Por Eduardo J. De La Peña
De gira por la zona rural del sur de Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme planteó la posibilidad de instrumentar un programa de empleo temporal para auxiliar a los campesinos ante la difícil circunstancia que se les presenta con la sequía.
Sale a relucir la sensibilidad de Riquelme ante una realidad apremiante para cientos de familias de las comunidades ejidales de toda la entidad, y recurre a una estrategia que ya en el pasado se ha tomado para garantizarles un ingreso a cambio de trabajo a favor de la comunidad.
Hay que decirlo, estos programas son arma de dos filos, y de una adecuada implementación depende que el resultado sea favorable y no que se convierta en el detonante de otros problemas.
Hubo malas experiencias décadas atrás porque se reclutaba en los ejidos para ir a hacer limpieza en las carreteras estatales y los caminos rurales, pero no había supervisión de estos trabajos, entonces aún quienes sí tenían empleo preferían enrolarse en el programa pues se les exigía menos que en el rancho o huerta donde laboraban.
Si se implementa este año un programa de empleo temporal, debe contemplar una vertiente para los lugares donde el campesino depende exclusivamente de lo que le produzca su tierra, y ahí sí dirigirlos al trabajo comunitario; pero donde hay empleo en centros de producción de particulares tendría que plantearse como un complemento salarial, e instrumentarlo en coordinación con esos productores para no generarles vacantes, sino al contrario apoyarles a que contraten a más personas.
El tema quedará ahora en manos del Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, será importante que se aplique en los detalles para los resultados sean favorables.

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Como ya se había anticipado, el miércoles rindió su informe al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe Mario Ricardo Hernández Saro.
Entregó buenas cuentas a quien asumió como nuevo dirigente, Sergio Alain Aguilar Guerra, quien recibe una Asociación con cero deuda, y en la que los ingresos propios se han duplicado, y no por lo correspondiente a cuotas, sino mayormente por lo que se capta con los cursos de capacitación que se ofrecen, ahora en un Centro que con este propósito expreso se construyó.
Aguilar Guerra al asumir el cargo señaló que la agrupación se involucrará en un análisis de fondo que apuntale la promoción económica de la región apostando a la diversificación, y estrechará la vinculación con las Universidades buscando aportar en la revisión de los planes de estudio y en la definición de los perfiles de egresados que busca el mercado laboral.
Si a Mario Ricardo Hernández le tocó dirigir la AIERA en un momento complejo por el efecto en el sector productivo y la economía de la contingencia sanitaria, a Aguilar Guerra le corresponderá liderar al sector en una circunstancia llena de oportunidades por la reconformación de los mercados que se está dando a nivel mundial.
Por ejemplo hoy en día China está perdiendo competitividad por los recurrentes confinamientos a que se ven obligados; también por el elevado costo de los combustibles, que encarece los fletes, y por circunstancias logísticas como la grave escasez de contenedores.
Entonces hay sectores que están volteando a ver a nuestra región para extender sus operaciones y consolidar aquí su cadena de proveeduría, prescindiendo de la china.
Ramos bien consolidado en el ramo automotriz, ha empezado a incursionar con éxito en los sectores mueblero y de electrodomésticos, y es precisamente en estos ámbitos donde se les abren nuevas oportunidades.
Hoy en día se habla incluso que Ramos Arizpe se ubica ya entre los 10 municipios del país donde más se recauda por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y esto es producto de su actividad industrial.
En lo local desde luego que es uno de los municipios donde más se capta por concepto del Impuesto Sobre Nóminas.
Que a propósito del ISN, justo en la Asamblea de la AIERA el gobernador Riquelme dio a conocer que el miércoles al mediodía se pactó con el Comité Técnico del Fideicomiso de este impuesto, donde hay representación empresarial, el paquete de obras a realizar en la región sureste.
Y dijo también que anticipó a los empresarios que en 2023 se les presentarán nuevos esquemas de inversión y financiamiento, que ya no le tocará aplicar pero que serán instrumentos que permitirán a la siguiente administración estatal continuar con el fortalecimiento de la infraestructura estatal.

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El bloque opositor que conforman PRI, PRD y PAN denunció este jueves en voz de Rubén Moreira de las presiones que están teniendo diputados de esos partidos para que voten a favor la reforma eléctrica, que finalmente sí irá a votación la semana próxima, pues Morena se salió con la suya y habrá al menos dos sesiones durante la Semana Santa o Mayor.
Habrá que estar muy pendientes y ver quiénes ceden a esas presiones, aunque la bancada de Coahuila ha insistido que votarán en contra. También debe observarse que no haya ausencias, como en el pasado las hubo de manera deliberada para favorecer a Morena.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Hace algunas décadas, allá en los ochenta, en una convivencia entre taurinos alguien preguntó al Doctor Carlos Cárdenas Valdés, el ya fallecido pero bien recordado “Rayito”, sobre un saltillense aspirante a torero que había anunciado que buscaría otra actividad, “oiga doctor y que opina de que fulano vaya a retirarse de los toros”, a lo que de inmediato replicó sagaz el increpado, “¿retirarse? ¿pues cuándo se ha acercado?”.

La anécdota viene “como anillo al dedo” ahora que se ha informado de la toma de protesta de alguien llamado Mónica Montero como Senadora de la República por Coahuila, ya que Eva Galaz dejó el Senado.¿Lo dejó? ¿alguna vez acudió?.

Pero la pregunta más importante es por qué Eva Galaz deja un cargo en el que sin esfuerzo alguno durante cuarenta y tres meses estuvo cobrando 105 mil pesos, mensuales, más prestaciones. Se embolsó más de cuatro millones y medio de pesos sin hacer aportación alguna para su región de origen, la Centro, ni para Coahuila, mucho menos para el país.

La señora Galaz no únicamente deja ese generoso sueldo, sino también la protección del fuero constitucional, un riesgo que no es menor para alguien que como ella tiene serios problemas con el fisco, que pasaron ya de las áreas de auditoría a las jurídicas, es decir donde ya estos asuntos no se resuelven con multas sino que se persiguen como delitos.

