SIGUEN IMPUGNACIONES

Aunque se suponía que en la sesión del 28 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal concluyó con todas las impugnaciones de la elección judicial y se hizo la declaración de cierre del proceso, resulta que hay todavía algunos asuntos pendientes y, aunque sorprenda, Mónica Aralí Soto Fregoso ha convocado a sus 6 compañeros, incluidos desde luego los recién incorporados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto Bátiz García, para sesionar el domingo y darles trámite.

Se agendaron para ese día 13 asuntos, la mayoría relacionados con inconformidades de aspirantes que participaron como candidatos a jueces, en materia laboral y para juzgados mixtos, y que se les revocó el triunfo porque no cumplieron con el requisito de promedio mínimo; o que no están conformes con los criterios de paridad aplicados y que les dejaron fuera pese a tener mayor votación.

Quizá sea por estos asuntos pendientes que el Órgano de Administración Judicial no ha hecho las adscripciones de los nuevos titulares de tribunales y juzgados, o al menos no las ha difundido, y se supone que deben de entrar en funciones el lunes 15 de septiembre.

De cualquier manera en el Poder Judicial Federal, contra lo que se dispuso para el sistema educativo, las instituciones bancarias y se supone que en general la administración pública, habrá puente y no tendrán labores ni lunes 15 ni martes 16. Total el rezago puede seguir esperando.

JUEGO DE CIFRAS

En lo que parecen estar más concentrados en el Órgano de Administración Judicial es en el presupuesto, y ya hicieron correr la versión de que con el plan de austeridad pudieran tener ahorros por hasta 15 mil millones de pesos.

Pero resulta que esos 15 mil millones de pesos es la bolsa adicional o incremento que pidió la Corte, en la propuesta de Norma Piña, para 2026. No aplicarlos equivaldría a ejercer el mismo presupuesto de este año, ¿dónde quedaron los ahorros prometidos? ¿ya tan pronto los hicieron de humo? ¿o van a meter reversa ante los reclamos de los Ministros por el recorte salarial?.

Y es que entre la disminución salarial a ministros, magistrados y jueces se prometía ya una bolsa millonaria, ahorro que crecería al cancelar los seguros de gastos médicos mayores. Con solo esos 2 conceptos podían gastar menos, mucho menos, que en 2025.

Por cierto, esos recortes a prestaciones al parecer pudieran coartar la movilidad y crecimiento laboral en el Poder Judicial, pues ya se está advirtiendo a los empleados que no ocupan puestos de elección que si por buscar un ascenso se cambian a otro tribunal o juzgado, entrarán bajo las nuevas condiciones y no con los derechos que ya generaron y que se supone les garantiza la carrera judicial.

Habrá que estar pendientes.

SE QUEDÓ EN EL CAMINO

Además de la designación de la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, responsabilidad que recayó en Lidia Pérez Gumecindo, se concluyó ya en el Senado con el proceso para designar a los integrantes del Consejo Ciudadano de este sistema nacional.

Y aunque avanzó satisfactoriamente en las diferentes etapas, al final el coahuilense Juan Humberto Morales Ramírez, quien buscaba una de las 5 posiciones reservadas para los familiares de personas desaparecidas, no fue designado.

MÁS DE SABINAS

Y siguiendo con el tema de las empresas que buscan los contratos de CFE para la proveeduría de 10 millones de toneladas de carbón, siguen surgiendo datos interesantes de varias de ellas.

Participa en la licitación un proveedor ya conocido de años anteriores, Armoyu, compañía que en 2018 constituyeron David Morales Yutani y Alejandra Guerrero Arzola, pero su participación pasó a manos de Jesús Contreras Jaramillo y Ángeles Gómez Aguirre en 2021. Estos últimos, en 2022, según se levantó un acta ante el famoso y sancionado notario José Juan Castañón, vendieron la empresa a José Rogelio Sánchez y Manuel Herrera Leal, quienes ante el mismo notario otorgaron a Sergio Montes poder de administración.

Lo interesante es que Ángeles Gómez aparece en enero de este año como compradora, junto a Eduardo Murillo Castañón, de las acciones de Arnulfo Vera y Karen Vásquez en la empresa Basaoc, que también participa en esta licitación. La empresa se constituyó en 2022 y cambió de dueños este año, desde luego, ante el notario Castañón.

Mismo fedatario ante el que en abril de este año, unas semanas antes de que lo suspendieran, Malinali de la Fuente y Viviana González modificaron el objeto social de su empresa, Malcasa, que habían constituido en 2021 para rentar sillas y toldos, así como vender maquinas para soldar, y que ahora tienen otras 4 actividades económicas, relacionadas con la exploración, explotación, transporte y comercialización de carbón. Y claro, van por los contratos de CFE.