LOS POLÍTICOS

SI QUIEREN, PUEDEN

Cuando el último lunes de agosto la alcaldesa de Arteaga Karen Sánchez planteó que propondrían al Congreso homologar las multas de tránsito con las que se cobran en Saltillo, no se hizo esperar la respuesta de Beatriz Fraustro quien coordina la Comisión de Hacienda en el legislativo local, anticipando que no sería viable pues el tope para incrementos en las leyes de ingresos es del 4%, y la diferencia entre las multas de la capital y las del vecino municipio es de hasta el 200% en algunos casos.

Pero esta semana el Congreso aprobó, a partir de un dictamen de la Comisión de Hacienda que coordina Fraustro, incrementos a Saltillo en multas por tirar basura o provocar incendios, que superan en mucho el 4%.

Por las «quemas» en lotes baldíos la multa mínima era de 6 umas, y se incrementó a 300, es decir que subieron el monto en 50 veces, lo que equivale a un 5 mil por ciento.

Ante lo que vimos durante los primeros meses del año en la capital, nadie cuestiona la pertinencia y justificación de incrementar las multas en esa proporción, pero eso solo demuestra que hay razones para hacer excepciones a ese tope inflacionario marcado por el Congreso.

Y la pretensión de Arteaga de homologar con Saltillo sus multas por conducir en estado de ebriedad, tienen que ver con la seguridad vial y la prevención de accidentes; es una recomendación que se ha hecho en varias partes del país a las zonas metropolitanas, que sus sanciones sean iguales, sobre todo en materia de tránsito cuando tienen vialidades compartidas, como es el caso.

Entonces ese bateo automático de la diputada Fraustro tendría que ser revisado.

BUENOS ACUERDOS

En Cuatro Ciénegas se concretó un acuerdo entre el gobierno municipal y la Fundación Slim para la construcción y operación de una planta tratadora de aguas residuales.

Se contempla, salvo ajustes de agenda, que el lunes 22 de septiembre haya un evento para colocar la primera piedra, en donde esperan participen el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el empresario Carlos Slim Helú.

VAN POR LOS CONTRATOS

Se tuvo la junta de aclaraciones en la licitación de la Comisión Federal de Electricidad para comprar más de 10 millones de toneladas de carbón, y con ello se conocen los primeros nombres de quienes están interesados en los contratos.

Participaron en la junta representantes de 9 empresas, lo cual no quiere decir que sean las únicas que vayan a presentar ofertas, pero se va conociendo el perfil de los participantes, que en este caso todas son compañías de Sabinas. No aparece hasta ahora ninguna de las internacionales que estuvieron compitiendo por el suministro a Petacalco.

Hay una constante en las preguntas de los participantes, cómo saber si en la verificación que les hizo el Servicio Geológico Mexicano aprobaron o no, pues es uno de los requisitos de la convocatoria. Y la respuesta en todos los casos por parte de CFE es que quienes ya fueron visitados por el SGM no deben de presentar el documento de acreditación en su expediente técnico, pero persiste la duda de si entonces todos pasaron la inspección.

El requisito no es menor, pues es así como se acredita que tienen un centro de explotación trabajando, y que cumplen las normas, es decir que no fungirán como intermediarios. Veremos en que acaba.

SIN SORPRESAS

En la lista de los 9 aspirantes que se conocen hasta ahora surgen desde luego nombres que ya hemos visto en otras licitaciones, pues son finalmente quienes están en el negocio del carbón, pero hay algunas joyitas que no se pueden pasar por alto.

En primer lugar aparece Catamco, una empresa que se constituyó en 2017 en Monterrey, y entre los socios desde esa época destaca Melchor González Vélez, quien en 2011 estuvo bajo proceso por un accidente que dejó 14 muertos, en el pozo 3 de Binsa.

El órgano de vigilancia de Catamco está encabezado por Juan Salvador García Luna Vargas, quien también aparece en el acta constitutiva de Desarrollos Carboneros, otra empresa que ha sido proveedora de CFE, y que compartía oficinas en el Barrio Uno de Agujita con Minera El Pinabete.

En agosto de 2022 en El Pinabete murieron 10 mineros, y por ese asunto está vinculado a proceso un familiar de Juan Salvador García Luna. La explotación minera, por cierto, tuvo en su momento el visto bueno del Servicio Geológico Mexicano.

Y bueno, después de su constitución en Monterrey, varios movimientos de funcionarios y accionistas se protocolizaron en la tristemente celebre notaría 5 de Sabinas, la que en mayo de este año le suspendieron de manera definitiva a José Juan Castañón.

Tras esos movimientos en 2021 y 2022, se mantuvo como socio Melchor González, hermano de Alfonso, quien funge como secretario técnico en el gobierno municipal de Saltillo.

En cuando menos otras 6 de las empresas hay también detalles que son, por lo menos, interesantes. Ya comentaremos.

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