LOS POLÍTICOS

ENGAÑABOBOS

Morena y sus aliados siguen tratando de justificar la barbaridad que cometieron con la legislación en materia de aguas nacionales alimentando la polémica con argumentos que lejos de ser contundentes representan hasta una burla.

Como en términos de opinión pública les ha resultado redituable culpar de todo a los panistas y colgarles membretes delictivos, ahora salen con que la reforma era inaplazable para ponerle un freno a lo que llaman «El cartel del agua» y mencionan concesiones de las que son titulares algunos personajes prominentes del panismo.

Y como en esos temas no todas las personas tienen contexto, tratan de sorprender y generar escándalo porque los ex gobernadores Ignacio Loyola Vera, de Querétaro, y Francisco Ramírez Acuña, tienen concesionados anualmente 9 mil 855 y 25 mil metros cúbicos de agua.

Cuando se habla de miles cualquiera se asusta, pero tal vez lo dimensionemos mejor si tomamos en cuenta que una alberca olímpica necesita 2 mil 500 metros cúbicos de agua. O si explicamos que 9 mil metros cúbicos apenas alcanzan para regar mil nogales en un mes de primavera; una hectárea de manzanos requiere, con los sistemas de riego más eficientes, 4 mil metros cúbicos de agua al año.

No sabemos si Ramírez Acuña o Loyola quieran el agua para una quinta de fin de semana o para una producción agrícola, pero esos volúmenes que tienen concesionados no son en realidad ningún exceso ni dan testimonio de un acaparamiento, que seguramente sí existe en otros casos y claro que debe haber ordenamiento y reasignación.

Lo cuestionable es que metan ruido con algo sin sustento y no se atienda lo que debería de quedar arreglado antes de que entre en vigor la nueva legislación, y es el desorden monumental que se arrastra desde hace años en la Comisión Nacional del Agua.

PRUEBA DE FUEGO

Y a propósito de la aprobación a la Ley de Aguas, hoy diversas voces están señalando que en el proceso legislativo no se tomó opinión de los pueblos indígenas, como mandata la Constitución y un convenio internacional suscrito por nuestro país.

Hay pues una violación grave que da motivo a una acción de inconstitucionalidad, recurso que ya en otras ocasiones ha prosperado contra normas generales, y que con mayor razón tendría que darse ahora cuando está de por medio algo tan importante para los pueblos indígenas como lo es el agua.

Y habiendo un presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, que no solo se dice orgulloso de su origen, sino que además asegura que los pueblos indígenas fueron los ganadores de la elección judicial y tomaron la Corte el 1 de septiembre, un recurso legal para defender su derecho a participar en las decisiones que les afecten seguramente transitará sin problema en el máximo tribunal. ¿O no?.

Vamos a ver si Don Hugo es heredero del legado valeroso de Cuauhtémoc, o del talante traicionero de la Malinche.

RESULTADO INESPERADO

Hicimos anterior en días anteriores del puntual monitoreo que se sigue llevando en las zonas boscosas de la entidad bajo la supervisión directa de la secretaria del Medio Ambiente Susana Estens, y como ha permitido la intervención oportuna en connatos de incendio.

Según nos comentan, ha habido otros buenos resultados colaterales de este monitoreo, como lo que se detectó en un predio de La Carbonera a donde el avistamiento de una columna de humo movilizó a las brigadas, y encontraron que no era un incendio sino una máquina con la que desmontaban el terreno… sin permiso alguno ni manifiesto de impacto ambiental.

Se dio aviso inmediato a las autoridades federal y ya se abrió un procedimiento de sanción al propietario del predio, que por ahora enfrenta una multa cercana a los 200 mil pesos.

A partir de esta experiencia, la secretaria Estens y la Procuradora del Medio Ambiente, Claudia Elvira Rodríguez, así como sus contrapartes federales bien podrían iniciar una mesa de colaboración con otras instancias que por diferentes motivos tienen presencia en las áreas rurales, para alertarse de situaciones anómalas en las que se puede intervenir para prevenir o revertir daños, y sancionar irregularidades.

Pudieran trabajar por ejemplo con la CFE y el equipo del superintendente Roberto Velázquez Ceja, que en una reciente inspección en la zona de Los Lirios detectaron un desarrollo campestre que se incorporó «por la libre» a la red eléctrica, habría que ver si no siguieron la misma ruta con el impacto ambiental y otros trámites.