LOS POLÍTICOS

OTRO A LA CUENTA

El espectacular incendio de una recicladora la mañana de este jueves, que por su ubicación colapsó por varias horas importantes vialidades y que se suma a los muchos de este tipo que se han presentado en Saltillo en este año, volvió inevitable la pregunta sobre los operativos que se iniciaron en abril para verificar la operación de este tipo de confinamientos.

En semanas anteriores el secretario del Ayuntamiento Francisco Saracho Navarro anunció las inspecciones, que en pocos días arrojaron como resultado la clausura de al menos 12 sitios que operaban de manera clandestina, pero después ya nada se supo.

Ha trascendido que los operativos se pausaron ante la falta de interés de Javier Rodríguez Mendoza, procurador del Medio Ambiente, que ya no mandó personal para que se sumara a los inspectores municipales.

Según han informado las autoridades, la que se incendió este jueves sí tenía permisos para operar, pero de cualquier manera debe insistirse en los operativos, para que las autorizadas operen bajo la norma y cumplan con el registro de los materiales que ingresan, lo que facilitaría la atención de cualquier contingencia; pero también desde luego para ubicar y clausurar las clandestinas.

También deberá informarse a que autoridad le compete imponer la sanción por el daño ambiental que generó este incendio.

SE LE ACABÓ LA SUERTE

Fue vinculado a proceso en un juzgado de distrito en Saltillo Rodolfo «N» a quien el SAT y la Fiscalía General de la República acusan de haber expedido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Era lo que comúnmente se conoce como un facturero.

Rodolfo y su socio Pedro emitieron en 2019 a través de su empresa Sunmax, y desde una modesta casita en los rumbos de la plaza Morelos en la colonia República de Saltillo, facturas por poco más de 131 millones de pesos. En promedio 2 y medio millones de pesos por semana.

Podrían alegar que ya lo habían advertido en diciembre de 2015 al constituir su empresa ante la Notaria Rosario Martínez Ortegón, cuando Rodolfo tenía 28 años y Pedro 25, y en el objeto social declararon que recibirían o prestarían a otras sociedades o personas «cualquier servicio necesario» y actuarían como comisionistas, mediadores, agentes, representantes, distribuidores o intermediarios.

En suma todólogos declarados. ¿A quién sorprende que una empresa con ese objeto social y nombre de protector solar resulte ser una facturera?.

Ahora con Rodolfo sujeto a libertad condicional y sin posibilidad de salir de Coahuila, en los círculos de los chavitos bien que se portan mal la duda es qué va a pasar con su socio Pedro, pues la sociedad tiene una administración colegiada.

DISCRETAS CAMPAÑAS

En la semana que concluye estuvieron en Coahuila cuando menos 3 de los 31 candidatos hombres que compiten por 4 posiciones de ministros de la Suprema Corte.

En Torreón estuvo el lunes Eduardo Santillán Pérez, quien tuvo visitas a medios de comunicación; conferencias en universidades y un encuentro con abogados de la comarca lagunera.

Ese mismo día estuvo en Saltillo Arístides Guerrero García, al que ya identifican como el «ministro chicharrón» por su propaganda; y también en la capital, pero el miércoles, César Mario Gutiérrez Priego, hijo del General Jesús Gutiérrez Rebollo.

Al menos en Saltillo en los eventos de ambos candidatos hubo presencia de operadores de Morena, no desde luego de la dirigencia, pero sí de personajes que participan activamente en ese partido.

Gutiérrez Priego por cierto optó por recorridos en colonias, con un «toca toca» en los rumbos de Satélite Sur, y que se sepa no visitó a saltillenses que estuvieron bajo el mando de su padre cuando fue comandante de la zona militar en Jalisco, y que luego también afrontaron problemas legales cuando se procesó al General.

PRIORIDAD

A lo largo de la semana el titular de Desarrollo Rural Jesús María Montemayor se ha concentrado en la crisis provocada por el cierre a la exportación de ganado, y aunque es un problema que rebasa las facultades de la autoridad estatal se trata de asegurar que no haya una sola asignatura en la que se pueda hacer observación negativa a Coahuila, y en construir junto a productores y dependencias federales alternativas de solución.

El miércoles Montemayor Garza tuvo reunión con el director en jefe de Senasica, Javier Calderón Elizalde,  y el director de salud animal Gabriel Ayala.

Y este jueves se reunió con líderes de las Uniones Ganaderas y de Productores lecheros, para revisar el nuevo programa de acción para el combate del gusano barrenador, dentro del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.