Se han cumplido esta semana tres años de que Miguel Ángel Riquelme Solís asumió como Gobernador de Coahuila. Ha llegado a la mitad del camino, y el momento abre el espacio para un recuento, más que de la obra material y acciones de gobierno, de las circunstancias que se han enfrentado en distintos ámbitos; de la capacidad de respuesta que se ha tenido a diversos desafíos, y también del estilo personal.

            Desde el primer momento se han tenido circunstancias atípicas. El inicio del gobierno de Riquelme estuvo precedido por el más prolongado litigio poselectoral que se haya dado en Coahuila; ese antecedente, más la manera en que su antecesor ejerció el poder, le entregaron un estado con el ambiente político crispado, tenso.

            Riquelme tuvo el acierto de no comprar pleitos ajenos. Inició una acuciosa labor de reconstrucción, tendió puentes, abrió canales de comunicación, y fue construyendo su propia relación no únicamente con los partidos de oposición, sino también con los liderazgos de grupos políticos, económicos y sociales a los que en el sexenio anterior se había relegado o incluso lastimado, y con los que existía si acaso una relación forzada.

            El cambio en el trato, las formas, los modos, fue notorio, sin embargo Riquelme tuvo, y ha tenido, la prudencia de no entrar en desgastantes conflictos; aunque en su círculo cercano hubo quienes apostaron a una ruptura tajante con el pasado inmediato, el gobernador actuó con prudencia y tacto. Cuando ha sido necesario apretar y dejar en claro quién toma las decisiones en Coahuila lo ha hecho, pero sin generar una confrontación abierta o ruidosa que contamine el ambiente político.

            En los primeros años de la administración, mantuvo como ejes centrales la seguridad y el empleo, los mismas que el sexenio anterior y que algunas voces sugerían no priorizar y enfocarse en otros ámbitos, así fuera por marcar una diferencia.

            El tiempo le ha dado la razón. Hoy debemos estar convencidos que no es un lugar común decir que en seguridad no se puede bajar la guardia, hemos visto que en efecto los grupos delictivos intentan cada día recuperar territorios, y ante ello no queda más que seguir apostando a la profesionalización y equipamiento de los cuerpos policiales.

            En empleo, que se haya mantenido la promoción internacional de Coahuila, ha permitido que aún y cuando los inversionistas dudan en venir a México por la inestabilidad que se vive en el país, y pese a la crisis económica que estamos viviendo producto de la pandemia, aquí han llegado nuevas empresas a las diferentes regiones, y eso ha permitido que al momento se hayan recuperado más de la mitad de las plazas laborales que se perdieron este año por la contingencia sanitaria.

            La reconfiguración política en el país a partir del resultado electoral de 2018, representó también un desafío para Riquelme. Se propuso y logró construir una relación de respeto con el Presidente López Obrador y su equipo, que en los últimos meses se ha tensado porque ante la marginación a la entidad en el tema presupuestal no quedó otra opción más que alzar la voz, no en ánimo de ruptura o choque, sino de buscar la justicia distributiva.

            El ánimo pendenciero del Presidente y su círculo no ha dado espacio para que esa exigencia tome los cauces y produzca los resultados debidos, pero sin duda que a Riquelme se le reconoce la firmeza con la que ha mantenido su postura.

            Este año la pandemia ha llevado a Coahuila a la contingencia más grave, prolongada en el tiempo, e inédita por haberse extendido a todo el territorio estatal, y se ha tenido una respuesta eficaz, consistente y proactiva.

            Sin regateos se le ha hecho frente incluso para subsanar carencias en instancias del gobierno federal, como el Seguro Social.

            El gobierno estatal ha sumado a los ayuntamientos, las empresas, y la sociedad civil, en una respuesta articulada que contempla  la aplicación de protocolos preventivos; la adquisición de equipo médico; la habilitación de espacios de recuperación de pacientes; el incremento en la capacidad hospitalaria, y para la realización de pruebas de diagnóstico, y también las estrategias de auxilio económico a los sectores más afectados.

            ¿Es perfectible el modelo, la estrategia de respuesta?, seguramente que sí, así ha tenido que ocurrir en todo el mundo donde los gobiernos y las instituciones han debido trabajar a prueba y error para hacer frente a un enemigo desconocido y de comportamiento insospechado.

            Un razgo importante de la estrategia que ha seguido el gobierno estatal en esta contingencia, es cómo se ha descentralizado la toma de decisiones. Asumiendo que cada región de la entidad tiene características y comportamiento diferente, es precisamente a nivel regional que se definen los criterios, tanto para la operación del sistema de salud, como para las actividades económicas y sociales.

            Sin evadir su responsabilidad, Riquelme ha abierto el espacio a los alcaldes y también ha delegado en sus colaboradores, asignando a un responsable de cada sub comité regional. La dimensión y naturaleza de la crisis así lo obligaba, pero esto también nos habla mucho de la personalidad del gobernador, que no se obsesiona en colgarse todas las medallas.

            Riquelme no arrastra complejos ni tampoco pretensiones de grandeza, es de trato sencillo y la comunicación con el puede ser directa, sin complicaciones, eso también oxigena la vida política y la vida  pública en la entidad.

            A la mitad del camino se puede afirmar que bajo la conducción de este gobernador están dadas las condiciones para que Coahuila se concentre en hacer frente a los desafíos que nos dejará esta crisis, en armonía y en un ánimo constructivo.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo De La Peña De León

            En «la mañanera» del martes el director del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el gobierno federal entregará poco más de 11 mil 400 pesos a los deudos de personas fallecidas por covid-19 en México.

            En la circunstancia que está viviendo el país definitivamente que la tragedia de perder a un ser querido se agrava por diferentes motivos. Consideremos que en no pocos casos hay familias que en cuestión de días han perdido a más de uno de sus miembros; también que, por la naturaleza de la enfermedad y la multiplicación del contagio, muchos de quienes han muerto estaban en plena edad productiva y eran quienes aportaban el sustento del hogar.

            Sumemos la situación económica en que ya se encontraba México, que ha empeorado como efecto también de la pandemia, por lo que la muerte de uno, o más, de sus miembros pone también a las familias ante la obligación de un gasto inesperado que no es menor.

            Está también desde luego el aspecto emocional, ya de por sí vivimos todos en incertidumbre y con miedo a causa de la pandemia, a eso sumemos que cuando alguien enferma gravemente a causa del coronavirus y debe ser hospitalizado se le mantiene aislado, y si muere no puede haber contacto, ni siquiera visual, con el cuerpo, no hay espacio entonces para despedidas. Un duelo así seguramente es aún más pesaroso.

            En este contexto, que el gobierno vaya a dar un apoyo económico a los deudos se puede percibir como un gesto solidario, un acto definitivo de justicia social. Pero…

            El diseño de operación, las reglas que han establecido, llevan inevitablemente a pensar que se trata más bien de otra de esas estrategias clientelares en las que no se repara en costos con tal de generar redes de adeptos.

            Según dieron a conocer el apoyo será universal, para todos aquéllos que lo soliciten y sin importar su condición social, económica y si tienen o no seguridad social.

            Podrán tramitarlo aquéllas personas que hayan perdido a su pareja, un hijo, el padre o la madre, entre el 18 de marzo de 2020, fecha en que se tuvo el primer deceso por coronavirus en México, y hasta que se declare oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

            No se está considerando por ejemplo que, al menos a los deudos de derechohabientes del IMSS, sin importar la causa del fallecimiento del asegurado, ya se les entrega una ayuda para gastos de funeral, una cantidad que ronda en los cinco mil 200 pesos.

            Pero también los únicos dos requisitos que se están pidiendo para otorgar la ayuda es mostrar un acta de defunción que consigne como causa el covid, y probar con un documento oficial el parentesco.

            Esta laxitud en las reglas pone a quienes vayan a operar el programa, ya sea el IMSS o el DIF nacional, en la antesala de conflictos inminentes.

            En todo el país abundan los casos en que tras un fallecimiento afloran los conflictos entre hermanos, medios hermanos, viudas, concubinas y demás, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Han llegado a verse casos de familias que se disputan el cuerpo en una agencia funeraria y muchos más que reclaman indemnizaciones, finiquitos o pensiones.

            Si hay dos reclamaciones de la ayuda funeraria respecto al fallecimiento de una misma persona, y los dos reclamantes pueden probar el parentesco, ¿quién y cómo va a resolver?.

            Por ejemplo en los finiquitos laborales hay un procedimiento establecido para la designación de beneficiarios, y toca desahogarlo a las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en un trámite que por cierto además de riguroso –como debe ser por lo que implica– se ha vuelto tortuoso por la burocracia que impera, la saturación de trabajo en las Juntas y el insuficiente personal en las mismas.

            Sería ese sí un acto de justicia, que en la administración federal tomen las medidas necesarias para destrabar todos los trámites de ese tipo que están entrampados en las Juntas de Conciliación.

            En suma, hay muchos cabos sueltos en este nuevo apoyo que ha instrumentado el gobierno federal, y que por su deficiente diseño deja abierta la puerta a abusos y conflictos. La primer exigencia tendría que ser desde luego transparencia, para tratar de evitar además desvíos.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo De La Peña De León

            Conocidos como fueron los excesos de Enrique Peña Nieto y su círculo cercano, así como los de algunos gobernadores y otros personajes del poder público, nadie pone en duda las acusaciones que se les hacen desde el gobierno, en algunos casos formalmente a través de la Fiscalía, en otros como filtraciones, y en varios más ligeramente en el patíbulo de las mañaneras.

            No hay quien meta las manos al fuego por ellos, bien dicen «crea fama y échate a dormir». Quedaron manchados y eso le ha facilitado al actual Presidente y sus aliados construir todo un montaje para hacerse pasar como grandes cruzados en contra de la corrupción.

            La sociedad está en efecto anhelante de que se ponga fin a impunidad y a corrupción, pero no debemos permitir que se siga pretendiendo curar tan arraigados males de nuestro país con un placebo, con un engaño.

            En el caso de Peña Nieto, se le acusa de algo tan espectacular como hueco, «traición a la patria». Sí, llama mucho la atención, nada podría ser más grave que eso, pero ¿dónde está el sustento?, ¿dónde el trabajo de investigación para acreditar al menos una de las desviaciones en que habría incurrido como Presidente?.

            Contra Luis Videgaray parte la acusación de que un escolta de Emilio Lozoya asegura que le tocó entregar maletas llenas de dinero a políticos del PAN y el PRI con el mensaje que era un envío de Videgaray. ¿Eso prueba algo?, ¿qué pasa si un testigo decide mejor decir que entregó los sobornos de parte de López Obrador, por ejemplo?.

            Hay otros casos inverosímiles, que no se han citado en expedientes judiciales pero igual se reproducen en versiones periodísticas una y otra vez, como el supuesto testimonio de un «proveedor», asegurando que el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval criaba en un rancho, al sur de Saltillo, ¡siete mil vacas en un predio de 800 hectáreas!. No tienen idea del disparate que están diciendo.

            Peña, Videgaray, Sandoval, y muchos más como ellos son indefendibles, pero por varias razones debemos rechazar que el gobierno siga procediendo de esa manera.

            Primero porque están simulando, se burlan de la ciudadanía. Van por un rédito electoral con su bandera anticorrupción y no trabajan realmente para llevar casos sólidos ante los tribunales, lo que les importa en primer lugar es el linchamiento público, no que haya realmente una consecuencia penal.

            Segundo, porque utilizan estos casos como distractores, cada que algo se les complica en el gobierno –y eso ocurre casi todos los días– inflan algún tema de este tipo para llevar los reflectores hacia otro lado y que no se les cuestione.

            Tercero, este mismo montaje les ayuda a cubrir los casos de corrupción que hay dentro del gobierno. Quizá el Presidente en eso sea sincero, en repudiar la corrupción y el provecho económico personal, pero en su círculo las cosas son distintas, y lo mismo hay funcionarios que buscan nómina y contratos para familiares, que otros muy influyentes vendiendo la estrategia de defensa jurídica para librar de la cárcel a los mismos que la 4T está acusando.

            Cuarto, esta dinámica está llevando a torcer la justicia y vulnerar a las instituciones. Si un juez señala que una acusación está mal integrada, o no resuelve a como el Presidente y la Fiscalía quieren porque no se aportan elementos y pruebas, de inmediato vienen las presiones. También los juzgadores están bajo asedio.

            Si seguimos permitiendo esto no tendremos un gobierno más limpio, y sí un sistema de justicia más endeble en el que nos deja a todos los mexicanos en riesgo.

            Permitir que desde el gobierno se proceda así contra los políticos, o contra los empresarios que de alguna manera le son incomodos al grupo en el poder, equivale a regresar a aquélla polémica de si era valido torturar a los delincuentes para obtener confesiones, muchos lo justificaban hasta que se les planteaba ¿y si un día te lo hicieran a ti para inventarte una acusación?.

            No, el fin no justifica los medios.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo De La Peña De León

            Desde hace meses se ha venido planteando que la estrategia más segura, si no es que la única, para que la oposición logre quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados es un gran acuerdo de unidad entre los partidos.

            Apostar todo a que el descontento ciudadano le pase factura al partido en el poder no tiene una garantía de éxito, más cuando estamos ante un gobierno que no escatima recursos en programas clientelares, que le permiten tener control sobre un gran número de electores.

            La participación de los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD en la convención de Sí Por México, esta organización que suma a diferentes sectores de la vida social y productiva en una agenda común, es hasta ahora la expresión más tangible de que hay una posibilidad, cuando menos por ahora la voluntad, de acuerdo.

            También en las entidades, sobre todo en las que el año próximo se renovarán gubernaturas, se han dado ya algunos pasos, hay partidos que están recorriendo el procedimiento interno que marcan sus estatutos para poder constituir alianzas, y en algunos casos se habla ya de negociaciones y hasta de primeros acuerdos.

            Sin embargo también se han escuchado expresiones, entre dirigentes y personajes destacados de los diferentes partidos, manifestando su rechazo a sumar fuerzas con tal o cual, y es que hay casos en que no han sanado las heridas de contiendas pasadas. Eso ocurre sobre todo en los contextos locales donde las confrontaciones son más directas y personalizadas, y los agravios perduran.

            En el momento en que vive el país debe quedar en claro que no hay mayor agravio o afrenta para México que la forma en que López Obrador y Morena ejercen el poder. La aprobación del presupuesto federal de egresos para 2021 ha sido una nueva manifestación de que no hay espacio para argumentos ni razones, que no hay voluntad de dialogo ni de negociación.

            Ante eso no puede haber entonces titubeos, los partidos políticos son la instancia mejor estructurada para la participación política, entonces sus liderazgos deben mostrar inteligencia para construir una estrategia, y apertura para pactar acuerdos y no desgastarse más en viejas pugnas que favorezcan la consolidación de un régimen arbitrario e ineficiente.

            No se trata necesariamente de una gran coalición sino de tomar decisiones caso por caso, en algunas entidades funcionará un esquema, en las diputaciones federales la fórmula puede ser otra. En todo caso la prioridad es no diluir el voto opositor sino concentrarlo en la opción que tenga la mayor viabilidad ante Morena.

            Cada partido conoce sus fortalezas territoriales y debe identificar los activos que tiene en cada plaza a disputar, debe hacerse un análisis meticuloso en el que se dirijan hacia dos propósitos: el triunfo electoral en junio de 2021 y el equilibrio de las fuerzas políticas para lo que resta del sexenio.

            Es importante también que los partidos asuman la propuesta que se les hizo de incorporar candidaturas ciudadanas, pero con honestidad y sin trampas. No se trata de que una vez más inviten a personajes con buena reputación para que les sumen votos, y luego armen sus listas de plurinominales con sus descalificados cuadros de siempre.

            Los perfiles ciudadanos deben de llegar a la Cámara de Diputados como una garantía de que los intereses de México estarán por encima de los de cualquier partido.

            Claro que esto implica sacrificios, pero quien no esté dispuesto a hacerlos será responsable de que se desaproveche la última oportunidad que tenemos en México de construir por la vía institucional un contrapeso a la cuarta transformación que nos arrastra a una ruta de descomposición y retroceso.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo De La Peña De León

            A la bacanal de recortes emprendida por la cuarta transformación se suma la insidia populista que alienta en el país el choque de clases, y tenemos hoy como nuevas víctimas de esta insensata dinámica a mujeres y hombres de ciencia a los que se estigmatiza por la única razón de trabajar para instituciones privadas, sin entender que al perjudicarlos a ellos se causa un daño a la sociedad en su conjunto.

            El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, ha decidido que los investigadores que laboran en universidades privadas, aún y cuando pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores ya no tendrán derecho al estímulo económico que se estableció por decreto presidencial desde hace varias décadas.

            Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores no es una graciosa concesión ni una distinción vana o artificiosa, es un mérito que se obtiene con trabajo, dedicación, compromiso profesional y social.

            Quienes son aceptados en el SNI deben no únicamente tener un grado académico, que ya el solo alcanzarlo representa un mérito, sino además demostrar productividad como investigadores, calidad en sus trabajos que representen aportaciones para el desarrollo científico, tecnológico, social y cultural, además de participar en la formación de nuevas generaciones que garanticen continuidad de ese esfuerzo en el futuro.

            No es pues cualquier cosa.

            La miopía de la directora del Conacyt, que se ha consagrado como fiel soldada de la cuarta transformación, no le ha permitido entender que los investigadores de las universidades privadas recibían el estímulo económico, al igual que los de las universidades públicas, a título personal, no era un recurso para las instituciones.

            Al contrario, otorgar estímulos también a estos investigadores tenía un efecto multiplicador, pues por cada peso pagado por Conacyt a los investigadores las universidades privadas estaban obligadas a invertir un peso más para proyectos de investigación.

            La investigación humanística, científica y tecnología, emprendida desde la universidad pública o de la privada, conlleva un aporte social de acceso universal y eso es lo que debería entenderse antes de tomar decisiones tan drásticas como suspender los estímulos.

            Lo que ha hecho el Conacyt es además prejuicioso, etiqueta a los investigadores de universidades privadas como seres privilegiados que no tienen derecho a una aportación estatal, y asume que los de las instituciones públicas están en desventaja y sí merecen ese estímulo.

            El momento actual que vive el mundo nos debe llevar a dimensionar la importancia de los aportes de la comunidad científica, pues aunque muchas veces los proyectos de investigación nos parezcan ajenos, con un lenguaje y términos de difícil o hasta imposible comprensión, al final del día se traducen en productos, herramientas, satisfactores, aplicaciones que hoy nos están permitiendo vivir en pandemia.

            Las plataformas tecnológicas en las que hoy se imparten clases, se celebran reuniones de negocios y hasta se dan los encuentros familiares y de amigos; los cubre bocas que todos debemos usar; las pruebas de diagnóstico; los equipos de respiración asistida; los medicamentos y las vacunas que estamos esperando, todo eso y más tienen atrás un desarrollo de investigadores.

            En cada actividad o proceso de nuestra vida hay una aportación de los avances científicos, en muchos casos no lo percibimos tal cual, y desde luego no sabemos si su origen es de una institución pública o privada, o si es nacional o extranjera, pero en algún momento hay un acceso universal que no podemos perder de vista.

            Tomemos como ejemplo los ventiladores que en esta contingencia sanitaria se han vuelto indispensables para salvar vidas. El gobierno federal los tuvo que conseguir en China y costaron en promedio un millón doscientos cincuenta mil pesos cada uno; para mayo de este año especialistas del Tecnológico de Monterrey –universidad privada– y del Instituto Nacional de Nutrición –institución pública– desarrollaron un equipo con componentes y diseños nacionales, que tiene un costo de 225 mil pesos cada uno.

            La patente quedó para el Instituto de Nutrición, seguramente los están fabricando empresas privadas que también auspiciaron el desarrollo, pero el beneficio será para el país, en vidas salvadas y en recursos ahorrados.

            Hay algo más allá de los aportes materiales que pueden dejar los investigadores, y es que son personas inspiradoras que motivan a otros, en universidades públicas o privadas, a crecer, a desarrollarse, a aprender, conocer, ¿es justo y razonable castigarlos nada más porque tuvieron la oportunidad y capacidad para ir a una institución privada?.

            Como sociedad además de estar informados de estas decisiones aberrantes, debemos convencernos de la importancia de alzar la voz, no ser indiferentes y buscar los cauces civilizados y razonables para mostrar nuestra indignación y exigencia al gobierno para que recapacite.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            El sábado por la tarde murió Javier Villarreal Lozano.

            De su obra, su vida, su legado se ha escrito mucho por estos días tanto en las redes sociales como en los diarios. Amigos, alumnos, colaboradores y colegas han hablado de lo que Villarreal Lozano representó en sus vidas, se han referido a su generosidad, a su sapiencia, a sus aportaciones como periodista, maestro, historiador, y promotor de la cultura.

            Todo eso y más fue Javier Villarreal Lozano, un coahuilense de excepción que se destacó como persona y como profesional, y desde luego no podemos olvidar otra de sus facetas, en la que también dejó huella indeleble.

            Tres días antes de su muerte se habían cumplido 28 años desde que el 21 de octubre de 1992 emitió su primera recomendación como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.

            En agosto de aquél 1992 Villarreal Lozano había sido electo por el Congreso para presidir ese naciente organismo. Había sido por más de cuatro años funcionario del gobierno estatal, como director del Instituto de Bellas Artes, y no faltó quien cuestionara la designación, poniendo en duda si habría de desempeñarse con la necesaria independencia que implica ser el defensor de los Derechos Humanos.

            Villarreal ofreció pasión por la legalidad y sentido común.

            Tan pronto como dos meses después de su designación, Javier Villarreal al emitir la primera recomendación demostró de qué estaba hecho.

            La tarde del último día de 1991 ocurrió un robo en una finca de Marcos Espinoza Flores, quien por ese entonces era Director de Pensiones del Estado, y un hombre cercano al gobernador, era tal su influencia que de inmediato la Dirección de Seguridad Pública del Estado — corporación con facultades preventivas no de investigación– desplegó un operativo que a las pocas horas detuvo a dos hombres, vecinos de Los Cerritos, sector aledaño a donde se perpetró el robo.

            Los detenidos, en la más completa ilegalidad fueron trasladados al hotel La Torre, propiedad en ese entonces de Marcos Espinoza, y ahí se les torturó para que confesaran el robo y revelaran dónde ocultaban una caja fuerte.

            La caja fuerte no aparecía, y en los días siguientes se especuló que contenía sustancias e información comprometedora.

            A los dos hombres se les procesó por el robo, y tiempo después apareció la caja fuerte y se aclaró que realmente el hurto lo cometió una banda en la que participaban ex agentes de la Policía Judicial, uno de los cuales murió torturado.

            La defensa de los dos vecinos de Los Cerritos, que fueron inculpados falsamente, torturados, procesados, declarados culpables y encarcelados, la tomaron grupos ciudadanos que se significaron en ese entonces por enarbolar causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos.

            Al crearse la Comisión en Coahuila, del organismo nacional les turnaron el caso, y pronto hubo una recomendación al Procurador de Justicia para ejercer acción penal en contra de dos comandantes de Seguridad Pública señalados como los responsables de la tortura.

            El caso había consternado a Coahuila, por el abuso de autoridad y por la participación de personajes cercanísimos al gobernador, había indignación y expectación sobre cómo actuaría la recién creada Comisión de Derechos Humanos.

            Al emitir la recomendación y señalar un caso de tortura por parte de una autoridad estatal, Javier Villarreal Lozano confirmó ser hombre de una sola pieza y que su actuar como ombudsman sería responsable, profesional e independiente, tal como lo fue también en el ejercicio del periodismo y de cada una de las tareas que emprendió en su vida.

            Ajeno a protagonismos y escándalos, construyó y mantuvo un prestigio que se nutrió además de una personalidad grata y generosa.

            Su fallecimiento es una perdida para Coahuila. Descanse en paz.

edelapena@infonor.com.mx

Salto al Pasado

Por Eduardo J. De La Peña De León

            La fotografía es a un tiempo denuncia y augurio. Mal augurio.

            Recargados en un muro de block, tres hombres gritan en silencio las condiciones en que trabajan. Son mineros empleados en la extracción de carbón; los tres están calzados con tenis y dos de ellos visten shorts.

            En el mismo muro hay un sello que identifica al centro de trabajo: «Los Menor, sup-120 has, T-219392». Se trata de una mina de arrastre que está siendo operada por Carkim Industrial.

            Carkim Industrial es una de las 53 empresas a las que la Comisión Federal de Electricidad otorgó en adjudicación directa contratos para el suministro de carbón. En su caso se le entregó un contrato por más de veintiún millones de pesos, un pedido de veinte mil toneladas.

            Un reportaje seriado de Infonor hizo públicas otras fotos además de la ya descrita. Todas develan las condiciones en que se está trabajano en «Los Menor» y en otros predios mineros.

            Frente al mismo muro de block hay una banca de madera en la que se improvisa un «comedor». Otra foto muestra en ese lugar a seis trabajadores con una hielera y los empaques de al menos seis «doces» de Tecate. Con cerveza los conforman para que no protesten por las condiciones en que trabajan.

            Hay también una foto de un tejaban de lámina que sirve al mismo tiempo de enfermería, almacén y punto de reunión para en caso de una contingencia.

            Estamos ante la evidencia contundente de lo que ha generado la estrategia ideada por el actual gobierno federal para, a su entender, «hacer justicia» a los pequeños y medianos productores de carbón.

            Un proceso de adjudicación directa, que supuestamente pasó por un proceso de verificación tanto sobre el estatus legal de las concesiones como las condiciones físicas de las minas, privilegió a empresas que no cumplen con las mínimas disposiciones de seguridad en el trabajo.

            No hay equipo de protección personal para los trabajadores, ni el que por norma se exige en una operación minera de ese tipo, ni mucho menos el que se precisa en la actual contingencia sanitaria. Tampoco hay equipos de ventilación, medición de gases y autorrescatadores.

            No tenían nada de eso estos productores, y las condiciones en que pactaron los contratos de suministro a la CFE no les dan margen para equiparse, el precio base que se les fijó por tonelada no contempla inversiones para ello, tampoco costos fiscales, mucho menos tareas de remediación ambiental y no estima un margen de utilidad.

            Para operar en esas condiciones, los salarios que promediaban en dos mil pesos por semana bajaron a mil 400 pesos, y para muchos es la única alternativa de trabajo, con todas las desventajas y riesgos que implica, pues la región atraviesa por una severa crisis desde hace meses.

            Es una paradoja que las minas altamente tecnificadas, con equipamiento y protocolos de seguridad de primer mundo, las que pagaban salarios dignos y prestaciones, están cerradas, fueron orilladas a la quiebra al cancelar la CFE de manera unilateral los contratos de suministro. Otras sucumbieron también ante el feroz acoso que colapsó a Altos Hornos, que era su principal cliente.

            Lo que vemos en la Carbonífera dibuja fielmente lo que está pasando en México con este gobierno que se da en llamar «cuarta transformación».

            Así como en la minería del carbón se regresa a prácticas arcaicas, vemos como la conducción de la política económica, fiscal, y de la propia vida institucional está atrapada en una dinámica regresiva que nos remite a los modos más oscuros del viejo sistema.

            Por eso las fotos de cómo se trabaja en «Los Menor» son un mal augurio, porque anticipan hacia dónde nos está llevando el nuevo régimen con su efecto transformador que es perverso y destructivo.

            Esto que se está evidenciando en la Carbonífera debe ir más allá de una denuncia sobre la negligencia con la que se permite la operación irregular de las minas, y convertirse en una alerta que genere reacciones, y acciones, para contener al grupo en el poder.

            La siguiente estación, la renovación de la Cámara de Diputados en 2021, es la posibilidad más importante para generar auténticos contrapesos por la vía institucional. No debemos permitir que se pierda esa oportunidad.

edelapena@infonor.com.mx

Privilegiar la Paz

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Hechos ocurridos la tarde del martes en Saltillo y Ramos Arizpe nos muestran las que podrían ser dos caras de una misma moneda.

            En la colonia Latinoamericana un vecino hizo frente a tres sujetos que se metieron por la fuerza a su domicilio y dio muerte a uno de ellos, mientras los otros dos se daban a la fuga.

            Hubo desde luego todo un despliegue policiaco, y la noticia tardó poco en inundar las redes. Surgieron todo tipo de reacciones sin faltar quien opinara que el desenlace de este hecho serviría para desalentar a los ladrones pues la ciudadanía ya ha decidido defenderse por propia mano.

            Pocas horas después conocimos de un suceso similar, pero con un resultado por completo diferente. En el centro de Ramos Arizpe también hubo un allanamiento a una vivienda,  que un padre y un hijo trataron de evitar pero fueron enfrentados, el padre murió de varios balazos y su hijo resultó herido.

            Sin duda que estos sucesos trágicos traerán al debate mediático y social temas tan polémicos como la legítima defensa y el derecho a tener armas, de donde podría escalar a otros como la posibilidad de portarlas, e incluso el cuestionar –como ya se da en determinados grupos como los clubes de tiradores– que la única manera legal de comprarlas en México sea a través de la Secretaría de la Defensa y que esta instancia lleve un registro de quienes las tienen autorizadas.

            Antes de entrar en una dinámica así ponderemos qué es realmente lo que queremos y hacia allá encaminemos el esfuerzo social e institucional.

            Quizá nos parezca lejano pero no debemos de olvidar la angustia en que por varios años, hace menos de diez, se vivía en Saltillo cuando la ciudad era un territorio en disputa por grupos delictivos. No olvidemos a las víctimas colaterales de los enfrentamientos, ni a quienes sufrieron secuestros o asaltos. Recordemos que en ese entonces no era una amenaza sanitaria la que obligaba a la reclusión sino el miedo.

            Cambiar esa realidad, recuperar la paz, ha costado mucho. No tomemos una ruta que nos pueda llevar por un derrotero similar.

            En efecto, en las últimas semanas y muy probablemente producto de la complicada situación económica que ha generado la contingencia sanitaria, se ha incrementado la incidencia de robos en la región.

            Ante ello debemos exigir de las autoridades mayor eficiencia. Que se desplieguen todos los recursos humanos y tecnológicos con los que se ha fortalecido a las corporaciones, para resolver los robos cometidos y evitar que ocurran nuevos.

            Pero estemos atentos a otra situación que se da igualmente aparejada a la contingencia sanitaria: la crispación social.

            La enfermedad, la muerte de seres queridos, el confinamiento, las restricciones, los problemas económicos y la incertidumbre son una mezcla peligrosa que mantiene a las personas en tensión, y se dan reacciones inesperadas en conflictos familiares, laborales o vecinales, y con mayor razón cuando se tiene una amenaza como la de un robo o allanamiento.

            Las autoridades tienen ya todo un reto en los temas de salud y seguridad, quedaría pues en otras instituciones como universidades, iglesias y asociaciones cívicas desplegar estrategias para guiar a los ciudadanos en algo que pocas veces es tomado en serio pero que tiene la mayor trascendencia, como el manejo de las emociones.

            Ya algunas instituciones privadas de educación superior están ofreciendo charlas y talleres con esta orientación, es un buen esfuerzo que debería ser replicado, apostando por dar a la población herramientas que le permitan canalizar esta mezcla de sentimientos y afrontar las situaciones inéditas a las que nos enfrentamos de la mejor manera, evitando conflictos que tensan a la comunidad.

            Preservar la paz debe ser una prioridad, pues a ella van vinculadas muchas otras situaciones.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña De León

            Si bien hay indicadores macro que son aceptados como referente del comportamiento de la economía, como por ejemplo los de empleos perdidos y generados, estos son sin duda muy generales y en la mayoría de las ocasiones no alcanzan a reflejar cómo se está resintiendo en cada grupo social una crisis o fenómeno específico.

            Así, de la crisis económica que se ha derivado de la pandemia, sabemos que en Coahuila se han perdido 43 mil empleos formales, y que a partir de la reanudación de actividades se ha empezado a observar una recuperación, que según cifras oficiales se ha traducido en 13 mil nuevas contrataciones.

            Faltarían pues por recuperar 30 mil puestos de trabajo para estar en los mismos números del inicio del año. Pero además de esas miles de personas que no han logrado una recontratación, ¿cuántos más vieron mermado su ingreso en las empresas en que han tenido que recurrir a ese tipo de ajustes?.

            Y lo más importante, ¿qué efectos está teniendo o va a tener esto en nuestra comunidad?.

            No lo reflejan las estadísticas ni los indicadores, pero hay una paradoja: estamos en una contingencia sanitaria, la más grave que se ha tenido por generaciones, y su impacto en la economía familiar está provocando que muchos descuiden precisamente su salud.

            Cuando especialistas como bariatras, endocrinólogos y  nutriólogos retomaron las consultas tras el primer momento de confinamiento social, primero se encontraron con el temor de sus pacientes a contagiarse si acudían al consultorio, y después de eso muchos cancelaron las citas con la explicación de que habían perdido el empleo o les bajaron el sueldo y ya no podían pagar el servicio.

            El control de peso y el seguimiento nutricional van mucho más allá de aspectos de mera estética, tienen que ver definitivamente con la salud de la persona, su calidad y expectativa de vida, y que se abandonen estos tratamientos es una cuestión seria que a la larga puede traer otras consecuencias.

            Como es bien sabido, en nuestra entidad las principales causas de muerte son enfermedades del corazón y diabetes, quienes las padecen deben llevar un seguimiento estricto o se incrementa el riesgo para ellos. Además ante la amenaza que tenemos hoy del coronavirus, ellos son pacientes de alta vulnerabilidad.

            En suma, como daño colateral de la crisis económica en la que hemos entrado, viene un deterioro en la salud de personas vulnerables, eso no lo vemos en los indicadores pero tiene un costo social.

            Quienes se atendían con especialistas particulares para seguimiento nutricional, difícilmente se acercan de primera instancia a la seguridad social, si es que la tienen, pero si llegan a tener una complicación o se les desencadena otro padecimiento, se sumarán como usuarios de una capacidad hospitalaria pública, que ya antes de la pandemia era insuficiente.

            En circunstancias así, se precisa de un actuar sensible y creativo de las autoridades. La gran mayoría de las personas que están en la situación a la que nos referimos, o en otras similares, no son beneficiarios de los programas sociales, podría decirse que no son el «público meta» de quienes los diseñan, operan y usufructúan políticamente pero habría que diseñar esquemas que les auxilien en este momento.

            Los gobiernos estatal y municipal han impulsado diversos apoyos emergentes, y aquí hay un sector más que los requiere. Se podría por ejemplo llegar a un acuerdo con médicos y nutriólogos para seguir dando consulta y tratamiento a quienes por alguna cuestión económica debieron interrumpirlo, y que haya un subsidio oficial para ello.

            Desde luego que también para el gobierno hay una limitación de recursos, pero con voluntad se pueden encontrar opciones, mecanismos que permitan no desatender la salud de este tipo de pacientes.

            Es en momentos así cuando además de voluntad se precisa creatividad y visión. Esto debe ir más allá de estructuras clientelares y cálculos electorales, bajo la premisa de que una sociedad sana representará una carga menor para el Estado y su sistema de salud.

edelapena@infonor.com.mx