Por Eduardo J. De La Peña

            La delegada de la Secretaría del Bienestar en La Laguna, Cinthia Cuevas, no pierde oportunidad de hacer proselitismo a favor de la cuarta transformación. Este jueves la reportaron en un evento de entrega de tarjetas del bienestar con todo un rollo de adoctrinamiento hacia los beneficiarios.

            Se dolió la funcionaria de que en los medios de comunicación hay un discurso de odio hacia el presidente López Obrador, cuando en realidad es el mandatario quien abona al odio y confrontación, actitud en que le imitan sus fieles seguidores como Cinthia Cuevas, quien también la emprende contra las grandes empresas que dice se sienten afectadas porque ahora deben de pagar impuestos.

            Más allá de que impuestos siempre se han pagado, a la funcionaria le faltó honestidad para reconocer que es precisamente producto de esa recaudación que se fondea a los programas sociales, no salen de la bolsa ni de la generosidad del Presidente como pretende hacer creer. Y de ahí mismo se le paga a ella su salario, pues es una empleada pública.

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            El alcalde de Saltillo José María Fraustro y su directora de Cultura, Leticia Rodarte, presentaron la cartelera de la Fiesta Internacional de las Artes –FINA– que se realizará en el marco del 446 aniversario de la fundación de la capital.

            El acompañamiento de las secretarias de Cultura, Ana Sofía García Camil, y de Turismo, Azucena Ramos, habla de la importancia que en el ámbito estatal tiene la FINA y del impacto que va más allá del fomento cultural y el esparcimiento, y tiene que ver también con el desarrollo económico de la mano del turismo.

            En el evento Azucena Ramos dijo que la ocupación hotelera promedio en la región ya ronda el 51%, y con eventos de este tipo que además son durante el periodo vacacional de verano, contribuirán a elevar esos indicadores.

            La cartelera contempla más de 120 actividades, que no únicamente son en diferentes disciplinas, sino que además se llevarán a diferentes escenarios lo que les hará más accesibles para todos los ciudadanos.

            En el evento de presentación el alcalde Fraustro Siller se dio tiempo hasta para bromear sobre la equidad de género, y es que era el único varón en el presidium, “bendito entre las mujeres” flanqueado a su izquierda por las dos funcionarias estatales, Ana Sofía y Azucena, y a su derecha por Leticia Rodarte y la regidora Guadalupe Herrera.

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            A dos meses de que se retomaron las obras en Pasta de Conchos, que estuvieron suspendidad por cinco meses, ya se dieron cuenta en la Comisión Federal de Electricidad que adicionalmente deben construir un sistema para extraer el agua acumulada en las galerías de la mina.

            Por eso abrieron una nueva de licitación, que se estará resolviendo por allá del 5 de julio, y según la convocatoria las obras se estarán realizando del 17 de julio al 13 de diciembre.

            El contrato para la construcción de las lumbreras y rampas de acceso establecía que esas obras deberían terminarse el 3 de diciembre, con lo que de entrada ya hay aquí un desfase de diez días.

            Más allá de eso, que hasta ahora se licite para el sistema de extracción deja ver que no se tiene un plan de ejecución que contemple todos los aspectos relacionados con el operativo de rescate, lo que es consecuencia de haber dejado las cosas en manos de CFE, que no tiene experiencia previa en el sector minero.

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            En semanas anteriores hubo ruido a nivel regional al conocerse que no será renovada la concesión para operar el Aeropuerto del Norte, en Nuevo León, y que esas instalaciones quedarán bajo el control del Ejército. Se dijo por esos días que seguramente habría otros casos similares en el país.

            Pues resulta que son otros 13 aeropuertos los que pasarán al control del Ejército y la Marina antes de que concluya el año, entre estos los de Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria, en Tamaulipas; y otros como Guaymas, Obregón y Nogales, Sonora.

            ¿Será realmente una estrategia de seguridad, para desalentar actividades ilícitas en aeropuertos donde se ha detectado operación de bandas criminales, o se inscribe esto en la ruta del empoderamiento de las fuerzas armadas?.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Respecto a lo aquí comentado en el ÍNDICE del miércoles, de que Gerardo Aguado con todo y su trabajo y trayectoria no haya sido de los candidatos panistas el más votado en la elección del domingo y que se quedó “a media tabla”, nada menos que desde el búnker priista nos hacen notar que faltó ver más allá del número de votos.

            De los cinco distritos en que el PAN postuló candidatos, el octavo donde contendió Aguado es el menor en número de electores, 50 mil menos que el noveno en donde contendió Blanca Lamas, la panista con más votos.

            Pero así como lo planteamos el miércoles con las candidatas del PRI en Saltillo, la ponderación más justa está en ver el porcentaje de votos, y en este caso Gerardo Aguado ganó con el 61% de los sufragios, lo cual le posiciona como el contendiente, de todos los dieciséis triunfadores, que ganó con mayor porcentaje; Blanca Lamas en el segundo lugar, y Beatriz Fraustro en el tercero estatal.

