Por Eduardo J. De La Peña

Tanto el Consejo Directivo como el Colegio Electoral en la Universidad Antonio Narro prefirieron una terna a modo para allanarle el camino a José Antonio González Fuentes  y evitar una contienda competida, y por lo pronto lo que han logrado es que la disputa se traslade a los tribunales.

Al menos Roxana Cuevas Flores se irá por la vía del amparo, buscando que la justicia federal se pronuncie ante las irregularidades que señala se cometieron desde la publlicación de la convocatoria para la renovación de la Rectoría.

Cuevas Flores habla de opacidad, parcialidad, subjetividad en las decisiones del Consejo Directivo y lo que ella señala como anti democrático e inconstitucional del proceso electoral.

También considera Cuevas Flores que al no haber dado respuesta a las impugnaciones que ella y otros integrantes de la comunidad universitaria presentaron, el Consejo Directivo habría incurrido en “delitos electorales”.

De acuerdo con la convocatoria, Yisa María Ochoa Fuentes; Alberto Flores Olivas y José Antonio González Fuentes podrán realizar campaña proselitista desde este miércoles 12 y hasta el domingo 23 de octubre.

Vamos a ver qué tan rápido reaccionan los juzgados federales una vez que Roxana Cuevas presente la demanda y si la admiten o la rechazan.

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            Se comenta en círculos magisteriales que la Coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina,  perdió la prudencia y la imparcialidad que debe mantener como funcionaria pública y le metió ruido innecesario  al proceso para la renovación de la dirigencia de la Sección 35 del SNTE, que no ha iniciado formamente pero ya hay varios aspirantes calentando motores.

            Rentería no únicamente le organizó un evento a uno de los aspirantes, sino que además lo difundió en sus redes sociales. Hasta parece nueva.

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            Se cumplieron el lunes 31 años de la muerte de Don Nazario S. Ortíz Garza, y la fecha para autoridades e instituciones pasó desapercibida pese a la relevancia que tuvo el personaje en la vida política de nuestra entidad.

            Únicamente la asociación Casa de Coahuila, que preside Lilia Cárdenas Treviño, y el Ateneo Fuente, donde se estrena como director Josué Garza Carrales, se acordaron de Don Nazario.

            Para la dirigencia del PRI les pasó de noche, con todo y que Don Nazario fue el primer gobernador de Coahuila emanado de ese instituto político, postulado en 1929 por el entonces naciente Partido Nacional Revolucionario, de donde se originó después el PRI.

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            Se la creyó Héctor Gutiérrez Cabello y no para de presumir la cancelación de 150 concesiones del transporte urbano, que además de estar apenas en proceso no es mérito del Instituto Municipal del Transporte, pues no se cancelarán por fallas en la prestación del servicio que hayan detectado los inspectores, sino por cuestiones administrativas, ya que los concesionarios dejaron de pagar los derechos correspondientes.

            Lo que más llama la atención es el tono severo con el que Gutiérrez advierte que las concesiones no serán rehabilitadas… al menos que el Cabildo decida otra cosa.

            Y sí, al final es facultad del Cabildo, no del Instituto del Transporte.

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            Se tiene ya la autorización para reanudar la exportación de ganado por la aduana de Piedras Negras, que como se recordará se había cancelado a inicios de año, por considerar autoridades estadounidenses que en la aduana de Eagle Pass no había las instalaciones necesarias para la revisión cuarentenaria.

            El líder de los ganaderos Joaquín Arizpe Dávila, apoyado por autoridades de Piedras Negras, realizó gestiones para habilitar en Eagle Pass un predio que ya ha sido validado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para recibir ahí el ganado mexicano.

            Vamos a ver si quienes regularmente exportaban por Piedras Negras regresan a esa aduana, o siguen haciéndolo, como a lo largo de todo este año, por Acuña, pues aunque les genera un gasto mayor en fletes, no son pocos los que afirman que recibieron un mejor trato de las agencias aduanales en la frontera con Del Río.

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            Qué poco amor del diputado Rubén Moreira por su tierra. En un programa que hizo para facebook, el legislador utilizó para ilustrar mejor sus explicaciones peras, naranjas y manzanas… importadas.

            ¿No le gustarán las manzanas de Arteaga, o a poco es un rebote de la inquina que tiene contra el senador Guadiana, productor en el cañón de Los Lirios?. Primero canceló las corridas de toros en Coahuila y ahora esto.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

El Consejo Directivo de la Universidad “Antonio Narro” tiene todavía hoy la oportunidad de enderezar un proceso que hasta ahora ha sido opaco y con claros visos de manipulación, y así evitar un conflicto que iría en demérito de la estabilidad e imagen institucional.

Este viernes se deberá definir quiénes de los nueve aspirantes son reconocidos como candidatos. Y es aquí donde comenzarán los asegunes, pues el estatuto establece en la fracción novena de su artículo 183 que “…el Consejo Directivo nominará la TERNA de candidatos elegibles…”, pero en la claúsula décimo quinta de la convocatoria establecieron que el Consejo dará a conocer “los nombres de ÉL o los aspirantes…” deslizando la posibilidad de que pudiera ser uno solo, lo cual iría en contra de la legislación interna de la Universidad que claramente habla de una terna.

