NUEVOS OBJETIVOS

En un viraje no previsto, el Plan B, que tan pronto como la semana próxima llegará a la Cámara de Diputados, define como objetivos prioritarios a cabildos y congresos locales, con la intención de recortarles el número de integrantes y las asignaciones presupuestales.

Claro, la embestida llevará como divisa la bandera de la austeridad, la misma con la que el grupo en el poder ha disfrazado sus excesos desde el sexenio anterior, y que las mayorías les compran fácilmente sin entrar al análisis de las implicaciones políticas o institucionales.

Pero ya lo advierte la diputada Luz Elena Morales, una reforma que alcance a los Cabildos y legislativos locales iría en contra de la división de poderes.

Tal vez uno de los propósitos del Plan B sea precisamente exploratorio, invadir otras competencias para generar litigios, medir la reacción de la Corte y preparar el terreno para excesos mayores.

Otros temas que se están considerando en la nueva iniciativa son modificar las fechas de la consulta de revocación de mandato y de la elección judicial, inicialmente prevista para el año entrante.

Desde la misma noche del miércoles se reunió en Palacio Nacional a los dirigentes de Morena, PT y Verde para construir el consenso que saque adelante el Plan B, pues se dice que algunas de las propuestas serán de alcance Constitucional.

LA FALSA AUSTERIDAD

Y si faltaran evidencias de que para la 4T la austeridad solo es necesaria y viable cuando se trata de asfixiar y desmantelar instituciones que les estorban, pero para las estrategias cacha votos y clientelares la llave siempre está abierta, tenemos ahora la absurda credencialización para el acceso universal al sistema de salud pública.

Aquí el delegado del Bienestar Américo Villarreal ya dio el banderazo a los servidores de la nación para que salgan a empadronar ciudadanos para que tengan una credencial que supuestamente les dará derecho a recibir atención en IMSS o ISSSTE sin importar si son o no derechohabientes.

Pero si el acceso universal ya quedó establecido en la ley, no tendría porque ser necesaria credencial alguna, que además va a costar. Mejor que esos recursos los destinen a que haya medicinas y equipo en los hospitales.

Pero claro, una credencialización organiza estructuras, permite el despliegue de los servidores con sus chalecos guinda en territorio y dejan al ciudadano en una sensación de dependencia del actor político, que desde luego se explota en los procesos electorales.

CIUDADANÍA ACTIVA

A 2 meses de que cierre el plazo para el registro de observadores electorales, según cifras del INE en Coahuila, a cargo de Miguel Castillo Morales, se han recibido más de 2 mil 200 solicitudes, de las cuales mil 032 ya recibieron el visto bueno, siendo en su mayoría mujeres.

Todo indica que este año en que solo hay elección para diputados locales, se confirmará la responsabilidad cívica de los electores de Coahuila, que ya ha sido puesta como ejemplo incluso en procesos federales, destacando por sobre otros estados con mayor población.

También se destaca que la mayoría de las solicitudes han sido presentadas de manera individual, con lo que cabría el llamado a las organizaciones de la sociedad civil a que aprieten el paso y sigan promoviendo la observación como una ruta para el fortalecimiento de la democracia.

Otros datos que ha difundido el INE esta semana también resultan de interés. Tienen que ver con el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, y Coahuila está el Top 5 de los estados con menos sancionados.

El promedio nacional es de 11, pero en Coahuila el registro solo informa de 5, llamando la atención que 2 son mujeres.

Y a propósito de la violencia política de género, en su siguiente sesión la Sala Superior del Tribunal Electoral abordará un asunto polémico: la sanción a una activista de Sinaloa por haber criticado a una diputada de Morena en un chat privado.

Al Tribunal de Sinaloa no le importó violentar las comunicaciones privadas de una ciudadana, pero ya el magistrado Felipe de la Mata proyecta una sentencia que resuelve que las capturas de pantalla de un chat privado no son pruebas lícitas.

El asunto, por los personajes, podrá parecernos ajeno, pero el fondo es de interés para todos: tiene que haber una protección estricta a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.