LOS POLÍTICOS

NO PROSPERÓ

El martes mientras en la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaban la declaración de validez de la elección de la Sala Superior del Trife, y con ello los triunfos de Gilberto de Guzmán Batiz y Claudia Valle Aguilasocho, la magistrada Valle presidía una de sus últimas sesiones en la Sala Monterrey, y sacó adelante su sentencia respecto al recurso de apelación que promovió la UDC inconforme con las sanciones que le impuso el INE por irregularidades encontradas en el pago de impuestos.

Y las malas noticias llegaron para Evaristo Lenin Pérez, pues los magistrados no le concedieron razón, consideraron ineficaces sus agravios y confirmaron la resolución del 2 de julio en que se impusieron las sanciones que son cercanas a un millón 600 mil pesos.

Fueron 12 las infracciones o inconsistencias observadas por el INE a Unidad Democrática en materia fiscal, y ahora la autoridad local, es decir el IEC que preside Óscar Daniel Rodríguez Fuentes deberá de ir descontando el 25% de las ministraciones mensuales al partido que encabeza Lenin.

UDC recibe poco menos de un millón 70 mil pesos mensuales como financiamiento público, así que cada mes le deberán descontar un aproximado de 260 mil pesos, por lo que se tardaría 6 meses en liquidar el monto acumulado de cada una de las 12 sanciones. Por allá de febrero del año próximo se pondrían al corriente con ese tema.

A CLASES

Y en más de temas judiciales, si bien la noche del 1 de septiembre rendirán protesta ante el Senado los jueces, magistrados y ministros que fueron electos en junio, eso no significa que a la mañana siguiente ya habrá nuevos titulares en juzgados y tribunales, o al menos no en todos, pues cuando menos a los que llegan por primera ocasión a un cargo judicial federal se les ha convocado para un proceso de inducción que por 2 semanas se llevará en la Ciudad de México.

Eso sí, los términos o plazos no se pausan, así que cuando finalmente asuman labores a mediados de septiembre deberán de aplicarse a sacar el trabajo que se les haya acumulado.

Y mientras tanto prevalece la incertidumbre para quienes concluyen sus funciones el 31 de agosto, pues nadie les ha informado cómo será su proceso de liquidación. Hay nerviosismo porque en julio el Consejo de la Judicatura Federal confirmó que los saldos de los 4 fideicomisos en que participan están en ceros porque en abril Nacional Financiera reintegró los fondos a la Tesorería General de la Nación.

En la reforma judicial se estableció que deberán de respetarse las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores, y en varias ocasiones la Presidenta de la República ha dicho que así será, pero lo único en claro al día de hoy es que los fideicomisos están en ceros.

Y como el Consejo de la Judicatura se extingue también este mes, ya no dan respuesta a solicitudes de información, ni formales ni informales.

Tampoco se sabe por quiénes estará integrado el nuevo Órgano de Administración Judicial, solo se conoce lo previsto en la ley, es decir que lo compondrán 3 representantes de la Corte; 1 del Ejecutivo y otro más del Senado de la República, y que podrá ser multidisciplinario, es decir que no necesariamente serán abogados.

AL LÍMITE

Como lo comentamos en días anteriores, los empresarios de todos los tamaños en la Comarca Lagunera de Durango están sufriendo extorsiones por parte de personeros del Catem, y la situación ha alcanzado niveles intolerables, por lo que este miércoles 18 organizaciones del sector privado, entre las que están la Asociación de Avicultores, las diferentes uniones de ganaderos, lecheros y de engorda, pero también Coparmex, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Canacintra y el Consejo Cívico de las Instituciones, dirigieron una carta abierta, urgente, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y denuncian la impunidad ante el cobro de piso y las extorsiones.

Los operadores del Catem, dicen, se han vinculado con el crimen organizado, y disfrazan las extorsiones de «cuotas sindicales».

A los transportistas de materiales de construcción les cobran cuota por metro cúbico trasladado; también cobran por movilización de ganado; se apropian de obras públicas y privadas; hay cuotas para comerciantes y taqueros; y también, entre otras lindezas, le han entrado al «huachicoleo hídrico» con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea para desviar el agua de riego.

Esperemos haya una respuesta federal oportuna y contundente a este urgente reclamo.