La convocatoria establece que hoy se da la definición, y hoy también es el único día en que quienes se consideren afectados pueden presentar un recurso de reconsideración. Vamos a ver con qué sale el Consejo y a qué hora da a conocer su resolución.

Desde que en la segunda semana de septiembre se abrió formalmente el proceso, el Consejo se ha mostrado parcial permitiendo actos anticipados de campaña por parte de algunos de los aspirantes, y desestimando impugnaciones a las que ni siquiera han dado respuesta.

No permitieron que las entrevistas a los aspirantes fueran en sesiones públicas, hubo una negativa absoluta a trasmitirlas en video por pltaformas digitales o a permitir siquiera que un representante de cada aspirante acudiera como observador. De ahí surge la sospecha que para los aspirantes alineados al grupo que controla al Consejo fue una sesión laxa de mero trámite, mientras que para los independientes fue una prueba rigurosa.

Se le ha pedido también al Consejo dar a conocer los parametros de evaluación y la metodología con la que se hará la ponderación entre los resultados de la auscultación a la comunidad universitaria y las entrevistas a los aspirantes. Petición que cayó en oidos sordos.

De los siete consejeros, tres claramente están definidos con los intereses de Jesús Rodolfo Valenzuela, otro se ha mostrado más institucional, y tres son externos.

Los Consejeros deben de reflexionar sobre la trascendencia de la decisión que tomarán hoy, y sobre el momento que vive la Universidad. Van saliendo de dos años de pandemia que significaron rezago académico, se enfrentan a recortes presupuestales severos que complican el desarrollo institucional, detonar un conflicto que termine dirimiendose en los tribunales sería un grave error.

Y como si hicieran falta elementos de tensión, en la Unidad Laguna este jueves tuvieron que suspender clases y dar entrada a corporaciones de seguridad federales y estatales, ante el rumor de que habría un tiroteo. Esto más que una broma estudiantil denota un interés de ir generando inestabilidad.

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Dirigentes de las agrupaciones que venden protección a los propietarios de autos que fueron introducidos de contrabando al país vuelven a levantar la voz, pues dicen que con todo y la prórroga al proceso de regularización hasta el 31 de diciembre el tiempo será insuficiente porque no logran conseguir las citas en los módulos del REPUVE.

Parece que UDC, ONAPAFA y similares no se han dado cuenta de que ya les salió competencia, y así como ellos hicieron por años gran negocio vendiendo engomados  para que los propietarios de autos chuecos no fueran molestados por la autoridad, ahora son gremios sindicales los que están sacando provecho de la regularización.

Gremios que ya se alinearon a los proyectos políticos de la 4T son los que tienen el control en la entidad de las citas para los módulos del REPUVE. Es parte del aceite para la maquinaria electoral que están alistando para la competencia 2023.

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En agosto el Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna, alertó que de enero a julio se había incrementado la incidencia de dos delitos en específico, el robo con violencia, con un crecimiento del 86.1 por ciento en ese periodo comparado contra un año antes; y el robo a negocios, con un crecimiento del 29.4 por ciento.

Ahora ha dado a conocer el CCI la medición de enero a agosto, y con solo un mes más ambas figuras delictivas siguen creciendo exponencialmente. El robo con violencia registra 101.9 por ciento más en los primeros ocho meses del año, y el robo a negocios 34.1%.

En agosto señalamos, que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, debería tomar cartas en el asunto y apretar donde sea necesario,  recordando lo que costó recuperar seguridad y paz tras la violencia que se vivía hace una década.

Como lo dijimos entonces, no son los números ni las circunstancias de hace una década, pero no se puede permitir ningún tipo de retroceso.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Anda tan nervioso Jesús Rodolfo Valenzuela de que no le vayan a salir las cosas como las ha planeado en el proceso para elegir rector en la Universidad «Antonio Narro», que ya perdió todo el recato y confirmó sin lugar a dudas que el candidato de su grupo es José Antonio González Fuentes.

Para las audiencias de auscultación que abrió la semana anterior el Consejo Directivo, Valenzuela se apuntó para ir a hablar en favor de González Fuentes, a quien ya se identificaba como uno de los cuatro prospectos impulsados por el ex Rector, y del que ahora queda claro que es su apuesta a que llegue al cargo para que le cubra las espaldas y no se indague respecto a su desaseada gestión de 2014 a 2018.

Esta semana se pasa a una de las etapas más importantes, pues miércoles y jueves el Consejo Directivo estará entrevistando a los nueve aspirantes, para poder hacer una ponderación final y definir la terna que irá a las elecciones.

Es en esta etapa donde los consejeros externos tendrán oportunidad de medir los alcances, visión, compromiso y experiencia de los aspirantes. Y enfatizamos que los externos, pues los internos al ser del grupo de Valenzuela van con una decisión tomada.