O hay realmente una causa de fuerza mayor para que Eva Galaz haya dejado el fuero, o siente que en la cuarta transformación nadie se va a atrever a tocarla por la amistad que unió a su padre, el ya fallecido empresario Don Gustavo Galaz, con Andrés Manuel López Obrador.

Desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando aquél tema con el desafuero, contó con el respaldo de don Gustavo Galaz, quien aportaba para su movimiento en el país, y eso lo ha reconocido en diferentes foros y ocasiones el Presidente.

De hecho ese fue el único mérito para que Eva Galaz fuera considerada candidata al Senado y así obtuvo la beca que no necesitaba.

En cuanto a Mónica Montero, en 2020 fue candidata de Morena en un distrito con cabecera en Torreón, pero pese a llevar la marca del partido presidencial quedó en tercer lugar en la elección.

A Montero que obtuvo poco más de nueve mil votos le ganó, tres a uno, la priista Olivia Martínez Leyva, e incluso el panista Gerardo Aguado, quien hoy es secretario general de Acción Nacional en la entidad, obtuvo más votos que ella.

Después la incluyeron en la planilla de Morena para el Cabildo de Torreón, y desde el primero de enero cobraba como regidora, hasta que la semana pasada solicitó licencia para irse al Senado.

Este olímpico brinco político no pasó desapercibido para el alcalde Román Alberto Cepeda, quien al despedirla en la sesión de Cabildo le llamó a no olvidar que fue en Torreón donde recibió el impulso a su carrera, y tenerlo presente para ver por su tierra desde la Cámara de Senadores.

Veremos si es al menos más productiva que Galaz, o si se lo toma también como un periodo sabático.

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Y a propósito de Senadores, precisamente en la Comarca se insiste en que desde hace semanas no se ha sabido del legislador con licencia Gabriel García Hernández, el enviado presidencial para dar seguimiento al programa “Agua Saludable para La Laguna”.

Incluso se ha dicho que retornó a su curul, sin embargo en el sistema de información del Senado aparece aún con licencia.

¿No será más bien que García anda por ahí agazapado armando las estrategias de Morena para la elección en Durango?. Pronto lo sabremos.

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Este miércoles Mario Ricardo Hernández Saro rendirá el informe de su gestión al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe y pasará la estafeta a Sergio Alain Aguilar Guerra.

Se va Hernández Saro con la frente en alto, y el reconocimiento de que supo llevar una buena gestión, marcada por un momento complejo que le tocó afrontar a la industria regional durante la contingencia sanitaria.

Mario Ricardo Hernández al frente de la Asociación cumplió con el rol que le correspondía como enlace con las autoridades, tanto para plantear las necesidades que surgieron en el sector en la contingencia, como para articular el apoyo del gremio empresarial hacia las instituciones de salud y la población en general.

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Iniciamos la columna de hoy con una anécdota de taurinos, y el cierre nos lleva de nuevo a esos terrenos, pues este martes en Nuevo León se declaró a la tauromaquia, al igual que las peleas de gallos, como patrimonio cultural.

¿Y Coahuila?, en campaña el gobernador Miguel Riquelme dijo que valoraría la posibilidad de derogar la prohibición de las corridas de toros, que por razones políticas se decretó el sexenio anterior. Ahora que han autorizado el casteo de gallos y las carreras de caballos, ¿no autorizarán al menos los festivales taurinos sin picadores y sin la muerte del toro?.

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Por Eduardo J. De La Peña

En torno a la detención el viernes anterior de tres jóvenes a los que de inmediato se colgó la etiqueta de “narco juniors” porque se les localizó en un sector residencial del norte de Saltillo en posesión de varios kilos de droga, se ha dado un manoseo informativo como se estila en las corporaciones cada que les interesa que un tema quede en el olvido.

Ya le tocará al Fiscal  Gerardo Márquez poner orden y encontrar la manera de que el caso se judicialice y tenga el debido seguimiento procesal, pero en tanto hay otros aspectos de los que ocuparse y que al parecer no están siendo atendidos, pese a que tienen que ver con el impacto o significado de estos hechos en la sociedad.

De acuerdo a las versiones que las propias autoridades proporcionaron el fin de semana, los detenidos habrían revelado que distribuían la droga en restaurantes, bares y colegios, y es aquí donde ya tendrían que haber intervenido otras instancias más allá de las ministeriales.

Por ejemplo las secretarías de Salud y la de Educación, así como el Instituto de la Juventud y la Procuraduría de la Familia deberían de pedir información a la Fiscalía sobre lugares específicos en donde esos jóvenes vendían la droga.

Y es que más allá de si la Fiscalía puede o no seguir con el caso, indagar más y dar con la estructura de distribución, la información que ya se tiene debe ser aprovechada para trabajar, en privado y sin escándalos, con las escuelas, los padres de familia, y los propietarios de bares y restaurantes.

Las instituciones, los padres de familia y los empresarios desde luego saben del riesgo que hay en lo general de la infiltración de los narco distribuidores, pero ahora se puede hablar de casos en específico, y no de personas, sino de lugares en donde hay venta y consumo.

Será más contundente el mensaje si la autoridad llega con los directivos de una escuela o los dueños de un bar y les dice “en tus instalaciones se están vendiendo drogas”, o con los padres de familia y les plantea, “en el entorno cercano a tus hijos se están distribuyendo drogas”.

Un mensaje así tendría que generar también acciones más contundentes y ayudar a cerrar la pinza. Que quienes tengan que perseguir el delito lo persigan, y quienes deban prevenir el consumo se comprometan realmente en ello.

Y aquí cabe preguntar qué pasó con aquél compromiso que en febrero asumió la directiva de CANIRAC, encabezada por Eder López, de sumar a los restauranteros para combatir o evitar el narcomenudeo en sus instalaciones. ¿Algún resultado del cual informar?.

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Se termina marzo y quedan ya únicamente seis meses para llegar al tres de octubre, la nueva fecha que se definió para que se concrete la transición al nuevo modelo de justicia laboral en Coahuila y otras once entidades, que pidieron una prórroga al no estar en condiciones de lograr la implementación para el primero de mayo como originalmente se había establecido.

