lector nos escribe respecto a temas abordados en el ÍNDICE de ayer, y afirma que la versión de que una de las cuatro camas con que se equipó la “Unidad de Quemados” del Hospital General en 2010 fue sustraida por ordenes del interino Jorge Torres López es cierta.

            También nos comenta que Torres López está en Saltillo desde hace varias semanas, y que se encuentra en su casa en espera de resolver en el estado sus asuntos legales, que aunque ya prescribieron, con todo y ello debe cerrarlos ante la autoridad estatal.

            En junio de este año Jorge Torres fue condenado a una pena de tres años de prisión, luego de declararse culpable de lavado de dinero. Oiginalmente afrontaba una penalidad de veinte años, pero al admitir la culpabilidad y entregar una casa con valor de medio millón de dólares se le redujo a 36 meses de cárcel.

            La casa está en Montgomery, Texas, en un desarrollo aledaño a Conroe, el legendario paraíso de los López de Saltillo en las cercanías de Houston y a escasas noventa millas de Galveston, a donde se tienen que seguir enviando los pacientes con quemaduras porque aquí se desmanteló la Unidad creada con ese propósito en el Hospital General.

            Cuando se le dictó sentencia se dijo que al cumplir con la pena se le deportaría, y es probable que le hayan considerado el tiempo que pasó en prisión antes de ser condenado y que ya lo hayan deportado y efectivamente esté en Saltillo.

            En cuanto a la prescripción de sus delitos, aunque en realidad no hay certeza de que aquí se haya abierto averiguación penal alguna, se supone que los cometió en 2007 cuando era Secretario de Finanzas, y no en 2011 cuando fue gobernador interino.

            En ese entonces la prescripción de delitos como peculado y enriquecimiento ilícito era de cinco años.

En agosto de 2020, ya bajo el gobierno de Miguel Riquelme se hizo una reforma penal, en que se estableció que para cualquier delito cometido por un servidor público en el ejercicio de su función la prescripción es de siete años, que se contabilizan a partir del día siguiente de que se le notifique sobre la solventación de irregularidades, lo cual implica un periodo más extenso, pero para el caso de Torres esto no aplica con efectos retroactivos.

En estos términos más que ante un delito estaríamos ante un deleite –como algún día dijo Humberto Medina Ainsle siendo Procurador de Justicia en Coahuila– pero más allá de eso, esté donde esté Torres bien podría regresar la famosa cama para pacientes con quemaduras.

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            El lunes en tribuna de la Cámara de Diputados el lagunero José Antonio Gutiérrez Jardón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrrollo Rural para establecer que quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas.

            Gutiérrez Jardón lo plantea en términos de aminorar los efectos ambientales, y en efecto eso sería lo deseable evolucionar hacia tecnologías y productos que causen menos daño, pero en estos tiempos en que la cuarta transformación ha desmantelado todos los programas para incentivar la producción agropecuaria, es utópico que se pueda incorporar cualquier avance tecnológico, amigable o no con el medio ambiente.

            No se le resta mérito a la iniciativa de José Antonio Gutiérrez, pero ojalá la acompañe de una firme defensa del presupuesto para el campo.

            Por cierto, de todas las intervenciones que han tenido diputados coahuilenses en estas dos semanas que han transcurrido de la actual Legislatura, ninguna ha merecido un esfuerzo de difusión por parte del PRI Estatal.

            Ya subieron a tribuna Jaime Bueno, Jericó Abramo, José Antonio Gutiérrez y desde luego Rubén Moreira, pero el PRI local nada difunde, ¿será porque Rigo Fuentes se limita a ocupar la curul?.

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            Y ya que se habla de los obstáculos de la 4T a la productividad agropecuaria, esta semana una vez más la Secretaría del Bienestar decidió llevar en martes el reparto de dinero para adultos mayores en comunidades rurales de Arteaga.

