LOS POLÍTICOS
ESAS CIFRAS
La Secretaría de Agricultura informó del cierre del registro para el pago de incentivos o subsidios a productores de trigo en el país, y según el comunicado los solicitantes son 11 mil 697 que deberán acreditar la comercialización de la cosecha para recibir el apoyo.
El delegado de la dependencia en Coahuila, Alfredo Padilla Esparza, detalló que en nuestro estado fueron 100 los productores registrados, principalmente de Monclova y de Castaños.
De entrada llama la atención que en el caso de nuestra entidad no se mencione a municipios que tradicionalmente han destacado en la producción de trigo harinero, como Nava o Nadadores.
Pero la omisión mayor en los comunicados de la Secretaría es sobre el volumen de toneladas que están acreditando esos casi 11 mil 700 productores, pues el incentivo previsto en las reglas de operación va desde las 50 hasta las 300 toneladas por cada productor, según su tamaño.
Pareciera que la dependencia, después de aquéllas declaraciones triunfalistas del secretario Julio Berdegué afirmando que pese a los pesimistas el sector agropecuario tuvo crecimiento en todos sus segmentos, prefiere no informar sobre volúmenes de producción, que precisamente en el caso del trigo hubo una caída significativa, y 2025 fue el más bajo desde 1994, y se importó casi el 80% de lo que se consumió en el país.
El Consejo Nacional Agropecuario, que preside Juan Cortina Gallardo, se ha pronunciado respecto a la situación compleja que afrontan los productores de granos en el país, y están planteando la necesidad de apoyos para fortalecer la productividad, como agricultura por contrato; financiamiento competitivo; seguros y mecanismos de cobertura cambiaria, entre otras acciones.
AMBULANTAJE
Otro sector que inicia el año con fuertes pronunciamientos es el del comercio organizado que en voz de su dirigente Octavio de la Torre demanda fortalecer el orden institucional ante el avance de la informalidad en el país.
De la Torre plantea la propuesta de crear en cada entidad una Mesa de Coordinación por el Orden Comercial y la Formalidad, encaminada al reordenamiento del espacio público; la transparencia total en permisos, padrones, cobros, y criterios de asignación; y buscando además la protección al consumidor.
Es cierto que Coahuila tiene el primer lugar a nivel nacional en formalidad laboral, y que casi el 70% de los trabajadores están en esa condición, cuando el promedio en el país es del 45%, pero también es cierto que en los años recientes se han multiplicado los negocios callejeros, principalmente en el sector de alimentos preparados, y hay ahí un área de oportunidad para autoridades estatales y municipales.
ATENTOS
Casi como si hubiera sido sabadazo, en una edición vespertina del 31 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cerca de 15 decretos de expropiación de superficies ejidales en municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el desarrollo de infraestructura del Tren Maya.
En todos los casos se establecen los montos de la indemnización a pagar, afirmando que es en base a valor comercial, pero también coincide que en todos los casos se asegura que no hubo señalamientos de ningún tipo de las representaciones ejidales en el periodo de 10 días que se establece en la garantía de audiencia.
Como hemos señalado, en el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo habrá afectaciones en predios urbanos y rurales, pero el delegado de la SICT, Tanech Sánchez, no ha formalizado contacto con quienes son propietarios de esos terrenos, y es importante que lo haga para evitar especulaciones y sorpresas.
Si el trazado del tendido ferroviario ya está definido, pues es paralelo al que se tiene en el tren de carga, no tiene sentido posponer el dialogo con quienes serán afectados, tanto en colonias de Saltillo como en ejidos de Ramos Arizpe, hay que ir construyendo entendimiento y acuerdos y no esperar a que salgan decretos de expropiación como está ocurriendo en el sureste del país.
ÍNDICE 