LOS POLÍTICOS

SEGUIMIENTO

Este miércoles en la conferencia de prensa en Palacio Nacional se abordó de manera destacada el avance en los proyectos de los trenes de pasajeros y ahí se aludió a varios aspectos que son relevantes para nuestra región.

El titular de la Agencia Reguladora, Andrés Lajous Loaeza, no solo confirmó que en el tramo Saltillo-Santa Catarina se contemplan 2 servicios, el de largo itinerario y el metropolitano, sino que además se refirió expresamente al conflicto de movilidad que hoy representan las zonas industriales de Derramadero y Santa María, con lo que consideran prioritario atender el traslado de trabajadores en ferrocarril para sustituir a los autobuses.

No hubo una respuesta textual a la gestión que ha planteado el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, sobre un paradero en Santa María, pero que ya Lajous reconozca la importancia de atender esa zona industrial, da un mensaje positivo.

También se refirió a lo que se tiene proyectado para atender la zona metropolitana de Monterrey, anticipando que se habría interconexión con las líneas del metro, que actualmente están en expansión.

Anunció que habrá licitaciones en los siguientes días, el 27 de octubre para las estaciones Derramadero-García; el 29 del mismo mes la construcción del tramo metropolitano Monterrey B; el tramo A el 27 de noviembre; y las estaciones Las Torres-Nuevo Laredo, en enero del año próximo.

ABRIENDO PASO

En la misma conferencia, la secretaria de Desarrollo Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó de los avances en la liberación de derechos de vía, y en específico para el tren Saltillo-Nuevo Laredo, que oficialmente para el gobierno es el Tren del Golfo, el avance es del 71%.

En lo que se refiere a Coahuila la encomienda para apoyar a la federación en las gestiones para liberación de derechos recayó en María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación, que ha trabajado en la identificación de propietarios y acercamiento con los mismos para las negociaciones.

Respecto a este tema, ha surgido inquietud en algunas comunidades rurales, como el ejido Higueras de Ramos Arizpe, donde a decir de los habitantes el actual tendido ferroviario está muy próximo al cauce de un arroyo, por lo que no habría espacio suficiente para otro tendido y piensan que la alternativa son túneles o puentes por lo que temen afectaciones.

Será importante que la secretaria Cepeda, las autoridades municipales y las agencias federales tengan acercamiento con esas comunidades, y de una vez se precise que en caso de afectaciones ya hay una tabulación para el pago de indemnizaciones definido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

SE MULTIPLICARON

Anticipábamos en Los Políticos ayer que además de la empresa minera a la que Liberty Fianzas emplazó a pagar por garantías que CFE ejerció ante incumplimiento de contratos, habría otras 5 en situación similar, pero desde la región Carbonífera nos precisan que son 14 los productores que tienen procedimientos abiertos por la Comisión por incumplimiento en volumen o en calidades, y en algunos casos son contratos aún vigentes, en tanto que otros son de diferentes años, los más antiguos de 2020. Y de esos 14 son 4 o 5 los que ya tienen notificación de cobranza de alguna afianzadora.

Igualmente nos explican que algunas de esas empresas incumplieron por causas de fuerza mayor, como inundaciones en las áreas de trabajo producto de intensas lluvias, pero que en CFE les observaron que el aviso fue tardío y por eso les iniciaron procedimiento jurídico, lo cual no solo afectó a los empresarios, sino también a los trabajadores y en general a la cadena productiva.

Esperan los carboneros que en los nuevos funcionarios de CFE haya mayor criterio y tolerancia cuando ocurren imponderables como las inundaciones.

Por cierto, también precisan que en la dirigencia de la Unión Nacional de Productores sigue al frente César Ceniceros Marín, y no Eduardo Ramos Boone a quien ayer por una confusión mencionamos como presidente, pero su cargo es el de secretario.

¿LES HARÁN CASO?

En la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, donde 20 de los 30 integrantes son del bloque oficialista, dieron su visto bueno al proyecto de presupuesto de egresos para 2026, pero también pidieron reasiganr 500 millones de pesos de otros ramos para consolidar el Fondo de Vivienda Rural.

Realmente el monto no llega a figura ni es que vaya a tener mucho impacto, lo relevante es que hayan volteado a ver el tema de la vivienda rural, donde hay un rezago grave y una normatividad injusta, pues aunque hay trabajadores agrícolas que sí cotizan en el Infonavit, no tienen acceso a un crédito para vivienda o al menos no en la comunidad donde viven, porque el financiamiento está condicionado a predios urbanos.

Así que también pudieran los diputados ponerle atención a esa regulación, y no solo maquillar ajustes presupuestales.