FUERTE ACUSACIÓN
El coahuilense Tereso Medina Ramírez no se anda con medias tintas, y acusa al INE nada menos que de censura, por prohibir a los sindicatos promover la elección judicial y que se conozca a los candidatos.
Y la cosa no para en lo mediático, pues el líder cetemista acompañó su declaración de un recurso de impugnación ante la autoridad electoral, y advirtió que mientras tanto continuarán informando a sus agremiados sobre este proceso extraordinario.
Tereso señala que el INE se extralimita e interfiere en la vida sindical, y que eso va contra convenios suscritos por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo.
Por cierto, estos duros señalamientos de Tereso son su reacción al acuerdo del INE para dar respuesta a la consulta que planteó la también coahuilense, y aspirante a ministra, Dora Alicia Martínez Valero respecto a lo que pueden hacer y no deben hacer los candidatos.
Paradójico, la candidata todavía anda buscando que el INE le notifique ese acuerdo, y las organizaciones sindicales no solo ya conocieron el documento sino que hasta tiempo tuvieron para promover una impugnación.
QUERÍA MAGIA
La alcaldesa de Arteaga Karen Sánchez admitió que no alcanzaron las metas de visitantes durante la Semana Santa, y lo atribuyó al incendio que hubo el sábado de Gloria en Huachichil.
Ya lo habían advertido desde la “Asociación de cabañas y hoteles de la Sierra de Arteaga”, no había sustento en las expectativas planteadas por la alcaldesa, pues las reservaciones previas al periodo vacacional anticipaban una ocupación muy por debajo a la alcanzada en años anteriores.
“Algo estamos haciendo mal, falta identificar qué”, admitían los cabañeros que no han logrado en casi 4 meses de administración ser recibidos por la alcaldesa, preocupados por la baja en la ocupación le quieren plantear la necesidad de capacitación para dar un mejor servicio al visitante, y la importancia de buscar una estrategia conjunta para evitar los fraudes por redes sociales.
Pero Karen Sánchez no los atiende, quizá pensó que por ser Pueblo Mágico no hacía falta trabajar y promover, que los visitantes llegarían solos, por arte de magia quizá, y ahora que las cosas no resultaron se inventa un argumento peregrino y culpa a un incendio que ocurrió en el penúltimo día de la Semana Santa.
SON CONVIDADOS
Siguiendo con el tema de los empresarios de la Carbonífera que se inscribieron en la licitación para surtir carbón importado a Petacalco, y respecto a lo comentado ayer en Los Políticos de que su experiencia es con pequeños pedidos en lo local, desde aquélla región nos hacen ver que la diferencia más relevante no está en el volumen de lo que han vendido y lo que ahora quieren colocar, sino en el precio, pues mientras el carbón de Sabinas lo venden en mil 200 pesos la tonelada, el colombiano esperan venderlo en más de 150 dólares, casi 3 mil pesos la tonelada.
Pero también hacen notar que Fletexpresso Sabinense de “El Ponchío” González Álvarez no va solo, participa junto con Smart Fuel Storage, y es el representante de esa empresa, Daniel Guillén Zolezzi el que participa en las diligencias ante CFE.
De Smart Fuel lo que se sabe es que fue constituida en 2019 en San Pedro Garza García, Nuevo León, por el empresario Francisco Elizondo Orta, para actividades como administración y capacitación de personal y de recursos humanos; y en 2023 incorpora como socios a Daniel Guillén y Jorge Montoro Jaramillo, quienes en 2024 asumieron el Consejo de Gerentes.
Guillén, quien fue director de unidades deportivas en Monterrey, en la primera administración municipal de Adrián De la Garza, le extendió en 2024, en una notaría de Veracruz, el objeto social a la empresa, para poder brindar el servicio de autotransporte de turismo de lujo.
Y la semana pasada ante un notario de Sabinas, José Juan Castañón González, ampliaron el objeto social para la compraventa de carbón mineral, así como denuncios, exploración y explotación de fósiles energéticos.
Estos cambios en sociedades mercantiles en fechas cercanas a las adjudicaciones de pedidos a la CFE no son algo nuevo, es una muy conocida operación reborujo que aplican para ocultar quién es el dueño real del negocio, lo vimos en casos como El Pinabete, así que convendría estar atentos a cómo evoluciona el tema.