Esta valoración del Consejo debe ir más allá del trabajo institucional y los grados académicos de los aspirantes, y considerar su capacidad de gestión, experiencia administrativa y laboral en otras estructuras, pues hoy en día los retos de la Universidad demandan de un liderazgo que además de lograr cohesión interna, sepa tocar puertas y cuáles puertas tocar para conseguir fondos privados y públicos.

Tras las entrevistas a los aspirantes, el viernes el Consejo dará a conocer  quiénes de los aspirantes serán reconocidos como candidatos para ir a la elección del 26 de octubre.

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Dirigentes del sector privado se reunieron en Piedras Negras con la Secretaria de Seguridad Sonia Villarreal Pérez, y con el Fiscal Gerardo Márquez Guevara.

Se revisaron los indicadores de incidencia delictiva, que de acuerdo a los propios voceros de la clase empresarial son positivos y se revisaron estrategias en las que el sector privado puede coadyuvar con las autoridades para mantener el blindaje a la región fronteriza.

Aprovechando su estancia en Piedras Negras el Fiscal estableció comunicación con las autoridades aduanales en Eagle Pass, Texas, para recabar información respecto a dos personas que fueron detenidas en el cruce fronterizo en posesión de cerca de 300 mil dólares en efectivo.

La detención fue por parte de autoridades texanas, y hasta donde se sabe los detenidos fueron un hombre con ciudadanía americana y una mujer originaria de Piedras Negras.

Un punto al que las autoridades locales deben dar seguimiento, para establecer el destino que tenían esos miles de dolares que equivalen a casi seis millones de pesos.

Hoy que es notorio el flujo de dinero de origen oscuro para financiar precampañas políticas, toda situación de este tipo debe ser indagada a fondo.

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El lunes de la próxima semana la Doctora Lucrecia Solano Martino presentará el libro de su autoría «La muerte de Venustiano Carranza: Entre los recuerdos del porvenir y la memoria del pasado».

Es una obra producto de un exhaustivo trabajo de documentación, pero que la Doctora Solano lo presenta con un cariz literario planteando como un relato de «lo que pudo haber sucedido».

La cita es en la sala «D» de Cintermex a las ocho de la noche del 10 de octubre.

Siendo la autora una reconocida historiadora coahuilense, y refiriéndose el libro a un insigne personaje originario también de nuestra entidad, es de esperarse que alguna institución local promueva que haya aquí también una presentación.

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Regresó este martes a la región Carbonífera la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para informar a los familiares de los diez mineros muertos en El Pinabete sobre los avances en la construcción del tajo a cielo abierto para intentar la recuperación de cuerpos.

Dice la funcionaria que los trabajos van «a buen ritmo», aunque reconoce que las excavaciones no han llegado a donde corre el agua, y que no tienen en claro aún cómo y a dónde la derivarán.

No han llegado pues a donde empezarán las complicaciones, ni tienen una estrategia para lo que harán cuando se llegue ese momento.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

A nadie sorprendió que se filtrara a medios de comunicación la solicitud de información que envió la Fiscalía de la Repúbica a la Cámara de Comercio de Sabinas y al titular de la oficina del Registro Público de la Propiedad en esa ciudad, respecto a al menos siete personas que de alguna manera están relacionadas con la Compañía Minera «El Pinabete».

Y es que allá en la Región Carbonífera, desde que la FGR inició las indagatorias fue muy comentado que cuando el titular del Registro Público, Eduardo Reséndiz, recibió las primeras solicitudes de información, lo primero que hizo fue alertar a los investigados, antes incluso que notificar a sus superiores de lo que le estaban pidiendo.

La Fiscalía de la República recaba información respecto a propiedades, sociedad y negocios de Régulo Zapata, padre e hijo, y de la esposa y madre de ellos, la sub secretaria Carolina Morales Iribarren.

También están en la mira los que en documentos aparecen como socios de «El Pinabete», Arnulfo Garza Cárdenas, quien fuera vice presidente de la rama minera en Canacintra a nivel nacional, y Luis Rafael García Luna Acuña, así como la madre de este, Aida Araceli Acuña Cruz.

Acuña Cruz fue diputada y titular de la Contraloría Estatal en Tamaulipas, y coincidió con Régulo Zapata Morales en la administración del Parque Fundidora, en Monterrey. Ella fue Contralora y posteriormente Directora de Planeación, mientras que Régulo era Director de Operaciones, cuando su tío Francisco Morales Purón era el Director General.

El año pasado la hoy alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, dio a conocer que Aida Acuña se incorporaría a la administración municipal en el área de auditoría gubernamental, pero parece que no le llegaron al precio.

Y el último de los siete sobre los que la Fiscalía pide información es el ya detenido Cristian Solís Arriaga, paradojicamente el único sobre el que no encontrarán datos de propiedades o negocios, pues como se sabe a él nada más lo utilizaron.

Ya entrados en el tema, cuando el gobernador Miguel Riquelme demandó que la acción penal no quede en Cristian y vaya contra los concesionarios de la mina, así como quienes compran el carbón y lo venden a la CFE, fue bastante generoso al no entrar en mayores detalles sobre ese entramado que armaron los auténticos beneficiarios del negocio para eludir responsabilidades.

Para darnos una idea de cómo se las gastan, basta con señalar que el predio que utilizaron en el «Barrio Uno» de Agujita para simular el domicilio de Minera «El Pinabete», lo ocuparon como posesionarios, no son legalmente propietarios ni del terreno ni de los precarios cuartos que cateó la FGR.

Así, se queda corta la Fiscalía al sólo buscar información de siete presuntos implicados. Tendrían que comenzar a seguir la huella del dinero en las muchas empresas con las que están relacionados, y definir también si otros personajes que, por cuestión de omisiones en un trámite no lograron que el título de la concesión de la mina quedara a su nombre, estuvieron participando o no del negocio.

También la Unidad de Inteligencia Financiera debería estar paticipando en estas indagatorias.

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En otros temas, la actualización de la cartografía electoral por parte del INE en Saltillo ha generado suspicacias, y no son pocos los que piensan que hay truco.

Una de las secciones electorales que sufre modificación es la 0734, en donde se ubica la emblemática casilla del Liceo Freinet, esa que efectivamente tiene un gran número de electores y donde lo más común era que tuvieran mayoría los candidatos del PAN, lo cual cambió en la elección municipal de 2021.

Fue en esa casilla donde se tuvo de manera más tangible el voto útil, quienes tradicionalmente votaban por el PAN lo hicieron en esa elección por el PRI ante el riesgo de que llegara MORENA a la alcaldía de Saltillo.

Y ahora diluyen esa sección, y no hay suficiente difusión para que los ciudadanos hagan la reposición de su credencial, entonces para la siguiente elección no sabrán en cuál casilla les corresponderá votar.

Tal parece que hay una apuesta para desalentar a quienes ya están identificados como ciudadanos que razonan el sufragio, ciudadanos que le apuestan a un voto útil y que nunca lo harán a favor de MORENA.

Tendrían que ser los partidos opositores al presidencial los que difundan profusamente la necesidad de que los electores considerados hoy en la sección 0734 de Saltillo renueven su credencial aunque esté vigente, para que los ubiquen de manera correcta en donde podrán votar en junio del año próximo.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Con todo y que seguramente lo intentaron, los integrantes del Consejo Directivo en la Universidad «Antonio Narro» que le son afines al ex rector Jesús Valenzuela, no encontraron elementos para descalificar en el segundo racero a ninguno de los aspirantes a la Rectoría.

Incluso tuvieron que reconsiderar la negativa al registro de Enrique Esquivel Gutiérrez, con lo que la lista de aspirantes se incrementó a nueve, de los que al menos cuatro son del grupo de Valenzuela.

Los nueve pasan entonces a la etapa de entrevistas, que se realizarán el 5 y 6 de octubre, pero antes el Consejo Directivo deberá realizar la auscultación entre la comunidad universitaria, lo cual ocurrirá la semana próxima. Lunes y martes en la Unidad Laguna; jueves y viernes en Saltillo; y, por videoconferencia, también el viernes para el Centro Académico Regional en Chiapas.

Y será hasta el 7 de octubre, dentro de dos semanas, cuando el Consejo defina la terna que finalmente irá a las elecciones.

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Que la CFE haya declarado desierta la segunda ronda de los siete procedimientos para adquirir carbón de la cuenca del Río Escondido, genera intranquilidad entre los productores que en julio se vieron favorecidos con más de 50 contratos para suministrar carbón de la cuenca de Sabinas.

Como es sabido, para que las termoeléctricas de Nava puedan generar energía eléctrica requieren de una mezcla del carbón de ambas cuencas, pues el de Sabinas por su baja capacidad calorífica no es suficiente, y según explica Bogar Montemayor, quien representa a una de las Uniones de Productores, CFE tiene reservas del de Río Escondido para cuando mucho dos meses.

El temor es que si se agotan esas reservas, entonces CFE deberá parar las plantas, y entonces no requerirá tampoco del carbón de Sabinas.

Que además tampoco ha sido muy puntual y seria la Comisión con los más de cincuenta productores a los que asignó directamente los pedidos en julio, pues con varios de ellos tiene adeudos que rebasan ya los 75 días.

La morosidad impacta en la capacidad de operación de productores y esto necesariamente pega también en la de por sí vapuleada economía de la región.

Paradójico que hoy la CFE esté batallando para conseguir quien le abastezca de 700 mil toneladas de carbón, cuando en 2019 de manera unilateral canceló los contratos que tenía con Micare, empresa que tenía la capacidad para abastecerle 6 millones de toneladas al año.

Comisión ya recurrió a comprar lamas de las plantas lavadoras para conseguir algo de carbón de diseño; luego hizo pruebas con diesel y combustóleo, que no le funcionaron; ahora que no consigue proveedores en Río Escondido, ¿harán una compra internacional, o pararán la generación de energía en Nava?.

