SIN SORPRESAS

No se equivoca el presidente del Poder Judicial local Miguel Mery Ayup al señalar que el desarrollo de la jornada electoral de este domingo confirma el alto abstencionismo que ya se esperaba y debe dar lugar a un replanteamiento del modelo.

Sí, el modelo es malo y bastante deficiente, y aunque sirve a los propósitos del grupo en el poder de desmantelar el último de los contrapesos, también debe haberle caído a la 4T como un balde de agua fría pues la baja participación, que se estima en un 12%, habla de un desaire ciudadano a lo que ellos planteaban como una exigencia social, cuando la realidad es que esta reforma nadie la pidió y nadie la entendió.

Nada peor para un movimiento populista y clientelar que afrontar el rechazo ciudadano y constatar su desgaste, producto de sus propios desatinos.

Y para colmo tendrán la confirmación de la ruptura interna cuando revisen los resultados, pues los operadores locales de Morena como obedecen a intereses de diferentes tribus y personajes, repartieron hasta 3 acordeones diferentes.

Y AÚN FALTA

Pero las peores consecuencias de la reforma judicial no son las que vimos este domingo. Habrá que ver lo que ocurra con el estado de derecho, con las garantías, la legalidad y la justicia, a partir de septiembre que entren en funciones los nuevos titulares de los órganos judiciales. Quizá muchos de ellos con carrera judicial y capacidad, pero todos con deudas y compromisos pendientes hacia quienes apadrinaron su aspiración.

Claro, antes habrá que transitar por los cómputos, que se llevarán un máximo de 10 días. De aquí al 3 de junio los de ministros de la Corte; después, hasta el día 4 las magistraturas del tribunal de disciplina judicial; 4 y 5 de junio la sala superior del Tribunal Electoral; 5 y 6 salas regionales; 6 al 8 magistraturas de circuito, y se cierra del 7 al 10 con las juezas y jueces de distrito.

Y luego vendrán los litigios, pues seguramente habrá quienes no queden conformes con los resultados o con la asignación de cargos cuando se aplique la paridad.

En Coahuila, en lo local, la situación es distinta, la transición en el Poder Judicial se dará de manera tersa pues aquí se apuesta por las instituciones y hay confianza en las decisiones de las autoridades.

EN LO OSCURITO

Casi en completo secretismo, y sin mayor difusión a la convocatoria para las organizaciones de productores, se renovó el viernes anterior el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que opera los programas y administra los recursos para el control de riesgos fitosanitarios.

Aunque eso de renovación es un decir, pues nada más se cambiaron las sillas entre los mismos. Regresó a la presidencia José Antonio Cepeda, que estaba de secretario, y Ricardo Dávila Valdez de presidente pasó a tesorero.

Fue tan en petit comité la asamblea, que ni siquiera hubo un representante del gobierno del estado, aunque sí de la delegación de Agricultura, cuyo titular Alfredo Padilla Esparza es quien firmó la convocatoria.

Y si de convocatorias hablamos, la que se emitió el jueves para la renovación en la Junta Local de Sanidad de Arteaga es toda una joya, pues según el documento suscrito por el delegado Padilla el registro de planillas estuvo abierto del 4 al 23 de abril. Así que cerró hace más de un mes y la elección será el 18 de julio.

Y A SECAS

Ya en estos temas, también ha trascendido que se le radicaron a la delegación de Agricultura los recursos para vigilancia epidemiológica y campañas fitozoosanitarias, pero la dependencia no los ha liberado para los comités correspondientes con todo y que vamos entrando al sexto mes del año.

Esto desde luego está provocando problemas operativos, pues no hay recursos para lo más elemental, como la gasolina para quienes deben ir a realizar inspecciones a campo, ni tampoco para el pago de los salarios de los técnicos.

Cuando menos en sanidad animal se está en un momento crítico, por el tema del gusano barrenador del ganado, y no es congruente que la instancia federal guarde los recursos.

No se ha hecho público el monto presupuestado para este año, pero en 2024 de fondos federales para sanidad vegetal y animal hubo casi 54 millones de pesos.