El gobierno federal ha dicho que destinará más de 5 mil 700 millones para esta tercera fase de implementación en doce estados, pero no hay certeza sobre cómo bajarán los recursos, mucho menos cuándo.

En el caso de Coahuila Miguel Mery Ayup ha dicho que la estimación sobre el costo anual de los juzgados laborales es superior a los 55 millones de pesos.

Sin embargo no se ha dicho cuántos juzgados se aperturarán en cada Distrito Judicial.

Pero para tener una idea aproximada de la magnitud del reto podríamos tomar en cuenta la carga de trabajo que tienen actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo la de Saltillo atiende diariamente en promedio 110 audiencias, para hacerle frente a eso habría que tener un mínimo de diez juzgados tan solo para Saltillo.

Y no es que las Juntas de Conciliación vayan a desaparecer, deberán seguir funcionando por varios años hasta que resuelvan el último asunto de los que tienen en trámite, es decir que por algún tiempo estarán operando, y generando un costo, ambas instancias.

Pero además se ha creado, de acuerdo a lo previsto en la ley, un Centro de Conciliación, por el que deberán pasar todos los litigios de competencia local antes de que se pueda ingresar el caso en algún juzgado, y este Centro deberá tener presencia estatal, personal suficiente, y presupuesto.

La Junta de Gobierno de ese Centro de Conciliación fue instalada este martes y se confirmó lo que ya se venía anticipando, la designación de Sergio Sisbeles como titular del mismo.

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Sigue creciendo la lista de obras que quedan a medias en la actual administración federal, que tanto crítica a los gobiernos anteriores por hospitales y otras obras que se dejaron abandonadas.

A dos sucursales del Banco del Bienestar, una en el ejido Los Llanos y otra en las instalaciones de la Sexta Zona Militar de Saltillo, que se encuentran fuera de servicio, se suma ahora el cuartel que para la Guardia Nacional se construyó en Piedras Negras.

La Secretaría de la Defensa construyó el cuartel dentro de un predio de 15 hectáreas cedido por el gobierno local, y aunque la obra, con capacidad para albergar a 120 elementos, fue concluida desde finales de diciembre, no se ha podido utilizar porque no tienen aún el equipamiento básico, ni se ha definido la fecha de entrega e inauguración.

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Por Eduardo J. De La Peña

Desde la semana anterior el alcalde José María Fraustro había planteado que se daría mayor participación a la mujer en espacios de toma de decisión en el gobierno municipal, y lo concretó este martes al designar nuevos mandos dentro de la Comisaría de Seguridad Pública.

Siete mujeres fueron nombradas en puestos de mando y tres más se incorporaron a trabajar en la dependencia.

En algunos casos se trata además de un acto de justicia con elementos que tenían ya más de dos décadas en la corporación, y se reconocen su trayectoria y experiencia para asumir mayores responsabilidades.

La sorpresa es la llegada de Karla Samperio Flores quien asume la Unidad de Capacitación y Desarrollo Humano, un cargo en el que seguramente tendrá un buen desempeño, pues se distingue por asumir las responsabilidades con profesionalismo y compromiso.

Allá en los noventa, cuando Fraustro Siller era rector de la UAdeC, Karla Samperio participó como estudiante en la organización de un simposium internacional de Derecho, con un nivel que no se ha vuelto a repetir, pues vinieron conferencistas como Diego Fernández de Cevallos, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís y Esteban Moctezuma Barragán.

Por la trascendencia del evento el rector, Fraustro Siller, se mantuvo muy cercano a los organizadores, entre ellos Samperio, una relación que perduró a través del tiempo, pese a tener distinta filiación política.

Pero también se inscribe la incorporación de Karla Samperio a la administración municipal a esa operación política que debe hacer el alcalde para corresponder a los muchos panistas que en la elección de junio del año pasado entendieron la importancia del voto útil y sufragaron por la fórmula priista que encabezaba Fraustro para asegurarse de cerrar el paso a Morena.

Que en el mismo sentido se dio, pero desde enero, la incorporación de José Antonio Lazcano a la dirección de Desarrollo Urbano.

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Una publicación en redes sociales, en la que un minero manda su foto y saludos «desde las minitas de Rancherías», generó reacciones de inmediato y cuestionamientos a las autoridades federales.

El grupo «Mineros Región Carbonífera», señaló puntual: «nos apena que nuestros compañeros sigan trabajando de manera clandestina. Reprobamos el actuar de @CFEmx por seguir comprando carbón y exponer la vida de mineros».

Y por su parte la Organización Familia Pasta de Conchos publicó: «Suponemos que estos saludos son para el presidente @lopezobrador @LuisaAlcalde y la @STPS_mx que se supone ordenaron que NO PODÍAN OPERAR las cuevas de Rancherías después de la muerte de 7 mineros. Nunca pararon y siguen vendiendo carbón a @ManuelBartlett @CFEmx ¿Hasta cuándo?».

Y es que en esas cuevas de Rancherías ocurrió aquélla inundación en junio del año pasado que enlutó a siete familias. Una operación minera que estuvo operando al margen de los más mínimos protocolos de seguridad, situación de la que con oportunidad se informó y que sin embargo toleraron tanto las autoridades laborales como el único cliente de la explotación minera, la CFE.

Hoy las redes sociales confirman que en Rancherías, como ocurre en general en la minería del carbón, todo sigue igual.

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Aquélla mañana del domingo 28 de noviembre de 1993, en vísperas de su toma de protesta como gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy perdió el gesto adusto que le identificaba. Aún no descdendía de la camioneta que le llevó a su casa de campaña, en González Lobo y Sierra Mojada de la colonia República, y al ver a los periodistas que le estaban esperando, exultante alzó los brazos, en abierto júbilo por el destape –minutos antes– de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la Presidencia de México.

Tres días después, en Palacio de Gobierno, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, anticiparía «vienen tiempos muy buenos para Coahuila, porque quien hoy ha asumido como gobernador fue quien me presentó a Luis Donaldo Colosio…».

Semanas más adelante, ya en enero, Colosio visitaría Saltillo como precandidato, y acudió a Palacio a visitar a Montemayor. Juntos tuvieron prolongado y privadísimo dialogo mientras caminaban por la explanada de la plaza de armas.

Se iniciaba una nueva administración estatal, pero las especulaciones abundaban. No pocos eran los que apostaban a que Montemayor sería llamado a la Secretaría de Hacienda cuando Colosio asumiera la Presidencia.

Sin embargo, en marzo, un día 23 como hoy, el país se cimbraría, y desde luego también Coahuila, con la noticia del asesinato del candidato del PRI.

En particular en nuestro estado había existido júbilo, optimismo, expectación por «el proyecto» de Colosio, y es que además de la estrecha cercanía con Montemayor, había otros coahuilenses participando en la campaña con responsabilidades de carácter nacional como Javier Guerrero García y Jaime Martínez Veloz, y varios más que llevaban amistad con el candidato. Además su esposa, Diana Laura Riojas era originaria de la región Carbonifera.

Son ya 28 años de ese vuelco que dio la historia política de nuestro país, circunstancias y hechos que no han sido esclarecidos, que quedan en esa impunidad tan característica de nuestro país, en el que atinadamente decía Colosio: «veo un México con hambre y sed de justicia».

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Apenas el lunes fue creado por Ramiro Durán el grupo de whatsapp “Vigilantes Ambientales Voluntarios” y ya la noche del miércoles tuvo, literal, su primer prueba de fuego y la libró con éxito.
En el grupo confluyen tanto funcionarios estatales como municipales relacionados con el tema, así como brigadistas de diferentes comunidades y productores agropecuarios de la Sierra de Arteaga.
La noche del miércoles hubo un incendio de pastizal en el valle de San Antonio, y tras el aviso en el grupo se logró coordinar la movilización de personal, tanto desde la cabecera municipal de Arteaga como de algunos cañones, y en apenas una hora se logró extinguir el fuego.
Esto confirma que fue un acierto del alcalde Ramiro Durán crear el grupo, ahora será importante que se maneje con estrictas reglas, como ocurre con los de la Comisión de Seguridad en Saltillo, para que no se desvirtúe su propósito.

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Allá en la región Carbonífera los productores de carbón siguen esperando que lleguen los nuevos contratos para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad.
Se asegura que en semanas anteriores se hicieron visitas de verificación a 75 minas y que a los concesionarios de las mismas se adjudicarían los pedidos, en lo que se ha prometido será un contrato multianual, que comprenderá lo que resta del actual sexenio federal.
Eso es lo que se ha comprometido verbalmente, pero la experiencia enseña que al final en la CFE hacen las cosas de manera diferente a la anunciada, así que hasta no ver no creer.
El tema es que una vez más están en incertidumbre pues los productores están por terminar con los pedidos complementarios que les asignaron al concluir los anteriores contratos.
Eso sí, nadie por ahora quiere hacer ruido, conocen de la intolerancia en el gobierno federal a cualquier tipo de cuestionamiento o presión, entonces mejor se mantienen agazapados para ver si les favorecen con los contratos.

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A propósito de la Carbonífera, el ex alcalde de Juárez, Sergio Kobel, ha lanzado la alerta de que las derivaciones de la presa “Venustiano Carranza” hacia Nuevo León están dejando prácticamente seco el embalse conocido también como “Don Martin”.

Y los reportes de la Comisión Nacional del Agua lo confirman, pues de acuerdo con el reporte al miércoles de esta semana del Sistema Nacional de Monitoreo, “Don Martín” se encuentra a un 14% de su capacidad.
No estaría de más que Ricardo Martínez Loyola, de la Comisión Estatal de Búsqueda, programe algunos operativos en esa presa, pues a nivel regional mucho se insistió que durante los años de presencia de grupos delictivos fue utilizada para arrojar cadáveres, autos, armas y demás.
Desde hace semanas los colectivos que representan a familiares de personas desaparecidas se han movilizado a Nuevo León para aprovechar que el vaso de la presa “La Boca” está seco para buscar restos humanos, incluso la Comisión de Búsqueda, y el Centro Regional de Identificación Humana, que dirige Yezca Garza, se han sumado a autoridades del vecino estado para coordinar operativos.
No es descartable entonces que algo similar se pueda hacer en “Don Martín”.
Y otras instancias deberían irse preparando para amortiguar el impacto que habrá para las cooperativas pesqueras, pues es bastante probable que la actividad se vea afectada, como también ocurrirá con el turismo en la ya cercana Semana Santa.

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Con el cierre de la aduana de Eagle Pass a las importaciones de ganado desde finales de diciembre anterior no se generaron los problemas que se temían.
Si bien es cierto que para los ganaderos exportar ahora desde Acuña y Del Río implica pagar más por el flete, pues es un recorrido de casi ochenta kilómetros adicionales, también les ha representado ventajas operar a través de la estación cuarentenaria de la Asociación Local de Acuña por el servicio que ahí se da.
En todo caso la circunstancia será una oportunidad de aprendizaje para la Unión Regional, que podrá tomar las buenas prácticas de Acuña y aplicarlas en su cuarentenaria de Nava, como abrirse a la participación de más agentes aduanales cuando logren que nuevamente se pueda exportar por Piedras-Eagle Pass.

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Aunque será hasta el domingo cuando se desarrolle la audiencia para resolver si se vincula a proceso al ex director de Servicios Administrativos de la administración de Jorge Zermeño Infante, el ex funcionario sigue en prisión preventiva y en Torreón anda alborotada la gallera pues mucho se insiste en que el propio ex alcalde será llamado a declarar.
Por lo pronto el regidor Luis Cuerda ya le sumó a la causa, y señala que además del contrato publicitario irregular que suscribió el ex director, han encontrado al menos 17 obras que se ejecutaron sin licitar y sin que las autorizara la Contraloría Municipal.
Será interesante conocer cómo evoluciona el tema.

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Por Eduardo J. De La Peña

La propuesta del diputado Francisco Borrego Adame de prohibir el tránsito de vehículos de doble remolque por el tramo de Los Chorros para evitar accidentes, tiene muchos asegunes y una sola virtud.

Comencemos por la virtud, al fin el diputado Borrego de Morena se involucra en temas sensibles para la entidad, pues los primeros tres años que estuvo en San Lázaro su gestión pasó desapercibida, y en los seis meses que lleva en su segundo periodo para lo único que ha alzado la voz es para armar grillas.

Pero el tema de Los Chorros Borrego Adame tiene razón en involucrarse, pues forma parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, y además en lo particular es transportista, conoce –o tendría que conocer– del tema.

Sin embargo obligar a que todos los camiones de doble remolque tomen la ruta libre de Huachichil a Derramadero y no puedan entrar a Los Chorros, no es ninguna garantía de que dejará de haber accidentes, basta con revisar cuántas de las volcaduras que han ocurrido en el tramo sinuoso involucran a unidades de este tipo.

Parecería que el diputado Borrego no toma en cuenta cómo impactaría derivar por esa carretera libre tal cantidad de vehículos, sumándose al caos que ya de por sí se genera en Derramadero.

Y, lo más importante, norma dada y no supervisada vale una fregada, ya la presencia de la Guardia Nacional División Caminos en Los Chorros, como en la mayoría de los tramos carreteros, es ocasional y eso lo aprovechan tanto particulares como transportistas para burlarse de las reglas, lo cual desde luego eleva el riesgo de accidentes.

De la rectificación del tramo ya ni hablemos, con este gobierno federal esa posibilidad es inviable y nadie garantiza que sea una solución, habría que retomar otras opciones como hacer obligatoria la restricción de carriles para confinar a los vehículos de carga a la derecha, pero que sea real no como la vacilada actual, que se ordena en unos letreros de los que nadie hace caso, pero ni siquiera está reglamentado.

También se debe considerar la colocación de reductores de velocidad, adecuados a lo que es una carretera de ese tipo, con su debida señalización y diseño.

Y para el tema de la vigilancia, si la División Caminos de GN no tiene personal ni recursos suficientes, habría que optar por la tecnología y colocar cámaras como las que se tuvieron para las fotomultas en Saltillo.

Los recursos no deben ser un pretexto para dotar a Los Chorros de lo que se requiera, ese tramo de cuota es bastante rentable para CAPUFE y tendría que invertirle para hacerlo más seguro.

Cuenta el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, en cuya gestión se hizo la primera adecuación de Los Chorros y se amplió la carretera a cuatro carriles, que para hacer la obra se consiguió un crédito bancario, y para pagarlo la SCT concesionó la ruta por 30 años al gobierno estatal.

Se estimó que con el peaje el crédito se pagaría en 12 años, y restarían 18 de ingresos directos al Estado, pero se incrementó el aforo en tal forma que según cálculos de la SCT sería posible pagar en 8 años, con 22 libres para Coahuila.

«Pero luego mi sucesor se la entregó a Capufe», remata Mendoza Berrueto.

Más allá de las circunstancias financieras que obligaron o llevaron a Rogelio Montemayor a entregar «Los Chorros», la anécdota sirve para ilustrar que esa operación es rentable y el organismo que hoy tiene la concesión debería invertir más ahí.

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Se cimbró la política regional con la detención de Jaime Rodríguez «El Bronco», y obvio que la pregunta fue si los que siguen son Ángeles Errisuriz y Noé Garza.

Obvio, también que quien se apresuró a levantarse el cuello fue el gobernador de Nuevo León Samuel García, recordando que la denuncia en contra de «El Bronco» él la presentó cuando era diputado.

Omitió sin embargo Samuel que la presentaron él y Mariela Saldívar, que fue quien en realidad mantuvo la lucha en el Congreso de Nuevo León y llevó el caso a varias instancias judiciales para que se desaforara a Rodríguez Calderón, aunque no lo consiguió.

Mariela Saldívar en los noventa estudio la preparatoria en el Campus Saltillo del Tec de Monterrey, gracias a una beca por su desempeño académico, para luego irse a Nuevo León a estudiar Relaciones Internacionales, donde se involucró en el activismo social y llegó a ser diputada local por dos periodos.

En noviembre de 2019 Saldívar estuvo en Saltillo dando una conferencia, cuando llevaba su cruzada contra El Bronco, y anticipó que el desafuero sería muy difícil por las componendas del «independiente» con PRI, PAN y Morena.

En efecto no hubo desafuero, pero al menos ya lo mandaron al penal para abrirle proceso por haber usado fondos públicos en la recolección de firmas para poder ser candidato a Presidente de la República.

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El Congreso local aprobó este martes que 2022 sea llamado “Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila”, una inciativa que el gobernador Miguel Riquelme envió al Congreso a propuesta que le hiciera semanas atrás Raúl López Gutiérrez en el marco de la instalación del Comité de Eventos Históricos.

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Por Eduardo J. De La Peña

La modernización tecnológica del Registro Público de la Propiedad se ha convertido en un arma de dos filos con la que juega en su lucha de poder la directora de la oficina en Saltillo, Mónika Zertuche Sánchez, una lucha por demás insensata pues a la funcionaria se le ha ocurrido ponerse a las vencidas con quien para todos fines es su jefe, el director del Instituto Registral y Catastral Sergio Mier Campos.

Como ahora todo opera bajo una plataforma en la que se asignan permisos de acceso, Zertuche Sánchez decidió restringir a algunos funcionarios que continúan adscritos a lo que fue la Dirección Estatal del Registro, que quedaron sin posibilidad de revisar estatus de trámites, mucho menos de darles «un empujón».

La Dirección Estatal quedó vacante desde que en enero del año pasado Javier Lechuga renunció para irse a la Tesorería del Congreso, después de haber estado por casi un año y medio en ese cargo.

Mónika Zertuche llegó en mayo de 2020 a hacerse cargo de la oficina Saltillo, pero se le hace poco el cargo y le anda tirando a la Dirección Estatal, que seguramente no será ocupada –salvo que haga falta acomodar a alguien, como en su momento le acomodaron a ella por mero compromiso– pues la dependencia se maneja bien desde el Instituto Registral y Catastral, y no están los tiempos para cargarle más a la nómina.

Parece que la funcionaria se quedó mal impuesta después de su paso por el ICAI, y es que allá sí que, diga lo que diga el organigrama, primero manda Contraloría, luego la Dirección Administrativa, luego la Jurídica, y ya al último el Consejero Presidente.

