SIN PARPADEOS

Los cuarteles que este jueves entregó el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Ocampo para el Ejército y la Policía Estatal son testimonio contundente de que el blindaje en la entidad no deja rutas ni parajes vulnerables.

Por mucho tiempo se dijo que del semidesierto a la frontera entraba y salía «de todo, al fin que nadie se da cuenta». Pues ahora hay destacamentos permanentes, federales y estatales, con lo que no habrá margen para tráfico ilegal de ningún tipo.

La instrucción del gobernador Jiménez al secretario de Seguridad Hugo Gutiérrez Rodríguez fue clara y acorde a los principios que han regido el modelo Coahuila: coordinación y capacidad de reacción.

¿REPROBADOS?

Ante la ausencia de una versión oficial de los resultados de la visita de la secretaria Brooke Rollins, y de las conclusiones tras la evaluación a la campaña contra el gusano barrenador del ganado, los indicios hablan: la Secretaría de Agricultura abrió a consulta en la Comisión de Mejora Regulatoria un acuerdo para extender a todo el país el Dispositivo de Emergencia en Sanidad Animal para prevenir la entrada y diseminación del barrenador.

Esto lleva a pensar que el gobierno vecino pidió al mexicano acciones más drásticas a las que ya se tienen o deberían de tener en operación.

Aunque llama la atención en el documento enviado por el secretario Julio Berdegué a la Conamer –que está en proceso de transición hacia la Agencia de Transformación Digital– que ese dispositivo de emergencia sanitaria data de julio de 2024, es decir 4 meses antes de que EU cerrara sus fronteras, y se estableció únicamente para las regiones 6 y 7, es decir los estados del sureste del país.

En enero y en junio de este año, se amplió la vigencia del acuerdo de activación del dispositivo, pero es hasta ahora que se plantea extenderlo a todo el país, y además lo vuelve obligatorio para importadores, propietarios de animales, veterinarios y hasta quien transita con cualquier especie de ave o mamífero que pueda contraer el gusano barrenador.

La consulta pública del nuevo acuerdo se ingresó este jueves, y debe durar por lo menos 20 días hábiles, y entrará en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Así que lo veremos por allá de mediados de diciembre en el mejor de los casos.

¿Pidió Estados Unidos mayor rigor en los operativos, o a qué se debe este cambio a un año de que el cierre de las fronteras alertó de que teníamos un problema?.

Sin embargo, en este contexto se dio en la CDMX un encuentro entre el secretario Berdegué y representantes de asociaciones de engordadores de ganado de Estados Unidos, encabezados por los texanos Robby Kirkland y Laphe Laroe, quienes la semana anterior se habían reunido con la secretaria Rollins.

Al menos para los engordadores texanos el veto a las importaciones de ganado mexicano representa un problema, pues se les han desplomado sus inventarios, así que quizá ellos ayuden a gestionar la reapertura.

EN SECRETITO

Inicialmente programada para el 21 de noviembre, se adelantó para el viernes de la semana próxima, día 14, la audiencia pública para la reforma electoral prevista a realizarse en nuestro estado.

No ha habido un comunicado al respecto ni mayor difusión, solamente se cambió la fecha en la agenda de eventos de la comisión que encabeza Pablo Gómez Álvarez, y no se ha definido ni siquiera el municipio de nuestro estado donde se celebrará, mucho menos el lugar sede.

Por lo tanto no hay ponentes confirmados, ni una definición de los temas a abordar. Lo único que se sabe es que habrá cupo presencial para 80 personas.

Coahuila ha sido referente a nivel nacional por ejemplo en el número de observadores registrados para los procesos electorales, eso habla de una ciudadanía participativa e interesada, seguramente habrá muchos que tengan propuestas para la reforma, pero tal parece que la consulta, como se estila en estos tiempos, no va en serio, solo es para cubrir las formas y simular que hay consenso en torno a lo que se le va a ordenar al legislativo que apruebe.

De cualquier manera, el Instituto Electoral, el Congreso del Estado, las Universidades, y organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones deberían de pugnar porque esa audiencia prevista para el día 14 sea abierta y se convoque a participar a los ciudadanos.