Por lo pronto han abierto una licitación para movilizar las reservas que se tienen en la planta carbón II a la López Portillo. Buscan quien tenga la capacidad para trasladar en veinte días cien mil toneladas del mineral, es decir al menos cinco mil toneladas diarias.

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Familiares del ex Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Jorge Luis Morán Delgado, alertan en redes sociales que al ex funcionario le fue «hackeado» su Whats App «con la finalidad de pedir dinero en su nombre con fines de fraude».

Por más que llame la atención que al maestro en tecnologías y seguridad le pase eso, la verdad es que lo de su Whats App es lo que menos debe preocuparle. Con la razita que ahora se junta no debe sorprenderse si empiezan a pedir dinero en su nombre para definir candidaturas y hasta para pactar citas.

Que NOEspere otra cosa. Aunque, si ya los conoce ¿para qué los invita?.

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Se dio a conocer este jueves que en dos días autoridades de Estados Unidos detuvieron a 2 mil 395 migrantes que cruzaron el río Bravo en parajes entre Eagle Pass y Del Río, Texas, es decir desde territorio coahuilense.

Los casi 2 mil 400 migrantes provienen de 30 países diferentes y viajaban en grupos que superaban las 200 personas. ¿Cómo llegaron hasta la frontera de Coahuila con Texas, si se supone que para evitarlo hay operativos municipales, estatales y federales en toda la entidad?.

En el mismo contexto, tenemos que la Secretaría de Gobernación dio a conocer, igualmente el jueves, que en la caseta «Los Chorros», aún dentro de Nuevo León pero a tres kilómetros de la colindancia con Coahuila, y a menos de 40 kilómetros de Saltillo, fue localizado un trailer abandonado con más de cien migrantes abandonados en su interior.

Los hechos están a la vista, el tráfico de migrantes está en pleno auge, y si las bandas delictivas se mantienen en esa actividad es porque siguen encontrando las condiciones favorables para su «negocio».

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Un «puente patrio» lleno de incertidumbre pasaron los deudos de los mineros de Pasta de Conchos y de El Pinabete, pues al escuchar el «Muera la Corrupción» que gritó López Obrador la noche del quince, la primer duda que les surgió es quién sería el nuevo encargado de los proyectos de recuperación de cuerpos en esos dos desarrollos mineros.

Ya avanzado el fin de semana se difundió que Manuel Bartlett goza de cabal salud, y comprendieron que la proclama no fue más que otra ración del atole presidencial.

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Que por cierto, CFE aprovechó los días de fiesta para reponer los siete procedimientos para suministro de carbón que la semana anterior había declarado desiertos, y claro volvió a invitar a los mismos proveedores, obteniendo el resultado previsible: ninguno logró presentar el manifiesto de impacto ambiental para los predios de donde supuestamente extraerían el carbón de la cuenca de Río Escondido.

Algunos presentaron manifiestos ya caducos, otros utilizaron documentos a nombre de compañías diferentes a las que les pertenecen. En resumen, una vez más todos descalificados.

Si es tanto el afán de Bartlett y la CFE por limpiarse el rostro en la compra de esas 720 mil toneladas, ¿por qué no hacen una licitacion abierta y siguen con ese procedimiento a modo de proveedores que no tienen la capacidad?.

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Ni la burla perdona el alcalde de Artega Ramiro Durán. Con mucha seguridad afirma que algún día la producción de manzana en su municipio igualará a la de Cuauhtémoc, Chihuahua, lo cual no es de ninguna manera una posibilidad real.

A números de 2021, que para Arteaga fue un buen año –a diferencia del pésimo actual– la superficie plantada con manzanos aquí era de 5 mil 800 hectáreas y la producción de ese año se estimó en 45 mil toneladas. En Cuahutémoc, con 10 mil hectáreas de superficie de plantación, la producción fue de 165 mil toneladas.

Con menos del doble de superficie, la producción allá fue casi cuatro veces más de la de aquí.

Y nada más como referencia para que el alcalde Durán tome perspectiva, en todo Chihuahua hay más de 33 mil hectáreas de plantación de manzano, y la producción en 2021 superó las 490 mil toneladas.

La infraestructura productiva que se tiene en Arteaga está a años luz de la de Cuauhtémoc, y además salvo un programa estatal que dota a ejidatarios de manzanos –muy limitado y con fallas de instrumentación– no hay por parte de municipio, estado o federación ningún estímulo a la producción, no hay ningún programa que vaya a incidir en el crecimiento de la capacidad productiva en el sector manzanero.

Vaya, no hay ni siquiera una estrategia para arraigar a los trabajadores del campo en sus comunidades. Al contrario la apuesta es al crecimiento industrial, que los requiere como mano de obra, y al desarrollo de fraccionamientos campestres, que reducen la superficie cultivable.

Y por más que en algún momento hubiera voluntad, capacidad y recursos para retomar la producción manzanera, lo que nunca se van a poder conseguir son las condiciones climatológicas que le dan a Chihuahua una insuperable ventaja.

