FALTA RESPONSABILIDAD
Han transcurrido apenas dos días de comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, y el ejercicio ha servido no solo para ampliar la información respecto al trabajo y resultados del segundo año de gobierno, sino también para poner en evidencia el grado de responsabilidad y compromiso, con su encomienda y sus electores, de cada diputado.
Cuando acudieron al Congreso los secretarios de Gobierno, Oscar Pimentel González, y de Finanzas, Antonio Gutiérrez Rodríguez, hubo prácticamente casa llena, como si el acudir fuera un gesto de cortesía política –necesaria y conveniente ante las principales figuras del organigrama estatal— y no parte del trabajo y las obligaciones que los legisladores tienen.
Hay que decirlo, varios de los diputados han estado prácticamente en todas, incluso aunque no formen parte de comisiones relacionadas con la dependencia que presenta el informe. Entre estos se cuenta a Gerardo Aguado; Magaly Hernández; Alberto Hurtado; Marimar Treviño; Olivia Martínez; Beatriz Fraustro y Felipe González.
Pero por ejemplo Antonio Attolini solo acudió a la primera, y no asistió a la del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, con todo y que coordina la Comisión de Derechos Humanos.
El panista Alfredo Paredes López no ha estado en ninguna, y el priista Guillermo Ruiz también se ha ausentado.
Quizá lo ven como algo opcional porque no hay un ordenamiento legal que los obligue a asistir expresamente, pero las comparecencias son un ejercicio de rendición de cuentas, en que ellos como representantes populares tienen la posibilidad de conocer de primera mano lo que se hace, de presentar dudas y propuestas, o hasta señalar fallas u omisiones.
Ojalá y lo dejen de ver como un evento de relleno y lo asuman con responsabilidad. Y para los que sí van, bien por ellos.
REGATEO DE DERECHOS
En un nuevo atentado contra la dignidad y los derechos de los ahora ex funcionarios judiciales que declinaron participar en la elección judicial de 2027 o no resultaron ganadores en la contienda de este año, el Órgano de Administración Judicial incumplió con el pago de indemnizaciones constitucionales que habían comprometido, en un comunicado oficial, para el 27 de noviembre.
El organismo presidido por Néstor Vargas Solano, en principio había citado a todos los involucrados para que acudieran a la Ciudad de México el 10 de diciembre pues se les haría el pago de manera presencial.
Cuando los ex funcionarios hicieron ver las complicaciones y los riesgos que ello implicaba, en el OAJ reconsideraron y anunciaron que el día 27 de este mes les harían transferencias electrónicas, pero hasta este viernes no se les han reflejado a muchos de los que están esperando el pago de lo que por derecho les corresponde.
Tal parece que intentan hacer alguna jugarreta en específico a los que declinaron participar en el 2027, pues todos los que han salido a denunciar esta omisión tienen ese antecedente, pero el OAJ ya había reconocido en un comunicado oficial del 10 de noviembre que se les cubriría el pago constitucional.
SENSIBILIDAD Y TACTO
Debe reconocerse al Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, la reacción y las medidas tomadas al recibir una denuncia por presuntos abusos sexuales contra menores de edad por parte de un sacerdote, hechos que habrían ocurrido hace 18 años.
La denuncia se hizo en privado en mayo, y desde entonces la Diócesis tomó acciones que han sido detalladas en un comunicado por el vocero, el padre Cosme Cuesta Espinoza. Que haya un comunicado, en el que desde luego se resguarda la identidad de las víctimas, marca la primer diferencia.
Lo primero que se hizo fue poner en conocimiento a las autoridades civiles, para lo que proceda legalmente, y asegurar el acompañamiento a las denunciantes.
Como el sacerdote acusado está ahora incardinado a la Diócesis de Laredo, Texas, se notificó también a su Obispo que ha tomado medidas cautelares.
El caso es desde luego reprobable y muy grave, pero el acompañamiento a las víctimas y el inicio de los procesos civil y canónico, contrasta con reacciones del pasado en que se prefería negar y ocultar.