TOMANDO FORMA

Ya definió el INE las 2 vertientes que tendrán sus pruebas piloto en la elección local de Coahuila el año próximo, y hasta donde se advierte optaron por ser moderados y no impondrán ejercicios de amplio alcance como los que se había especulado en semanas anteriores.

En el tema del voto mediante urna electrónica, la prueba se correrá exclusivamente en las casillas especiales, que hasta ahora se ha previsto serán 17 en toda la entidad, y en cada una de ellas, consideradas para que puedan votar los electores en tránsito, se prevé el uso de 3 urnas del modelo INE 7.0 que se desarrollaron en 2023, es decir que quedaron como parte del legado de Lorenzo Córdova.

Y decimos que fueron moderados, pues en algún momento se planteó la posibilidad de que el voto electrónico se aplicara en todo un distrito.

La segunda vertiente del ejercicio piloto será el del voto anticipado en los 8 centros penitenciarios de la entidad, que según explicó la consejera Dania Ravel Cuevas se limita a las personas en prisión preventiva. Será la tercera ocasión en que esta modalidad se aplique en la entidad, y el periodo para recabar los votos será del 18 al 24 de mayo.

Y siguiendo con los preparativos del proceso 2026, este fin de semana, sábado y domingo, la Junta Local del INE aplicará exámenes a los aspirantes a capacitadores y supervisores electorales.

DESARROLLO HUMANO

En la recta final del año, ya tienen sobre la mesa las primeras metas para el siguiente la secretaria del Trabajo en la entidad Nazira Zogbi Castro y el dirigente cetemista Tereso Medina Ramírez, quienes tuvieron reunión este viernes para dar forma a la instalación del Comité de Gestión por Competencias.

Este modelo fortalece al capital humano del sector productivo al ir encaminado a la certificación de quienes se han formado en la práctica, y que en ocasiones quedan en desventaja salarial por no tener un título profesional pero que sin embargo cuentan con las capacidades y habilidades necesarias para el ámbito en el que se desempeñan.

Es pues una ruta de crecimiento personal, pero también de justicia, y que va de la mano de instituciones que garantizan el cumplimiento de los estándares requeridos en cada sector.

CUMPLIENDO

La Cámara de Diputados está ya en periodo de receso, espacio que algunos legisladores aprovechan para rendir su informe de actividades. Es el caso del coahuilense Theo Kalionchiz, quien ayer viernes entregó el suyo a la presidenta de la mesa directiva, también panista, Kenia López Rabadán.

Destacan en el primer año como diputado de Kalionchiz 2 iniciativas. Una para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y garantizar tarifas con incrementos por debajo de la inflación a localidades con temperatura media mensual en verano de 33 grados, como la mayoría de las que conformas su distrito.

La otra tiene especial vigencia en el momento actual que se tiene el diferendo con Estados Unidos por la deuda de agua, pues va encaminada al fortalecimiento de la soberanía nacional en tratados internacionales relativos al aprovechamiento de tierras y aguas.

OMINOSA «AUSTERIDAD»

Donde también hubo informe fue en el Órgano de Administración Judicial que preside Néstor Vargas Solano, quien aprovechó el evento para anunciar un recorte salarial a magistrados y jueces de carrera judicial que concluyen su encargo en 2027.

La Jufed, asociación que representa al gremio, alertó de las implicaciones de una medida de esta naturaleza, pues aunque puede parecer razonable, justo, necesario el recorte salarial, de entrada va contra lo que establece la Constitución, así que es ilegal.

Hacen ver que la independencia judicial se sustenta en 3 elementos: estabilidad en el cargo, garantías contra presiones externas y remuneraciones adecuadas e inamovibles. La Corte Interamericana ha postulado incluso que la irreductibilidad del salario judicial es un requisito indispensable para la independencia.

En la administración pública federal la política de austeridad ha resultado en parálisis, y se lee más como un discurso populista que como una estrategia de eficacia. En el caso de los salarios judiciales es un acto autoritario, que rompe contrapesos y como señala la Jufed, pone en riesgo la arquitectura institucional.