En lo que no se equivoca Ramiro Durán es en que la manzana de aquí es de mejor calidad. Pero de eso a que algún día desbanquemos a Chihuahua por el tamaño de la produccion, hay un mar de distancia.

De Arteaga decían los mayores «futuro puerto de mar», por lo pronto con esas declaraciones del alcalde ya pueden decir que se convirtió en «isla de la fantasía».

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Deben estar por concentrarse en Saltillo los tres consejeros externos que forman parte del Consejo Directivo de la Universidad Antonio Narro, pues la próxima semana participarán en el proceso de auscultación entre la comunidad universitaria, que es una de las etapas previstas en estatutoy convocatoria para seleccionar a la terna que irá a la elección en los últimos días de octubre.

Ojalá los consejeros externos tengan presente la trascendencia del rol que les toca jugar, pues son los que le darán en todo caso la nota de confianza al proceso, ya que los consejeros internos, que son cuatro, sirven a los intereses de un grupo en especifico –el del muy cuestionado ex rector Jesús Valenzuela– que tiene también a cuatro aspirantes inscritos, con la idea de cerrar el paso a quienes no les son afines.

Mañana el Consejo dará a conocer quienes de los ocho a los que se les aceptó registro pasan a la etapa de entrevistas, y el lunes comienza la auscultación. Se supone que del resultado de ambas fases se tomará la decisión de cómo integrar la terna que irá a las urnas.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Una vez más la Comisión Federal de Electricidad pone en escena su operación “reborujo”, participando en esta ocasión también la Secretaría del Trabajo en una jugada de varias bandas que tiene como propósito principal librarse de responsabilidad en el caso de “El Pinabete”.

Tenemos como primer elementos los nuevos procedimientos para la adquisición de carbón a los que nos referimos el viernes anterior, y que finalmente el jueves por la tarde CFE decidió declararlos desiertos todos, descalificando a los siete proveedores a los que había invitado a participar.

En todos los casos los descalifica por los mismos motivos, no presentar Manifiesto de Impacto Ambiental, ni acreditación de que estén autorizados para extraer carbón de los predios que declararon en su oferta.

De repente la CFE se volvió estricta y de entrada consiguió generar confusión, pues hubo quienes lo interpretaron como que se habían cancelado contratos. No es así, se declararon desiertos procedimientos de adjudicación para nuevos contratos, pero los asigandos en julio siguen vigentes.

Así, cuatro de las siete empresas a las que ahora descalificaron siguen con pedidos que representan un monto superior a los 200 millones de pesos.

¿En la licitación que se desarrolló en junio y julio sí cumplieron con los requisitos y ahora no?, ¿o en aquélla ocasión tampoco cumplieron y hubo tolerancia cómplice?.

Es necesario que CFE haga públicos los expedientes de los más de cincuenta contratos asignados en julio, para que se pueda corroborar el cumplimiento de todos los requisitos.

Si CFE realmente requiere las 720 mil toneladas de carbón para las que abrió siete procedimientos de adjudicación directa, en los próximos días tendría que convocar de nuevo. Si no lo hace estaríamos confirmando que todo fue una simulación.

De cualquier manera, salen a relucir otros aspectos interesantes. Tanto a Minerales Don Chilo como a Consorcio Oasis, les descalifican porque presentaron documentos de trámite de manifiesto de impacto ambiental, en los dos casos, con fechas de 17 de noviembre de 2021, y 2 de marzo del 2022, más no la resolutiva.

Sin embargo en los registros de la Secretaría del Medio Ambiente, solo hay trámites ingresados de Don Chilo, pero no de Oasis.

En el caso de la minera de los Flores Guerra, en el trámite que iniciaron en noviembre de 2021 sí hubo resolutivo, en que se les desechó su proyecto “Aprovechamiento de carbón mineral Don Chilo”, para un predio en los municipios de Villa Unión y Guerrero.

Se les desechó porque pretendieron desahogarlo como un proyecto agropecuario, de cambio de uso de suelo de áreas forestales, y no como actividades de extracción mineral.

Y en el trámite que iniciaron en marzo de 2022, para extracción de carbón en el predio “Casi 8”, desde mayo de este año la autoridad ambiental les solicitó mayor información, y no hay registro de que la hayan entregado, por lo que no hay hasta ahora resolutivo.

Así van surgiendo nuevos testimonios de cómo se da la participación de los Flores Guerra en el negocio del carbón, con trampas y engaños.

Al inicio de esta columna decíamos que en la operación “reborujo” participa también la Secretaría del Trabajo, y es que en su afán de negar responsabilidad en el accidente en “El Pinabete” emitieron un comunicado diciendo que nunca hicieron una inspección a la mina porque no se tenía en su padrón registro de que estuviera operando.

Presumen de que el 33% de las inspecciones mineras a nivel nacional las realizan en la región Carbonífera, ¿no tendrían que empezar por las empresas que reciben contratos de la CFE, como las más de 50 a las que se adjudicaron pedidos en julio, entre ellas “El Pinabete”?.