            Quizá en las áreas urbanas sean pocos los casos, pero en las comunidades ejidales son muchos los adultos mayores que aún trabajan, los hombres como jornaleros y las mujeres en invernaderos y módulos de empaque, y cada que la 4T los congrega para regalarles dinero, faltan a su trabajo.

            Ya se sabe que los lunes en la Sierra de Arteaga ni las gallinas ponen, entonces el austentismo laboral es alto; luego el martes se fueron “por el apoyo”; el jueves es festivo y no laboran. En suma, semana perdida.

            En lo que se va y no se va, bien podría Reyes Flores Hurtado programar las concentraciones de sus becarios en fin de semana para no interrumpir los días laborables.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            El fin de semana hubo un accidente en el ejido Padres Santos, ubicado al poniente de Saltillo. Jesús, un niño de nueve años de edad, jugaba en la azotea de su casa, tocó unos cables y se electrocutó

            Jesús fue llevado al Hospital del Niño, pero por la gravedad de las quemaduras que sufrió se planteó trasladarlo a Galveston, Texas, en donde existe un hospital especializado en este tipo de pacientes.

            Este accidente se da justo cuando el Comité de Ciudades Hermanas ha retomado sus gestiones, que han planteado desde 2018, para que se instale en Saltillo un hospital que atienda exclusivamente a personas con quemaduras, que sea precisamente una extensión del que funciona en Galveston.

            Justo durante el fin de semana, el presidente del Comité, Jesús Castilla Sánchez, habló de la posible donación de un predio al sur de la ciudad para instalar ese hospital.

            Y en este contexto no se puede pasar por alto que en 2010 en el Hospital General de Saltillo, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés entregó una «Unidad de Quemados», equipadas con cuatro camas especializadas, cada uno con valor de un millón de pesos.

            Sin embargo ese equipo se perdió y no ha dado servicio, siendo recurrente que se tenga que enviar a pacientes a Galveston. Este año ya hubo otro caso hace un mes y medio, con un bebé de un año nueve meses originario de Torreón, y en agosto del año pasado otra situación similar con un niño de seis años.

            Hace años, ya en el sexenio de Rubén Moreira, se dijo que una de las camas especializadas del Hospital General fue sustraida por ordenes del gobernador interino Jorge Torres López, quien la habría destinado para el uso particular de su padre, quien padecía una enfermedad terminal y murió en 2011.

            Si acaso se investigó, nunca hubo aclaración ni se procedió en contra de nadie por la desaparición de esa y las otras camas.

            Si la versión es cierta, el interino ya tiene suficientes problemas con la justicia texana como para cargar además con esto, bien haría en todo caso en devolverla, finalmente esa cama multiarticulada es específica para pacientes con quemaduras, no para quemados, no le va a servir de nada y acá prestaría un gran servicio.

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            Las cifras que se conocieron esta semana en Nuevo León relacionadas con el flujo migratorio en los primeros siete meses del año llaman la atención tanto por el número de personas en condición de migrantes que han sido detenidas,  5 mil 300 de enero a julio, un promedio de 25 diarias, como por el hecho de que se ha detenido también a 96 traficantes y no hay a la fecha uno solo procesado.

            No se han dado a conocer cifras relacionadas con Coahuila en el mismo tema, pero seguramente los migrantes que han sido deportados por Ciudad Acuña y Piedras Negras en estos siete meses son muchos más que estos 5 mil de Nuevo León, y a ellos hay que sumar los miles que hayan sido detectados cuando apenas se les desplazaba por territorio estatal hacia la frontera.

            Pero en cuanto a consignados aquí los datos son diferentes, cuando menos a seis traficantes a quienes el 27 de agosto se les detuvo al sur de Saltillo cuando trasladaban en dos autobuses a 150 centroamericanos, 50 de ellos menores de edad, ya se les vinculó a proceso desde el seis de septiembre que la Fiscalía General de la República llevó el caso ante un juez de control.

