SE LE ACABA IMPUNIDAD

En junio de 2024 en  Los Políticos abordamos en forma extensa y detallada el caso del quebranto millonario al ISSSTE operado desde la ahora extinta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 42 que tenía asiento en Torreón, y señalamos en aquél entonces que además de las abogadas Élida y Denisse, madre e hija, a las que se había vinculado a proceso penal 6 meses antes, se debería investigar la participación que tuvo un ex funcionario del Instituto de apellido Covarrubias.

El jueves la Fiscalía General de la República dio a conocer que detuvo en Torreón a Gerardo “C”, como probable responsable de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2019, y señala el comunicado que presuntamente está vinculado con las pensiones fraudulentas que se obtuvieron en asociación con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación.

De acuerdo con versiones periodísticas se trata de Gerardo Covarrubias Huízar, es decir quien desde la subdelegación operó el fraude, y cuando dejó el cargo abrió un despacho jurídico en el centro de Gómez Palacio, en un vecindario donde se hizo notar por la presencia permanente de escoltas.

Los implicados en este asunto reforzaron su seguridad personal luego de que uno de sus empleados en el despacho fuera asesinado a balazos en el exterior del hotel Calvete en el centro de Torreón, un caso que nunca esclareció, o en el que nunca presentó culpables, la Fiscalía en ese entonces a cargo de Gerardo Márquez.

HAY MÁS

Como señala el comunicado de la Fiscalía, las pensiones se obtuvieron en asociación con otros sevidores públicos, y es que las abogadas Élida y Denisse, obtuvieron de forma ilegal ante el ISSSTE el reconocimiento por invalidez total y permanente de 146 trabajadores, por lo que se les pagaron primas de seguros individuales e institucionales por un monto millonario.

El daño patrimonial fue para la institución, pero alcanzó también a la aseguradora privada MetLife que interpuso una denuncia por fraude.

A la Junta Federal 42 se le retiró la competencia para conocer juicios contra el ISSSTE, y es que en ese tribunal laboral fungía como perito médico el Doctor Morán, esposo de la abogada Élida, y su testimonio era elemento importante al otorgar las pensiones de invalidez.

Antes de que se ordenara el cierre definitivo de la Junta 42, y que todos los asuntos fueran concentrados en Saltillo, hubo varios movimientos de funcionarios a partir de 2021.

Gerardo Montellano Valdez, que era secretario auxiliar, ocupó la presidencia durante varios meses, y luego se designó como titular a Israel Navarrete Guerrero, quien era presidente en la 50 de Querétaro.

Navarrete se quedó en Coahuila y este año fue candidato a magistrado federal en materia Civil y del Trabajo, teniendo como competidor en la contienda a otro ex funcionario de la Junta, al que se ha vinculado con el caso de las pensiones, Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, una posición que finalmente obtuvo Jorge García Sotomayor.

Seguramente habrá más novedades en este asunto, en el que desde hace meses la FGR pidió participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la entidad, hoy a cargo de Raúl Sifuentes Guerrero.

PARA LA AGENDA

En otros temas, mencionamos ayer que en la Carbonífera están esperando una próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Pasta de Conchos, que pudiera darse en noviembre. De confirmarse quizá se aproveche esa gira para que la mandataria esté también en Saltillo para dar el inicio a las obras de construcción del tramo del tren de pasajeros que va de Derramadero a Santa Catarina.

El contrato está adjudicado y el consorcio ganador, encabezado por Carso ya está trabajando y cerrando acuerdos con proveedores, pero falta la ceremonia de arranque de las obras.

Mientras tanto quien no quita el dedo del renglón es Tomás Gutiérrez Morales, alcalde de Ramos Arizpe, con la gestión para que además de una estación en la cabecera municipal, haya un paradero en el parque industrial Santa María.

El argumento es contundente, cada día de Saltillo a Santa María van 118 mil trabajadores que hoy se trasladan en autobuses, si se les movilizara en el tren habría un beneficio para el concesionario de ese servicio, pero también ayudaría a una menor carga vehicular.