La Secretaría del Trabajo asegura que en 2021 Minera El Pinabete en un contrato privado cedió los derechos de la concesión a Cristian Solís Arriaga, pero no lo registraron ante la Dirección General de Minas.

Con todo y ello, en febrero intentaron ceder los derechos, ahora a SCI Edificaciones, pero el trámite se les denegó.

Y es este trámite el que viene a explicar que también se involucre a José Feliciano Díaz Iribarren, el famoso “Chano”, pues es el accionista mayoritario de SCI, empresa que en marzo de 2020 modificó su objeto social para incluir entre sus actividades todas las relacionadas a la minería, transporte y comercialización del carbón.

Cuando surgió el nombre de Díaz Iribarren a las pocas horas de la tragedia en “El Pinabete”, buscó desvincularse aduciendo que tenía una relación “de palabra pero no documental”.

No se formalizó documentalmente porque no cumplieron con los requisitos, y eso hasta ahora ha librado a SCI y sus socios de responsabilidad, por lo que ante las autoridades el titular de la concesión sigue siendo “El Pinabete” y el operador Cristian Solís, quien al igual que Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas aprovechó la oportunidad que les regaló la Fiscalía de la República y se ha dado a la fuga.

Órdenes de aprehensión y ficha roja de Interpol más de un mes después de la tragedia, ni la burla perdonan.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

El 28 de agosto la Organización Familia Pasta de Conchos demandó del gobierno federal no entregar el rescate en “El Pinabete” a la CFE, por su falta de experiencia en rescate minero, y además cancelar todos los títulos para la explotación de carbón en áreas de alto y mediano riesgo.

Al primer punto el propio Presidente de la República le dio respuesta inmediata, anunciando ese día que encomendaba a Manuel Bartlett y a la CFE el plan de rescate con la construcción de un tajo a cielo abierto.

Para el segundo punto la respuesta tardó un poco más, llegó el 2 de septiembre y precisamente a través de la Comisión Federal de Electricidad, que ese día abrió siete nuevos procedimientos por adjudicación directa para la adquisición de carbón.

De cancelar concesiones nada. Al contrario, compran más carbón en un proceso opaco y favorecen en la mayoría de los casos a los mismos grupos que están siendo señalados por operar desarrollos mineros improvisados y en condiciones precarias. Y, una vez más, está clara la intencionalidad política en las adjudicaciones.

Los nuevos contratos representan un monto de más de 720 millones de pesos, que se estarán pagando entre septiembre de este año y junio del próximo. Oportuna derrama para el proceso electoral en puerta.

Solo una de las siete empresas a las que se está favoreciendo en esta ocasión tiene experiencia acreditada en la minería del carbón, yacimientos conocidos e infraestructura suficiente para trabajar en condiciones que se ajusten a la norma, Minería y Energía del Noreste, de la familia García de Anda, a la que se le están haciendo pedidos por poco más de 148 millones de pesos, adicionales a los que se le adjudicaron hace dos meses por 55 millones de pesos.

Y nuevamente está en las listas Minerales Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, el hermano de la alcaldesa de Múzquiz, quien otra vez se lleva la mayor tajada, pedidos por más de 198 millones de pesos.

Garantizado el flujo para la caja chica –que no es tan chica– con la que se ha venido financiando a los candidatos y precandidatos de Morena.

A Consorcio Oasis, de Efrén Delgado Valdéz, se le están haciendo pedidos por 59 millones de pesos. Pero en las especificaciones técnicas se señala que debe ser carbón con las características de la Cuenca de Río Escondido, que comprende los municipios de Nava, Guerrero y Piedras Negras.

Oasis, de acuerdo con la Secretaría de Economía, tiene un título minero que ampara un tajo a cielo abierto, pero está ubicado en Sabinas, en un predio cercano a “El Pinabete”. No hay registro de que tenga yacimientos en la Cuenca de Río Escondido.

A Beneficios Carboneros AJ, de Carlos Carrillo Garza, le adjudican pedidos por 84 millones de pesos, adicionales a los que le contrataron en julio por 55 millones.

Y luego aparecen tres empresas con las que desde el año pasado está participando el grupo de Régulo Zapata Morales en el negocio del carbón.

Las empresas ligadas con el proveedor consentido de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, son:

Minerales y Transportes, representada por David Morales Yutani, que tendrá un contrato por 99 millones de pesos; el año pasado lo tuvo por 61.

Minerales La Florida, representada por Javier Irribarren Balderrama, sumará 66 millones de pesos a los 41 que se le adjudicaron en julio, y en 2021 recibió contratos por 37.

Y por último Consorcio Minero AG, representada por Rodolfo Esquivel Lozano, que recibe este año contratos por 64 millones de pesos. Ahora no le tocó rebanada grande, como en 2021 en que le adjudicaron pedidos por más de 229 millones de pesos.

Con el Consorcio Minero AG se da también la circunstancia de que tiene un título, en su caso para la explotación de un pocito en Escobedo, y le están comprando carbón de la Cuenca de Río Escondido.