            Que a propósito de Beatriz, los electores del distrito quince no tuvieron que esperar mucho para ver regresar a la candidata electa, pues ya esta semana estuvo de nuevo en comunidades rurales de Saltillo, y es que desde el martes retomó sus funciones como presidenta honoraria del Voluntariado del DIF Municipal.

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             En una de las declaraciones que hizo el lunes el gobernador Miguel Riquelme para reflexionar sobre el proceso electoral, los resultados, su futuro personal y la proyección del cierre de la administración, en este último rubro dijo que uno de los objetivos es fortalecer la recaudación estatal propia.

            Cuando por parte del gobierno federal no solo están suspendidas todas las inversiones, sino que además los fondos participables sufren frecuentes recortes, que en lo que va del año se estima superan ya los mil millones de pesos, se entiende que el gobernador tenga como una prioridad la recaudación a nivel local.

            Asesores del gobierno estatal están analizando los posibles escenarios para que haya un incremento en la generación de recursos propios, pues además del impacto que tienen los recortes federales en las finanzas del estado, se vislumbra en lo inmediato un reto no menor, ya que están por concluir las pólizas de cobertura que hasta ahora han permitido que no suba el costo de la deuda con el alza en las tasas de interés, pero al ya no tenerse esas coberturas habrá que pagar mensualidades más altas.

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            Cuando desde el gobierno o el congreso de los Estados Unidos se hacen a México cuestionamientos y hasta reclamos por  la actividad de la delincuencia organizada, y sobre todo el tráfico de drogas, desde diferentes foros se plantea en nuestro país el cuestionamiento de por qué los vecinos no reconocen que allá también deben estar operando bandas que comercializan lo que de aquí se trafica.

            Al mismo punto tendríamos que llegar con el tráfico de migrantes, pues los operativos que se están haciendo en la frontera confirman que quienes logran cruzar el río Bravo, son recibidos allá por traficantes que los transportan hacia el interior de los Estados Unidos.

            En lo que va de junio, en las cercanías de Eagle Pass, han sido detenidos nueve traficantes de migrantes, ocho de ellos ciudadanos norteamericanos, originarios la mayoría de Houston y de Oklahoma. Está claro, los vecinos también se están beneficiando del tráfico de personas, una actividad delictiva altamente lucrativa que no es exclusiva de nuestro país.

            Y por cierto, también en lo que va de junio, en Eagle Pass y cuatro poblaciones cercanas, han sido detenidos 5 mil 157 personas en condición de migrantes ilegales. Y eso que el flujo ha disminuido.

            Además a los operativos de la autoridad migratoria, la Border Patrool, se ha sumado la Patrulla de Texas, pues ahora sí se considera como una detención de carácter criminal.

            El Ejército en la franja fronteriza, la Border Patrool en el campo y la policía de Texas en las ciudades, conforman así un despliegue de fuerza de grandes proporciones para frenar a los migrantes.  

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Por Eduardo J. De La Peña

            Además del tironeo que ya se anticipa entre partidos y actores políticos por la asignación de plurinominales, en algunos sectores ha generado confusión y llamado la atención que el PRI vaya a tener posiciones de representación proporcional pese al triunfo en los 16 distritos.

            No es tan complicado, habría que remitirse primero al convenio de coalición en donde se estableció el origen partidista de las candidaturas a diputaciones locales, ya hí se definió que cinco fueron del PAN, nueve del PRI y dos del PRD.

            Y de acuerdo con el Código Electoral una vez declaradas validas las elecciones termina automáticamente la coalición, y quienes resulten electos quedarán comprendidos en el partido o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.

            Así que entonces de las nueve pluris para el PRI serían tres; dos para Morena y el PT; y una para el Verde y UDC.

            Y aunque los cómputos distritales y municipales serán a partir de este miércoles, los números que ya se conocen a través del PREP, que por cierto funcionó sin contratiempo alguno, dejan ver varias cosas interesantes.

            Si vamos a lo que se muestra a simple vista, sin entrar en detalles de porcentajes de participación en cada distrito, encontramos por ejemplo que cuatro de los cinco candidatos del primer distrito son los que menos votos obtuvieron en un comparativo con los 16 de su partido, incluida la ganadora Claudia Aldrete; y el quinto candidato, aunque perdió, fue el que más votos obtuvo entre todos los de la coalición que lo postuló, el ex priista Alberto de Luna, quien compitió con las siglas de UDC y Verde.

            De Luna obtuvo incluso más votos que el líder de su partido y candidato a gobernador Lenin Pérez, quien en Acuña, que se supone es su bastión, Jiménez y Zaragoza logró 16 mil sufragios, y su candidato a diputado casi 17 mil 800.

            Junto con el de Lenin cayó el mito de su sobrina Paloma de los Santos, quien ha roto con todos los partidos a los que se ha acercado y en esta ocasión compitió por Morena, logrando 14 mil votos. Fue la candidata de ese partido con menos sufragios en el estado, pero aún así dice que es el principal activo político en la frontera coahuilense… así como decir, cualquiera puede.

            Ya que estamos en los mitos que se derrumbaron, veamos los de algunos candidatos del PT que eran presentados como líderes de gran arraigo, comenzando por Miroslava Sánchez, quien hace no mucho fue diputada federal y dirigente estatal de Morena, y ahora fue la novena candidata petista en número de votos.

            No mejor le fue a Alejandro Campos, al que proyectaban como un rival enorme por su supuesta ascendencia en el magisterio, pero quedó a media tabla, el octavo candidato del PT con menos votos, y su compañero de gremio, Francisco Gaytán quedó en décimo lugar.

            En Morena ya mencionamos el desplome de Paloma de los Santos, pero con ella también se diluyeron otros mitos como el de Lizbeth Ogazón, diputada en funciones y que no alcanzó la reelección pero además quedó en el penúltimo lugar de la tabla del partido guinda, antecedida por José Ángel Pérez Hernández, quien apenas logró 15 mil 900 votos, y pensar que a veces hasta se subía a la silla voladora a soñar con la gubernatura.

            De los panistas, llama la atención que su Secretario General, Gerardo Aguado, quien ya ha sido diputado, hizo una intensa campaña y mantiene permanente presencia en medios, ganó su distrito pero no fue el candidato más votado de su partido, quedó a media tabla con 40 mil 800 sufragios, mientras que Blanca Lamas, quien iba en el distrito 9, y de quien poco se conocía antes de su postulación, alcanzó 57 mil 800 votos.

            De los 16 que contendieron por la Alianza Ciudadana, quien menos votos obtuvo fue Claudia Aldrete en el distrito 1, pero si lo centramos a los de militancia priista la más baja fue Olivia Martínez Leyva, con 31 mil 388 votos, y la más alta Luz Elena Morales, con más de 58 mil 800.

            Aquí sin embargo se puede entrar a un análisis más a detalle, y si nos vamos únicamente a los tres distritos de Saltillo en donde compitieron mujeres encontraremos que fue en realidad Beatriz Fraustro quien mayor porcentaje de los votos obtuvo, con el 56.8%, seguida de María Barbara Cepeda con el 56.1%, y Luz Elena tuvo el 55.7%.

            Esto se explica con la participación, que en el distrito de Luz Elena fue del 59.1% con un padrón de más de 182 mil electores; en el de Beatriz Fraustro fue el 52.7% de 142 mil electores; y en el de María Barbara 51.2% de 141 mil 800 electores.

            Un último dato curioso, en la pugna frontal entre Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Mejía Berdeja, cada uno perdió frente al otro su ciudad natal. Así el empresario minero tuvo en Torreón 72 mil 309 votos frente a 27 mil 500 de Mejía; pero en Múzquiz el PT, tuvo 6 mil 600 y los guindas 5 mil 100.

            Quedan los números para los que les gusta la aritmética electoral, el futurismo y el diseño de escenarios. Pero sobre todo queda la lección para quienes andan en la competencia política: trabajo mata grilla, hay que sembrar con tiempo, cuidar la parcela y luego entonces cosechar.

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Por Eduardo J. De La Peña

            A raíz de la inconformidad que han manifestado deudos de Pasta de Conchos por el procedimiento utilizado y el monto en que se establecieron las pensiones para las viudas, ha habido quienes opinan que en lugar de haber generado actas de defunción al margen de la norma se podría haber optado por el procedimiento de declaración de ausencia que se sigue en el caso de las personas desaparecidas.

            Primero hay que recordar que las pensiones se fijaron en base a un salario de cien pesos diarios, que no corresponde a la realidad ni consideró otras prestaciones, se faltó a la norma que establece el cálculo debe hacerse en base al salario integrado, y partiendo de ahí el reclamo de las viudas es válido y pertinente.

            En cuanto al procedimiento de declaración de ausencia, esa figura quizá tampoco habría sido la más idónea, por los tiempos que se lleva en las instancias judiciales dejar concluido un asunto de esta índole.

            Que en relación al reclamo de las viudas Pasta de Conchos se haya mencionado esta figura, da el espacio para poner en la agenda pública el tema del tortuoso camino que se debe recorrer para lograr una declaración de ausencia.

            Para darnos una idea basta con citar un ejemplo, hace un par de semanas un juzgado de Parras publicó una sentencia de declaración de ausencia de una persona, originaria de un ejido de ese municipio, de la que no se sabe nada desde junio de 2010, es decir están por cumplirse trece años de que desapareció.

            Los familiares de esa persona iniciaron el procedimiento hasta abril de 2015, pero aún así el asunto se llevó ocho años en los juzgados.