Que no se confíe Zertuche, en su momento le va a llegar el revire de Quecho Mier que no solo tiene el nombramiento como Director del Instituto y todo el colmillo del mundo, además goza de cercanía con el Secretario de Gobierno actual, y la mantiene con el anterior, ahora alcalde de Saltillo, así que respaldo no le va a faltar.

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En temas más positivos, buen ritmo lleva la administración municipal de Saltillo en los diferentes ámbitos. Apenas han transcurrido poco más de dos meses y ya se atendió con algún tipo de acción las más de 700 plazas públicas que hay en la ciudad, en lo que el alcalde José María Fraustro Siller llama «la primera vuelta» para ocuparse de las necesidades más apremiantes en esos espacios.

Pero además esta semana se abrió ya la licitación para la adquisición de más de 200 cámaras adicionales de video vigilancia urbana, y en los próximos días se convocará para la adquisición de nuevos camiones recolectores de basura.

Desde luego que cuentan mucho la visión y la actitud proactiva, pero además todo esto se puede hacer porque les dejaron finanzas sanas, con una bolsa disponible de recursos y ha habido una excelente respuesta de los ciudadanos en el pago del predial.

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Y de alcaldes hablando, quien pudiera terminar con el apodo de «el daltónico» es Roberto Piña Amaya, pues no distingue colores a la hora de tocar puertas para gestionar soluciones a los problemas de Ciudad Frontera.

Lo mismo estuvo con su correligionario de Morena, el diputado Rubén Muñoz Álvarez, que preside la Comisión de Recursos Hidráulicos para gestionar una nueva planta de tratamiento de aguas para Monclova y Frontera, y lo visitó acompañado del alcalde panista Mario Dávila Delgado.

Pero también con Francisco Saracho Navarro y Claudio Bres Garza buscando mejores oportunidades educativas y laborales para los fronterenses.

Piña ha implementado además un acertado programa para brindar servicio de transporte nocturno a alumnos de educación superior que estudian en planteles de Monclova y que tenían dificultades de retornar a sus hogares, pues salen de la escuela en una hora en que las rutas tradicionales ya no dan servicio.

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Por si había alguna duda de hacia dónde se encaminan los intereses del CATEM en la entidad, y de los vínculos que tiene esa organización con la cuarta trasformación, el panorama se empieza a aclarar con la designación que se hizo esta semana para la dirigencia en Piedras Negras.

Asume en aquélla ciudad –que es fronteriza como las que en otros estados han tenido como objetivo CATEM y grupos desestabilizadores similares– Raúl Moreno Veloz, quien fue hasta hace algunas semanas subdelegado administrativo del ISSSTE, cargo al que llegó tras haber tenido la dirección de Seguridad Pública en Piedras Negras, también bajo un gobierno de Morena.

Habría que ponerle marcación, pues los métodos a que recurren nada tienen que ver con la estabilidad laboral.

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Aunque se han registrado más de 50 aspirantes para la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila, está por verse cuántos pasan el primer filtro donde se bota a los que de plano no tienen ninguna posibilidad al no reunir los requisitos exigidos, pero más allá de cuántos logren pasar esa etapa, así sean los cincuenta, en abril vendrá el rasero más importante que dejará en la competencia a cuando mucho veinte, diez mujeres y diez hombres que hayan obtenido los resultados más altos en el examen de conocimientos.

Al examen seguirán dos etapas más, la presentación de un ensayo, y la valoración curricular y entrevista por parte de Consejeros del INE.

Y allá a finales de agosto, el Consejo General del INE hará la designación de quien conducirá el proceso de 2023 en que se elegirá al próximo gobernador de Coahuila.

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Por Eduardo J. De La Peña

Hay un mar de fondo en el tema de los migrantes que fueron abandonados dentro de un tráiler en Monclova el fin de semana, pues el caso en particular es dramático pero además engloba situaciones diversas que apuntan hacia la comisión de varios delitos y la circunstancia abre la posibilidad de llevar las investigaciones hacia las entrañas de la industria criminal del tráfico de personas. Veremos hasta dónde hay la voluntad de hacerlo.
De entrada las autoridades locales se vieron eficientes y corporaciones estatales lograron la detención del trailero unas pocas horas después de que abandonó al grupo, que según el Ministerio Público era de 300 personas que desde la madrugada del jueves habían sido encerradas en esa caja seca para llevarlas a la frontera
La Fiscalía del Estado abrió causa por homicidio, pues es lo que se puede perseguir en lo local y de lo que en el momento se tienen elementos para la vinculación a proceso de quien si bien es uno de los último eslabones de esa cadena criminal, representa también la hebra de la que se puede ir tirando para desenredar la madeja.
Un dato a tener en cuenta, al operador del camión alguien le contrató los servicios de un abogado particular que litiga en Nuevo León, el cual de entrada trató de liberarlo –aunque sin éxito– alegando detención ilegal. Tendrían las autoridades que identificar a quién paga al defensor.
Algunos de los migrantes que fueron rescatados declararon ante el Instituto Nacional de Migración que pagaron 3 mil dólares por ser llevados a la frontera, y eran 300 personas de acuerdo con la imputación del Ministerio Público, estaríamos hablando en ese solo viaje de un negocio de 900 mil dólares.
Casi un millón de dólares, ¿cuántos se repartieron para pasar sin problemas por los filtros de revisión en los mil cien kilómetros que recorrieron desde Texcoco hasta Monclova?.
Treinta kilómetros antes del sitio donde estas personas fueron abandonadas hay un punto fijo de revisión en el que participan agentes del Instituto de Migración y de la Policía Estatal. Se alega que el tráiler no fue revisado porque portaba cintillos fiscales que no se pueden romper.
Llama la atención que 300 personas desesperadas por la falta de aire hayan permanecido en completo silencio en el retén, y unos cuántos kilómetros más adelante se hubieran alterado al grado de obligar al operador y sus guardianes a detenerse, desenganchar la caja y dejarlos encerrados antes de emprender la huida.
La investigación tendría que alcanzar al menos al personal de este filtro, y la autoridad debería informar sobre los procedimientos en dichos puntos de revisión y los criterios para inspeccionar o no las cargas. ¿Ese tráiler en específico hizo o no alto en el retén?.
Sin entrar en detalles respecto a los muchos migrantes que en los días recientes han sido rescatados en su intento por cruzar un rio Bravo crecido por las derivaciones extraordinarias de la Presa La Amistad, y de los cientos que lograron pasar y se les detuvo en Texas, este martes en Allende se localizó a otros setenta que viajaban en un camión el cual seguramente había burlado otros filtros como el de Castaños.