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            Faltan menos de 20 días para que se llegue el plazo fijado por Andrés Manuel López Obrador para definir si se va adelante o no con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, y no ha habido pronunciamiento de las organizaciones que interpusieron juicios de amparo de si se van a desistir, como les emplazó el Presidente o continuarán con el litigio.

            De los días que faltan seis son inhábiles, pues el Poder Judicial de la Federación no labora ni este martes 14 ni el jueves 16 de septiembre, además de los dos fines de semana que se atraviesan.

            Mientras tanto el SIMAS de Torreón ha admitido que el 55% del agua que extrae del subsuelo para suministar a la ciudad rebasa los niveles de arsénico máximos que establece la norma internacional.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Finalmente el Fiscal Gerardo Márquez Guevara sí tenía algo que decir respecto a la resolución de la Corte que invalida las sanciones penales previstas en Coahuila para el aborto, y aunque la dependencia no emitió ningún posicionamiento, el funcionario sí hizo declaraciones este viernes en su natal Torreón.

            Precisó Márquez Guevara que el Ministerio Público tendrá que seguir integrando carpetas de investigación en relación con abortos, pues la Corte resolvió lo concerniente a la madre que decide voluntariamente interrumpir un embarazo, pero se mantiene la penalización respecto a terceras personas que lo inducen de manera dolosa.

            Explica el Fiscal Márquez que en ese supuesto caería quien exije y obliga a una mujer embarazada a abortar, y en ese caso sí se trata de una conducta delictiva.

            Aunque el líder del Congreso Eduardo Olmos Castro ha dicho que una de las alternativas para acatar la resolución de la Corte es simplemente derogar los artículos que se declararon inválidos, pero ante planteamientos como los que hace el Fiscal es claro que se tendrá que entrar a un análisis cuidadoso para que la reforma legal no deje cabos sueltos.

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            Fotografías en poder de la Organización Familia Pasta de Conchos muestran de manera contundente que el deslave o derrumbe que ocurrió el martes en Obayos, municipio de Escobedo, fue mayor a lo que se pensó inicialmente, y aunque el accidente no dejó ninguna víctima, pudo haber ocurrido ahí una nueva tragedia por las condiciones en que se permite trabajar a Consorcio Minero A.G.

            Para empezar la mina de carbón no está adyacente a un tajo, sino dentro del mismo, y las rocas y tierra que se deslavaron del talud arrastraron a la entrada del pozo una camioneta, y destruyeron la «horca», que es la estructura de madera que se coloca sobre estas cuevas para operar el malacate con el que se extrae el carbón en tambos.

            Es evidente que se trabaja sin obras o estructuras de protección, que serían indispensables cuando las operaciones se hacen en un terreno inestable y se está minando el subsuelo.

            «En nuestro país no puede pasar desapercibido que los accidentes en minas se pueden prevenir, que la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas», decía en octubre pasado la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde cuando visitó Pasta de Conchos con el Presidente López.

            Y luego de cuestionar la simulación con la que se hacían las inspecciones en el pasado, la funcionaria con poses de gran sapiencia señalaba como indispensable contar con estudios actualizados de mecánica de roca e impulsar prácticas de seguridad como la barrenación sólida.

            ¿Qué dice Luisa María de lo ocurrido en Obayos?, ¿opera Consorcio Minero A.G. con estudios de mecánica de suelo, o le permiten trabajar de manera improvisada?.

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            Cuando Mario Ricardo Hernández Del Bosque aspiraba a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe, se le criticaba que su fundación de asistencia social era una fachada para hacer proselitismo y buscar presencia fuera de los tiempos permitidos por la ley.

            Sin embargo Hernández Del Bosque no fue candidato, Morena no ganó en Ramos Arizpe y la fundación «Amigos de Mario Ricardo» sigue llevando apoyos a grupos vulnerables de ese municipio.

            Es de justicia reconocer que el altruismo del empresario no está motivado en un oportunismo político, hay un compromiso auténtico con su comunidad y no requiere de un cargo público o de las siglas de un partido para trabajar en favor de la sociedad. Bien hecho.

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