            En la Ley de Declaración Especial de Ausencia, promulgada en 2019, se redujeron los plazos. De entrada se estableció que el procedimiento podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho el reporte o denuncia de desaparición, que antes se pedía como mínimo un año; y se define que no se podrá exceder de seis meses sin que haya una resolución.

            La declaración de ausencia es importante porque entre sus efectos declara la inexigibilidad o suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades, incluidos créditos, que la persona tenía a su cargo.

            También fija la forma en que los familiares pueden acceder al patrimonio de la persona desaparecida, y protege los derechos de los dependientes a percibir las prestaciones que la persona desaparecida recibía.

            Es, como se ve, una figura de gran alcance para quienes han tenido la tragedia de la desaparición de un familiar, y precisamente por esos alcances no es carente de complejidad, sin embargo que se tarde hasta ocho años en tenerse una resolución resulta una exageración.

            Ahí si que no hay acceso a la justicia, y ni hablar de que sea pronta y expedita.

            Habría que ver si efectivamente con las nuevas disposiciones legales se acortaron los plazos, o qué mejoras en los procedimientos puede impulsar el Poder Judicial que preside Miguel Mery.

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            Ya que se tocan temas relacionados con la región Carbonífera, nuevamente los procedimientos de la CFE para adjudicación de contratos abren espacio a las suspicacias.

            En este caso nos referimos a la contratación del servicio de análisis de muestras de carbón en la termoeléctrica Carbón II, para lo cual se abrió una licitación el 12 de mayo, que se declaró desierto el 24 de ese mismo mes, pues los tres participantes que presentaron ofertas fueron rechazados.

            Algo que llama la atención es que a una empresa de Piedras Negras, GG Industrial, le señalaron 7 causas de rechazo, entre ellas no acreditar su existencia legal y personalidad jurídica.

            Y llama la atención porque GG Industrial es un proveedor habitual de la CFE, tan es así que un día después de que le rechazaron en el concurso para el análisis de muestras, el 25 de mayo, le dieron entrada a una oferta suya en otro concurso, para el servicio de obtención y preparación de muestras, y  el 30 de mayo le adjudicaron un contrato por más de 12 millones de pesos.

            Cuando por estos días mucho se habla de que una de las empresas que ha obtenido contratos para suministrar carbón de diseño a la CFE, la que es propiedad de Antonio Flores Guerra, está comprando lamas y desechos de carbón a Micare para poder cumplir con los volumenes comprometidos, aunque de ninguna manera con la calidad requerida, llama a suspicacia que se declare desierta una licitación, y se queden si el servicio de análisis de muestras.

            Todo indica que directivos de la Comisión siguen esmerándose en hacer trajes a la medida para los proveedores con los que tienen un acuerdo que pasa por lo político y por lo económico.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Esa reconcialiación forzada de los partidos Verde y del Trabajo con Morena es una burla hacia los coahuilenses, pocos o muchos, en los que alguna expectativa había generado la participación de los candidatos que ahora quedaron “colgados de la brocha”.

            En cuanto a los candidatos ellos ni quejarse deben, sabían con quien se estaban juntando y no se pueden llamar a engaño, la traición está en la naturaleza de las dirigencias verde y petista. La novedad sería que no se hubiera dado.

            Pero cuando dicen que privilegian la unidad rumbo a 2024, que abandonan a los candidatos que aquí registraron para poder ir juntos en la presidencial, lo que les están diciendo a los coahuilenses es que importan poco, que valen poco.

            Ya nada más faltaría que con esa falta de seriedad, con ese actuar grosero hacia Coahuila, pretendan el domingo en que se confirme su derrota salir a acusar que les hicieron fraude.

            Los partidos de la 4T con sus enjuagues y sus vaciladas se han ganado el repudio del electorado. Así les va a ir.

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            Y para ayudarles a perder la elección visitó este martes la región Carbonífera Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para una reunión previamente pactada en que se darían a conocer los avances en las obras para el rescate en Pasta de Conchos, que con la nueva contratista van al 5%.

            En el encuentro las viudas de los mineros le plantearon a la funcionaria federal su exigencia de que sean revisadas las pensiones que se les están pagando en el IMSS, que tomaron como referencia un sueldo de 100 pesos diarios, omitiendo el cálculo –así previsto en la ley—del salario integrado.

            Tienen 17 años recibiendo pensiones de 100 pesos diarios, lo que además de ser injusto es ilegal, pero con la sensibilidad que le caracteriza Luisa María Alcalde les dijo que eso no está en las promesas presidenciales previstas en el acuerdo de reparación.

            Que ya no hay tiempo les dijo, y que en todo caso hagan la gestión ante la Procuraduría Federal del Trabajo.

            Esa es la empatía de la funcionaria de la cuarta transformación con el dolor y los problemas de los deudos de Pasta de Conchos. Piden pensiones justas, pues de eso viven, y los pretenden contentar con avances del 70% en un mausoleo que no quieren.

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            En otros temas, buenos comentarios ha generado el evento que tuvo Ciudadanía por Coahuila la semana pasada en Torreón con el candidato de la Alianza Ciudadana Manolo Jiménez Salinas.

            Quienes estuvieron ahí, y que han participado en diferentes eventos con Jiménez Salinas, comentan que en esa ocasión se le vio tanto al candidato como a su esposa especialmente emocionados, más que por la calidez y el entusiasmo con que fueron recibidos por los testimonios que ahí escucharon, por ejemplo el de una joven proveniente del sector rural que enfrenta dificultades para costear sus estudios de nivel superior porque en su escuela, con varias decenas de alumnos, solo llegaron 8 becas federales; o también la historia de vida y los desafíos para la madre de un niño que padece sindrome de down.

            Pero además de haber dado el marco para que se mostrara la sensibilidad de Manolo, también fue una muestra contundente de los alcances y el valor del trabajo que a lo largo de varias semanas ha realizado este grupo de Ciudadanía por Coahuila, liderado con la visión del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, donde se han enfocado en dos vertientes: estimular la participación social, y escuchar el sentir de la población para construir un diagnóstico de la realidad que aporte al diseño de un plan de gobierno.

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            La Fiscalía General del Estado le metió sordina al tema aquél que ocurrió en febrero en un modesto hotel en Piedras Negras donde primero se habló de un robo de tres millones de pesos en efectivo, y luego se dijo que ese dinero había sido decomisado en un cateo. Y se entiende por qué la dependencia ya nada dijo, pues ahora el Secretario del Ayuntamiento Hermelo Castillón ha declarado que el hotel podrá volver a operar y que el dinero les fue regresado.

            Queda mucho por explicar en este asunto. Ese manejo de efectivo suena raro, no solo por el monto sino además por las características del hotel en donde lo tenían.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Pues resulta que a unos días de las elecciones se les afinó el olfato a los sabuesos de la Fiscalía General de la República y dieron con Luis “G” uno de los dos socios de minera “El Pinabete”.

            Desde aquél ostentoso, pero inútil, operativo que hicieron en septiembre del año anterior para un cateo en improvisadas bodegas del “Barrio Uno” de Agujita donde se simulaban las oficinas de “El Pinabete”, en este ÍNDICE lo dijimos, Luis Rafael, el dueño de 47 de las 50 acciones de esa minera, tiene su domicilio en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

            Claro, en aquéllos meses les fue suficiente irse contra el prestanombres, Cristian, quien fue quien registró en el Seguro Social a los trabajadores que murieron ahogados, y le abrieron un proceso penal del que no han vuelto a informar.

            Luis y su socio Arnulfo formaban parte del carrusel de proveedores de CFE que goza del favor y protección federal, pues de sus contratos que les entregan por adjudicación directa sale para financiar las campañas de la 4T, a veces por Morena, a veces por el PT.

            Pero llegó el momento de sacrificar a Luis por la causa. La derrota electoral es inminente y la apuesta para sacar a flote así sea un distrito claramente es meter a alguien a la cárcel.

            Desde hace semanas le empezaron a seguir los pasos a Luis, y según versiones lo ubicaron un fin de semana departiendo en el W Marriot de Arboleda, en San Pedro, con otros empresarios mineros, y a partir de ahí se organizó su detención.

            La semana pasada obtuvieron de un juez la autorización para catear un inmueble en la exclusiva zona de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, y ahí fue donde detuvo la Policía Federal Ministerial a Luis “G”.

            Está vinculado a proceso “por la explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación” según el comunicado de la FGR, y eso llama la atención, pues las autoridades habían reconocido que tenía una concesión para esa explotación minera, que la operó de manera negligente y al margen de todas las normas de seguridad, pero se suponía que de manera lícita.

            En la vinculación a proceso se fijó un plazo de 45 días para complementar la investigación. Veremos entonces a mediados de julio en qué va el asunto, si es que la FGR informa y no opta por el secretismo como en el caso del proceso a Cristian.

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            Se va confirmando lo que ya en días anteriores se advertía, la intención del gobierno federal por quedarse con el Aeropuerto del Norte en Monterrey, ADN.

            Al parecer ya hay una notificación de que la concesión, que vence en agosto, no será renovada.

            Este aeropuerto, que está desde hace varios años bajo la dirección del coahuilense Óscar Pérez Benavides, es propiedad de particulares, y aunque únicamente opera vuelos privados destaca sin duda a nivel nacional como uno de los más eficientes, y con mejores indicadores de seguridad, tecnología y financieros.

            Se teme que a la negativa a renovar la concesión siga un proceso expropiatorio, y que se entregue el aeropuerto para que lo opere el Ejército.

            Lo que está ocurriendo con el ADN envía señales muy preocupantes, que sumadas a otros hechos en diferentes partes del país, como la “ocupación temporal” a Ferrosur, generan un clima de incertidumbre para la inversión y la propiedad privada.