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El empresario restaurantero Pedro Moeller promueve su establecimiento con el lema «San Pedro no está en el cielo, está en los González», y este martes le tocó visita de inspección para confirmarlo.
A los muchos profesionistas, empresarios y políticos que acuden a desayunar al «San Pedro» se sumó ahora el Obispo Hilario González García, quien con la sencillez que le caracteriza, sin mayor protocolo ni aparato, acudió como un comensal más, disfrutó el almuerzo y, ya de salida, de la siempre amena charla del propietario del lugar.

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Aún con las secuelas del accidente automovilístico que sufrió en octubre del año anterior, el viernes estará en Saltillo la senadora Beatriz Paredes Rangel quien aunque debe utilizar una silla de ruedas para movilizarse, aceptó hacer el viaje para presentar el libro «Una larga jornada», memorias del ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.
Les une a Mendoza Berrueto y a Paredes Rangel una amistad que data de hace décadas; ambos fueron diputados en la LIII Legislatura del Congreso de la Unión, en la que el coahuilense fue presidente de la Gran Comisión, y los dos no concluyeron su gestión pues debieron solicitar licencia para poder ser gobernadores de sus respectivos estados.
Cuando Paredes gobernaba Tlaxcala y Mendoza a Coahuila, se inauguró en Saltillo la plaza que se construyó aledaña al Palacio de Gobierno para conmemorar los 400 años de la fundación de «San Esteban de la Nueva Tlaxcala», la población en que se asentaron los tlaxcaltecas traídos por los españoles a esta ciudad.
La presentación del libro será el viernes en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, y además de Paredes participará como presentador el diputado y líder cetemista Tereso Medina Ramírez.

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Asumió como diputada federal Victoria Méndez Márquez, conocida también como Jenny Márquez, quien sustituye en el cargo a Carolina Viggiano Austria, que el 4 de marzo solicitó licencia para ser candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición que conforman PAN, PRD y PRI.
Originaria de Michoacán, Jenny Márquez es una política con suerte que no le hace el feo a las suplencias. Lo fue en el año 2000 de Netzahualcóyotl de la Vega, y cuando en 2004 el líder sindical falleció lo sustituyó en el Senado por dos años; ahora le toca cubrir la curul de Viggiano cuando no han transcurrido más que seis meses de la Legislatura.

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Por Eduardo J. De La Peña

Para conmemorar el 93 aniversario de la fundación del PRI habrá este viernes Consejo Político Nacional en la Ciudad de México, que si bien es de mero trámite pues se les convocó con el único propósito del aniversario, será interesante ver quienes atienden la convocatoria.
Y es que en el momento que vive el país los priistas tendrían que dar una demostración, si no de fuerza, al menos de unidad y cohesión, y no solo por las seis gubernaturas que están en disputa este año, sino en general por todos los temas que enrarecen el ambiente político, como las reformas legislativas en proceso; el asedio desde el poder presidencial hacia todo actor que disienta; la amenaza hacia las propias instituciones.
Fuentes del PRI estatal anticiparon que de Coahuila irán al Consejo Rodrigo Fuentes Avila y Eduardo Olmos Castro, quien sabe si limitar la mención a ellos dos lleve algún mensaje.
Lo cierto es que son también Consejeros Políticos Nacionales el gobernador Miguel Ángel Riquelme; Jaime Bueno Zertuche, como representante de los comités municipales del PRI en la entidad; el ex gobernador Rubén Moreira como coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Además de Eduardo Olmos debe haber otro diputado local de Coahuila participando en el Consejo; y un alcalde o alcaldesa, que en este caso será interesante conocer a quién de los nuevos ediles se incorpora.
Y para conmemorar a nivel local el aniversario, será hasta la próxima semana cuando se tenga aquí un evento, aunque no se ha definido hasta ahora de qué tipo de evento, sin embargo hay voces hacia el interior del PRI que sugieren trasladarlo a Piedras Negras, que tiene simbolismo por ser cabecera de la región en donde están los orígenes del General Manuel Pérez Treviño, primer presidente del Partido Nacional Revolucionario, y principalmente por ser una plaza recuperada para el priismo.
También hay quienes ven la ocasión propicia para reconocer a quienes han ocupado la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI y que no han sido incluidos en la galería de ex dirigentes, como David Aguillón Rosales, Verónica Martínez García, Jesús Berino Granados, Alvaro Moreira Valdés y Adrián de Jesús Herrera López.

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Finalmente ha sido la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento la que sale a explicar las razones y el impacto de la extracción extraordinaria a la Presa La Amistad.
Se trata de un trasvase hacia la Presa Falcón, en Tamaulipas, para garantizar el abasto para consumo humano en Nuevo Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso.
Se tiene previsto el trasvase de 100 millones de metros cúbicos de agua, que esperan concluirlo el 28 de marzo.
Al 19 de febrero , que es el último reporte de contabilidad del almacenamiento útil, en la Presa La Amistad se estimaban mil 358 millones de metros cúbicos, de los cuales únicamente 266 correspondían a México, de esos habrá que restar 100 millones que van a la Falcón, la cual tenía a la misma fecha 84 millones de metros cúbicos pertenecientes a nuestro país y 449 a los Estados Unidos.
De acuerdo con CEAS desde diciembre del año pasado se acordó que el volumen almacenado en las presas internacionales será destinado únicamente para el abasto público urbano y que esta derivación de La Amistad a La Falcón, no afectará el suministro para la población de Ciudad Acuña.

