CRISIS EN PUERTA

Faltan 2 meses para que termine el año y la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué Sacristán, no ha abierto ventanillas para que los productores soliciten su reinscripción al programa de subsidio a la tarifa eléctrica, y hay incertidumbre respecto a si el estímulo estará vigente en 2025, y si la demora tiene que ver con un cambio en las reglas de operación ante los conflictos que han surgido producto de una auditoría practicada a la Comisión Federal de Electricidad, hoy bajo la dirección de Emilia Esther Calleja Alor.

El asunto no es menor, tal vez no se dimensiona porque no es dinero que se disperse pero los ahorros para quienes son beneficiarios del subsidio, tan solo en un municipio como Arteaga, representan en un año cerca de 100 millones de pesos. Para ser claros, no hay ningún programa de la Secretaría de Agricultura que destine un monto mayor a ese en nuestro estado.

El único riesgo no es que se cancele el programa, también lo sería que para 2025 sigan vigentes las reglas de operación que se establecieron para este año y que por ejemplo dejan fuera a todos los productores que por un tema sucesorio no tengan las escrituras del predio o el título de concesión del pozo a su nombre.

En Arteaga, de 340 beneficiarios del programa solo 100 tienen todo en orden; otros 100 tienen posibilidades de cumplir el requisito, y el resto se estima serían insalvables si se mantienen las mismas reglas.

Sin subsidio en las tarifas de bombeo no habría condiciones para producir. Con todo lo que ello implica.

La ruta más rápida es cambiar las reglas, y que como ocurre en otros programas la Secretaría de Agricultura avale o certifique a quienes efectivamente son productores y justifican el subsidio. Lo complicado es que eso depende de una suma de voluntades en las secretarías de Agricultura, Hacienda y Economía, o de la Cámara de Diputados.

BOQUETAZO

El detonante, decíamos, fue una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares Páramo, a la división de CFE denominada Suministro de Servicios Básicos, a cargo del chihuahuense José Martín Mendoza Hernández.

Esa auditoría, la número 70, revisó una muestra equivalente al 35% del subsidio eléctrico de 2023, y encontró que más de 10 mil 800 beneficiarios en el país lo recibieron de forma improcedente, generando un daño por más de 600 millones de pesos.

En Coahuila de 2 mil 300 beneficiarios del subsidio, 800 lo recibieron sin justificarlo y ya se les está cobrando para que reembolsen el diferencial.

Las discrepancias entre el padrón de beneficiarios acreditados por la Secretaría de Agricultura y los que gozaban del descuento por parte de CFE eran notorias, pues tan solo en Saltillo la Comisión lo otorgaba a 200 pozos y solo 106 se habían registrado en forma.

De ahí vino el apretón, pero ahora pagan justos por pecadores, y son decenas los auténticos productores que pueden perder el subsidio por rezago en trámites sucesorios, que para colmo muchos están atorados en la Conagua, dependencia que en palabras de funcionarios de Agricultura «tiene secuestrado al programa».

MÁS QUE UN NÚMERO

Esta semana que se reanudaron labores en el Poder Judicial Federal, sus colaboradores en el segundo Tribunal Colegiado Civil con sede en Monterrey dieron una emotiva recepción al magistrado saltillense Guillermo Siller González Pico, quien en los próximos meses deberá dejar el cargo pues así se definió en la tómbola del 12 de octubre en el Senado.

Siller González Pico es un destacado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, con un reconocido desempeño profesional en diversas áreas del Ministerio Público; posteriormente en el Poder Judicial del Estado, y desde hace más de 20 años con carrera en el Poder Judicial Federal, donde inició como secretario de juzgado y llegó, previo examen, hasta magistrado de circuito.

Y en alusión al número de control que se le asignó en la tómbola llevaron un cartelón con la leyenda: «No es el 377, es el Magistrado Siller», el cual resume la indignación de funcionarios y empleados judiciales por las formas groseras y prepotentes del Senado que en el azar de un sorteo definió destinos y destruyó carreras.

Siller junto a otros 22 magistrados adscritos a Nuevo León confirmó este jueves que no participará en la elección de 2025.