Por Eduardo J. De La Peña

Hace poco más de una década los clubes de quads (cuatrimoteros les dicen también) de Saltillo y Monterrey, tenían un evento anual durante el fin de semana largo de febrero en que hacían un recorrido, por brechas, desde San Antonio de las Alazanas hasta Real de Catorce.

Los organizadores daban a los participantes dos opciones de ruta a  seguir a partir de Galeana, Nuevo León, ir siguiendo la carretera 57, o atravesar por lo que llamaban “el valle de los perdidos”, nombre que no tenía en ese entonces una connotación relacionada con la seguridad pública –o la inseguridad—sino que hacía alusión a los motociclistas que se extraviaban por la gran cantidad de brechas que cruzan ese semidesértico paraje.

Por sus características geográficas ese “valle de los perdidos” que va desde Galeana, hasta Vanegas, San Luis Potosí, y que tiene múltiples caminos que conducen a comunidades de Coahuila y Zacatecas, ha sido durante años tierra de nadie.

El Ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales de Nuevo León y San Luis, tienen retenes, pero todos están en la carretera 57, no los hay ni en las carreteras secundarias, ni mucho menos en las brechas.

Es una zona con la que muchos saltillenses tienen interacción constante porque allá desarrollan su actividad agrícola y ganadera. Pero también, en los últimos diez años se ha sabido de personas de nuestra ciudad, que aquí fueron secuestrados y allá se les mantuvo ocultos; a otros allá mismo se les plagió, y los asaltos son una nota común.

En diciembre, aquí lo comentamos, hubo en El Carmen, un ejido del municipio de Galeana, la detención circunstancial de un individuo al que en ese momento se sorprendió en posesión de drogas, pero al que ya detenido se le identificó como el cabecilla de una banda que cometió varios asaltos en la carretera y en ranchos ubicados entre Huachichil y San Roberto.

Lo peor, todos los productores del rumbo sabían que la banda se ocultaba en San José de Raíces, otro ejido de Galeana, y aunque lo denunciaron no se les hizo caso.

Fue en esa zona, en un rancho más cercano a Vanegas que a Galeana, donde ocurrieron los trágicos hechos del martes en que murió asesinado el empresario Lorenzo Mario González.

Referirnos al contexto no es algo meramente anecdótico, sino un llamado, sobre todo a las autoridades, a reconocer el entorno en que se dan los hechos y replantear estrategias.

Lo hemos insistido, también esa parte en que colindan al sur Coahuila y Nuevo León debe ser blindada, desplazarse del “valle de los perdidos” a la sierra de Arteaga y Santiago es posible por brechas y burlando los retenes. Hay ahí un flanco débil.

El retén de la Guardia Nacional en San Antonio de las Alazanas opera al mínimo y se mantiene en punto fijo. Del proyecto que había para construir en esa comunidad un cuartel, ya nada se ha dicho.

Es necesario que fuerzas estatales y federales tengan presencia permanente y hagan recorridos constantes por las brechas, para evitar que esas bandas delictivas que hoy asolan al valle de Galeana crucen la sierra e incursionen en Coahuila.

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            Desde la región Carbonífera llegan versiones de que la Comisión Federal de Electricidad está aplicando parejo a todos sus proveedores de carbón una penalización del veinte por ciento en el precio que paga por tonelada, porque no tiene en funcionamiento el laboratorio para analizar la calidad del mineral.

            Está pactado en los contratos que el precio por tonelada será ajustado en función del contenido de ceniza y azufre y la humedad total. Pero por cada lote se debe hacer un muestreo que se tendría que analizar en el laboratorio de la CFE, incluso está previsto que si hay controversia intervenga un árbitro para validar las pruebas.

            Ahora, sin pruebas de por medio, se van con la regla general de descontar un veinte por ciento, lo cual sigue siendo una ganga para los que entregan tierra o lamas, pero para quienes sí tienen un centro de producción y costos reales de operación, el trato es injusto.

            Sin embargo nadie se queja ni alza la voz, pues saben que con la actual administración de la CFE, “copelas o cuello”.

            Y adicional a ello, hay que considerar el daño que se genera a las turbinas de las centrales termoeléctricas de Nava al alimentarlas con carbón de baja calidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

Que en el marco del 30 aniversario de la fundación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila abundaran los reclamos por los casos en que no se han tenido avances en relación con personas desaparecidas, se entiende porque la actividad principal del evento fue la presentación de una relatoría sobre el tema.

Pero además hay trámites en que las autoridades se llevan años, y eso desde luego es cuestionable, pues al dolor que ya afrontan quienes tienen un familiar desaparecido se le suman dificultades de toda índole en las que no encuentran empatía y apoyo de algunas instancias oficiales.

Si bien es cierto que en la administración de Miguel Ángel Riquelme se han dado los más sólidos avances institucionales en varias áreas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, hay instancias en donde no lo toman con el mismo compromiso.

Un trámite importante para los familiares de personas desaparecidas es la declaración judicial de ausencia, indispensable para resolver terminaciones laborales, liquidar créditos y poner en orden el patrimonio familiar, y pese a su trascendencia pueden transcurrir hasta 14 años para que se obtenga una sentencia en ese sentido.

En los juzgados familiares de Parras se tramitó el caso de una persona desaparecida, a causa de delito, desde enero de 2009, y fue hasta febrero de 2015 que un agente del Ministerio Público solicitó la declaración de ausencia.

Siete años después, en septiembre de 2022 se dictó la sentencia definitiva, que fue certificada hasta enero de este año.

¿Cómo no va a haber reclamos cuando ese es el ritmo al que avanzan las diligencias judiciales en casos tan sensibles?.

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            El siempre oportuno chismoso del facebook nos recordó que el 20 de febrero de 2020 cuestionamos que el Congreso local haya tardado más de cincuenta días en declarar a ese año como el del “Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, Varón de Cuatro Ciénegas”.

            “Todo indica que nuestros diputados locales se guían por el primitivo calendario romano, que dividía el año en diez meses…”, escribimos en aquélla ocasión.

            Ese señalamiento fue para la anterior legislatura, pero tal parece que como algunos diputados se reeligieron, hubo contagios de parsimonia y este martes en la sesión del Congreso local volvieron a dejar para después la declaración de 2023 como “Año de Francisco I. Madero”, por lo que vamos a volver a tener una conmemoración de diez meses.

            Este jueves se cumplen 110 años del asesinato de Madero, y el 30 de octubre se conmemoran 150 de su natalicio, por ello es que se planteó dedicar este año a recordar a tan importante personaje coahuilense, pero sin remedio le regatearon dos meses. ¿Será por los que en el 2020 le quedaron a deber a Carranza?.

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            En San Buenaventura, la administración de Hugo Lozano Sánchez, ya concretó la donación de un terreno de 10 hectáreas para la construcción de la Unidad Interdisciplinaria del Politécnico Nacional, un proyecto que se impulsó desde que el coahuilense Mario Alberto Rodríguez Casas fue director de la institución.

            De hecho en instalaciones prestadas el IPN ya ofrece tres ingenierías en San Buenaventura, y ahora con la donación del predio podrá comenzar a construir su campus, que inicialmente estaba proyectado para 20 hectáreas y con capacidad para 3 mil 500 alumnos y casi 500 docentes.

            Contar con el terreno es un paso importante, pero falta lo principal, y esto es que el gobierno federal libere los recursos para la construcción de los edificios y para la contratación de los maestros, y que no vaya a pasar como con el campus Arteaga del Tecnológico de Saltillo, que tiene terreno e instalaciones pero no presupuesto para operar. Cosas de la 4T.

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Por Eduardo J. De La Peña

La designación de José Feliciano Díaz Iribarren, conocido como Chano, para que ocupe el cargo que dejó Claudia Garza del Toro en las regiones Centro y Carbonífera, al ser nombrada delegada estatal del Bienestar, es reveladora. Es uno más de los hilos de esa telaraña de complicidad y contubernio en que confluyen los contratos de la CFE para el suministro de carbón y la manipulación de programas federales con una clara intencionalidad electorera.

Recordemos, al hoy sub delegado regional del Bienestar se le mencionó como uno de los socios de la mina El Pinabete, donde en agosto del año pasado murieron 10 mineros atrapados, pero se libró de que se le fincara responsabilidad por una circunstancia que le favoreció.

En aquél entonces Díaz Iribarren declaró que tenía una relación “de palabara pero no documental”, con la mina siniestrada.

El deslinde fue por completo ambiguo, incluso por parte de la Secretaría del Trabajo, dependencia para la que fue más sencillo inculpar a Christian Solís, por ser el titular de la relación laboral ante el IMSS.

Pero esa misma dependencia informó que el 22 de febrero de 2022, Compañía Minera El Pinabete intentó ceder los derechos de la concesión minera a SCI Edificaciones –empresa de la que es socio José Feliciano Díaz–, trámite que fue denegado por la Dirección General de Minas porque se incumplieron algunos requisitos.

Relación de palabra, no documental. ¿Quién explotaba realmente la mina?.

En la inspección contratada por la CFE al Servicio Geológico Mexicano previo a la adjudicación de pedidos de carbón, el centro de trabajo correspondiente a SCI que se inspeccionó –y de ello hay un acta de marzo de 2022–, es justo El Pinabete, amparado con la concesión identificada como “Las Conchitas Fracción Norte”.

De acuerdo con esa acta “la empresa se encuentra explotando carbón y tienen una producción de 1,200 a 1,500 toneladas mensuales de carbón”.

Por un error de trámite, documentalmente la concesión minera no pasó a SCI, pero esa empresa cuando fue inspeccionada por el Servicio Geológico Mexicano declaró y tenía operando ese centro de producción donde seis meses después murieron diez mineros.

Los socios de El Pinabete, Luis Rafael García Luna y Héctor Morales Longoria como se recordará están prófugos, pero hoy que Feliciano Díaz Iribarren accede a un cargo público federal vuelve a recordarse el vínculo que une a los tres, su relación con Régulo Zapata Morales.

Y Zapata Morales, pariente de Díaz Iribarren, construyó su relación con la cuarta transformación, y tuvo acceso a contratos de suministro de carbón por adjudicación directa, porque con su empresa de desarrollo en sistemas dio servicio en las campañas de Claudia Sheinbaum, y la primera de Delfina Gómez en el Estado de México hace seis años, así como en la de Americo Villarreal en Tamaulipas, y luego fue proveedor de gobiernos estatales emanados de Morena y también de dependencias federales.

Zapata se introduce en los círculos políticos con una aplicación –llamada zafiro– para auditoría y organización de estructura y movilización electoral.

Feliciano Díaz Iribarren es el encargado de los programas sociales del gobierno federal en las regiones Centro y Carbonífera, su primo vende una aplicación para organizar la movilización electoral.

Los partidos de oposición al presidencial tendrían que ponerle marcación personal al nuevo delegado.

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Ocho asuntos se tienen enlistados para la sesión que tendrá la tarde de este viernes el Tribunal Estatal Electoral.

Salvo uno promovido por UDC, el resto de los asuntos fueron promovidos por Morena o por militantes de ese partido en contra de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

UDC sigue haciendo la lucha para que le permitan elevar el monto del financiamiento privado y las aportaciones de militantes y candidatos, que el IEC estableció en base a la ley y que no deben rebasar el 10% de los gastos de campaña de la elección anterior a gobernador, es decir la de 2017.

El argumento de la UDC es que con ese tope en las aportaciones, y con lo que les corresponde por financiamiento público no llegan ni al 50% de lo que está autorizado para gastos de campaña y quedarían en desventaja frente a otros partidos. El IEC les ha dicho que es la ley con la que se han regido, y UDC aceptado, desde 2014. Veremos qué resuelve hoy el Tribunal.

Y Morena anda litigando contra el registro de los convenios de las dos coaliciones y hasta contra la convocatoria del PT para nominar candidato a gobernador. ¿Será que ahora sí se pondrá sobre la mesa que en ese partido no hubo registros en las fechas establecidas por la convocatoria y tres días después salieron con dos precandidatos?.

Pendientes pues de la sesión de hoy.

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Por Eduardo J. De La Peña

El discurso de Claudia Rodríguez Márquez, secretaria general del Partido Verde Ecologista, en la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral sintetiza la trascendencia, no solo del evento sino del acuerdo mismo.

La también diputada local habló del reto para autoridades electorales, ser referente en materia de imparcialidad, pero también del que hay para partidos y actores políticos “es momento de dejar en claro nuestra cultura democrática en el estado y que esto se refleje en las campañas favoreciendo la participación ciudadana libre y la convicción de que cada sufragio es respetado”.

Rodríguez Márquez ha tenido la sensibilidad de leer el momento, y es que mucho se habla de que por la proximidad con el proceso sucesorio de 2024, la elección local de Coahuila es un laboratorio y los ojos del país estarán puestos en lo que aquí suceda, pero eso se ha enfocado principalmente en lo que se refiere a comportamiento del electorado y resultados de los comicios.

Pero tiene razón la diputada del Verde, Coahuila puede ser referente de cultura democrática, de juego ético, de participación ciudadana. En suma desde aquí puede darse una verdadera muestra de integridad, y en ese ánimo parecen estar todos los que concurrieron a la firma del acuerdo.

Los que no concurrieron –leáse el dirigente local de Morena– mantienen entonces una apuesta por la beligerancia, la descalificación y el agandalle.

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            De acuerdo con un trabajo periodístico del diario Reforma, de quienes tienen a su cargo las instancias de Cultura en los 32 estados de la República, únicamente 8 cuentan con estudios sobre gestión de la Cultura, entre ellos la coahuilense Ana Sofía García Camil.

            Junto a García Camil son mencionados con esa preparación académica los titulares de Baja California, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Puebla.

            Ana Sofía García Camil, además de su licenciatura en Comunicación, cursó el “Programa en Alta Dirección de Museos” que impartió el Getty Leadhership Institute en conjunto con el ITAM.

            De su alta preparación no hay duda, los resultados en los dos sexenios que ha tenido la responsabilidad como Secretaria de Cultura, dan testimonio de ello.

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            De laguneros hablando, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo en su tierra, Torreón, en los festejos alusivos al quince aniversario del Coliseo Centenario, junto a sus propietarios, la familia Gilio.

            Los Gilio tienen buenos motivos para festejar en estos días, y no solo por el aniversario de su exitoso centro de espectáculos, sino también por los triunfos que ha cosechado el tercero de la dinastía, Arturo Gilio Quintero, en los tres meses desde que tomó su alternativa como matador de toros en Lima, Perú.

            Y precisamente Gilio se presentará este viernes en la Monumental Monterrey, en corrida nocturna previa a su regreso el sábado a tierras laguneras para un mano a mano, en la plaza de Lerdo, con el peruano Arturo Roca Rey.

            Así las cosas para la afición taurina coahuilense, hay que ir a Nuevo León o a Durango para poder disfrutar de la fiesta brava. Y todo por un visceral pleito político.

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            Estará hoy en Saltillo la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Guadalupe Díaz Carranza. Tendrá primero un encuentro con su gremio, que aquí encabeza Armando Luna Canales, y posteriormente en la Facultad de Jurisprudencia participará en un Conversatorio sobre Transversalización de la Perspectiva de Género, junto a Katy Salinas Pérez, del Instituto Coahuilense de las Mujeres, y la Magistrada Sandra Rodríguez Wong.

            Luego de que la notaria Díaz Carranza fue electa a nivel nacional como dirigente del gremio, a nivel local surgió la inquietud de algunas fedatarias por buscar presidir el Colegio de Notarios de Coahuila pero ya estaban las cosas muy avanzadas para la reelección de Luna Canales.

            Sin embargo, con la visita del día de hoy ya hay quienes empiezan a pensar en las elecciones de enero del año próximo y en la posibilidad de que por primera ocasión este Colegio sea presidido en Coahuila por una mujer.

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Por Eduardo J. De La Peña

La Secretaría de Economía presentó esta semana el reporte de la Inversión Extranjera Directa recibida por México en 2022, que fue de 35 mil 292 millones de dolares. Lo presumen porque la cifra es un 12% en comparación con el 2021.

Sin embargo antes de echar las campanas al vuelo, convendría observar otras cifras que nos permiten tomar perspectiva. Las remesas recibidas en 2022  ascendieron a 58 mil 497 millones de dolares.

Esto es que los mexicanos que dejaron el país en busca de oportunidades, enviaron un 65% más de la inversión extranjera que se logró atraer a México. Y así ha sido en los últimos cuatro años, porque desde 2019 ingresa más por remesas que por inversiones.

No hay mucho que celebrar entonces, y menos sí consideramos que el crecimiento en la llegada de inversiones observado en 2022 tiene más que ver con circunstancias internacionales que con una labor de promoción y atracción atribuible a este gobierno.

Circunstancias internacionales que nos abren grandes oportunidades, y que estamos en riesgo de perder por las condiciones que este gobierno genera, como incertidumbre, vulneración al estado de derecho, y cero inversiones para el crecimiento de la infraestructura.

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            Y hablando de inversiones para la infraestructura, Jericó Abramo Masso llevó a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se haga un enésimo llamado al gobierno federal a que realice la adecuación del tramo de Los Chorros, en la carretera 57.

            De acuerdo con cifras presentadas por Abramo Masso, del 2020 al 2022 hubo más de 360 accidentes, con al menos 27 personas muertas, en ese tramo, para el cual supuestamente ya se tiene un proyecto de readecuación, lo que falta es que se autoricen los recursos.

            Los diputados tendrían que emplazar también a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones a que haga público ese proyecto y sus costos, y a Capufe a que trasparente las cuentas de esa concesión, para de ahí sustentar una reforma legal que obligue a los concesionarios a invertir en las medidas que sean necesarias para la seguridad.

            También hay áreas de oportunidad legislativa en las medidas preventivas, pues algunas que se han intentado en Los Chorros quedan en mera recomendación, lo dejan a la buena voluntad pues no hay sanciones, tal es el caso de restringir el carril izquierdo a las unidades de carga.

            Esa restricción es obligatoria en muchos otros países y abona a la seguridad en tramos sinuosos, en Los Chorros hay letreros que marcan la restricción, pero para quienes la ignoran no hay sanciones previstas en los reglamentos de tránsito federal.

            Volviendo a Jericó, la semana pasada anunció propondría otro punto de acuerdo, relacionado con la autopista de cuota Agujita-Allende, en donde pediría se exija al concesionario darle mantenimiento, pero de esa propuesta ya no se supo.

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            A las autoridades coahuilenses les pasó de noche la conmemoración del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que alude al acompañamiento que hicieron los cadetes del Colegio Militar al presidente Francisco I. Madero ante la sublevación de los generales Mondragón, Reyes y Díaz.

            Anteriormente esta fecha se conmemoraba con una ceremonia en un pequeño obelisco al sur de la ciudad, en la Calzada Antonio Narro, donde posteriormente se construyó una secundaria técnica que precisamente lleva el nombre de Heroíco Colegio Militar.

            La fecha está cargada de significado por su alusión a principios y valores como lealtad y apego a la legalidad, pero para las autoridades estatales pasó desapercibida. Tal parece que desde la muerte del Licenciado Javier Cordero ya no hay quien se acuerde de las conmemoraciones cívicas.

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            Estuvo en Sabinas la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para presentar a los deudos de El Pinabete avances de los trabajos para la recuperación de los cuerpos de los 10 mineros que ahí murieron hace seis meses.

            Una reunión cargada de datos técnicos, de la que las viudas salieron confundidas y con el sentimiento de que siempre les dicen lo mismo. Al menos ahí, a diferencia de Pasta de Conchos, los trabajos no se han detenido.

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Por Eduardo J. De La Peña

No les resultó la jugada a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y a Manuel Bartlett, director de la CFE, que le apostaron a dividir a los deudos de Pasta de Conchos para evitar presiones por el abandono en que están las obras consideradas en el programa para la recuperación de los restos de los mineros.

La semana pasada de manera selectiva convocaron a las viudas a una reunión en la Ciudad de México para marearlas con el procedimiento de cancelación de contrato a las empresas que encargaron las obras y no pudieron con el paquete, pero no incluyeron a las que consideran son más combativas.

Pues también resultaron combativas las que sí fueron a CDMX, y tan regresaron inconformes con lo que se les dijo en la reunión –en resumen que no hay garantías de cumplir con la promesa de recuperar los cuerpos antes del fin del sexenio—que este martes tomaron las obras de construcción del memorial, un monumento con el que no todos los deudos están de acuerdo.

Si la intención era bajarle presión antes de que se llegue el aniversario de la tragedia, el 19 de febrero, consiguieron justo lo contrario.

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            Y ya que estamos en temas de la región Carbonífera, en seguimiento a lo aquí comentado el viernes anterior, sobre las omisiones del Servicio Geológico Mexicano respecto a las condiciones de riesgo que existían en “El Pinabete”, fuentes bien informadas de la minería del carbón han aportado nuevos datos.

            De 56 centros de trabajo que verificó el SGM bajo contrato de la CFE, en 24 de las inspecciones se hizo responsable el mismo ingeniero que avaló la operación de “El Pinabete”, Juan Eduardo Martínez Meza.

            Hubo cuatro geologos participantes en el contrato con la CFE, y el que más inspecciones realizó fue Martínez Meza.

            De las 24 minas que revisó, seis tienen que ver con el grupo que controla Régulo Zapata Morales, entre ellas El Pinabete, y tres con el grupo del otro proveedor consentido de la CFE, Antonio Flores Guerra. Todas fueron avaladas y se les adjudicaron contratos.

            En las suspensiones de actividades que dictó la Secretaría del Trabajo posterior al accidente en “El Pinabete” se incluyó a varias de esas empresas que habían tenido luz verde del SGM y en las que los inspectores de seguridad en el trabajo detectaron irregularidades.

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            Se cumplen hoy dos semanas de la agresión al alumno de una secundaria en Piedras Negras por parte de agentes de la policía durante un operativo mochila, y aún no se tiene una conclusión de la investigación.

            Hasta ahora la actitud más responsable ha sido la de Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública, quien de entrada ordenó la suspensión del elemento que fue señalado como responsable y ordenó abrir un procedimiento interno.

            El secretario de Educación Francisco Saracho señala que hay un protocolo con el que no se cumplió, pero de acuerdo con fuentes de la Fiscalía esa dependencia no ha presentado denuncia, tampoco directivos de la escuela, la Procuraduría de la Familia ni los padres del alumno.

            Con todo y ello, aseguran en la Fiscalía que hay una investigación abierta. ¿Cuánto tiempo se lleva una indagatoria así, que se supone no es compleja pues se tiene ubicados a todos los involuvcrados? ¿no le estarán apostando al olvido?.

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            En Torreón el gobernador Miguel Riquelme reveló que el fin de semana junto con su homologo de Durango tuvo una reunión con mandos militares para evaluar las estrategias de coordinación en materia de seguridad y se definieron dos prioridades para los siguientes meses: el combate al narcomenudeo y la supervisión de los centros penitenciarios.

            El tema de los penales es importante, en las últimas semanas en estados vecinos como Zacatecas y Chihuahua han tenido violentos motines, y en el caso de Coahuila se ha reconocido una sobrepoblación en el centro varonil de Saltillo, que deberá corregirse al entrar nuevamente en operación el de Monclova que por años tuvo cerrado el gobierno federal.

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Por Eduardo J. De La Peña

Este viernes se cumplen seis meses del accidente que cobró la vida de diez mineros en “El Pinabete”, y el sábado se cumplen tres meses de que, dentro del plan para recuperar los cuerpos de esos diez trabajadores, se inició la construcción de un tajo a cielo abierto, obra que costará más de 600 millones de pesos y que pagará la Comisión Federal de Electricidad.

El 24 de enero el presidente López Obrador instruyó a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, a que emitiera un informe de los avances en los trabajos de rescate. Diez días después no se ha presentado ese informe, quizá la funcionaria no se atreve a desmentir a su jefe, quien en la mañanera aseguró que se va “bastante bien” y que están cerca de rescatar los cuerpos.

La recuperación de los cuerpos quizá para los deudos es el punto más importante en relación con “El Pinabete”, pero igual de trascendente es la investigación y la acción penal contra funcionarios y particulares que tienen responsabilidad en esa tragedia.

Al día de hoy solo hay una persona procesada, Cristian Solís, a quien la Fiscalía General de la República acusó de estar explotando ilicitamente la mina. Señalaron a Cristian porque fue quien apareció como titular de la relación laboral ante el IMSS.

Ya se agotaron los cuatro meses que dio un juez de control a la FGR para complementar la investigación, y hasta ahora nada ha informado la Fiscalía de avances en el caso.

Hay ordenes de aprehensión desde mediados de septiembre en contra de los socios de la minera, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, pero hasta ahora no se les ha capturado.

No en las investigaciones ministeriales, a las que todo indica se les ha dado carpetazo, pero sí en las periodísticas, han surgido nuevos elementos que señalarían responsabilidad en servidores públicos.

Cuando la CFE abrió el proceso para adjudicar pedidos de carbón en 2022, contrató al Servicio Geológico Mexicano para verificar los centros de producción de 55 posibles proveedores, entre estos la minera “El Pinabete”.

En la ficha técnica de la verificación a “Las Conchitas” que fue el centro de producción declarado por “El Pinabete”, documento signado por el geólogo Juan Eduardo Martínez Meza, y revisado por el Gerente Regional Noreste del Servicio Geológico Mexicano, José Carlos Rivera Martínez, no hay advertencia alguna por las condiciones de riesgo ante la proximidad de dos minas abandonadas que estaban inundadas.

De las verificaciones que hizo el SGM, en otros cinco casos si se alertó de situaciones similares a las que existían en el entorno de “El Pinabete”, y de hecho a esas empresas no se les adjudicaron pedidos de carbón.

¿Qué llevó al geólogo Martínez Meza a omitir esas condiciones de riesgo?, ¿estamos ante un caso de negligencia o de corrupción?, esto lo tendría que estar indagando la Fiscalía del Estado, pero la instancia se ha desentendido del tema.

Otra irregularidad más que pasaron por alto funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a la hora de adjudicar en junio de 2022 a “El Pinabete “ el contrato por más de 41 millones de pesos, hay una discrepancia entre lo declarado al Servicio Geológico Mexicano y lo que se informó a la propia CFE en la declaración sobre el origen del carbón.

Como se ha dicho, para la verificación del SGM se declaró como centro de producción el predio correspondiente a la concesión minera  “Las Conchitas fracción norte”, a nombre de Minera Río Sabinas, y ahí fue donde ocurrió el accidente.

Sin embargo en la “declaración sobre el origen del carbón”, que como requisito del proceso de adjudicación, se entregó a la CFE, Luis Rafael García Acuña manifestó que la concesión se encuentra vigente y a nombre de “Compañía Minera El Pinabete”.

¿Nadie detectó la discrepancia?.

Si las autoridades tuvieran la voluntad de fincar responsabilidades a quienes las tienen por esta tragedia minera, hay muchos hilos de los que pueden jalar, pero tal parece que en este, como en tantos otros casos, a lo que se le apuesta es al olvido. A la impunidad.

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Por Eduardo J. De La Peña

Ya reaccionó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso del menor que fue agredido por policías estatales y municipales durante un operativo mochila en Piedras Negras.

A través de la tercer visitaduría, a cargo de Manuel Isaac López Soto, ya se pidió a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Presidencia Municipal y al director de la escuela donde ocurrieron los hechos un informe de lo ocurrido.

López Soto dijo que esa instancia no ha recibido una denuncia pero que pueden abrir una investigación de oficio.

La semana pasada también el coordinador de agentes del Ministerio Público dijo que no había recibido denuncia y que por eso no investigaba.

¿Qué pasa con la Secretaría de Educación y su departamento Jurídico?, un asunto de este tipo no se puede pasar por alto, ¿cuándo van a denunciar?.

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            Los representantes de los partidos políticos tendrían que observar con cuidado el desempeño del presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes Lozano,  no vaya a ser que debiendo ser imparcial y apartidista, en el fondo su corazón lata por Morena y la 4T.

            Y es que al igual que López Obrador, el Consejero Paredes Lozano desde que llegó al cargo se la pasa mirando al pasado.

            Primero abrió fuego con el tema de la millonaria liquidación que se llevó Gabriela De León Farías, y ahora va por la segunda semana polemizando con el tema del PREP y de que en la entrega-recepción no se dejaron manuales, código fuente ni ningún elemento que permita certidumbre en el uso de ese programa que se supone había sido desarrollado por el Instituto, y que ahora se abrirá una licitación para contratar una empresa que lo implemente.

            Como lo dijimos desde el tema de la liquidación de Gabriela De León, si hay irregularidades o hasta presunción de ilícitos, que los lleve Paredes a las instancias que deben investigar y, si procede, sancionar.

            Sin duda, cualquier conducta irregular debe ser castigada.

            Pero eso se tiene que llevar en los cauces legales, no litigarse en los medios. Hoy la prioridad del Consejero Paredes tendría que ser dar certeza de que el Instituto Electoral puede organizar el proceso de este año y llevarlo a buen término.

El exceso de ruido no abona de ninguna manera a generar confianza y certidumbre.

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            Quien esta semana ha tenido reflectores en la prensa nacional es el ex Sub Secretario de Caminos en Coahuila, Manuel Gómez Parra, ahora en su función de Difrector de Desarrollo Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del gobierno federal.

            Le ha tocado al ingeniero Gómez Parra salir a dar la cara y explicar que el tren suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles no estará listo para diciembre de este año como se había prometido, pues apenas van en un 35% de avance.

            Otra obra que se le entrampa a la 4T.

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            Empieza el segundo mes del año y el Congreso del Estado sigue con una asignatura pendiente, el decreto para declarar 2023 como Año de Madero.

            El 30 de octubre se cumplirán 150 años del natalicio del Apóstol de la Democracia, y el 22 de febrero 110 años de su asesinato, y el Patronato del Museo Presidentes, que preside Raúl López Gutiérrez, ha propuesto que para conmemorar ambos acontecimientos se declare en Coahuila el Año de Madero.

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            Valiosa la iniciativa que llevaron ante las autoridades de Turismo la Asociación de Autos Antiguos, que preside Héctor Horacio Dávila, y algunos clubes de motociclismo, para implementar el “Pasaporte de Pueblos Mágicos”, una estrategia para motivar a quienes tienen estas aficiones a que visiten los siete municipios de Coahuila que tienen esta denominación.

            La iniciativa fue bien acogida y respaldada por la secretaria de Turismo Azucena Ramos, pues bien sabe que cuando los recursos escasean hay que echar mano de la creatividad y todas las ideas suman.

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