A PAGAR
Si el alcalde de Frontera Roberto Piña Amaya ya había hecho planes respecto al destino que daría a su aguinaldo, por cierto el último aguinaldo que recibirá como presidente municipal, más vale que no lo comprometa todo y haga un guardadito de unos 11 mil pesos porque están por notificarle de una multa que le impuso el Tribunal Electoral del Estado.
Le tocará a Diana Laura Ordaz Zertuche, administradora de Ejecución Fiscal en el gobierno del estado, aplicarle a Piña Amaya el cobro que le llega por cortesía de Ramón Manrique Muñoz quien lo denunció por haber difundido fotografías de menores de edad en su propaganda en redes sociales cuando era candidato a la reelección.
El caso fue resuelto por el ahora aspirante a magistrado electoral federal, Alejandro Santos Contreras, quien propuso la multa al alcalde y una amonestación a dos empleadas municipales que le administran las redes sociales, que se salvaron de una sanción mayor porque las publicaciones las hicieron en fin de semana.
A LO QUE SIGUE
Para otros alcaldes las cosas pintan mejor, como es el caso de Fernando Orozco Lara quien este viernes rindió su tercer informe y se declaró listo para iniciar a partir del primero de enero una segunda gestión con la certeza de que la experiencia adquirida le permitirá arrancar con una clara visión de las acciones que se impulsarán en Parras.
Aspecto relevante en este informe la llegada de nuevas inversiones, como las de Artistic Milliners y Daimay que generarán en conjunto más de 5 mil 500 empleos.
También hizo mención de las acciones en materia de seguridad con dos agrupamientos especializados y el equipamiento de la corporación municipal; y de un aspecto importante, tanto para las familias parrenses como para las inversiones que llegan, la mejora en el abasto de agua en la cabecera municipal con la incorporación de 3 nuevas perforaciones.
Rindió buenas cuentas Orozco Lara y además en un evento concurrido y ordenado, que habla del clima en el que se transita hacia el inicio de la nueva administración.
¿OTRA CONSULTA?
Apenas se reincorporó a sus funciones en el Congreso local luego de la licencia de 10 meses, y Zulmma Guerrero Cázares ya subió a tribuna un punto de acuerdo, realista porque se refiere a la emergencia económica por la que atraviesa la región Carbonífera, pero desfasado porque propone que los gobiernos federal, estatal y municipales diseñen una estrategia de mitigación y diversificación, que ya se tiene y además muy completa.
La propia diputada Guerrero lo refiere como un programa de rescate y diversificación, planteado en 2022, y nada más faltaba que lo desconociera aún y cuando ella en ese entonces era funcionaria estatal, sin embargo propone que se vuelvan a realizar mesas de trabajo “para construir soluciones efectivas”.
El trabajo que se hizo en 2021 y 2022, coordinado por el ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, comprende un diagnóstico y recomendaciones en varios ámbitos, algunas que ya se están aplicando como en materia de desarrollo sostenible y turística el geoparque de Múzquiz.
Más que un nuevo diagnóstico, se ocupa en todo caso impulsar las soluciones que ya se propusieron.
TOMANDO FORMA
Se dio primera lectura en el Congreso del estado a la iniciativa de reforma constitucional que implicará la elección de funcionarios judiciales locales, y aunque algunos aspectos como el número de cargos a renovar en 2025 se definirán hasta la convocatoria, ya se pueden anticipar alcances de la reestructuración y fechas importantes.
De entrada la reforma se deberá de tramitar en este mes de diciembre, y para el 6 de enero ya tendrán que definirse los Comités de Evaluación en los 3 Poderes para la postulación de aspirantes.
Tendremos también un Poder Judicial más compacto, pues el Tribunal de Justicia en lugar de 16 tendrá 13 Magistrados, y desaparecerá el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que tiene 3 Magistrados, y atiende los conflictos laborales de los gobiernos estatal y municipales con sus trabajadores. Se contempla que pase nuevamente al Ejecutivo como estaba hasta antes de 2010.
También se creará, como en la esfera federal, el Tribunal de Disciplina Judicial, con 3 integrantes.
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