            Será interesante ver cómo se defienden los empresarios de Nuevo León en este asunto.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Entre habitantes de algunos fraccionamientos al norte de Saltillo existe confusión, pues afirman que no han recibido notificación alguna por la Comisión Nacional del Agua de que se vaya a iniciar con la canalización del arroyo “el cuatro”.

            Y quizá nunca vaya a llegar una notificación, pues lo que faltaba para poder iniciar con el proyecto era la autorización del manifiesto de impacto ambiental, que en algún momento se trabó porque faltaba precisamente la opinión de Conagua, y quizá por eso haya surgido la confusión.

            Pero ya se dio la opinión favorable por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, se emitió desde el 23 de noviembre y fue notificada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, que dirige Antonio Nerio, dos días después, el 25 de noviembre, y a partir de ahí corre el plazo de 28 meses que se tiene para realizar y concluir la obra. Y ya han transcurrido seis.

            El proyecto es construir un canal pluvial, de 4.7 Kilómetros, desde donde termina el que ya existe dentro del fraccionamiento “Los Molinos”, en La Hibernia, hasta la parte posterior del Club Campestre, y contempla la construcción de tres puentes vehículares, en el cruce del arroyo con los bulevares Eulalio Gutiérrez y José Musa, y con la calle Monte Parnase.

            En la resolución del Manifiesto de Impacto Ambiental destaca la opinión de la CONAGUA, pues además de no manifestar ningún inconveniente para el proyecto, admite que ni siquiera tienen delimitada la zona federal, mucho menos otorgada su concesión, por lo que dejan la posibilidad de que un tercero autorizado realice, a su cargo, esa delimitación.

            En suma, quedó salvado el requisito ante Secretaría del Medio Ambiente, y son ahora las autoridades municipales las que están buscando el consenso con propietarios de terrenos al norte de la ciudad para poder construir el canal.

            Y es que a partir del bulevar José Musa se pierde el cauce del arroyo, y en algunos puntos hay incluso construcciones, por lo que se tiene que definir por dónde pasaría el canal y cómo se compensaría a quienes sufran afectaciones.

            Será por cierto un buen momento para conocer si los propietarios de esos terrenos tienen un auténtico compromiso con Saltillo, o si aprovechan la circunstancia para sacar un provecho económico desproporcionado.

            Si en algo es experto el alcalde José María Fraustro es en la construcción de acuerdos, seguramente que en este caso tendrá que echar mano de toda sus habilidades para sacar adelante un proyecto que hace algunos lustros se quedó entrampado precisamente porque no se alcanzaron consensos.

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            Pasando al terreno político, ha sido notorio en las dos semanas anteriores como cuadros destacados del panismo apretaron el paso en las diferentes ciudades de la entidad para promover el voto a favor de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

            Así, se ha visto a personajes como Esther Quintana, Marcelo Torres Cofiño y Guillermo Anaya Llamas, sumados a las campañas de los candidatos a diputados y con una presencia frecuente en espacios informativos de radio y televisión.

            No es casualidad. Al interior del PAN sacaron cuentas y vieron la urgencia de ponerse a chambear, pues no solo se deben preocupar por el triunfo de los cinco panistas que son candidatos de la Alianza a diputados, también deben de trabajar para que haya una alta votación para Acción Nacional.

            Y es que hoy están ante la paradoja de que pueden tener diputados pero no votos, y en el riesgo de irse a la nada grata posición de cuarta fuerza política en la entidad, pues los triunfos de sus candidatos se darían con los votos del PRI.

            El PAN aún en alianza tiene que ir por la tercera posición, pues necesita los votos primero para acceder a prerrogativas, segundo para estar en condiciones de una mejor negociación de espacios en el gobierno de coalición, y tercero para sentarse a la mesa del 2024 con mejores cartas.

            El reto no es menor para Acción Nacional, tienen que aplicarse en la semana que resta de campañas.

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Por Eduardo J. De La Peña

            En lo que ahora llaman “tramo del terror”, el valle al que en semanas recientes nos hemos referido que va de Galeana a Doctor Arroyo y Cedral, no solo fueron secuestrados otros cincuenta migrantes esta semana, sino que además la inseguridad ha alcanzado –nuevamente—a los médicos asignados a esa zona.

            A las autoridades de Nuevo León lo único que se les ha ocurrido como estrategia preventiva, es que los médicos dejen de dar atención a las cuatro de la tarde y luego se resguarden. Como si eso fuera suficiente.

            Esta derivación de la violencia no es nueva en esa zona, ya se tenían antecedentes de que grupos delictivos raptaban a médicos de Galeana para llevarlos por la fuerza a dar atención a personas que tenían secuestradas en parajes de ese llamado “valle de los perdidos”.

            Hay una constante en las condiciones en que se mantiene a las personas secuestradas en esa zona, pues así como estaban los más de 120 migrantes a los que se localizó hace algunas semanas, a campo abierto y sin ningún tipo de servicio ni resguardo, así han tenido a saltillenses que fueron plagiados, y cuando alguno por su estado físico lo ha requerido, le llevan a médicos que trabajan en sitios cercanos.

            “Me tenían en un barranco, para quitarnos el sol no había más que una lona, y como les dije que soy diabético todos los días me llevaban a un doctor de Galeana a revisarme. Era un pobre muchacho que temblaba más que yo del miedo”, nos relata una víctima.

            Ahora se sabe que también están raptando a los médicos cuando alguno de los delincuentes resulta herido en enfrentamientos.

            Esto se complica cada vez más y no hay reacción institucional.

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            Seguramente que al sector hotelero le habrá caído como balde de agua fría el acuerdo al que llegó la Secretaría del Trabajo federal con la Asociación de Hoteleros de la Columbia Británica, en Canadá.

            Desde la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján abrirán un proceso para reclutar a cien personas que quieran ir a residir y trabajar en esa provincia canadiense.

            Para hoteles y restaurantes en nuestra región es todo un desafío encontrar personal capacitado, y ahora resulta que desde el gobierno le van a ayudar a la competencia extranjera.

            Claro que quienes reúnan los requisitos tienen el derecho de ir a buscar una mejor calidad de vida en un país seguro y ordenado, pero cuando menos tendría que haber aquí algún tipo de estrategia de la Secretaría del Trabajo de apoyo hacia las empresas nacionales.

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            Las noticias que se han difundido en estos días respecto a la prosperidad de Germán Larrea y su grupo empresarial que está por cerrar la adquisición de Banamex, removieron las heridas en los deudos de Pasta de Conchos, que siguen a la espera de justicia.

            “Quien fuera Germán Larrea de Grupo México que no paga el rescate, ni indemnizaciones, ni se le hace asumir su responsabilidad por la muerte de los mineros, ni repara el daño por contaminar ríos y antes de acabar el sexenio es más rico y ahora tiene un banco”, publicó Familia Pasta de Conchos en sus redes sociales.

            Más que para Larrea, esta publicación es un reproche contundente al gobierno de los que se dicen diferentes.

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            Una buena noticia y una mala para Arteaga.

            La buena, hay nueva alcaldesa, no se apellida Durán y no es de San Antonio de las Alazanas.

            La mala, solo se trata del Cabildo infantil, encabezado por la niña Carolina Jalomo Puente, originaria del ejido Los Lirios.

            Algo es algo.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            El presidente López Obrador recurre una vez más a falacias, al engaño, para meter baza en el proceso electoral intentando generar la percepción de que su gobierno recuperará cinco mil millones de pesos de lo decomisado por Estados Unidos al ex tesorero Javier Villarreal, y que esa cantidad será “para el pueblo de Coahuila”.

            Y hasta cita como ejemplo que lo obtenido por la venta del avión presidencial se destinará a construir dos hospitales en Guerrero y Oaxaca, sugiriendo que se pudiera hacer algo similar en Coahuila, y en la obra colocar una placa diciendo que se hizo con el dinero recuperado.

            La verdad es que no se ha recuperado un solo centavo, ni existe la posibilidad real de que se recuperen los cinco mil millones de pesos de los que habla.

            Desde el 12 de abril en que el Presidente llevó el tema por primera ocasión a “la mañanera” el periodista Javier Garza Ramos, originario de Torreón, presentó en sus redes sociales un análisis puntual del tema, que con su autorización retomamos para dimensionar realmente de qué se está hablando.

            Javier Garza, quien en twitter está como @jagarzaramos, se refiere a la carta enviada por el gobierno de Estados Unidos al de México, y señala que la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos concedió la solicitud de condonación de decomiso por la suma máxima de 246,134,284.08 dólares, lo que equivaldría a aproximadamente 4 mil 813 millones de pesos, pero señala que el valor total de los bienes decomisados es insuficiente para indemnizar a México en su totalidad.

            Esa cifra, explicó en su momento Garza Ramos, es equivalente a la cantidad que se obtuvo de créditos obtenidos de manera fraudulenta por Javier Villarreal. Y así quedó asentado en una carta enviada en 2017 por Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de lo que fue la PGR, al entonces Procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions.

            El documento, emitido por el gobierno de México en la administración de Peña Nieto, cita dos créditos con Santander, uno por mil cien millones de pesos y otro por mil millones; y dos con Bancomer, uno por mil 650 millones de pesos y otro por 550 millones, que fueron reestructurados los cuatro en septiembre de 2010 para totalizar 4 mil 813 millones de pesos.

            Por eso se fija en ese monto el reclamo de México, aunque el gobierno de nuestro país, en la administración Peña Nieto, también solicitó la devolución de los fondos que Estados Unidos confiscó en cuentas de ese país y Bermuda.

            Javier Garza Ramos señala en el análisis que presentó en un hilo de twitter, “De hecho, un funcionario del Departamento de Justicia le dijo al periodista texano @jlbuch que si acaso el gobierno de EU regresaría unos 26 millones de dólares (unos 500 millones de pesos), poco más de 10% del total del fraude”.

            Además de lo que ha documentado Garza Ramos, se ha publicado en otros medios que los bienes incautados a Javier Villarreal fueron rematados y el monto obtenido fueron aproximadamente 26 millones de dólares, y es lo que en todo caso se reintegraría a México.

            Tenemos entonces que el Presidente da por hecho algo que es incierto, infla el tema, eleva la expectativa y todo por darle respiración artificial a una campaña que no ha podido –y a estas alturas ni podrá—tomar vida.

            No hay pues combate a la corrupción ni ánimo de hacer justicia, se trata realmente de marrullería electorera.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

La cuarta transformación reivindica su modelo de soluciones mágicas, aquél que pusieron en vigor en las primeras semanas de la administración cuando para evitar el huachicoleo cerraron los gasoductos en varias regiones del país y generaron un colapso en las actividades productivas.

            Ahora tuvieron la genial idea de cerrar 33 estancias migratorias, justo el mismo día en que en Estados Unidos terminó la vigencia del Título 42, para esperar a que la Comisión de Derechos Humanos termine la supervisión a todas las instalaciones y presente su informe.

            Vaya si serán ladinos, si las estancias migratorias no están en operación no se pueden acreditar los abusos e irregularidades que ahí se cometen, y entonces no hay señalamientos por parte de la CNDH. Como si le hicieran caso al organismo, pues ya vimos como nunca atendieron las recomendaciones relativas a la improvisada estación en Saltillo.

            Y de las 33 que el miércoles anunciaron estarán cerradas temporalmente, dos son de Coahuila, la de Piedras Negras que es de tipo “A”, para una estancia máxima de 48 horas, y la de Torreón, de tipo “B” con estancia permitida de hasta siete días.

            Que por cierto la estación de Torreón, nos cuentan, está para modelo nacional… de casa del terror.

            Para empezar está ubicada en un sótano, en el que además no hay ventanas. Pero a eso se suma que normalmente su capacidad está rebasada, y los baños son insuficientes, por lo que en todo momento el trato es inhumano, pero además de alto riesgo.

            Vamos a ver qué reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su visita a esa estancia de Torreón.

            Y la gran duda es qué va a pasar con la de Saltillo, pues no está enlistada entre las que cierran, pero evidentemente opera fuera de norma.

–o—

            El que sobre la marcha va diseñando, a base de puntadas, su propuesta de desarrollo económico para Coahuila es el candidato de Morena Armando Guadiana. Ahora que se desocupe en junio podría buscar la presidencia de un club de costura, tiene las mejores puntadas.

            Cuando anduvo por la Carbonífera planteó convertir a esa región en el “Silicon Valley” de México, es decir que quiere brincar de la minería del carbón a las grandes empresas tecnológicas.

Parece que el senador con licencia disimula, desconoce u olvida que en el pasado reciente en las escuelas de educación superior de esa región se estuvo formando a profesionistas en materia minera y energética, para aportar el capital humano que se requeriría para el auge que se esperaba con el gas shale, expectativa cancelada por el gobierno al que Guadiana representa, que eliminó cualquier posibilidad de seguir adelante con esos proyectos, dejando sin empleo a los ingenieros que se especializaron y al país sin aprovechar las reservas de gas.

Y este jueves en el municipio de Guerrero dijo que la solución para garantizar el equilibrio económico entre las cinco regiones es nombrar a un representante de cada región en la Secretaría de Economía para que se encarguen de la promoción y lleven inversiones a sus lugares de origen.

Eso ya se ha hecho en varias administraciones, los subsecretarios regionales, pero lo que faltan no son promotores, entre otras cosas se necesita que en cada región haya infraestructura, mano de obra calificada, proveeduría certificada.

El equilibrio, aunque así lo quiera el senador, no es cosa de una varita mágica.

–o—

            Bien dicen que nunca se sabe dónde va a saltar la liebre, y justo eso pasó este jueves, cuando entramos ya al último tercio de las campañas políticas que han transcurrido en orden y sin mayores incidentes, y de repente una candidata del Partido Verde en Saltillo acusa en redes sociales que su domicilio particular fue incendiado.

            En efecto hubo un incendio a temprana hora del jueves en céntrica calle de Saltillo, y en principio los bomberos desconocían si la casa estaba habitada, pero después llegó una señora que se identificó como suegra de una de las personas que ahí viven y dijo que en ese momento los habitantes estaban fuera de la casa.

            Y a media mañana la candidata del Verde en el distrito 14, Diana Molina, publicó: “efectivamente mi casa fue incendiada, afortunadamente no nos encontrabámos en el domicilio y todos estamos con vida”.

            Que bueno estén a salvo la candidata y sus familiares, eso es lo principal. Pero queda la duda, cuando dice que su casa fue incendiada, ¿está haciendo algún tipo de acusación, y va relacionada con su actual actividad política?.

            Convendría que precise.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx