ÍNDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Finalmente el Fiscal Gerardo Márquez Guevara sí tenía algo que decir respecto a la resolución de la Corte que invalida las sanciones penales previstas en Coahuila para el aborto, y aunque la dependencia no emitió ningún posicionamiento, el funcionario sí hizo declaraciones este viernes en su natal Torreón.

            Precisó Márquez Guevara que el Ministerio Público tendrá que seguir integrando carpetas de investigación en relación con abortos, pues la Corte resolvió lo concerniente a la madre que decide voluntariamente interrumpir un embarazo, pero se mantiene la penalización respecto a terceras personas que lo inducen de manera dolosa.

            Explica el Fiscal Márquez que en ese supuesto caería quien exije y obliga a una mujer embarazada a abortar, y en ese caso sí se trata de una conducta delictiva.

            Aunque el líder del Congreso Eduardo Olmos Castro ha dicho que una de las alternativas para acatar la resolución de la Corte es simplemente derogar los artículos que se declararon inválidos, pero ante planteamientos como los que hace el Fiscal es claro que se tendrá que entrar a un análisis cuidadoso para que la reforma legal no deje cabos sueltos.

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            Fotografías en poder de la Organización Familia Pasta de Conchos muestran de manera contundente que el deslave o derrumbe que ocurrió el martes en Obayos, municipio de Escobedo, fue mayor a lo que se pensó inicialmente, y aunque el accidente no dejó ninguna víctima, pudo haber ocurrido ahí una nueva tragedia por las condiciones en que se permite trabajar a Consorcio Minero A.G.

            Para empezar la mina de carbón no está adyacente a un tajo, sino dentro del mismo, y las rocas y tierra que se deslavaron del talud arrastraron a la entrada del pozo una camioneta, y destruyeron la «horca», que es la estructura de madera que se coloca sobre estas cuevas para operar el malacate con el que se extrae el carbón en tambos.

            Es evidente que se trabaja sin obras o estructuras de protección, que serían indispensables cuando las operaciones se hacen en un terreno inestable y se está minando el subsuelo.

            «En nuestro país no puede pasar desapercibido que los accidentes en minas se pueden prevenir, que la corrupción y la desregulación son las mejores aliadas para que los accidentes ocurran. Los riesgos pueden reducirse al mínimo cuando se garantizan condiciones de seguridad, tales como personal capacitado, provisto del equipo de protección y las herramientas adecuadas para realizar sus tareas», decía en octubre pasado la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde cuando visitó Pasta de Conchos con el Presidente López.

            Y luego de cuestionar la simulación con la que se hacían las inspecciones en el pasado, la funcionaria con poses de gran sapiencia señalaba como indispensable contar con estudios actualizados de mecánica de roca e impulsar prácticas de seguridad como la barrenación sólida.

            ¿Qué dice Luisa María de lo ocurrido en Obayos?, ¿opera Consorcio Minero A.G. con estudios de mecánica de suelo, o le permiten trabajar de manera improvisada?.

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            Cuando Mario Ricardo Hernández Del Bosque aspiraba a la candidatura de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe, se le criticaba que su fundación de asistencia social era una fachada para hacer proselitismo y buscar presencia fuera de los tiempos permitidos por la ley.

            Sin embargo Hernández Del Bosque no fue candidato, Morena no ganó en Ramos Arizpe y la fundación «Amigos de Mario Ricardo» sigue llevando apoyos a grupos vulnerables de ese municipio.

            Es de justicia reconocer que el altruismo del empresario no está motivado en un oportunismo político, hay un compromiso auténtico con su comunidad y no requiere de un cargo público o de las siglas de un partido para trabajar en favor de la sociedad. Bien hecho.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Apenas va a completar diez días fuera de la nómina y a Luis Fernando Salazar ya le andan ganando los nervios. Ahora hizo frente común con el también desempleado Antonio Attolini para abrir fuego en redes sociales contra el delegado Reyes Flores Hurtado, y no batallaron para encontrar con que tirarle pues las jornadas para entrega de apoyos a beneficiarios de los programas «del Bienestar» han resultado todo un desorden en Torreón.

            Primero fue Attolini el que se sumó en redes sociales a las críticas de ciudadanos por el trato que se dio a los adultos mayores en el pago de sus pensiones, pues los mantuvieron bajo el sol y haciendo fila por varias horas, y vino luego la aportación de Luis Fernando: «Eso y la desorganización de las vacunas».

            Y sí, en Saltillo hemos visto como en forma reiterada las jornadas de vacunación se convierten en un caos, lo que ahora les tocó vivir a los adultos mayores en Torreón con las pensiones.

            Lo mejor fue cuando ya Salazar y Attolini agarraban vuelo cuestionando la eficiencia de la delegación del Bienestar, y un usuario les espetó en redes con atinado sarcasmo: «No creo, todo es perfecto en México. Revisa bien, seguro Calderón está atendiendo esa zona».

            La realidad es que a Luis Fernando y a Attolini Murra les urge un cargo y quisieran preferentemente el de Reyes Flores Hurtado, quien no pasa por su mejor momento y es atacado desde varios flancos, pues recordemos que  también la ha emprendido en su contra Armando Guadiana Tijerina, quien hasta se alió con Tania Flores –a la que antes acusó de verse favorecida con irregulares contratos de la CFE– para que la aún diputada local y alcaldesa electa de Múzquiz se sume al golpeteo en cuanta tribuna pueda.

            Por su parte el otrora super delegado no pierde la actitud, y la semana pasada se dejó ver por la Sierra de Arteaga, no se sabe si en gira de despedida o cumpliendo alguna cita regular con amigos, pero definitivamente en plan social, pues ninguna de esas visitas se ha traducido en algún tipo de apoyo para las comunidades o los productores.

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            Ahora que el gobernador Miguel Riquelme estuvo en la región Carbonífera para una gira de dos días tuvo oportunidad de ser informado a detalle sobre el accidente ocurrido en una mina en el ejido Obayos.

            Ahí se confirmó que fueron más de diez horas las que cuatro mineros estuvieron atrapados, porque el responsable de la mina no dio aviso a las autoridades, que intervinieron hasta después de las siete de la tarde en que una llamada anónima a los sistemas de emergencia alertó de lo que estaba ocurriendo.

            En el ÍNDICE de ayer comentamos que Consorcio A.G., el dueño de la mina que quedó «taponeada» el martes, es también patrón de Juan Muñiz, el hombre que resultó lesionado en otro accidente ocurrido en junio, y precisamente Muñiz denunció este jueves que desde hace cinco semanas la empresa no le entrega su pago.

            A tres meses del accidente Muñiz no se puede reincorporar a trabajar, debido a las lesiones que sufrió, y el IMSS no le paga su incapacidad porque hubo un erro en su registro, entonces la empresa le venía entregando una cantidad semanal, menor a su ingreso real, pero lo cortaron desde hace cinco semanas.

            Muñiz refiere que «Memo Flores» –Guillermo Flores Rangel– encargado de la mina, no le contesta llamadas ni mensajes, y ha intentado comunicarse a los teléfonos que se supone son de la compañía, pero tampoco nadie le contesta.

            Y respecto a su salud, el minero lesionado explica que le han dicho va a requerir una operación, pero no hay en la región el especialista que la practica.

            Aún más, Juan Muñiz reveló que la semana anterior coincidió en el IMSS con otro trabajador de A.G. que se fracturó un dedo en la mina de esa empresa, otro accidente más.

            Aquí hay tantas irregularidades como cuentas tiene un rosario, y mientras tanto las autoridades federales del trabajo dejan pasar, y la Comisión Federal de Electricidad le sigue comprando a esta empresa.

            ¿Garantías de no repetición?, esa es otra broma de la 4T.

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            En los círculos políticos hacen correr la recomendación a la Secretaría de Educación Delfina Gómez que mejor se abstenga de pasar la charola a los empresarios para la remodelación de planteles educativos, no vaya a ser que en uno de sus arranques el Presidente la acuse de que le pagaron viáticos y se le caiga hasta la candidatura al gobierno del Estado de México.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Si bien es una buena noticia que el accidente minero del martes en la región Carbonífera no haya terminado en tragedia, y que los cuatro mineros que estuvieron atrapados por varias horas en un pozo de carbón hayan resultado ilesos, lo ocurrido puso en evidencia varias anomalías que se siguen presentando en aquélla región y que las autoridades no deben de soslayar.

            El primer reporte a las autoridades se recibió por medio de una llamada anónima a las líneas de emergencia poco después de las siete y media de la tarde del martes, refiriendo que al norte de Obayos –un ejido del municipio de Escobedo– dos o tres horas antes se había derrumbado una mina y que al parecer había personas atrapadas.

            …»Refiere que los mismos trabajadores de las minas cercanas son los que andan buscando personas pero comenta que no han pedido ayuda, desconoce el nombre de la mina, solicita apoyo», señala el reporte levantado por las corporaciones de seguridad en la Carbonífera.

            No hay reporte, versión o comunicado oficial de ninguna autoridad, pero fue poco después de las nueve de la noche que se conoció que los mineros habían sido rescatados, la llamada de auxilio se generó a las siete y media, y el accidente habría ocurrido al menos dos o tres horas antes. Estuvieron atrapados entonces cuando menos tres horas y media, aunque hay quienes dicen que fueron ocho.

            Obayos está a poco más de sesenta kilómetros de Sabinas, si se hubiera avisado a las autoridades del accidente en cuanto ocurrió, la ayuda habría llegado en menos de una hora.

            En cambio dejaron a trabajadores de la mina siniestrada y de otras cercanas intentar el rescate, y lo hicieron en condiciones tan precarias, que de acuerdo con el testimonio de un empresario minero a este Índice, estuvieron utilizando una tina de 20 litros para retirar el material que obstruía el acceso. La obstrucción tenía cuatro metros de profundidad.

            Ocultar los accidentes es una practica en la que reincide Consorcio Minero A.G. y Cía de Ariel Gómez, y nuevamente en este accidente sale a relucir el nombre del capataz o encargado Guillermo Flores Rangel, asociado a otros siniestros ocurridos en semanas anteriores.

            El 11 de junio, también en Obayos, hubo un desprendimiento en una mina, y el trabajador Juan Muñiz resultó lesionado, pero ni se avisó a las autoridades ni se le llevó para atención al Seguro Social, sino a una clínica privada.

            Muñiz identificó en ese entonces al contratista como Margarito Puente, y a «Memo» Flores como encargado. Y después se supo que el trabajador estaba afiliado al IMSS por Consorcio Minero A.G. como patrón.

            Juan Muñiz aún convalece de las lesiones sufridas y ya hubo otro accidente.

            Lo ocurrido el martes no fue un derrumbe, la mina quedó obstruida por tierra que se deslavó de la pared de un tajo cercano, lo que vino a confirmar el riesgo del que hace varias semanas advirtió la Organización Familia Pasta de Conchos, se hacen nuevas explotaciones en terrenos adyacentes a tajos abandonados, que además están inundados, y no hay garantías de la estabilidad del terreno.

            Sería utópico pensar que algún día una actividad productiva como la minería llegue al riesgo cero, pero en definitiva hay prácticas y mecanismos para atenuarlos, además de normas y protocolos que se deben de seguir, y en el caso de este Consorcio A.G. estamos ante claros incumplimientos que las autoridades federales del trabajo solapan.

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            También el Secretario de Salud Roberto Bernal tuvo un posicionamiento respecto a la resolución que votó el martes la Suprema Corte y señaló que ningún médico puede ser obligado a practicar un aborto.

            Precisamente ese es otro de los pendientes en la agenda del máximo tribunal, resolver sobre la objeción de conciencia, es decir si un médico por principios personales o creencias religiosas se puede negar o no a interrumpir un embarazo.

            La discusión al respecto se dará en los próximos días.

            Y más allá de los tribunales, en la esfera de las autoridades administrativas, queda el resolver cómo se resolverá en los hospitales públicos el atender los abortos. En el caso de la Ciudad de México hay catorce unidades médicas en donde se practican gratuitamente, ¿se imitará la medida en Coahuila?, ¿lo harán también el IMSS y el ISSSTE en todo el país?.

            Lo resuelto por la Corte hasta ahora tiene que ver con no perseguir penalmente a la mujer que decice abortar, nada se ha dicho respecto a si se obiga o no a las instituciones de salud a esa práctica.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Vaya que causó revuelo el gobernador Miguel Riquelme con su discurso en el evento con que este martes se dio inicio a la última etapa del programa municipal «Bello Saltillo».

            Señaló el gobernador que Manolo Jiménez dice que en diciembre termina, pero que él (Riquelme) no cree que termine en diciembre, y que la experiencia de Manolo lo va a llevar a apoyar en otras partes.

            Hay quienes dicen que simplemente Riquelme anticipó, o confirmó, que cuando Jiménez concluya la alcaldía lo sumará al gabinete, pero otros lo interpretaron como algo inminente, que implicaría una conclusión anticipada de la administración.

            En los círculos cercanos al alcalde se señala que al menos por parte de Manolo tiene proyecta su agenda efectivamente hasta diciembre. Concentrado por ahora en el cierre de programas, lo previsto es en noviembre entrar al proceso de entrega-recepción y rendir el último informe el 6 de diciembre.

            Jiménez se mantendría en la prioridad de un cierre ordenado, como lo ha venido comprometiendo, puntualizan en su entorno.

            ¿Tiene el gobernador otros planes?, en los corrillos políticos se empezó a especular con esa posibilidad incluso antes del discurso de Riquelme este martes.

            En días anteriores se habló de que es inminente el cambio de dirigencia en el PRI, y eso perfilaría la salida de Francisco Saracho Navarro de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, para irse al partido y dejarle el cargo estatal a Manolo.

            Hay quienes opinan sin embargo que no existe apremio para eso, pues la única circunstancia que se da es el traslado de Rigo Fuentes a la Ciudad de México para ocupar su asiento en la Cámara de Diputados, pero dicen que el twitter –lo único de lo que se ocupa– igual lo puede atender desde allá.

            Vaya, que no hay quien extrañe aquí a Rigo, finalmente la chamba la han hecho otros, los buenos resultados son mérito de otros, y ellos siguen aquí en Coahuila.

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            Puntual el Ejecutivo Estatal emitió un pronunciamiento respecto a la sentencia de la Corte que invalida artículos del Código Penal de Coahuila en los cuales se sancionaba el aborto. Señalan en el comunicado que se acatará la resolución.

            También el Poder Legislativo se pronunció a las pocas horas de que se conoció lo definido en la Corte, e igualmente puntualizaron que acatarán lo que derive de esa resolución.

            En cambio por parte de la Fiscalía General del Estado, que de acuerdo con nuestra Constitución es el órgano público autónomo al que corresponde la investigación y persecución de los delitos, hubo absoluto silencio.

            Tendría que ser la Fiscalía la que diga si hay mujeres sujetas a proceso penal, o incluso ya sentenciadas y privadas de su libertad, por haber abortado, al igual si hay personal médico en las mismas circunstancias. Además de si tienen carpetas de investigación abiertas al respecto y qué pasará con ellas.

            Claro, deben transcurrir plazos y diligencias para que la resolución de la Corte surta efecto, pero un asunto de tal trascendencia la Fiscalía tendría que haberse pronunciado ya.

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            Una semana después del regreso a clases en el país, que en el caso de Coahuila incluso fue antes, apenas este martes el dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas le llevó a la Secretaria de Educación Delfina Gómez el informe sobre las condiciones en que se encuentra la infraestructura educativa.

            Pero no es lo más grave que dicho informe vaya tarde, sino la respuesta de la secretaria Gómez, quien dijo que se convocará a los gobiernos estatales y a los empresarios para que se solidaricen y aporten para la remodelación de los planteles.

            ¿Algún compromiso de inversión federal?, claro que no.

            Menos mal que aquí en Coahuila el censo de infraestructura se levantó desde antes, y hace más de dos meses el gobernador convocó a la IP a apadrinar escuelas y con esto se ha avanzado en las reparaciones necesarias.

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Por Eduardo J. De La Peña

            A Claudio Bres se le está complicando el cierre de su tercera gestión como alcalde de Piedras Negras con el tema de los grupos delictivos que no cejan en su empeño por controlar «la plaza».

            Los nigropetenses inician la semana consternados por la agresión que sufrió el domingo un oficial de tránsito al que balearon dentro de su patrulla, lo cual mantiene al agente en estado grave y luchando por su vida.

            Estos hechos detonaron un brote de inconformidad en agentes de la corporación, que aseguran haber puesto en antecentes a la directora de Tránsito, Marina Lozano, de que estaban recibiendo amenazas y aseguran también que la funcionaria se lo tomó a burla, por lo que amenazan con un paro de labores para exigir la destitución de su jefa.

            Tendrá que ser la Fiscalía del Estado la que determine quién y por qué atentó contra el oficial, y en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública definir las estrategias para el blindaje de Piedras Negras.

            Pero al alcalde le corresponde investigar qué hay de cierto en esas acusaciones de los oficiales de Tránsito y establecer si realmente hubo amenazas que la directora ignoró.

            Marina Lozano es una empresaria de Piedras Negras que constiuye uno de los pocos casos en el país en que un miembro de la iniciativa privada deja de ver los toros desde la barrera y asume el mando de una corporación vinculada con la seguridad pública. El desenlace de estos acontecimientos la pondrá a prueba.

            También debe tenerse en cuenta que en las últimas semanas han crecido en Piedras Negras los problemas relacionados con el flujo migratorio, y si ya desde hace meses se advertía del riesgo de que Estados Unidos deportara por la frontera nigropetense cada semana a decenas de personas y que estas ingresaran a nuestro país sin ningún control sanitario, la semana pasada ese riesgo se materializó cuando fue detectada una casa en la que traficantes tenían escondidos a varios migrantes, cuatro de los cuales resultaron positivos a contagio por coronavirus.

            El tráfico de personas, una práctica ilegal altamente lucrativa, está presionando la seguridad pública desde muchos frentes en Piedras Negras, las autoridades deben ser muy acertivas en sus decisiones para evitar que esto se desborde.

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            En los corrillos políticos de la capital empiezan a configurar la posibilidad de un enroque cuando entre en funciones la nueva administración municipal.

            Dicen que si en efecto Javier Díaz González llega a la Tesorería Municipal, su lugar como titular de la Administración Fiscal del Estado sería ocupado por Antonio Gutiérrez Rodríguez.

            Gutiérrez en su desempeño como Tesorero municipal durante cuatro años se ha caracterizado por su eficiencia y seriedad, concetrado en los resultados y alejado de protagonismos, y además de la experiencia que ha adquirido se ha confirmado como un enlace con los diferentes sectores, atributos que en todo caso podría aportar si le llaman en enero a un cargo estatal.

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            Todo apunta a que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidará el artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona con prisión de hasta tres años a la mujer que aborta voluntariamente y a quienes la hayan asistido.

            En sesión del lunes ocho Ministros ya se pronunciaron a favor, y quedaron pendientes los pronunciamientos de tres más.

            Según se ha explicado a raíz de la reforma judicial, si en una sentencia de este tipo hay al menos ocho votos a favor, será jurisprudencia obligatoria para todos los jueves del país, es decir que no únicamente se despenalizaría el aborto en Coahuila, sino en todas las entidades en donde aún es delito.

            Grupos afines a la Iglesia Católica, y a otras organizaciones religiosas desde luego se han manifestado en contra, pero todo indica no han sido escuchados.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Es tan burda la manipulación que se da desde el púlpito presidencial al tema de Altos Hornos de México, y tal la confusión e incertidumbre que se ha generado, que se vuelve necesario diseccionar el asunto para aclararlo y calmar los ánimos.

            Por algún encargo el tema llegó a la mañanera del jueves en la tónica de que la siderúrgica, y el Presidente de su Consejo de Administración Alonso Ancira, al constituir en Estados Unidos un fideicomiso para garantizar el acuerdo reparatorio al que se llegó con Pemex había caido en incumplimiento.

            De ahí se soltó el Presidente con una letanía de consejos a Ancira para que se cuide de cumplir, y ordenó a la que se supone es autónoma Fiscalía General de la República publicar el famoso acuerdo reparatorio, un documento que pese a ser confidencial, y así estar membretado, la dependencia difundió la noche del jueves.

            Y en ese documento que ahora es público se puede constatar que Ancira no ha incumplido, pues como se estableció en la claúsula tercera, antes de noventa días celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía. ¿Lo hizo en y con una institución extranjera?, eso no se aparta del acuerdo, que no especifica nada al respecto.

            Ya se sabía desde abril, pero ahora que el acuerdo se hizo público, a muchos les entraron los nervios cuando leyeron que las garantías son el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y algunos activos de Altos Hornos, y se empezó a hablar de que Pemex tomaría control de la empresa.

            Hay que puntualizarlo, son garantías, y se ejercen si no se paga lo acordado, algo que no ha ocurrido. Es hasta el último día de noviembre de este año que se debe de hacer el primero de tres pagos, por 50 millones de dólares, y luego hay otros dos pagos en noviembre de 2022 y de 2023, entonces acciones y activos no han cambiado de manos.

            Hubo tanto ruido respecto a esa versión errónea de que Pemex se quedaría con Altos Hornos, que no se puso atención en un asunto de fondo que ahí se consigna: Alonso Ancira estuvo vinculado a proceso penal, en la causa 211/2019, acusado de «operaciones con recursos de procedencia ilícita».

            Esa es la causa penal en que lo acusaron de haber dado sobornos a Emilio Lozoya, sustentándose en pagos que Altos Hornos hizo a quien después sería director de Pemex, en un momento en que ni siquiera era funcionario público.

            Pero el acuerdo reparatorio se hace sobre una carpeta de investigación relacionada con el supuesto sobreprecio pagado por Pemex en la compra de la planta de Agronitrogenados.

            El documento deja en evidencia la extorsión del gobierno, procesaron a Ancira con una acusación sin sustento, y lo liberaron con el compromiso de reparar un supuesto daño, pues al Presidente se le puso que Agronitrogenados no valía lo que valuadores oficiales establecieron como monto de la operación de compra-venta.

            Y en su conferencia López Obrador metió otro ingrediente, con segundas intenciones –quizá ir quebrantando al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo– revivió su versión de que Altos Hornos «pago viáticos» a Rubén Moreira y a otros políticos, y ordenó hacer públicos documentos que deberían estar en resguardo de acuerdo con la ley.

            Publican una lista de vuelos que hicieron Moreira, funcionarios de su gobierno, y actores políticos de diferentes entidades en aviones de ANTAIR, una subsidiaria de Altos Hornos que se dedica precisamente a dar servicios de transportación aérea y mantenimiento de aeronaves.

            El gobierno de Coahuila en el sexenio anterior contrataba a esa empresa para la transportacion de sus funcionarios a actividades oficiales, ¿dónde está lo irregular?, se insinúa como un soborno cuando se trata de un servicio de una empresa privada a nstituciones gubernamentales, algo que ocurre todos los días.

            Lo irregular es que difundan los datos, que fueron extraídos de bitácoras de vuelo que ANTAIR entrega por obligación a las autoridades aeronaúticas, pero que por ley no son públicos.

            La empresa ha reconocido que proporcionó traslados a otros políticos como Manlio Fabio Beltrones, quien pidió el apoyo en una emergencia médica familiar. Como en ocasiones el Ejército les pidió trasladar a mandos militares en comisiones oficiales, o en su momento la Policía Fedeal les pidió combustible, sin costo para sus aeronaves.

            ¿También considerará el Presidente irregular que AHMSA aporte para la construcción de cuarteles militares y venda al costo acero para obras públicas?.

            Hay en todo este asunto mucho ruido y pocas nueces, pero siendo un tema que impacta en la economía de Coahuila, antes que omitirlo es necesario precisarlo para que la manipulación no genere un clima de incertidumbre que entorpezca el ritmo de recuperación que ha tomado la siderúrgica, y que la reposiciona para nuevas negociaciones con posibles inversionistas.

            Que ya no meta ruido el Presidente, ya ha hecho demasiado daño a la economía de las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

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Por Eduardo J. De La Peña

            La decisión del alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, de incorporar como su asesor al ex Rector de la UNAM y ex Secretario de Salud, José Narro Robles, es trascendente en dos aspectos.

            La experiencia de Narro Robles, que no se limita al ámbito de la salud exclusivamente, es augurio de que Fraustro Siller estará rodeado de un equipo asesor con visión y profesionalismo lo cual debe incidir en el diseño de las estrategias para hacer frente a los muy diversos retos que plantea el desarrollo de Saltillo.

            Es de esperarse que una solidez similar tengan quienes vayan a ocupar los cargos ejecutivos en la administración municipal.

             Y habla también del talante político de José María Fraustro quien sin duda al hacer esa invitación puso en la balanza tanto los activos de Narro, como son su trayectoria, capacidad pofesional y solvencia moral, como los que para algunos pudieran ser pasivos, en los que se cuenta su rompimiento con la cúpula que controla actualmente al PRI.

            No olvidemos que en 2019 el Doctor Narro Robles aspiró a la dirigencia nacional del tricolor, pero renunció tanto a participar en el proceso como a seguir militando en el PRI, haciendo duros cuestionamientos en los que señaló a quienes hoy mandan en ese partido, que es en el que milita Fraustro.

            En aquél momento el ex Rector de la UNAM habló de una farsa, en que se utilizaría lo que llamó un padrón tramposo, inflado en estados como Coahuila, Ciudad de México, Campeche y Oaxaca. «Ellos serán llevados a votar por quienes llenarán de vergüenza al partido», decía Narro Robles en su carta de renuncia.

            Quedaron desde entonces rotos los puentes y las relaciones entre el Doctor Narro y el grupo en que hoy participan Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

            Pero más allá de esas consideraciones, José María Fraustro pondera los atributos de quien será su asesor y manda con claridad el mensaje de que no compra pleitos ajenos, que está por encima de ellos y si se trata de buscar lo mejor para Saltillo las formas políticas no serán obstáculo. Bien por él.

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            Si bien la versión que circula en redes sociales respecto a asaltos en la carretera 57 no es exacta, y ubica en las inmediaciones de Huachichil hechos que habrían ocurrido efectivamente en esa ruta, pero en las cercanías de Matehuala, esa imprecisión no debe ser motivo para que los acontecimientos se desestimen.

            Y es que situaciones similares se han dado en los días recientes en Ramos Arizpe, donde hombres armados intentaron asaltar en la carretera a un ex alcalde, posteriormente lo intentaron con un agricultor en el centro de la ciudad, y a otra persona la retuvieron y la llevaron por la fuerza a su domicilio para despojarla de dinero en efectivo.

            Nadie lo pone en duda, las corporaciones estatales y municipales se la han rifado para hacer frente a las incursiones de la delincuencia organizada, pero tal parece que hay quienes aprovechan que las fuerzas se concentran en el blindaje de los puntos más vulnerables, y están delinquiendo en comunidades menos vigiladas, un asunto al que urge se le ponga atención.

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            Juega con fuego Ricardo Monreal en su relación con lo grupos defensores de los animales. Ya agendada la votación en el Senado para la reforma que prohíbe la experimentación animal para la industria cosmética, que se aprobó este jueves, Monreal pactó reunirse el miércoles con una de las asociaciones que más pugnó por esta ley, así jaló reflectores y hoy se muestra como uno de los grandes aliados de esta causa.

            El caso es que el líder de Morena en el Senado se topará en un par de semanas con esos mismos activistas cuando llegue a la plaza de toros de Zacatecas, a acompañar a su hermano, el gobernador electo, en la corrida que le organizaron Armando Guadiana y el empresario José Aguirre.

            Por cierto es tal la inseguridad que impera en Zacatecas desde hace semanas, que no resulta una exageración decir que la cita del domingo 12 de septiembre resulta más riesgosa para los aficionados que para los toros mismos.

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            Más allá de lo que aquí diga la dirigencia de la sección 38 del SNTE que insiste en la segunda vacunación para maestros y alienta que los trabajadores de la educación interpongan amparos, su líder nacional Alfonso Cepeda Salas puntualizó que en todo caso hay que vacunar primero a quienes no han recibido ninguna dosis, y pasar a la de refuerzo únicamente si hay comprobación científica de que se requiere.

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Por Eduardo J. De La Peña

            Vaya caso el que se presenta en Monclova –¿dónde más?– con lo ocurrido en la secundaria número 2 donde la directora convocó a una junta con padres de familia para explicarles cómo se incorporarán, cuando les corresponda, al modelo híbrido, pero a partir de dicha reunión la situación del plantel ha dado un giro dramático con la muerte de un intendente.

            Para la junta con los padres de familia la directora siguiendo el protocolo ordenó un filtro sanitario, y puso a cargo al intendente pese a que este se quejaba por presentar dolor de cabeza y otros malestares. El hombre cumplió con tomar la temperatura a cada uno de los asistentes, pero tal parece que nadie le tomó la suya y no se percataron que estaba tan enfermo que a los pocos días murió.

            La inquietud que hay entre los compañeros del intendente ante la posibilidad de haberse contagiado, al igual que todos los asistentes a la junta, no es el único tema que deben resolver el secretario de Educación Higinio González y el de Salud Roberto Bernal, quienes deben definir también si corresponde una sanción a la directora de la secundaria por la negligencia de ignorar los síntomas del empleado, tan reales que le costaron la vida.

            Aún más, ambas instancias deben definir un protocolo claro y certero para las instituciones educativas ante casos similares a futuro, un tema harto complejo pues debe además cerrar la puerta a abusos y trampas.

            En otras entidades han implementado pruebas de antígeno como un recurso rápido para detectar posibles casos de contagio en planteles educativos, quizá esta puede ser la ruta a seguir, con el inconveniente que no son del todo confiables, además del costo que representan.

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            Y en más de la contingencia sanitaria, mientras el delegado federal Reyes Flores Hurtado sigue haciendo malabares para tratar de arreglar el entuerto que generó con las jornadas de vacunación en Saltillo, nadie presta atención a víctimas colaterales del desorden que se presentó esta y la anterior semana.

            Resulta que a diferencia de como se dio el proceso con otros grupos de edad, para la población de Arteaga que está entre 18 y 29 años de edad no hubo una jornada en específico, se les convocó junto con los de Saltillo, incluso a los de comunidades rurales.

            Hubo a quienes de acuerdo con la inicial de su primer apellido les correspondía vacunarse el martes 24 de agosto, el día del zafarrancho en Ciudad Universitaria, y desde luego no consiguieron se les aplicara el biologico, lo volvieron a intentar el lunes y martes de esta semana, también sin éxito, y ahora quedaron en la categoría de «rezagados», para los que no hay una fecha prevista.

            Son habitantes de ejidos enclavados en la Sierra de Arteaga, que tuvieron que faltar tres días a su trabajo, le invirtieron al traslado y aún no son vacunados.

            ¿Qué llevó a Reyes Flores a cambiar la estrategia con Arteaga cuando había funcionado bien el llevar las vacunas a los ejidos?, nadie se lo explica el caso es que vino a complicar las cosas justo cuando en algunas comunidades hay brotes de contagio en niveles preocupantes.

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            En otros temas,  en Torreón sembraron la versión de que Javier Díaz González dejará la Administración Fiscal General para incorporarse en el equipo de José María Fraustro Siller como tesorero municipal para la siguiente administración en Saltillo.

            Javier Díaz tiene los atributos para el cargo, pues además de su capacidad ha acumulado experiencia en su responsabilidad actual; tiene una buena relación personal con Fraustro Siller, a partir de que coincidieron como diputados en la Legislatura en que el alcalde electo presidió la Junta de Gobierno; y cumple también con un requisito que históricamente se ha pedido a los tesoreros en Saltillo, aceptación y buenos contactos en las cúpulas de la IP.

            Con todo y ello no se puede perder de vista que Javier Díaz se ha consolidado en estos años como uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Miguel Riquelme, al grado de que no únicamente lleva la cuestión recaudatoria, sino que también le delegan la operación de los egresos para proyectos específicos que ordena directamente el mandatario estatal.

            No se ve sencillo que el gobernador vaya a dejar ir a Díaz, que es también un enlace eficiente con los dueños del capital en Saltillo.

            Lo que más llama la atención es que la versión venga de Torreón. ¿A poco alguien de allá promovió la idea para ver si pega, saca a Javier Díaz de la estructura estatal y recupera espacios de poder que se le acotaron conforme creció la influencia del Administrador Fiscal en el ánimo del gobernador?.

edelapena@infonor.com.mx

ÍNDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Quien no afloja el paso en su aspiración por dirigir a Acción Nacional en la entidad es el tesorero municipal Juan Carlos Terrazas.

            Cuando debería estar concentrado en el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el año próximo, y en el delicado proceso de entrega-recepción de la administración municipal, un día sí y otro también llegan noticias de Terrazas reunido con grupos de panistas en las diferentes regiones de la entidad.

            El más reciente fue con liderazgos del albiazul en Acuña y los Cinco Manantiales. Antes estuvo en la Carbonífera, y se había arrancado desde su casa, la región Centro.

            Lo que le sigue faltando es conciliar con los que se supone tiene más cerca, los regidores del PAN en el Cabildo de Monclova, que con Ariel Venegas a la cabeza no dejan de hacer señalamientos de malos manejos e irregularidades.

            Los señalamientos pueden ser o no fundados, eso en todo caso lo deberán determinar las autoridades a las que corresponde auditar el manejo de las finanzas públicas, pero en lo político habla muy mal de Terrazas y de sus alcances como líder, que no logre conciliar con este grupo.

            Y a propósito de la renovación de la dirigencia en el PAN, quien parece haber dado un paso atrás es la regidora de Saltillo Tere Romo. Quizá saco cuentas y vio tan avanzado al grupo de la región Centro que mejor desistió en participar.

            Sin embargo dentro y fuera del PAN deben aprovecharse los activos y valías de Tere Romo. En Saltillo no se puede dejar de reconocer lo que aportó para el triunfo del PRI su posición responsable y digna.

            No olvidemos el asedio al que la sometió Armando Guadiana para tratar de que declinara en su favor en la contienda por la alcaldía de Saltillo, y si Tere hubiera cedido habría sido un golpe de efecto que tal vez hubiera dejado otros resultados en la elección de junio.

            Sin embargo se mantuvo firme, digna, y eso abonó al concepto de voto útil que contribuyó al triunfo de José María Fraustro, que de ninguna manera es mérito único de la estructura del PRI.

            A querer o no, hay una deuda de honor con Tere Romo, sería un error dejarla de lado. Su contribución para evitar que Morena llegara al Cabildo de la capital es un asunto de responsabilidad histórica.

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            Puntuales, los lectores complementan el apunte histórico respecto a los coahuilenses que han ocupado la presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, además de los ya mencionados en el ÍNDICE de ayer, Eliseo Mendoza Berrueto y Humberto Roque Villanueva.

            Nos comparten que de 1943 a 1946 ocupó el cargo el lagunero Raúl López Sánchez, en la segunda mitad del gobierno de Manuel Avila Camacho; López Sánchez sería años después gobernador sustituto en Coahuila, y Secretario de Marina en la administración de Miguel Alemán Valdés.

            Y también nos hacen ver que, de 1961 a 1964, el saltillense Rómulo Sánchez Mireles presidió la Gran Comisión, era el cierre del sexenio de Adolfo López Mateos. Sánchez Mireles fue uno de los fundadores de la CNOP y director general del ISSSTE en el país.

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            Este miércoles se deben reanudar las mesas de dialogo con los sectores involucrados en el proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, y aunque se había anticipado que esta semana el tema a abordar será el del impacto en la salud de las personas por el consumo de agua con arsénico, surgió la versión de que el encuentro será con productores agropecuarios y ya saltó un grupo de comisariados ejidales a quejarse de que no se les ha convocado.

            El asunto es complejo y a los actores involucrados hay que tratarlos con pinzas. Tacto extremo para lograr construir los indispensables acuerdos.

edelapena@infonor.com.mx

ÍNDICE

Por Eduardo J. De La Peña

            Aunque su llegada a la Junta de Coordinación Política es producto de un acuerdo entre todas las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, no se pude omitir que a Rubén Moreria Valdez le toca estar en esa importante posición en un momento harto complejo para el país, en el que precisamente los acuerdos son la excepción, y la confrontación, alentada desde el poder, es la regla.

            Precisamente este lunes se presentó el Índice de Desarrollo Democrático, un ejercicio impulsado por el INE y varias organizaciones nacionales e internacionales, y en la presentación se dijo que el país enfrenta retrocesos en indicadores democráticos y ahí el director de la Fundación Konrad Adenauer en México, Hans Blomeier, afirmó que para corregir esta situación, debe superarse la polarización que está imperando.

            Rubén Moreira por su parte, en las primeras entrevistas que dio como presidente de la Jucopo, cuando se le planteó que la polarización ha dividido al país en dos bandos hizo la observación de que en la elección de junio los partidos opositores al gobierno tuvieron más votos en las urnas que los aliados del Presidente, pero en la integración de la Cámara tienen menos diputados.

            Ello le lleva a poner de entrada sobre la mesa la idea de una reforma electoral que corrija la sobre representación.

            El proceso de instalación de la Cámara destacó por la civilidad política con la que se llevó, incluso los analistas nacionales se mostraron sorprendidos por la actitud de Sergio Gutiérrez Luna, quien como diputado de Morena presidirá la mesa directiva y externó una disposición al dialogo y los acuerdos que contrastan con sus posturas cuando representó a su partido en el INE.

            La gran duda es hasta cuándo durará este ánimo constructivo.

            Para el anecdotario, antes que Rubén Moreira al menos otros dos coahuilenses han estado al frente de la Cámara de Diputados, pero presidiendo lo que se denominaba la Gran Comisión, y desde luego en circunstancias muy diferentes pues eran los tiempos anteriores a la alternancia y quien llegaba a esa posición era designado por su cercanía y confianza con el Presidente de la República.

            El también ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto fue presidente de la Gran Comisión por poco más de un año y medio y precisamente dejó el cargo para ser candidato al gobierno de Coahuila.

            Circunstancialmente llegó a la presidencia de la Cámara Humberto Roque Villanueva en 1994, tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien ya estaba designado para el cargo.

            Y retomando la sesión de instalación de la nueva Legislatura, resulta que Leonel Godoy de Morena no tuvo que llegar escondido en la cajuela de un auto para rendir protesta, como lo hizo hace años uno de sus hermanos, pero si le tocó como integrante de la Mesa de Decanos dar lectura a un oficio del perredista Rogelio Franco quien por escrito rindió protesta desde un penal de Veracruz.

            Un caso interesante, pues como Franco no está sentenciado el INE ordenó darle posesión como diputado, y entonces tendría ya el fuero con lo que las autoridades locales de Veracruz, donde está acusado de abuso y actos contra la administración de justicia, lo liberen, y que en todo caso se inicie el proceso de desafuero.

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            Respecto al Índice de Desarrollo Democrático presentado este lunes, por quinta ocasión desde que se realiza este ejercicio Coahuila califica con alto desarrollo, pero con un resultado menor al de 2019.

            En el ranking nacional se ubica en la posición número 10, con 7 mil 041 puntos, cuando el estado mejor calificado, Yucatán, tiene 10 mil puntos.

            Nuestro mejor indicador es el de Democracia de las Instituciones, y entre las áreas de oportunidad que se señalan para Coahuila destaca el de generar procesos de construcción de ciudadanía.

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            Ya en tono de despedida y a cuatro meses de dejar el cargo, el alcalde de Monclova Alfredo Paredes López salió con las típicas dos noticias, la mala y la buena, que en el primer caso fue un anuncio y en el segundo una promesa.

            Paredes anunció reajuste de personal municipal que alcanzará a 150 empleados, entre otras medidas de austeridad con las que promete dejar cero deuda a su sucesor Mario Dávila Delgado.

            Ese reajuste deberá ser un proceso muy pulcro y cuidadoso para que no se convierta en un pasivo que quite tiempo y recursos a la siguiente administración.

edelapena@infonor.com.mx