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Desde el Instituto Electoral de Coahuila llegan reportes de que el ambiente hacia el interior se ha vuelto insostenible, pues en el propósito de los consejeros de convertirle su cierre de gestión a la presidente Gabriela de León en un martirio, generan en toda la estructura tensiones, sospechas, golpeteo.
Funcionarios y empleados consideran que los consejeros han entrado en una pugna estéril, pues al final de cuentas el periodo de Gabriela de León concluye, le peguen o no le peguen, y la designación de quien la sustituya surgirá desde el Senado de la República y se tratará de alguien de nueva incorporación, ninguno de los consejeros actuales llegará a la posición.
Y si bien el tránsito de la Consejera Presidente en el encargo ha estado siempre acompañado de polémica, al paso de los años debería reconocerse que le ha tocado dirigir a la institución en la realización de más de 160 elecciones, y ninguna de ellas se ha anulado, lo cual habla de que al final de cuentas las cosas se han hecho con apego a la legalidad.

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Sin contratiempos se concretó la renovación de la dirigencia de Coparmex en la región Centro de la entidad, asumiendo Mario Coria en el cargo que tuvo por varios años Marco Antonio Ramón.
Coria tiene el reto de dar un nuevo dinamismo a la central patronal, y generar en la clase empresarial el ánimo para buscar otras rutas que permitan a la región la reactivación económica.

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Dadas las nuevas responsabilidades que este columnista ha asumido en la Dirección General de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, será preciso un ajuste en la periodicidad con que se publica ÍNDICE, por lo que a partir de la próxima semana aparecerá exclusivamente miércoles y viernes, esperando la comprensión de los lectores.

Edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

En el puente Lincoln-Juárez, en la frontera de los dos Laredos, Rafael Antonio Olvera Amezcua fue entregado por autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República.
Se trata del socio principal de FICREA la financiera que defraudó a miles de ahorradores mexicanos, por un monto que en su momento se estimó en más de seis mil millones de pesos.
Por la dimensión del fraude, así como las instituciones y los personajes defraudados, ahora con la extradición de Olvera el tema resurgirá y habrá ruido en los días siguientes.
A nivel nacional entre los afectados estuvieron el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y varios fondos de ahorro de pensionados y jubilados, mientras que en el caso de Coahuila recordemos se defraudó a empresarios como Isidro López Villarreal y a instituciones como el Poder Judicial del Estado. En algún momento se dijo que también el propio gobierno estatal había resultado perjudicado, aunque nunca quedó debidamente aclarado el tema.
En el caso del Poder Judicial el caso FICREA tiene dos vertientes, una desde luego el fraude que abrió un boquete al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, y otro el que tiene que ver con la irregularidad de haber invertido en un mecanismo especulativo recursos que ni siquiera eran patrimonio del Tribunal, pues se dispuso de lo que se tenía en depósito por fianzas y garantías en asuntos judiciales, y posteriormente se invirtieron también recursos provenientes de subejercicios presupuestales.
Esa inversión irregular se dio en la época en que Gregorio Alberto Pérez Mata presidió el Tribunal, y la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2018, detallando cuáles fueron las omisiones en que incurrieron el entonces Oficial Mayor, Héctor Alvear, y quien fuera directora de Recursos Financieros, María del Carmen Ibarra.
Alvear en algún momento fue notificado de que FICREA no tenía el nivel de operaciones autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder recibir depósitos de gobiernos, y sin embargo prosiguió con las inversiones en esa financiera.
La denuncia fue presentada pero ahí quedó.
Con Olvera Amezcua en México, el caso FICREA estará de nuevo en la agenda pública, pero una cosa es que el estafador esté en la cárcel, ¿por cuánto tiempo?, y otra que se le repare el daño a los afectados.

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Los llamados «sindicatos independientes», pero claramente afines a la cuarta transformación, que le disputan la titularidad de los contratos colectivos a las centrales obreras tradicionales, siguen ganando terreno.
Ahora fue en la planta Tridonex, de Matamoros, Tamaulipas, dedicada a la fabricación de autopartes, donde un grupo afín a la activista Susana Prieto se quedó con la titularidad del contrato.
El caso de Tridonex es el segundo en que se recurre al mecanismo pactado en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para resolver temas de garantías laborales, y al igual que pasó con la General Motors de Silao, el resultado es el avance de dirigencias que simulan estar a favor de los derechos de los trabajadores, pero que se sabe son patrocinados desde el extranjero por los sindicatos interesados en generar aquí inestabilidad.
El nombre de Susana Prieto está relacionado con todos los episodios de choque y rompimiento en la industria de la franja fronteriza, y aunque se ha centrado en Matamoros en los últimos años, también hizo activismo en Acuña.
Hoy que cuenta además con el apoyo de la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo, Prieto va ganando terreno y a ese avance deben estar muy pendientes los empresarios y dirigentes gremiales en nuestra entidad.
En días anteriores Tereso Medina reveló que de los sindicatos adheridos a la CTM, más de la mitad aún no culminan el proceso de legitimación del contrato, y de los que ya lo han hecho, más del 90% han ratificado los acuerdos.
En la región norte, específicamente en Piedras Negras, el también cetemista Leocadio Hernández desarrolló con tiempo una estrategia para vacunarse y asegurar que los trabajadores sigan optando por sindicatos adheridos a esa central.
Eliminó Leocadio las cuotas para los trabajadores, pero además de ello les está dando servicios a los trabajadores como una caja de ahorro, funeraria y hasta un recreativo.
Eso es parte de la operación necesaria para evitar la intromisión de los que se autodenominan «sindicatos independientes».

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Como si fuera juego el gobierno federal volvió a cambiar las reglas para la regularización de los carros chuecos, y otra vez les dio participación a las agencias aduanales.
En el Diario Oficial de la Federación se publicó una adición al decreto estableciendo que los propietarios de este tipo de autos deberán tramitar ante la aduana que corresponda, y a través de un agente aduanal, el pedimento de importación del vehículo.
Y ello implica trasladar el auto a las ciudades fronterizas, algo que se pretendía evitar, primero porque muchos de esos autos no están en condiciones de llegar, y segundo porque no hay la infraestructura para recibirlos.
Pero por lo pronto así queda, sin descartar que en dos o tres días más vuelvan a cambiar la jugada.

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