Con todo y las fatales consecuencias que el modelo está dejando lo vuelven a repetir en una actitud que ya no es únicamente cinismo, es un manifiesto acto de autoritarismo y desplante de impunidad.

En la región Carbonífera corre la versión de que este viernes en Torreón habrá una audiencia ante el juzgado federal en que la Fiscalía de la República radicó el caso de “El Pinabete”, habrá que estar atentos para ver si presentan algún avance real.

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Para cerrar, un tema más relacionado también con la Carbonífera. Falleció el miércoles en un hospital de Monterrey el acreditado locutor y presentador de noticias José Luis Olivo Castro.

Nacido en Nueva Rosita, Olivo Castro desarrolló la mayor parte de su vida profesional en estaciones de radio de esa ciudad, fundamentalmente en la XENR, donde fue una de las voces emblemáticas, hasta hace algunas semanas en que su estado de salud ya no le permitió trabajar.

Fue también dirigente sindical a nivel regional, con una destacada gestión.

Para sus familiares y amigos, nuestras condolencias.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

No ha pasado ni una semana de que en Piedras Negras la activista Julia Quiñones dijo estar comprometida con la estabilidad laboral, luego de que su Liga Sindical ganó en el proceso de VU Manufacturing, y ya está hablando nuevamente de irregularidades.

La dirigente ha señalado que la queja que presentaron ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida seguirá su curso pese a que los obreros de VU pudieron elegir al sindicato de su preferencia.

Y aunque fue precisamente la Liga de Quiñones la que se quedó con la representación sindical, la activista ahora dice que en el proceso hubo incidentes y violaciones.

No hay de momento ninguna otra votación en puerta directamente en el estado, pero sí hay empresas con inversiones en Coahuila, que en sus plantas en otras entidades tienen en curso un proceso.

Tal es el caso de la francesa Saint Gobain, que en su planta en Cuautla, Morelos, los trabajadores votarán para escoger entre un sindicato a la CTM y otro de los denominados “independientes”.

Saint Gobain tiene plantas en Saltillo y Ramos Arizpe, esperemos que sus trabajadores a nivel local no se dejen llevar por esos grupos que están tratando de infiltrarse con aviesos intereses.

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En otros temas, para aprovechar bien el «puente» con motivo de las fiestas patrias, el rector de la UAdeC ya prepara para el sábado 17 de septiembre dos eventos con Ricardo Mejía, uno en el entorno familiar y otro en el institucional.

Primero Hernández Vélez lo recibirá en el ejido Tomás Garrido, de su natal Viesca, y luego en la Infoteca de la Unidad Torreón en donde se hará la presentación de un libro de la autoría de Mejía.

Ricardo Mejía Hernández, es el mejor corredor de trail en México, es un atleta mexicano de talla internacional, que tiene el tiempo más rápido conocido –FKT por sus siglas en inglés– en el ascenso al Pico de Orizaba. En Torreón presentará su libro «El Rey de las Montañas».

Un acierto del rector Hernández Vélez promover estas actividades que son además congruentes con hábitos y valores que a lo largo de su gestión ha buscado inculcar a los universitarios: la lectura y el senderismo.

El propio Rector es un prolífico autor además de ávido lector; y cada fin de semana sin falta sale –casi siempre acompañado por universitarios– a sierras y montes de diferentes municipios de la entidad a hacer senderismo.

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Emotiva la ceremonia celebrada este martes en que la Universidad Anglo Hispano Mexicana otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al licenciado Armando Javier Guerra.

Guerra, quien a lo largo de su vida ha destacado como promotor cultural tanto desde la Universidad Autónoma de Coahuila como desde el gobierno estatal, fue acompañado en la especial ocasión por familiares, amigos y ex colaboradores que le reconocen sus méritos y trayectoria.

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Que la Fiscalía General de la República haya solicitado órdenes de aprehensión contra tres personas involucradas con el accidente en “El Pinabete” invocando la Ley de Bienes Nacionales y no el Código Penal, viene a confirmar que han decidido continuar con la simulación.

Van contra los prestanombres, acusados de explotar ilegalmente un bien propiedad de la nación, y no contra los titulares de la concesión y de los contratos de suministro de carbón.

Tampoco hay acción alguna por la negligencia en que incurrieron autoridades federales del Trabajo al permitir la operación del desarrollo minero sin cumplir con las condiciones de seguridad e higiene.

En la misma actitud el director de la CFE Manuel Bartlett en su visita de pantalla a la región Carbonífera, donde se negó a responder cuestionamientos de los medios de comunicación sobre los contratos de suministro y la verificación que tendría que haber hecho el Servicio Geológico Mexicano a las minas.

Pero sí es de destacarse que el gobierno mexicano confirme que esta semana se indemnizará a los familiares de los diez mineros muertos. Indemnización que lleva implícito un reconocimiento de responsabilidad y de que se incumplió en las prometidas medidas de no repetición de accidentes.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx