Por Eduardo J. De La Peña

Las revisiones unilaterales a vehículos de carga por parte de Texas duraron seis días, pero según los cálculos más conservadores costaron a la industria 42 millones de dólares, principalmente a los sectores de autopartes, alimentos perecederos, y componentes electrónicos.

Sirva el dato para dimensionar, primero la trascendencia del operativo que se ha implementado para reforzar la seguridad en la frontera de Coahuila y cumplir con lo acordado entre nuestro gobernador y el de Texas; pero también, las implicaciones que puede tener la actitud tomada por el Presidente de México, que primero ignoró el problema y cuando se ocupó fue para generar mayor confrontación.

No tardó la respuesta del texano Greg Abbott quien no titubeó en advertir que puede volver a ordenar esas revisiones que colapsaron la frontera. Y claro que puede, si no le importa patearle la puerta al presidente de su país, Joe Biden, mucho menos le quita el sueño enfrentarse con López Obrador.

El riesgo de que en cualquier momento retome Texas esas u otras medidas que Abbott dice son para controlar la migración estará latente, pues tiene que ver con el proceso electoral en aquélla entidad donde está buscando la reelección.

La competencia política en Texas fue lo que le pegó a la industria y a nuestra frontera. Ese es el fondo del asunto.

De cualquier manera lo que Coahuila ha implementado esta semana rinde frutos pues ya se han logrado importantes detenciones de delincuentes involucrados en el tráfico de personas.

El despliegue que inició el miércoles en Acuña y se extendió el jueves a Piedras Negras, pero que tendrá cobertura en los más de 150 kilómetros de frontera, deberá contribuir no únicamente a inhibir los delitos, sino que se espera contribuya también a salvar vidas.

El río Bravo es engañoso y aunque parece que su caudal es bajo, a consecuencia de la prolongada sequía, en lo que va del año han muerto ahogados sesenta migrantes, tan solo en las cercanías de Piedras Negras.

En ciento once días del año han muerto en su intento por cruzar el río sesenta personas, en promedio una cada dos días, lo cual sin duda constituye una tragedia. Cuando la inundación de Villa de Fuente en 2004 se contabilizaron 45 víctimas, y con el tornado F3 del que se cumplirán quince años el próximo domingo fueron tres los muertos.

Estos datos nos sirven también para dimensionar el nivel al que ha escalado el flujo migratorio, que ameritaría acciones en varios frentes, tanto para combatir el tráfico de personas como para asistir a quienes llegan huyendo de pobreza e inseguridad en sus países, pero eso no le ha importado al gobierno federal.

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Y ya que se habla de la federación, quien reapareció en La Laguna es el representante presidencial del programa «Agua Saludable», el senador con licencia Gabriel García.

Esta semana, el miércoles 20, se retomaron las reuniones de García con los sectores involucrados en el proyecto. La explicación oficial que dan es que las habían suspendido por la veda previa a la consulta de revocación.

Ni como creerles, pues hubo evidencias contundentes de que esa veda no les importó en el gobierno federal, la ignoraron por completo, como estarían haciendo ahora con la que a nivel local debe haber en Durango, ya en campañas para la elección de gobernador.

Más bien parece que el representante presidencial reapareció precisamente con motivo de esa contienda electoral en Durango, pues hasta ahora sus reuniones las ha concentrado en las comunidades rurales de aquélla entidad.

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Este jueves tendría que haber dado la CFE el fallo de un nuevo procedimiento de adjudicación directa, ahora para el contrato a la empresa que deberá construir rampas de acceso, galerías de aproximación y túneles de conexión en la mina de Pasta de Conchos, es decir las obras principales que deben realizarse para que puedan ingresar las cuadrillas que intentarán recuperar los restos de los mineros que ahí murieron en 2006.

Si acaso se emitió el fallo no se ha hecho público, pero para el procedimiento se invitó en conjunto a tres empresas, entre ellas PROACON y Servicios Kya las cuáles en la licitación para la construcción de dos lumbreras participaron y fueron descalificadas por falta de solvencia técnica, para luego declarar desierto el concurso y recurrir a la adjudicación directa en la que favorecieron a PROACON con el contrato por más de 300 millones de pesos.

Si para un monto así recurrieron a un enjuague burdo, veremos ahora con que novedad sale la CFE, pues las obras que adjudicará requieren una inversión de más de mil cien millones de pesos, es decir casi cuatro veces lo del otro contrato.

¿Y cómo van con la construcción de las lumbreras? ¿ya llevó PROACON algo más que el famoso trascabo aquél de la foto cuando simularon el inicio de los trabajos?.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

El senador Armando Guadiana Tijerina prefirió no entrar en detalles respecto al estatus actual de los pedidos de la Comisión Federal de Electricidad a los productores coahuilenses de carbón. “Porque luego dicen que tengo conflicto de intereses” dijo el también empresario minero en una entrevista radiofónica este martes por la mañana.

Sin embargo Guadiana no perdió la oportunidad de señalar que en los procesos de adquisición de la CFE impera la corrupción y no se ha cumplido con la instrucción presidencial de hacerlos de manera correcta.

Para que luego no le digan que se confronta con López Obrador, el senador coahuilense tuvo buen cuidado en decir que el Presidente actúa con transparencia pero en los mandos medios y más abajo la corrupción sigue.

Seguramente que a Guadiana, como en general a los empresarios del carbón en Coahuila, no le tiene muy contento que la CFE haya adjudicado al poblano Carlos Carrera Velicia un contrato para suministrar 8 y medio millones de toneladas de carbón a la planta de Petatalco por 39 mil 300 millones de pesos, y que aquí sigan demorando los pedidos para las plantas de Nava.

Que además a los productores de la Región Carbonífera les compran en mil pesos o apenas un poco más la tonelada, y en este pedido para Petatalco se fijó un costo superior a los 3 mil 600 pesos por tonelada.

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La semana anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, y la Nacional Forestal suscribieron un acuerdo de coordinación interinstitucional “Con la finalidad de fortalecer el control de incendios forestales durante la actual temporada de estiaje, en la que se incrementan las temperaturas y el riesgo de siniestros”.

Puro jarabe de pico. Tan fácil como firmar un papelito.

Según lo que se ha difundido de este convenio, “la Comisión Nacional del Agua proporcionará, de acuerdo con su disponibilidad operativa y de recursos, aeronaves y tripulación de que disponga para realizar actividades de combate de incendios forestales, así como para transportar a personal combatiente, herramientas, equipo y suministros”.

En los hechos, en las oficinas de lo que fue la representación local de Conagua en Saltillo, dentro del predio de la delegación de Agricultura, siguen abandonadas seis unidades, con tanques cisterna y capacidad de acceso todo terreno.

El año pasado, cuando el incendio en La Pinalosa, se puso en evidencia que pese a la urgencia de equipo esas unidades no se estaban utilizando. Y así siguen pese a que ya tuvimos nuevos incendios, y pese a que en comunidades rurales de todo el estado hay familias campesinas que sufren por la falta de agua potable.

Ya se tiene lo más caro que son los camiones y las cisternas, si Conagua no cuenta con recursos para rehabilitarlos y ponerlos a trabajar, en lugar de dejarlos abandonados podría entregarlos en comodato a otras instancias federales, estatales o municipales para que presten servicio.

Batallan mucho para traducir sus grandilocuentes convenios en acciones reales.

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Ahora que si de unidades abandonadas hablamos, también ha quedado en evidencia que la Secretaría de Salud mantuvo sin uso durante al menos dos años las motocicletas “Goliat” que se compraron para el Sistema de Urgencias Médicas.

No se ha dado una razón para que dichas unidades hayan dejado de prestar servicio, y ahora están buscando recursos para rehabilitarlas, pues con el prolongado tiempo en desuso ya no sirven las baterías.

Es cuestionable que se mantengan guardados en una bodega esos vehículos, cuando en ciudades como Saltillo hay una alta incidencia de infartos y entre marzo y abril se han dado cuando menos nueve muertes de personas en la vía pública por padecimientos cardiacos.

Sí, el SAMU tiene otras unidades en funcionamiento, y ha atendido en lo que va del año 578 emergencias relacionadas con males cardiacos, pero también se han dado casos en que personas fallecieron por no recibir atención oportuna, lo cual quizá no hubiera ocurrido si estuvieran operando los vehículos que se compraron para llevar la atención médica a los lugares de más difícil acceso.

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Este miércoles el gobernador Miguel Riquelme tendrá un encuentro con los empresarios de radio y televisión en Coahuila afiliados a la Cámara que aquí dirige Raúl C. González Sánchez.

No pasa desapercibido que mientras la Sociedad Interamericana de Prensa en su reunión de medio año que se está desarrollando en plataformas digitales, pone sobre la mesa su preocupación por las acciones y amenazas que ponen en riesgo en las Américas las libertades de expresión y de prensa, en lo local hay un clima propicio para encuentros y diálogos entre el poder y los medios, como el que se tendrá hoy.

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El jueves estará en Ramos Arizpe el Embajador de la India en México, Pankaj Sharma, para colocar la primera piedra del Centro de investigación y Desarrollo de la empresa de capital hindú UPL dedicada a la fabricación de agroquímicos. Sin duda una inversión importante en el momento que  se vive a nivel mundial cuando el conflicto bélico Rusia-Ucrania pone en riesgo el abasto mundial de fertilizantes.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

El incendio que se presentó la tarde de este jueves en la zona de El Diamante viene a recordar de manera contundente que no hay espacio para el menor descuido.

En la circunstancia actual todo juega en contra. Hay, por la prolongada sequía, una gran cantidad de material vegetal seco en el campo; la humedad relativa es muy baja –este jueves fue menor al 20%– las temperaturas durante el día son muy altas, y como siempre en Semana Santa, las rachas de viento son fuertes.

Las primeras versiones indican que el incendio fue detonado por una quema de basura que se salió de control.

Estaríamos ante la misma situación que se presentó en febrero de 2019 en la misma zona, descuido que las autoridades ambientales cuestionaron sonoramente, pero que nunca castigaron pese a que afectó en aquél entonces decenas de hectáreas dentro del área natural protegida de Zapalinamé.

Debe haber firmeza, cero tolerancia y cero impunidad, pues si las condiciones ambientales son adversas e imposibles de controlar, al menos evitar que no haya un detonante humano.

Así como no hay espacio para descuidos, tampoco debe haberlo para titubeos, y va el comentario en relación con la ambigua postura del gobierno de Arteaga respecto a la venta de leña en comunidades rurales.

Han dicho que está prohibida la venta de carbón y leña pero lo cierto es que en los ejidos esto se ofrece de manera abierta, incluso en aquéllos como San Antonio de las Alazanas donde hay presencia diaria de la Policía Municipal y del propio alcalde, y se hace en la calle principal.

No se le niega a Ramiro Durán que ha tenido aciertos, como la adquisición de unidades de reacción rápida y la apertura del grupo de whatsapp «Vigilantes Ambientales», que ambas acciones demostraron su utilidad en este nuevo incendio, pero debe haber mano firme en el otro tema.

Ninguna medida que implique restricción o limitante, ya sea para el turista o el comerciante, es popular, pero no están los tiempos para cuidar la imagen personal, a la larga dará mayor reconocimiento el actuar responsable en circunstancias como las que se viven.

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Sin el menor respeto por los días de asueto, ya no se diga por el simbolismo religioso de la fecha, y sin tener en cuenta que la sociedad quedó saturada de politiquerías después de la consulta de revocación, Luis Fernando Salazar –con recursos de origen no aclarado– ha contratado a una casa encuestadora para medir su popularidad en llamadas casa por casa.

Al menos en Saltillo algunos que han recibido la llamada siguen en la línea cuando les anuncian que les harán preguntas en relación con Luis Fernando Salazar, porque no saben de quien se trata, pero cuando la grabación lo identifica como un político de Morena cuelgan de inmediato.

Es clara la intención del político lagunero de ir construyendo posicionamiento e identificación, por aquello de que el partido al que se fue a refugiar como tránsfuga (así dijo su papá) vaya realmente a postular a sus candidatos por encuesta.

Y si Salazar le sigue haciendo la lucha, esto anticipa que el proceso de Morena para designar en 2023 su candidato a gobernador no será nada terso, pues si algunos plegaron sus velas cuando vieron una línea clara a favor de Ricardo Mejía, otros andan buscando por donde colarse.

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Mientras que los productores de carbón en Coahuila siguen en la incertidumbre respecto a si se les adjudicarán nuevos contratos de suministro a la Comisión Federal de Electricidad, hay una empresa que ya festeja el haber obtenido un contrato multimillonario, y se trata de un proveedor consentido de la paraestatal en este sexenio.

Troy T&D, propiedad del empresario poblano Carlos Carrera Velicia, sigue cosechando contratos en la CFE y en días anteriores le adjudicaron uno para proveer ocho millones y medio de toneladas de carbón para la central de Petatalco, Guerrero, contrato que tiene un valor de 39 mil 300 millones de pesos.

Sin operación minera conocida, Carrera Velicia le va a vender a Comisión Federal cada tonelada de carbón en más de tres mil pesos, cuando a los productores coahuilenses la paraestatal se los pagó el año pasado en menos de novecientos pesos.

A esta misma empresa le habían adjudicado en diciembre otro contrato por 780 mil toneladas.

El año pasado que CFE adjudicó a la familia Flores Guerra de Múzquiz los contratos para suministrar 2 millones de toneladas de carbón, negocio por cerca de 2 mil millones de pesos, hubo todo un escándalo. Hoy a Troy T&D le están dando casi veinte veces eso, de acuerdo al valor del contrato.

Y sin embargo nadie se atreve a cuestionar a la CFE y al gobierno federal, pues favorece a proveedores que seguramente importarán el carbón en lugar de aprovechar lo que se tiene en el país y detonar la economía de una región que suma ya varios años en prolongada crisis.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Con toda la atención centrada en la polémica por la reforma eléctrica y las tensiones que genera en la relación de nuestro país con los Estados Unidos, cuyo Embajador un día amaga con demandas en cortes internacionales y al siguiente dice que seguimos “tan amigos como siempre”, de manera soterrada se están dando otras negociaciones que vendrán a impactar a nivel regional.

Como siempre ocurre con los vecinos del norte, tensan la cuerda con un tema y buscan la compensación con otro, y en este caso parece ser que la “concertacesión” implicaría que México finalmente de luz verde para la importación de papa fresca.

El litigio mediático ha sido por la reforma eléctrica y sus implicaciones, pero por debajo del agua miembros del Comité de Finanzas del Senado estadounidense emplazaron a la representante comercial Katherine Tai a resolver lo que ellos consideran es un bloqueo de México a la papa fresca.

En 1996 se estableció la primer cuarentena a la papa estadunidense, y en 2003 México permitió la importación de papas frescas de Estados Unidos pero la restringió a la franja fronteriza de 26 kilómetros, pues el vecino país no está libre de plagas que aquí se han erradicado o al menos controlado.

La Confederación Nacional de Productores de Papa en México ha dicho que en Estados Unidos están presentes 43 tipos de plaga, 28 de ellas consideradas de alto riesgo.

La restricción dio pie a un largo litigio, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que en abril del año pasado se pronunció respecto a un amparo interpuesto por productores de papa de Sinaloa y declaró la constitucionalidad del reglamento de Sanidad Vegetal, analizando aspectos técnicos jurídicos pero sin entrar al fondo de los riesgos fitosanitarios.

La propia Corte señaló en aquél entonces: “la decisión tomada se limitó a revisar la constitucionalidad de los artículos reglamentarios… pero nada de lo decidido por la Primera Sala, impide u obstaculiza que las autoridades administrativas competentes decidan que además de las medidas previstas en dichos artículos, pueden dictarse las medidas fitosanitarias que consideren necesarias para efectuar la importación, incluso pueden adicionar o modificar las previstas en el Reglamento, pudiendo modificarse o derogarse dicho instrumento”.

Pero no llegaron nunca tales medidas fitosanitarias, ante las presiones de Estados Unidos el gobierno mexicano ya aceptó que podrán importarse papas frescas a partir del 15 de mayo.

Para los productores estadunidenses ha sido una gran noticia, pues sus exportaciones a todo el mundo en 2021 representaron un negocio de 276 millones de dólares, de los cuales 50 millones correspondieron a lo que pudieron enviar a la franja fronteriza de México; ahora estiman que al abrirse nuestro mercado por completo, tienen un potencial de 250 millones de dólares al año.

En cambio para los productores mexicanos se avecinan problemas que van más allá de la previsible perdida de mercado, ya que al elevarse el riesgo de plagas deberán invertir más en las medidas preventivas y de control que ya de por sí son bastante costosas.

Habrá sin duda un impacto a nivel nacional y local pero hasta el momento ninguna autoridad de México o Coahuila se ha pronunciado al respecto.

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En periódicos de la Ciudad de México, el gobierno federal –sin precisar cuál dependencia—está anunciando que busca en renta en Torreón un espacio de mil 120 metros cuadrados para oficinas.

Por la superficie, que bien pueden ser varios pisos de un edificio, se da a pensar que se trata de una dependencia con mucho personal, pero en el actual gobierno ninguna representación federal cabría en ese perfil, de hecho las que existen tienen sus oficinas vacías.

¿Será acaso que ya en el cuarto año de gobierno se decidieron a concretar la descentralización de Nacional Financiera?.

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El alcalde de Ramos Arizpe José María Morales mantiene su compromiso con los empresarios de crear un agrupamiento especial de Seguridad Pública para encargarse de la vigilancia en los parques industriales.

No se ha podido concretar ese nuevo agrupamiento porque la policía municipal de Ramos no cuenta con el número suficiente de elementos, y pese a que tienen abierta la convocatoria desde la primera administración que encabezó Morales, siguen teniendo más de cuarenta vacantes.

Es más los recursos para la adquisición de patrullas, y la disponibilidad de vehículos en el mercado ya no son problema, lo que falta es el elemento humano, un problema que en su propia realidad también han sufrido las empresas.

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Este miércoles cumple 91 años de edad el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, quien hace apenas un mes presentó el libro “Una Larga Jornada” que contiene sus memorias, y ya está escribiendo otro que llevará por título “La Universidad del Futuro”.

Es de reconocerse que pese a su avanzada edad Mendoza Berrueto no únicamente se mantiene lúcido, sino además conserva la inquietud por aprender y enseñar. Felicidades.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña
De gira por la zona rural del sur de Saltillo el gobernador Miguel Ángel Riquelme planteó la posibilidad de instrumentar un programa de empleo temporal para auxiliar a los campesinos ante la difícil circunstancia que se les presenta con la sequía.
Sale a relucir la sensibilidad de Riquelme ante una realidad apremiante para cientos de familias de las comunidades ejidales de toda la entidad, y recurre a una estrategia que ya en el pasado se ha tomado para garantizarles un ingreso a cambio de trabajo a favor de la comunidad.
Hay que decirlo, estos programas son arma de dos filos, y de una adecuada implementación depende que el resultado sea favorable y no que se convierta en el detonante de otros problemas.
Hubo malas experiencias décadas atrás porque se reclutaba en los ejidos para ir a hacer limpieza en las carreteras estatales y los caminos rurales, pero no había supervisión de estos trabajos, entonces aún quienes sí tenían empleo preferían enrolarse en el programa pues se les exigía menos que en el rancho o huerta donde laboraban.
Si se implementa este año un programa de empleo temporal, debe contemplar una vertiente para los lugares donde el campesino depende exclusivamente de lo que le produzca su tierra, y ahí sí dirigirlos al trabajo comunitario; pero donde hay empleo en centros de producción de particulares tendría que plantearse como un complemento salarial, e instrumentarlo en coordinación con esos productores para no generarles vacantes, sino al contrario apoyarles a que contraten a más personas.
El tema quedará ahora en manos del Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, será importante que se aplique en los detalles para los resultados sean favorables.

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Como ya se había anticipado, el miércoles rindió su informe al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe Mario Ricardo Hernández Saro.
Entregó buenas cuentas a quien asumió como nuevo dirigente, Sergio Alain Aguilar Guerra, quien recibe una Asociación con cero deuda, y en la que los ingresos propios se han duplicado, y no por lo correspondiente a cuotas, sino mayormente por lo que se capta con los cursos de capacitación que se ofrecen, ahora en un Centro que con este propósito expreso se construyó.
Aguilar Guerra al asumir el cargo señaló que la agrupación se involucrará en un análisis de fondo que apuntale la promoción económica de la región apostando a la diversificación, y estrechará la vinculación con las Universidades buscando aportar en la revisión de los planes de estudio y en la definición de los perfiles de egresados que busca el mercado laboral.
Si a Mario Ricardo Hernández le tocó dirigir la AIERA en un momento complejo por el efecto en el sector productivo y la economía de la contingencia sanitaria, a Aguilar Guerra le corresponderá liderar al sector en una circunstancia llena de oportunidades por la reconformación de los mercados que se está dando a nivel mundial.
Por ejemplo hoy en día China está perdiendo competitividad por los recurrentes confinamientos a que se ven obligados; también por el elevado costo de los combustibles, que encarece los fletes, y por circunstancias logísticas como la grave escasez de contenedores.
Entonces hay sectores que están volteando a ver a nuestra región para extender sus operaciones y consolidar aquí su cadena de proveeduría, prescindiendo de la china.
Ramos bien consolidado en el ramo automotriz, ha empezado a incursionar con éxito en los sectores mueblero y de electrodomésticos, y es precisamente en estos ámbitos donde se les abren nuevas oportunidades.
Hoy en día se habla incluso que Ramos Arizpe se ubica ya entre los 10 municipios del país donde más se recauda por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y esto es producto de su actividad industrial.
En lo local desde luego que es uno de los municipios donde más se capta por concepto del Impuesto Sobre Nóminas.
Que a propósito del ISN, justo en la Asamblea de la AIERA el gobernador Riquelme dio a conocer que el miércoles al mediodía se pactó con el Comité Técnico del Fideicomiso de este impuesto, donde hay representación empresarial, el paquete de obras a realizar en la región sureste.
Y dijo también que anticipó a los empresarios que en 2023 se les presentarán nuevos esquemas de inversión y financiamiento, que ya no le tocará aplicar pero que serán instrumentos que permitirán a la siguiente administración estatal continuar con el fortalecimiento de la infraestructura estatal.

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El bloque opositor que conforman PRI, PRD y PAN denunció este jueves en voz de Rubén Moreira de las presiones que están teniendo diputados de esos partidos para que voten a favor la reforma eléctrica, que finalmente sí irá a votación la semana próxima, pues Morena se salió con la suya y habrá al menos dos sesiones durante la Semana Santa o Mayor.
Habrá que estar muy pendientes y ver quiénes ceden a esas presiones, aunque la bancada de Coahuila ha insistido que votarán en contra. También debe observarse que no haya ausencias, como en el pasado las hubo de manera deliberada para favorecer a Morena.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Hace algunas décadas, allá en los ochenta, en una convivencia entre taurinos alguien preguntó al Doctor Carlos Cárdenas Valdés, el ya fallecido pero bien recordado “Rayito”, sobre un saltillense aspirante a torero que había anunciado que buscaría otra actividad, “oiga doctor y que opina de que fulano vaya a retirarse de los toros”, a lo que de inmediato replicó sagaz el increpado, “¿retirarse? ¿pues cuándo se ha acercado?”.

La anécdota viene “como anillo al dedo” ahora que se ha informado de la toma de protesta de alguien llamado Mónica Montero como Senadora de la República por Coahuila, ya que Eva Galaz dejó el Senado.¿Lo dejó? ¿alguna vez acudió?.

Pero la pregunta más importante es por qué Eva Galaz deja un cargo en el que sin esfuerzo alguno durante cuarenta y tres meses estuvo cobrando 105 mil pesos, mensuales, más prestaciones. Se embolsó más de cuatro millones y medio de pesos sin hacer aportación alguna para su región de origen, la Centro, ni para Coahuila, mucho menos para el país.

La señora Galaz no únicamente deja ese generoso sueldo, sino también la protección del fuero constitucional, un riesgo que no es menor para alguien que como ella tiene serios problemas con el fisco, que pasaron ya de las áreas de auditoría a las jurídicas, es decir donde ya estos asuntos no se resuelven con multas sino que se persiguen como delitos.

O hay realmente una causa de fuerza mayor para que Eva Galaz haya dejado el fuero, o siente que en la cuarta transformación nadie se va a atrever a tocarla por la amistad que unió a su padre, el ya fallecido empresario Don Gustavo Galaz, con Andrés Manuel López Obrador.

Desde que López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando aquél tema con el desafuero, contó con el respaldo de don Gustavo Galaz, quien aportaba para su movimiento en el país, y eso lo ha reconocido en diferentes foros y ocasiones el Presidente.

De hecho ese fue el único mérito para que Eva Galaz fuera considerada candidata al Senado y así obtuvo la beca que no necesitaba.

En cuanto a Mónica Montero, en 2020 fue candidata de Morena en un distrito con cabecera en Torreón, pero pese a llevar la marca del partido presidencial quedó en tercer lugar en la elección.

A Montero que obtuvo poco más de nueve mil votos le ganó, tres a uno, la priista Olivia Martínez Leyva, e incluso el panista Gerardo Aguado, quien hoy es secretario general de Acción Nacional en la entidad, obtuvo más votos que ella.

Después la incluyeron en la planilla de Morena para el Cabildo de Torreón, y desde el primero de enero cobraba como regidora, hasta que la semana pasada solicitó licencia para irse al Senado.

Este olímpico brinco político no pasó desapercibido para el alcalde Román Alberto Cepeda, quien al despedirla en la sesión de Cabildo le llamó a no olvidar que fue en Torreón donde recibió el impulso a su carrera, y tenerlo presente para ver por su tierra desde la Cámara de Senadores.

Veremos si es al menos más productiva que Galaz, o si se lo toma también como un periodo sabático.

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Y a propósito de Senadores, precisamente en la Comarca se insiste en que desde hace semanas no se ha sabido del legislador con licencia Gabriel García Hernández, el enviado presidencial para dar seguimiento al programa “Agua Saludable para La Laguna”.

Incluso se ha dicho que retornó a su curul, sin embargo en el sistema de información del Senado aparece aún con licencia.

¿No será más bien que García anda por ahí agazapado armando las estrategias de Morena para la elección en Durango?. Pronto lo sabremos.

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Este miércoles Mario Ricardo Hernández Saro rendirá el informe de su gestión al frente de la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe y pasará la estafeta a Sergio Alain Aguilar Guerra.

Se va Hernández Saro con la frente en alto, y el reconocimiento de que supo llevar una buena gestión, marcada por un momento complejo que le tocó afrontar a la industria regional durante la contingencia sanitaria.

Mario Ricardo Hernández al frente de la Asociación cumplió con el rol que le correspondía como enlace con las autoridades, tanto para plantear las necesidades que surgieron en el sector en la contingencia, como para articular el apoyo del gremio empresarial hacia las instituciones de salud y la población en general.

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Iniciamos la columna de hoy con una anécdota de taurinos, y el cierre nos lleva de nuevo a esos terrenos, pues este martes en Nuevo León se declaró a la tauromaquia, al igual que las peleas de gallos, como patrimonio cultural.

¿Y Coahuila?, en campaña el gobernador Miguel Riquelme dijo que valoraría la posibilidad de derogar la prohibición de las corridas de toros, que por razones políticas se decretó el sexenio anterior. Ahora que han autorizado el casteo de gallos y las carreras de caballos, ¿no autorizarán al menos los festivales taurinos sin picadores y sin la muerte del toro?.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

En torno a la detención el viernes anterior de tres jóvenes a los que de inmediato se colgó la etiqueta de “narco juniors” porque se les localizó en un sector residencial del norte de Saltillo en posesión de varios kilos de droga, se ha dado un manoseo informativo como se estila en las corporaciones cada que les interesa que un tema quede en el olvido.

Ya le tocará al Fiscal  Gerardo Márquez poner orden y encontrar la manera de que el caso se judicialice y tenga el debido seguimiento procesal, pero en tanto hay otros aspectos de los que ocuparse y que al parecer no están siendo atendidos, pese a que tienen que ver con el impacto o significado de estos hechos en la sociedad.

De acuerdo a las versiones que las propias autoridades proporcionaron el fin de semana, los detenidos habrían revelado que distribuían la droga en restaurantes, bares y colegios, y es aquí donde ya tendrían que haber intervenido otras instancias más allá de las ministeriales.

Por ejemplo las secretarías de Salud y la de Educación, así como el Instituto de la Juventud y la Procuraduría de la Familia deberían de pedir información a la Fiscalía sobre lugares específicos en donde esos jóvenes vendían la droga.

Y es que más allá de si la Fiscalía puede o no seguir con el caso, indagar más y dar con la estructura de distribución, la información que ya se tiene debe ser aprovechada para trabajar, en privado y sin escándalos, con las escuelas, los padres de familia, y los propietarios de bares y restaurantes.

Las instituciones, los padres de familia y los empresarios desde luego saben del riesgo que hay en lo general de la infiltración de los narco distribuidores, pero ahora se puede hablar de casos en específico, y no de personas, sino de lugares en donde hay venta y consumo.

Será más contundente el mensaje si la autoridad llega con los directivos de una escuela o los dueños de un bar y les dice “en tus instalaciones se están vendiendo drogas”, o con los padres de familia y les plantea, “en el entorno cercano a tus hijos se están distribuyendo drogas”.

Un mensaje así tendría que generar también acciones más contundentes y ayudar a cerrar la pinza. Que quienes tengan que perseguir el delito lo persigan, y quienes deban prevenir el consumo se comprometan realmente en ello.

Y aquí cabe preguntar qué pasó con aquél compromiso que en febrero asumió la directiva de CANIRAC, encabezada por Eder López, de sumar a los restauranteros para combatir o evitar el narcomenudeo en sus instalaciones. ¿Algún resultado del cual informar?.

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Se termina marzo y quedan ya únicamente seis meses para llegar al tres de octubre, la nueva fecha que se definió para que se concrete la transición al nuevo modelo de justicia laboral en Coahuila y otras once entidades, que pidieron una prórroga al no estar en condiciones de lograr la implementación para el primero de mayo como originalmente se había establecido.

El gobierno federal ha dicho que destinará más de 5 mil 700 millones para esta tercera fase de implementación en doce estados, pero no hay certeza sobre cómo bajarán los recursos, mucho menos cuándo.

En el caso de Coahuila Miguel Mery Ayup ha dicho que la estimación sobre el costo anual de los juzgados laborales es superior a los 55 millones de pesos.

Sin embargo no se ha dicho cuántos juzgados se aperturarán en cada Distrito Judicial.

Pero para tener una idea aproximada de la magnitud del reto podríamos tomar en cuenta la carga de trabajo que tienen actualmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo la de Saltillo atiende diariamente en promedio 110 audiencias, para hacerle frente a eso habría que tener un mínimo de diez juzgados tan solo para Saltillo.

Y no es que las Juntas de Conciliación vayan a desaparecer, deberán seguir funcionando por varios años hasta que resuelvan el último asunto de los que tienen en trámite, es decir que por algún tiempo estarán operando, y generando un costo, ambas instancias.

Pero además se ha creado, de acuerdo a lo previsto en la ley, un Centro de Conciliación, por el que deberán pasar todos los litigios de competencia local antes de que se pueda ingresar el caso en algún juzgado, y este Centro deberá tener presencia estatal, personal suficiente, y presupuesto.

La Junta de Gobierno de ese Centro de Conciliación fue instalada este martes y se confirmó lo que ya se venía anticipando, la designación de Sergio Sisbeles como titular del mismo.

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Sigue creciendo la lista de obras que quedan a medias en la actual administración federal, que tanto crítica a los gobiernos anteriores por hospitales y otras obras que se dejaron abandonadas.

A dos sucursales del Banco del Bienestar, una en el ejido Los Llanos y otra en las instalaciones de la Sexta Zona Militar de Saltillo, que se encuentran fuera de servicio, se suma ahora el cuartel que para la Guardia Nacional se construyó en Piedras Negras.

La Secretaría de la Defensa construyó el cuartel dentro de un predio de 15 hectáreas cedido por el gobierno local, y aunque la obra, con capacidad para albergar a 120 elementos, fue concluida desde finales de diciembre, no se ha podido utilizar porque no tienen aún el equipamiento básico, ni se ha definido la fecha de entrega e inauguración.

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Por Eduardo J. De La Peña

Desde la semana anterior el alcalde José María Fraustro había planteado que se daría mayor participación a la mujer en espacios de toma de decisión en el gobierno municipal, y lo concretó este martes al designar nuevos mandos dentro de la Comisaría de Seguridad Pública.

Siete mujeres fueron nombradas en puestos de mando y tres más se incorporaron a trabajar en la dependencia.

En algunos casos se trata además de un acto de justicia con elementos que tenían ya más de dos décadas en la corporación, y se reconocen su trayectoria y experiencia para asumir mayores responsabilidades.

La sorpresa es la llegada de Karla Samperio Flores quien asume la Unidad de Capacitación y Desarrollo Humano, un cargo en el que seguramente tendrá un buen desempeño, pues se distingue por asumir las responsabilidades con profesionalismo y compromiso.

Allá en los noventa, cuando Fraustro Siller era rector de la UAdeC, Karla Samperio participó como estudiante en la organización de un simposium internacional de Derecho, con un nivel que no se ha vuelto a repetir, pues vinieron conferencistas como Diego Fernández de Cevallos, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís y Esteban Moctezuma Barragán.

Por la trascendencia del evento el rector, Fraustro Siller, se mantuvo muy cercano a los organizadores, entre ellos Samperio, una relación que perduró a través del tiempo, pese a tener distinta filiación política.

Pero también se inscribe la incorporación de Karla Samperio a la administración municipal a esa operación política que debe hacer el alcalde para corresponder a los muchos panistas que en la elección de junio del año pasado entendieron la importancia del voto útil y sufragaron por la fórmula priista que encabezaba Fraustro para asegurarse de cerrar el paso a Morena.

Que en el mismo sentido se dio, pero desde enero, la incorporación de José Antonio Lazcano a la dirección de Desarrollo Urbano.

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Una publicación en redes sociales, en la que un minero manda su foto y saludos «desde las minitas de Rancherías», generó reacciones de inmediato y cuestionamientos a las autoridades federales.

El grupo «Mineros Región Carbonífera», señaló puntual: «nos apena que nuestros compañeros sigan trabajando de manera clandestina. Reprobamos el actuar de @CFEmx por seguir comprando carbón y exponer la vida de mineros».

Y por su parte la Organización Familia Pasta de Conchos publicó: «Suponemos que estos saludos son para el presidente @lopezobrador @LuisaAlcalde y la @STPS_mx que se supone ordenaron que NO PODÍAN OPERAR las cuevas de Rancherías después de la muerte de 7 mineros. Nunca pararon y siguen vendiendo carbón a @ManuelBartlett @CFEmx ¿Hasta cuándo?».

Y es que en esas cuevas de Rancherías ocurrió aquélla inundación en junio del año pasado que enlutó a siete familias. Una operación minera que estuvo operando al margen de los más mínimos protocolos de seguridad, situación de la que con oportunidad se informó y que sin embargo toleraron tanto las autoridades laborales como el único cliente de la explotación minera, la CFE.

Hoy las redes sociales confirman que en Rancherías, como ocurre en general en la minería del carbón, todo sigue igual.

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Aquélla mañana del domingo 28 de noviembre de 1993, en vísperas de su toma de protesta como gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy perdió el gesto adusto que le identificaba. Aún no descdendía de la camioneta que le llevó a su casa de campaña, en González Lobo y Sierra Mojada de la colonia República, y al ver a los periodistas que le estaban esperando, exultante alzó los brazos, en abierto júbilo por el destape –minutos antes– de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la Presidencia de México.

Tres días después, en Palacio de Gobierno, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, anticiparía «vienen tiempos muy buenos para Coahuila, porque quien hoy ha asumido como gobernador fue quien me presentó a Luis Donaldo Colosio…».

Semanas más adelante, ya en enero, Colosio visitaría Saltillo como precandidato, y acudió a Palacio a visitar a Montemayor. Juntos tuvieron prolongado y privadísimo dialogo mientras caminaban por la explanada de la plaza de armas.

Se iniciaba una nueva administración estatal, pero las especulaciones abundaban. No pocos eran los que apostaban a que Montemayor sería llamado a la Secretaría de Hacienda cuando Colosio asumiera la Presidencia.

Sin embargo, en marzo, un día 23 como hoy, el país se cimbraría, y desde luego también Coahuila, con la noticia del asesinato del candidato del PRI.

En particular en nuestro estado había existido júbilo, optimismo, expectación por «el proyecto» de Colosio, y es que además de la estrecha cercanía con Montemayor, había otros coahuilenses participando en la campaña con responsabilidades de carácter nacional como Javier Guerrero García y Jaime Martínez Veloz, y varios más que llevaban amistad con el candidato. Además su esposa, Diana Laura Riojas era originaria de la región Carbonifera.

Son ya 28 años de ese vuelco que dio la historia política de nuestro país, circunstancias y hechos que no han sido esclarecidos, que quedan en esa impunidad tan característica de nuestro país, en el que atinadamente decía Colosio: «veo un México con hambre y sed de justicia».

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx

Por Eduardo J. De La Peña

Apenas el lunes fue creado por Ramiro Durán el grupo de whatsapp “Vigilantes Ambientales Voluntarios” y ya la noche del miércoles tuvo, literal, su primer prueba de fuego y la libró con éxito.
En el grupo confluyen tanto funcionarios estatales como municipales relacionados con el tema, así como brigadistas de diferentes comunidades y productores agropecuarios de la Sierra de Arteaga.
La noche del miércoles hubo un incendio de pastizal en el valle de San Antonio, y tras el aviso en el grupo se logró coordinar la movilización de personal, tanto desde la cabecera municipal de Arteaga como de algunos cañones, y en apenas una hora se logró extinguir el fuego.
Esto confirma que fue un acierto del alcalde Ramiro Durán crear el grupo, ahora será importante que se maneje con estrictas reglas, como ocurre con los de la Comisión de Seguridad en Saltillo, para que no se desvirtúe su propósito.

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Allá en la región Carbonífera los productores de carbón siguen esperando que lleguen los nuevos contratos para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad.
Se asegura que en semanas anteriores se hicieron visitas de verificación a 75 minas y que a los concesionarios de las mismas se adjudicarían los pedidos, en lo que se ha prometido será un contrato multianual, que comprenderá lo que resta del actual sexenio federal.
Eso es lo que se ha comprometido verbalmente, pero la experiencia enseña que al final en la CFE hacen las cosas de manera diferente a la anunciada, así que hasta no ver no creer.
El tema es que una vez más están en incertidumbre pues los productores están por terminar con los pedidos complementarios que les asignaron al concluir los anteriores contratos.
Eso sí, nadie por ahora quiere hacer ruido, conocen de la intolerancia en el gobierno federal a cualquier tipo de cuestionamiento o presión, entonces mejor se mantienen agazapados para ver si les favorecen con los contratos.

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A propósito de la Carbonífera, el ex alcalde de Juárez, Sergio Kobel, ha lanzado la alerta de que las derivaciones de la presa “Venustiano Carranza” hacia Nuevo León están dejando prácticamente seco el embalse conocido también como “Don Martin”.

Y los reportes de la Comisión Nacional del Agua lo confirman, pues de acuerdo con el reporte al miércoles de esta semana del Sistema Nacional de Monitoreo, “Don Martín” se encuentra a un 14% de su capacidad.
No estaría de más que Ricardo Martínez Loyola, de la Comisión Estatal de Búsqueda, programe algunos operativos en esa presa, pues a nivel regional mucho se insistió que durante los años de presencia de grupos delictivos fue utilizada para arrojar cadáveres, autos, armas y demás.
Desde hace semanas los colectivos que representan a familiares de personas desaparecidas se han movilizado a Nuevo León para aprovechar que el vaso de la presa “La Boca” está seco para buscar restos humanos, incluso la Comisión de Búsqueda, y el Centro Regional de Identificación Humana, que dirige Yezca Garza, se han sumado a autoridades del vecino estado para coordinar operativos.
No es descartable entonces que algo similar se pueda hacer en “Don Martín”.
Y otras instancias deberían irse preparando para amortiguar el impacto que habrá para las cooperativas pesqueras, pues es bastante probable que la actividad se vea afectada, como también ocurrirá con el turismo en la ya cercana Semana Santa.

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Con el cierre de la aduana de Eagle Pass a las importaciones de ganado desde finales de diciembre anterior no se generaron los problemas que se temían.
Si bien es cierto que para los ganaderos exportar ahora desde Acuña y Del Río implica pagar más por el flete, pues es un recorrido de casi ochenta kilómetros adicionales, también les ha representado ventajas operar a través de la estación cuarentenaria de la Asociación Local de Acuña por el servicio que ahí se da.
En todo caso la circunstancia será una oportunidad de aprendizaje para la Unión Regional, que podrá tomar las buenas prácticas de Acuña y aplicarlas en su cuarentenaria de Nava, como abrirse a la participación de más agentes aduanales cuando logren que nuevamente se pueda exportar por Piedras-Eagle Pass.

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Aunque será hasta el domingo cuando se desarrolle la audiencia para resolver si se vincula a proceso al ex director de Servicios Administrativos de la administración de Jorge Zermeño Infante, el ex funcionario sigue en prisión preventiva y en Torreón anda alborotada la gallera pues mucho se insiste en que el propio ex alcalde será llamado a declarar.
Por lo pronto el regidor Luis Cuerda ya le sumó a la causa, y señala que además del contrato publicitario irregular que suscribió el ex director, han encontrado al menos 17 obras que se ejecutaron sin licitar y sin que las autorizara la Contraloría Municipal.
Será interesante conocer cómo evoluciona el tema.

edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx