Horas Oscuras

Por Eduardo J. De La Peña

En el marco de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, el organismo presenta un diagnóstico sobre la grave realidad que afronta el periodismo en las Américas, México incluido.

Estamos cerrando un semestre negro, subrayó Carlos Jornet, periodista originario de Argentina que preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quien refiere que desde la asamblea de la SIP, en octubre anterior, a abril de este año, han sido asesinados 15 periodistas en el continente, 3 en Haití; uno en Guatemala; otro en Honduras, y 10 en México.

Jornet reflexiona, América hace décadas que no vive situaciones bélicas como las que padece Ucrania, pero “la gravedad de lo que ocurre en nuestro continente queda expuesta de modo contundente cuando vemos que en lo que va del año México acumula la misma cifra de periodistas asesinados que un país devastado por la guerra: ocho, apenas uno menos que en todo 2021”.

Y es que la región sufre otras “guerras” señala la SIP, y advierte: «Guerras que también se iniciaron con «incidentes menores» y que luego fueron escalando”.

Se refieren a lo que llaman embestidas que gobiernos de origen democrático, pero con inclinaciones autoritarias, desatan contra los derechos ciudadanos, sumado al accionar de la narcodelincuencia y otras formas de crimen organizado “que aprovechan la impericia estatal, cuando no una abierta complicidad, para intentar (y en muchos casos lograr) imponer su ley en vastos territorios”.

A la Sociedad Interamericana de Prensa le preocupa y ocupa particularmente lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que le ha llevado incluso a definir un plan de acción que involucra a 27 organizaciones.

Nicaragua enfrenta una crisis institucional y social, marcada por la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y la censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil.

El recuento en Nicaragua desde abril de 2018 es de al menos 335 opositores muertos en enfrentamientos con la Policía Nacional, y más de 170 presos políticos, entre ellos periodistas y dueños de medios de comunicación que han sido condenados de nueve a trece años de prisión.

El gobierno de Daniel Ortega ha tomado las instalaciones de periódicos, canales de televisión y estaciones de radio.

Para hablar de lo que ocurre en Nicaragua, compartir su propia experiencia y apelar a la solidaridad internacional, participó en la reunión de medio año de la SIP la periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo presa seis meses luego de que el Ejército tomó el canal de televisión donde laboraba, cuyo director fundador Miguel Mora afronta una condena de 13 años de prisión. Ella vive ahora exiliada en Costa Rica.

En semanas anteriores entrevistamos a Pineda Ubau cuando acudió a un Simposio en Austin, Texas, donde también alzó la voz para exigir la liberación de los periodistas que son presos políticos.

En aquélla entrevista Lucía Pineda se refirió al regimen de Daniel Ortega en Nicaragua como una dictadura, que dijo se sostiene con la complicidad del Ejército y de la Policía Nacional.

Ortega, describió la periodista, les ha dado a los militares un gran poder y participación en todo tipo de negocios.

Lo que describe es muy parecido a lo que estamos viendo en nuestro país en la relación del gobierno de López Obrador con la milicia, y no en vano México es para la Sociedad Interamericana de Prensa un foco de preocupación.

Precisamente en esta reunión de medio año, la SIP ha hecho un nuevo llamado al Presidente de México a suspender todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. “Si no puede frenar la violencia al menos no la aliente”.

Cuando se confronta con el periodismo como estrategia política, ha dicho la SIP, se abre la puerta a los violentos, a los intolerantes.

En México, como en Cuba, Nicaragua y Venezuela, hay una clara tendencia a desconocer el derecho ciudadano a supervisar y cuestionar los actos de gobierno.

Se está ante lo que han llamado la posverdad, la manipulación informativa, la difusión de «relatos» que se repiten como verdades consagradas. Se apela a «causas justas», a «verdades superiores», para justificar una descalificación, una persecución administrativa, una causa judicial amañada, la privación ilegal de un derecho, una expropiación, un encarcelamiento.

“Presidente López Obrador afronte la gravedad de la hora”, ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa. Como ciudadanos debemos estar conscientes del grave momento que estamos afrontando, que en los días más recientes se manifiesta con un linchamiento en redes, azuzado desde el poder, hacia los diputados que formaron el bloque opositor contra la reforma energética.

No es un asunto menor, es el tipo de situaciones que han ido escalando para configurar la terrible realidad que hoy viven otras naciones del continente. No debemos permitir avanzar hacia allá.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Gatopardo y carbón

Por Eduardo J. De La Peña

            Un mes antes de la tragedia en Rancherías, municipio de Múzquiz, que ha enlutado a siete familias, el Senado de la República hizo un llamado –que nadie escuchó– a reconsiderar la desaparición de la Subsecretaría de Minería, que en septiembre fue cancelada del organigrama federal dentro de las medidas de austeridad ordenadas por el Presidente de la República.

            En el dictamen aprobado el 3 de mayo, los senadores señalaron la importancia de la actividad minera para la economía del país, al aportar el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, ponderando también su aportación a la generación de empleo, con más de 381 mil puestos directos y más de 2.3 millones indirectos.

            «La Subsecretaría puede ser un elemento fundamental para el desarrollo minero del país, toda vez que fungía como interlocutor entre la industria y el propio Gobierno Federal», señalaron los senadores en su llamado que hicieron nueve meses después de la desaparición de esa instancia.

            En la cadena de negligencias que detonaron el accidente en Rancherías, hay que considerar también la desaparición de la Subsecretaría, pues si bien la inspección respecto a las condiciones de seguridad e higiene corresponde a la Secretaría del Trabajo, la pinza tendría que cerrarse con la Secretaría de Economía que otorga las concesiones para las explotaciones mineras y debe vigilar el cumplimiento de la normatividad, pero se ha quedado sin el brazo que articulaba esas tareas.

            Además de las condiciones paupérrimas en que operaba la mina siniestrada, hay confusión respecto a la titularidad de la concesión, la propiedad del predio, y sumado a esto las afirmaciones de que de ahí se estaba extrayendo carbón para completar el contrato que el concesionario tiene con la Comisión Federal de Electricidad.

            Tendría que ser la Secretaría de Economía la que diera claridad y certeza en este tema, pero hasta ahora se han mantenido ausentes.

            Cuando en julio del año pasado la CFE otorgó por adjudicación directa a Carkim Industrial, y otras 52 empresas, los contratos para abastecer dos millones de toneladas de carbón, se destacaron tres aspectos: que a cada productor se le adjudicó una partida de acuerdo a sus posibilidades de producción, que se estaría verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad e higiene incluso en las pequeñas explotaciones, y que se exigiría honestidad en la entrega del mineral.

            Un día después del accidente en Micarám, la CFE emitió un escueto comunicado negando que de esa mina se le estuviera suministrando carbón, y que el director Manuel Bartlett estuviera enterado de las condiciones en que operaba.

            Otros productores de carbón señalan que en efecto Micarám no tenía contrato, pero que esa es solo otra de las razones sociales que utiliza el dueño de Carkim Industrial, que sí tiene contratos y antecedentes de al menos otros tres accidentes fatales.

            La Organización Familia Pasta de Conchos reitera que en octubre entregaron una carta a Bartlett denunciando las condiciones en que estaba operando esa mina y fotografías que son pruebas contundentes.

            En este mismo espacio, el 22 de octubre del año anterior, un día antes de que Bartlett acompañara a Andrés Manuel López Obrador a San Juan de Sabinas en el evento «Hacia la reparación integral en Pasta de Conchos», nos referimos a esas fotografías:

            «La fotografía es a un tiempo denuncia y augurio. Mal augurio.

            Recargados en un muro de block, tres hombres gritan en silencio las condiciones en que trabajan. Son mineros empleados en la extracción de carbón; los tres están calzados con tenis y dos de ellos visten shorts.

            Estamos ante la evidencia contundente de lo que ha generado la estrategia ideada por el actual gobierno federal para, a su entender, «hacer justicia» a los pequeños y medianos productores de carbón.

            Un proceso de adjudicación directa, que supuestamente pasó por un proceso de verificación tanto sobre el estatus legal de las concesiones como las condiciones físicas de las minas, privilegió a empresas que no cumplen con las mínimas disposiciones de seguridad en el trabajo.

            No hay equipo de protección personal para los trabajadores, ni el que por norma se exige en una operación minera de ese tipo, ni mucho menos el que se precisa en la actual contingencia sanitaria. Tampoco hay equipos de ventilación, medición de gases y autorrescatadores.

            No tenían nada de eso estos productores, y las condiciones en que pactaron los contratos de suministro a la CFE no les dan margen para equiparse, el precio base que se les fijó por tonelada no contempla inversiones para ello, tampoco costos fiscales, mucho menos tareas de remediación ambiental y no estima un margen de utilidad».

            El 23 de octubre en San Juan de Sabinas, la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján dijo: «la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas… Memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición para Pasta de Conchos».

            El 5 de junio, la funcionaria estuvo en Rancherías, vino fugazmente a tomarse la foto, aparentar compromiso y participación, pero terminó huyendo en una patrulla para no encarar a las familias de los mineros atrapados ni al resto de trabajadores indignados.

            En esta llamada cuarta transformación el nuevo esquema para la adquisición del carbón ha terminado como el más claro ejemplo de gatopardismo: «Que todo cambie para que todo siga igual».

edelapena@infonor.com.mx

ALTERNATIVA

Por Eduardo J. De La Peña

            Faltan poco más de setenta días para las elecciones de medio término, en las que se renovará la Cámara de Diputados, y con todo y que el Presidente sigue mostrando su talante autoritario y dictatorial –por ejemplo atacando de manera frontal a jueces que no se le someten– y que la mayoría Legislativa se empeña en ser lastre para el país aprobando sumisamente reformas que implican retroceso, las encuestas siguen mostrando la aprobación ciudadana hacia López Obrador y la intención de voto favorable para Morena.

            En promedio la aprobación hacia el Presidente es del sesenta por ciento, de acuerdo a las diferentes mediciones de opinión pública, y la intención de voto para la elección de diputados federales es del 35% para Morena, el 12% para el PRI, el 9% para el PAN y el 3% para el PRD.

            La Cuarta Transformación no únicamente administra mal, además desmantela instituciones y sabotea la división de poderes. En suma tiene al país sumido en el caos, y con todo y ello siguen teniendo una alta viabilidad electoral.

            ¿A qué se debe, cómo explicarlo?.

            El consultor Luis Antonio Espino, en un análisis para el Washington Post, señala: «El mayor acertijo en la política mexicana actual es la capacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la mayoría de la gente —seis de cada 10 personas, según el promedio de las principales encuestas— no lo considere responsable de los desastrosos resultados de su gestión. Con él parece existir una reserva inagotable de paciencia y tolerancia de la mayoría, pese a los retrocesos que el país registra en indicadores clave como crecimiento económico, seguridad y desarrollo social.

            La gente ha separado su opinión sobre AMLO de la opinión que tiene de su trabajo, por lo que sigue dispuesta a darle su voto de confianza y, quizá lo más importante, el voto a su partido (Morena) en las próximas elecciones de junio».

            Espino se refiere también al papel que están jugando en la contienda de este año PAN, PRI y PRD, que en lugar de hacer una renovación de cuadros dirigentes y perfiles de candidatos, han postulado a muchos de los mismos que causaron su debacle elctoral en 2018.

            Los tres grandes partidos parecen estar atrapados en una especie de abulia crónica, señala el analista y cita a otros que consideran que la oposición requiere de una comunicación más agresiva para lograr que el electorado «se de cuenta del desastre».

            Desde luego que la postulación de perfiles poco atractivos, o incluso desacreditados, no es la única explicación para que las preferencias no favorezcan al bloque opositor, pues tampoco los candidatos de Morena son muy lucidores.

            Morena ha accedido  a cargos de elección con personajes que o bien cargan un negro historial, o son por completo desconocidos e improvisados, y en la mayoría de los casos tienen un desempeño lamentable.

            Aquí en Coahuila vemos ejemplos como el de Francisco Javier Cortés, diputado local que se estrenó en su gestión mintiendo para ser vacunado en la etapa que correspondía al personal médico, o ahora admitiendo que ha sido acusado de acoso sexual. O bien Melba Farías, que está acusada de mentir a la Cámara de Diputados asegurando que su suplente había muerto; o la senadora Eva Galaz, que cobra puntualmente cada quincena y nada ha aportado por su estado.

            Quizá entonces haya que explorar otras razones, como las que el propio Luis Antonio Espino plantea en su análisis citando resultados de un estudio que recién se hizo en grupos de enfoque, donde se concluyó que «el cemento emocional que une a la mayoría de los votantes con el presidente está hecho de una poderosa mezcla de resentimiento con esperanza. Resentimiento por una situación personal que se percibe como muy injusta, al ser comparada con lo que se juzga como privilegios indebidos de otros; y esperanza de que, de alguna manera, apoyar a AMLO permitirá cambiar rápidamente esa posición de desventaja relativa».

            Visto así el reto para PAN, PRD y PRI es mayúsculo, pero no insalvable. En el análisis publicado en el Washington Post se plantea también que hay un grupo clave de ciudadanos que aunque rechaza visceralmente al pasado, no cierra los ojos ante la forma desastrosa en que gobierna el populismo. Ciudadanos que «sienten que hoy no tienen opciones que los representen en sus ganas de castigar al pasado sin destruir el futuro».

            Los candidatos están designados, las campañas comienzan en semana y media, si para los partidos de oposición a la cuarta transformación hay un reto en su discurso y manera de comunicar, para los ciudadanos existe también el desafío de generar una corriente de reflexión encaminada a frenar en las urnas la debacle a la que nos lleva este gobierno.

edelapena@infonor.com.mx

Llamada de Atención

Por Eduardo J. De La Peña De León

            A partir de la semana anterior se han ido repitiendo en Saltillo y otras ciudades del estado manifestaciones de alumnas de preparatorias privadas protestando por restricciones que se les imponen en los colegios, y denunciando prácticas de acoso por parte de alumnos y maestros.

            El detonante fue lo ocurrido en el Instituto Cumbres de Saltillo, cuyos directivos negaron a las maestras la posibilidad de sumarse al paro nacional de mujeres, y a las alumnas les restringieron la libertad de mostrar mensajes alusivos en las plataformas en las que están llevando las clases a distancia.

            La institución cerró la puerta a sus mujeres, y sin dudarlo un grupo de ex alumnas y alumnas tomaron la calle para denunciar lo que desde hace años ocurre en las aulas de ese Colegio.

            El ejemplo cundió y pronto se manifestaron las alumnas de otros colegios católicos, y de Saltillo se pasó a Monclova.

            Las reacciones de los padres de familia, y de la sociedad en general, han sido diversas, desde quienes muestran empatía y comprensión con las jóvenes que han decidido alzar la voz, hasta quienes las recriminan y etiquetan.

            Hay quienes opinan que como sociedad no estábamos preparados para una situación de este tipo, y están también los que muestran preocupación por el riesgo de que estos movimientos terminen por servir a los intereses de los grupos que buscan sembrar división en el país.

            Igualmente existen quienes están preocupados por la posibilidad de que desde el anonimato se termine por acusar a inocentes y se manchen reputaciones.

            Quizá en efecto las instituciones educativas, los medios de comunicación y la sociedad en general no estábamos preparados para reaccionar adecuadamente ante un movimiento así en escuelas privadas, como es evidente que tampoco se ha sabido responder y actuar ante lo que se está denunciando de fondo, pero si algo queda claro es que la respuesta no puede ser ni la censura ni la indiferencia.

            Hay un gran reto para todos en esto que está aflorando, y el primer paso debe ser la empatía y la apertura a escuchar para poder avanzar a la construcción de soluciones.

            Censura o recriminación hacia quienes sienten necesidad de alzar la voz y denunciar equivale a re victimizar a quienes ya han sufrido acoso o abuso.

            Las instituciones deben de tener protocolos claros de actuación, y mecanismos eficaces para que las alumnas expresen su sentir, hagan sus denuncias y estas sean investigadas y se proceda en consecuencia.

            Hay modelos que ya se aplican en otras partes del país y del mundo, y se coincide en los principios generales, destacando la cero tolerancia a las conductas de acoso y hostigamiento; garantías de confidencialidad; protección de la dignidad y la integridad; accesibilidad e inmediatez.

            También se destaca que no debe causarse victimización secundaria, se prohíben los actos de represalia; se establece la obligación de actuar con diligencia, y de seguir las normas del debido proceso.

            Fenómenos como el acoso y el abuso no son nuevos, es más bien un lastre histórico de nuestra sociedad. Basta ya de buscar excusas para no poner un alto.

            Claro que implica un cambio cultural y esto conlleva tiempo, pero lo primero que se requiere es voluntad y disposición.

            Si lo que preocupa es que se manipule a las jóvenes con segundas intenciones, hay que tener abiertos los canales de dialogo, para que sientan la confianza y la garantía de recurrir a las instancias formales de la institución, y no sientan la necesidad de manifestarse y acusar en la calle.

            Si el temor es que se termine por acusar a inocentes, eso mismo se puede prevenir con los debidos protocolos, en los que además de establecerse la confidencialidad, y los procedimientos de investigación, debe haber previsiones para sancionar a quien acuse en falso.

            ¿El tema es complejo?, sí. ¿Sensible?, demasiado. Se requiere de mucho trabajo y compromiso para encauzarlo, y en el mundo hay modelos exitosos de respuesta. Lo único que no puede pasar es que se pretenda dejar al olvido y seguir soslayando la atención a un asunto de esta trascendencia.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            Según datos que publicó el INEGI el año anterior, la tasa de corrupción en las instituciones gubernamentales creció en 2019 un 64.1% en comparación con 2017. El organismo estimó que el costo por corrupción en ese año fue cercano a los 12 mil ochocientos millones de pesos, un promedio de 3 mil 800 pesos por persona afectada.

            En 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estimó que los sobornos a funcionarios públicos tienen un costo del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, pero en México el daño económico por la corrupción alcanza entre 5% y 10% del PIB.

            Queda claro, la corrupción es un mal lacerante, y debe decirse que se da en todas las instancias y a todos los niveles, no es exclusivo del sector público, por eso fue tan rentable en términos electorales la promesa de López Obrador y de la cuarta transformación de combatirla y acabarla.

            Hoy sin embargo debemos preguntar también cuánto está costando al país el combate a la corrupción que parece darse de manera contundente, pero que en realidad son medidas muy vistosas, muchas de ellas sin el debido sustento jurídico, pero también sin un calculo real de las consecuencias.

            Es la clara manifestación de un actuar descabezado e ineficaz.

            En la contingencia que vivimos desde hace un año, y con la atención centrada en los temas sanitarios, hay algunas situaciones que pasan desapercibidas y no reciben la atención que deberían.

            Por ejemplo empieza a haber en el comercio mayorista escasez de poliductos, de cable para uso eléctrico y hasta de bolsas de polietileno para el empaque de alimentos y otros productos.

            En el caso del cable eléctrico, ya sea de cobre o aluminio, escasea porque no se tiene el plástico que lleva como recubrimiento.

            Esto nos lleva al hilo conductor en los tres casos: el principal productor de polietileno en el país paró sus plantas porque el gobierno federal cortó el suministro de etano, un componente que se extrae del gas natural.

            Es la historia de Etileno XXI, que se ha dicho es la inversión más grande que hizo en México la brasileña Oderbrecht, para construir y operar en Veracruz un complejo petroquímico para la producción de etileno, y polietileno de alta y baja densidad.

            Según los antecedentes y a grandes razgos, Pemex produce etano y no tiene capacidad de aprovecharlo ni de invertir en una planta que lo consuma y lo procese, por eso se comprometieron con una filial de Oderbrecht a venderle durante veinte años el etano a precios competitivos, incluso por debajo del mercado.

            Pemex tenía sobreoferta de etano y le urgía venderlo, por eso el precio. Pero cayó la producción de Pemex y para cumplir tuvo que importarlo y eso le generó pérdidas a la paraestatal.

            Basta saber que en el tema están involucrados además de la brasileña Oderbrecht, ex funcionarios mexicanos como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya, para aún sin entrar en detalles presumir que algo turbio, muy turbio, hay en ese trato.

            Claro que para el gobierno de López Obrador eso fue suficiente para sentenciar y concluir que se estaba ante un caso de corrupción transexenal y la decisión fue ya no entregar etano.

            Así es como se actúa en este gobierno, con decisiones de botepronto que dejan daños colaterales pero no resuelven el asunto de fondo.

            No se procedió penalmente contra quienes incurrieron en el acto de corrupción, no se recorrió una vía jurídica para cancelar o reestructurar los contratos con Etileno XXI, simplemente se cerraron las válvulas.

            ¿El efecto inmediato?, la paralización de otras industrias, la escasez de productos, el encarecimiento de los mismos. ¿A quién le va a costar? a los mexicanos, no a los que hicieron ese acuerdo desventajoso para el país.

            Aún más, el incumplimiento unilateral de los contratos llevará a litigios que tendrán también un costo para el país.

            Esto que hoy vemos con los plásticos, ocurre también con el acero, pasó el año antepasado con la gasolina –cuando cerraron los ductos para evitar el huachicoleo– y seguirá ocurriendo mientras no se ponga un alto a un gobierno ineficaz como el que tenemos.

            Todo esto son síntomas del deterioro que está sufriendo el país, que al ser gradual no ha hecho sonar las alarmas lo suficientemente fuerte. Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, reconstruir y fortalecer los indispensables contrapesos que este gobierno ha ido desmantelando.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            En la misma espiral en la que caen la economía, la competitividad, y la productividad del país, caen aceleradamente la solidez de las instituciones nacionales, y –sin que lo advirtamos plenamente– las libertades.

            Desde el púlpito mañanero el Presidente la emprende contra todos los gremios, por ejemplo un día enfoca las baterías contra los abogados, y al siguiente contra los constructores. Generaliza, acusa, desprestigia, persistente en su propósito de mantener un clima de confrontación y disenso.

            Más grave aún, y más allá de las expresiones en las conferencias de prensa, su gobierno persigue  a quienes no les son afines, valiéndose ya sea de la Fiscalía, o de las auditorías tributarias, y de todo recurso que les permita amedrentar y conseguir no afinidad, pero sí silencio y miedo.

            Todos los días vemos al menos un caso, el más reciente es el del analista Ángel Verdugo, quien este miércoles anunció su salida de Grupo Imagen, donde colaboró por más de 17 años haciendo escuchar su voz informada y crítica.

            «Hay momentos en la vida, cuando la dignidad se debe colocar por encima de todo y, simplemente decir, ¡no!», señala el sonorense Verdugo en el post de twitter con el que presenta un video de despedida de Grupo Imagen.

            No lo detalla el columnista, pero se intuye que hubo alguna instrucción o sugerencia para que cambiara el tono de sus análisis, y esto habría sido por presiones oficiales hacia los medios en que colaboraba.

            No hay novedad. Los casos se acumulan a lo largo de los meses; los más sonados han sido las salidas de Carlos Loret de Mola, en agosto de 2019, y de Víctor Trujillo «Brozo», en noviembre de ese año, de sus espaciones en televisión y radio.

            Las presiones hacia los empresarios de la comunicación, se complementan con los señalamientos que en sus conferencias hace el Presidente en contra de periodistas y medios.

            Hace poco menos de un año, en mayo de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que hay un sesgo autoritario, ideológico y despectivo por parte de López Obrador hacia los medios.

            Christopher Barnes, presidente de la SIP, hizo ver que esta actitud de López Obrador puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para generar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios.

            “En un país con altosíndices de violencia, la actitud presidencial es como tirar gasolina al fuego”, dijo Barnes.

            Y desde luego que en su entorno, empiezan a surgir los imitadores hacia el Presidente. En The Washington Post, el columnista mexicano León Krauze relató en septiembre del año pasado que durante una entrevista se preguntó al Director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, sobre las acusaciones que hizo López Obrador en contra de las revistas Letras Libres y Nexos.

            Señala Krauze: » Taibo respondió con una amenaza apenas velada: “Sugeriría que se queden en su esquina o que vayan cambiando de país”. Cuando se le preguntó si los editores de las revistas deberían tomar sus palabras como un acto de intimidación, Taibo se rió entre dientes: «Es un consejo fraternal”.

            León Krauze concluye que la advertencia fue ominosa, y «es parte de un patrón de creciente intolerancia y represión del periodismo crítico y el pensamiento, que proviene directamente del propio AMLO».

            Y esto va cada día empeorando.

            Es un asunto de interés público, no compete únicamente a periodistas y medios. El riesgo es para la sociedad en su conjunto, reflexionemos en ello.

            El Presidente no se conforma con tener una mayoría cómoda y dócil en el Congreso de la Unión, además golpea sistemáticamente a cualquier otra institución que pueda representar un contrapeso, y trabaja para infiltrarlas, como ha ocurrido en la Corte, o desmantelarlas. A la par tiene al Ejército participando en todo el quehacer de la administración púbica en una clara estrategia de hacer sentir la presencia del instituto armado.

            Ángel Verdugo cierra su video de despedida con una frase que nos permite entender por qué tuvo que salir de los medios en los que estaba, pero sobre todo nos muestra con claridad su diagnóstico del México de hoy, y debe llevarnos a  comprometernos con una actitud participativa e inteligente que rompa la dinámica actual.

            «El país hoy peligra, aportemos nuestro granito de arena para reducir el daño que el gobierno actual encabezado por López le está haciendo a este país y al mejor futuro de las nuevas generaciones».

edelapena@infonor.com.mx

Cultura Vial

Por Eduardo J. De La Peña

            En el último mes hemos visto en Saltillo como se ha incrementado la incidencia y la gravedad de los accidentes de tránsito, principalmente las noches de los fines de semana y en las avenidas que por sus características permiten una mayor velocidad.

            Es posible que esto sea un reflejo de que se van relajando las medidas preventivas que se dispusieron por la contingencia sanitaria, y que haya más personas en la calle buscando distracción y esparcimiento.

            Han surgido desde luego las voces que piden el regreso de los operativos anti alcohol, e incluso el esquema de las foto multas, como mecanismos para disuadir la conducción bajo los influjos del alcohol y a altas velocidades.

            A la par, también han surgido iniciativas que recuerdan la importancia de generar una cultura vial.

            El Consejo Cívico de las Instituciones, a través del Centro de Integración Ciudadana de Saltillo, se ha sumado a una campaña que surgió en Nuevo León, #BienAlVolante, iniciativa que busca precisamente fomentar la cultura vial.

            Ellos plantean un decálogo en el que destacan no utilizar el celular mientras se conduce; respetar los límites de velocidad, los carriles y las señales; no manejar si se ha tomado alcohol; guardar la distancia adecuada; respetar al peatón y a los ciclistas; uso de cinturón en todos los pasajeros; uso de las direccionales, y compartir el auto con más personas siempre que sea posible.

            Por su parte el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Planeación, impulsa la campaña «Ruta Segura» con recomendaciones para quienes hacen uso de la vía pública a pie, en bicicleta o en automóvil.

            Hoy también hay más saltillenses en avenidas de alto flujo haciendo algún tipo de ejercicio, y aunque en algunos casos se han previsto carriles específicos para ellos, eso no es garantía de que van seguros.

            Pero no es un tema de responsabilidad exclusiva de quienes conducen autos, también los deportistas deben contribuir a su seguridad utilizando ropa que los haga visibles, manteniéndose en los carriles que les corresponde, y permaneciendo alertas.

            Hay empresas, en otras ciudades del país, que al utilizar vehículos de grandes dimensiones para distribuir sus productos en las áreas urbanas, han tomado conciencia de que deben contribuir a disminuir el número de accidentes.

            Estas empresas, como Cemex, además de dar talleres de capacitación y sensibilización a sus conductores, han dotado sus vehículos de carga pesada con tecnología para prevenir accidentes, como sensores, cámaras de reversa y espejos de proximidad y de puntos ciegos.

            Adicionalmente llevan la capacitación a escuelas y asociaciones, tratando de generar un cambio favorable en todos.

            Coahuila, de acuerdo con cifras del INEGI, se ubica entre las 15 entidades del país con mayor número de vehículos. Hay en el estado más de un millón de automóviles, y se estima que en Saltillo son más de 400 mil, y que cada año se suman en promedio quince mil más.

            Las cifras más recientes del INEGI señalan que en 2019 hubo en la entidad casi 13 mil 500 accidentes de tránsito.

            De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, los países que han tenido mayor éxito para reducir el número de defunciones por accidentes de tránsito lo han conseguido mediante mejoras de la legislación y de su aplicación, y un fortalecimiento de la seguridad de las carreteras y los vehículos.

            Estas conclusiones de la OMS apuntalarían el planteamiento de quienes están pidiendo el retorno de filtros antialcohol y fotomultas, pero sin duda que toda medida coercitiva que pueda impulsar la autoridad debe acompañarse de un esfuerzo cultural y ciudadano.

            Es momento de que más instituciones se sumen a la creación de una cultura vial, que vaya enfocada principalmente a la prevención de accidentes, pero también a un mejor uso del automóvil y de las calles.

            Como hemos visto, cada año crece el número de autos circulando, nuestras vialidades se están saturando, y si a ello sumamos falta de pericia de los conductores, esto agudizará los problemas de movilidad e irá en demerito de la calidad de vida.

            El reto es para todos, porque todos usamos la vía pública, no podemos desentendernos y esperar que la solución venga de las autoridades. Los esfuerzos del Consejo Cívico y del IMPLAN deben ser replicados.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

            El 30 de enero se cumplió un año de que la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia por coronavirus es una «emergencia de salud pública de alcance internacional», y el 11 de marzo de 2020 se calificó como pandemia.

            En Coahuila, el primer caso se confirmó el 29 de febrero, y a partir del 18 de marzo se determinó el confinamiento y la suspensión de actividades productivas.

            Tenemos entonces prácticamente un año de una prolongada incertidumbre en la que siguen jugando múltiples factores.

            Hoy en día es incierto por ejemplo el alcance de las secuelas que puede dejar la enfermedad. Una persona sana, sin comorbilidades preexistentes y en buen estado físico, puede esperar que si se contagia sus síntomas sean leves y se recupere incluso sin requerir hospitalización, pero no hay certeza de si su organismo va a resentir o no algún daño que se manifieste a futuro.

            En varios países se han desarrollado vacunas contra el covid-19, y en el nuestro hay aprobadas hasta ahora para su uso cuatro, sin embargo tampoco sabemos con certeza cuándo estarán disponibles ni en que cantidades.

            Esta semana no se ha llegado aún al millón de personas vacunadas, y somos en México más de 126 millones de habitantes.

            Adicionalmente hoy se habla de mutaciones del virus, que algunas pueden ser irrelevantes y combatirse de la misma manera que el original, pero se dice que otras podrían ser más agresivas y que para ellas no servirían las vacunas que se han desarrollado hasta ahora.

            Si pasamos al terreno económico, tenemos que ahí también reina la incertidumbre. Las proyecciones que se hicieron el año anterior sobre los efectos que tendría en el mundo la suspensión de actividades productivas, fueron rebasadas al prolongarse la pandemia y con ello las medidas restrictivas. Hoy en día no es posible dimensionar los efectos que habrá.

            En un contexto así, no extraña que los organismos internacionales comiencen a alertar de una crisis de salud mental latente. Vivimos en un estado casi constante de estrés, hay en la población cansancio y ansiedad.

            Se combinan el miedo al contagio, el dolor por la perdida de seres queridos, la adversidad económica y el encierro, entre otros factores que resultan en una peligrosa mezcla que amenaza la estabilidad emocional de las personas.

            El fenómeno no es exclusivo de los adultos, se replica en adolescentes y niños que deben tomar las clases a distancia y limitar sus actividades deportivas y de esparcimiento.

            Aún antes de la pandemia y el confinamiento, en la región ya vivíamos problemas de salud mental que se manifestaban principalmente en la elevada incidencia de suicidios, e igualmente en violencia intrafamiliar y vecinal.

            Estos problemas tenderán a exacerbarse, pues aún nos quedan varios meses de contingencia y restricciones por delante, ello debe llevar a las instituciones a implementar estrategias para ocuparse de la salud ambiental.

            Sin duda que la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE están saturados con la atención al coronavirus, pero podrían entrar otras instancias como el Instituto Coahuilense de las Mujeres, el de la Juventud, y la Procuraduría de la Familia, que tienen personal capacitado, líneas telefónicas de atención y espacios en medios de comunicación.

            Igualmente se requiere la participación de instituciones educativas, como la Facultad de Psicología de la UAdeC.

            Para hacer frente al covid se ha tenido que improvisar sobre la marcha, principalmente porque estamos ante algo desconocido y de comportamiento incierto. En el tema de la salud mental ya hay mucho camino recorrido, y personal capacitado, es importante no ignorar las alertas del problema que puede venir y comenzar a atenderlo.

edelapena@infonor.com.mx

Mismo mal, misma receta

Por Eduardo J. De La Peña

            Es inevitable volver a abordar temas relacionados con el coronavirus. A casi un año de que entramos a la emergencia sanitaria, en terrenos de opinión pública y comportamiento social se siguen abriendo nuevos flancos que deben abordarse en un ánimo de contribuir a la ecuanimidad, que es indispensable para como comunidad avanzar hacia un mejor estado de cosas.

            Si entramos al tema de la vacunación, este por si solo puede saturar con sus distintas vertientes, pues por igual podemos ver que hay quienes muestran temor o renuencia a inocularse, como quienes buscan por todos los medios conseguir el biológico esperanzados en que eso les de un pase inmediato para regresar a lo que se asumía como «normalidad». A la par hay debate también sobre a qué grupos vacunar primero; y desde luego el reclamo de que se permita a los particulares comercializar la vacuna para que se pueda tener disponible lo antes posible.

            Ante los que expresan dudas o negativa contundente a vacunarse, si no confían en lo que sostienen los científicos, habrían de tomar en cuenta entonces un punto de vista religioso. Nada menos que el jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, anunció el fin de semana que será vacunado en los próximos días.

            El Papa habló incluso de un negacionismo suicida de los que se oponen a recibir la vacuna. «Creo que desde el punto de vista ético todo el mundo debe vacunarse, porque no solamente pones en peligro tu salud, tu vida, sino también las de los otros”, señaló pragmático.

            Las noticias sobre las personas, en algunos casos médicos y enfermeras, que han presentado reacciones adversas, parecerían dar argumentos a quienes están renuentes, sin embargo hay estadísticas muy puntuales en los Estados Unidos a las que convendría hacer caso.

            En cerca de 2 millones de vacunados en el vecino país, el Centro para el Control y Prevensión de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, detectó 11 casos por millón de reaccions serias a las vacunas de las compañías Pfzier y Moderna, todos tratados sin secuelas. Proporcionalmente hay mayor riesgo de sufrir un accidente vial, que tener una reacción adversa a la vacuna.

            Sin embargo, debemos de entender también que aunque es altamente recomendable vacunarse, no podemos en el momento actual actuar como si ya todos estuviéramos vacunados. El proceso será lento, hay pocas dosis disponibles en el mundo, por el momento accesibles únicamente para los gobiernos, y el esquema que se ha planteado en nuestro país implica que la mayoría deberemos esperar meses para tener la inmunidad.

            Otro flanco se ha abierto con lo relacionado a una nueva cepa, que con gran rapidez viajó de Europa a América, y de pronto ya la teníamos tan cerca como la vecina ciudad de Monterrey.

            Antes de caer en la psicosis, hay que escuchar una vez más a los especialistas.

            El Doctor Guillermo Torre Amione, Director del Sistema TEC Salud, lo resume pulcramente y con la brevedad necesaria para las redes sociales: «Debes enfocar tu energía en cómo prevenir expresión del virus, no te agobies por una nueva cepa. El virus seguirá cambiando, y lo más probable es que la vacuna proteja. Usa tu energía y conciencia para evitar grupos, distanciamiento físico, lavado de manos y uso cubrebocas».

            Y es sobre todo la última frase la que debemos de tener presente, se ha repetido hasta el cansancio en los últimos meses, podrá parecernos chocante, pero es por ahora la mejor receta: sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas.

            Una vez más, salir lo mejor librados de esta contingencia no depende de la ciencia ni de los gobiernos, se trata sobre todo de comportamiento social.

            Seguimos en emergencia. Actuémos con responsabilidad.

edelapena@infonor.com.mx

Por Eduardo De La Peña De León

            Para ilustrar cómo los gobernantes, y en general las personas, pueden llegar a encrucijadas en las que tomar una decisión sea difícil, el ex gobernador Enrique Martínez solía contar una experiencia personal.

            En alguna ocasión que llegó a Cuatro Ciénegas, acudió a recibirlo un viejo amigo, que llegó en silla de ruedas, pues le habían amputado las piernas. Impresionado, Martínez le preguntó, «Miguel, ¿cómo permitiste que te hicieran esto?», y es la respuesta que le dio lo que deja una enseñanza, «tenía dos opciones, que me amputaran o morirme, esto era lo menos malo, tendría que ser muy p…. para no tomar la menos mala».

            Y así es como todos en alguna ocasión nos encontramos ante dos malas alternativas o decisiones, y hay que identificar la menos mala para optar por esa.

            Esto mismo podríamos aplicar en el acuerdo que están construyendo las dirigencias nacionales de PAN, PRD y PRI, que en principio plantea la posibilidad de ir en alianza en 158 de los 300 distritos que estarán en disputa el año próximo cuando se renueve la Cámara de Diputados.

            La posibilidad de tal alianza ha generado críticas y descalificaciones. Hay a quienes les parece inaceptable y hasta inaudito que contrincantes históricos de varias décadas como Acción Nacional y el PRI, puedan ir juntos a una elección.

            Los términos del acuerdo al parecer no están definidos, pero simplemente sentarse a negociarlos debió haber sido difícil. Sin embargo debemos verlo con pragmatismo: no hay de otra.

            Si los tres partidos están hablando de ir juntos en 158 distritos, es que han hecho ya los cálculos y concluido que si no se unen no tienen posibilidad alguna de ganar frente a los candidatos que postule Morena.

            Y si pierden en esos 158 distritos, eso significaría que la mayoría en la siguiente legislatura la mantendría el ahora partido oficial.

            La nueva configuración política que hay en el país, resultado de los comicios de 2018, ha permitido a un gobierno inexperto, improvisado y malicioso actuar a capricho, y hoy estamos al borde del precipicio, con una grave crisis de salud; una escalada de violencia e inseguridad; la economía en franco retroceso, y un deterioro en la vida institucional del país.

            ¿Quién a punto de caer puede rechazar la única mano que puede salvarlo?.

            Por más incompatibilidad ideológica que haya, por más agravios históricos, la única alternativa viable en el momento actual para poder construir en el Legislativo un contrapeso real, es esta alianza.

            Además de afinar los detalles, pactar cómo será su competencia en los distritos en que no van juntos, así como en los estados en que hay otro tipo de elecciones, ya sea para renovar gubernaturas, alcaldías o congresos locales, los tres partidos deben entender que ni aún esta alianza es una garantía de triunfo.

            Es importante que lo hagan, pero también que se comprometan en la postulación de los mejores perfiles, que no sea este acuerdo una tabla de salvación para aquéllos que representan la cara más sucia de la política mexicana.

            La circunstancia ha creado la posibilidad de que PAN, PRD y PRI tengan una nueva oportunidad, deben esmerarse entonces en aprovecharla, jugar limpio y construir futuro.

            Que no se olviden que fueron sus vicios y desviaciones los que detonaron el repudio ciudadano que nos llevó a la situación en la que hoy estamos, por eso deben presentar ahora una propuesta diferente.

            En 2000, 2006 y 2012 tanto el PAN como el PRI tuvieron oportunidades que no supieron aprovechar, no estuvieron a la altura de la expectativa ciudadana y eso abrió la puerta a otro error mayúsculo, la llegada de Morena.

            Entonces los tres partidos del bloque opositor, además de cuidar los perfiles, deben esmerarse en la propuesta y el discurso. Comenzar por convencer a sus seguidores de que en algunos casos tendrán que votar por antiguos oponentes, y sobre todo convencernos a los mexicanos de que aprendieron de las lecciones del pasado, que no están pactando una componenda vergonzosa sino que ofrecen una alternativa y ruta para la reconstrucción nacional.

edelapena@infonor.com.mx