Por Eduardo J. De La Peña
Cada diligencia que efectúa la Fiscalía General de la República en torno a la tragedia minera en «El Pinabete», lejos de representar un avance hacia la justicia, va dejando en evidencia la telaraña que se tejió para evadir responsabilidades y que si ocurría algo, como lo que finalmente ocurrió, los verdaderos beneficiarios del negocio carbonero siguieran disfrutando de impunidad.
Hoy se cumplirán dos semas de que la Fiscalía soliitó al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Torreón, una audiencia judicial para imputar penalmente a Cristian «S».
Se trata de quien, según informaron en su momento el IMSS y la Secretaría del Trabajo, es titular del registro patronal de los diez trabajadores que quedaron atrapados en los «pocitos» que se inundaron hace más de tres semanas, y al que identificaron como Cristian Solís Arriaga.
Solís Arriaga es una persona sin solvencia económica, a quien eventualmente le tocará hacer frente a los cargos que le finque la Fiscalía, instancia que en dos semanas no ha informado ningún avance, ni siquiera ha confirmado si se celebró la audiencia de imputación.
Y el miércoles de esta semana se conoció del cateo de la propia Fiscalía en las que supuestamente son las oficinas de la Compañía Minera «El Pinabete», empresa que tiene la concesión de los yacimientos de carbón en donde ocurrió el accidente, y a la que Comisión Federal de Electricidad le ha asignado desde 2021 millonarios contratos de suministro.
Los contratos de CFE para «El Pinabete» en 2021 fueron por más de 33 millones de pesos, y los asignados en julio de este año superan los 41 millones, pero las «oficinas» que les catearon son unos modestos cuartos en un barrio de Agujita que no cuentan ni con suministro eléctrico.
Y aquí empieza a surgir algo interesante. Hay fotografías tomadas en mayo de este año que muestran esos cuartos que cateó la FGR, son dos construcciones con un total de siete puertas, como si se tratara de locales independientes, y en la fachada de uno de los dos modulos se muestran los logotipos tanto de la Minera «El Pinabete» como de otra empresa, «Desarrollos Carboneros Mexicanos».
Pero el miércoles, cuando ocurrió el cateo ya había sido eliminado el membrete de «Desarrollos Carboneros», y solo permanece el de «El Pinabete».
Parecería que ese predio del Barrio Uno de Agujita, de cuyo propietario se desconoce el nombre, está habilitado como un «hub de simulación», un sitio en el que se rentan espacios para contar con un domicilio legal «para oir y recibir» notificaciones, y hasta cateos, pero sin mayor infraestructura ni equipo. Para que no duela por si acaso hay un embargo.
Y es que en su millonaria relación con la CFE ni «El Pinabete» ni «Desarrollos Carboneros Mexicanos» tienen registrado el domicilio de la Avenida Cuauhtémoc del Barrio Uno como su domicilio.
En el caso de «El Pinabete» su domicilio según los contratos de CFE es Paseo de Los Leones 396B Colonia Reynera, Sabinas, que correspondería a una plaza comercial en donde todos los locales, excepto uno, están vacíos. El único ocupado son las oficinas de «Constructora Río Sabinas».
Pero tampoco ese domicilio de la Colonia Reynera corresponde al que en trámites legales manifiesta el socio mayoritario y representante legal de Minera «El Pinabete», Luis Rafael García-Luna Acuña.
Cuando en enero de 2019 Luis Rafael García-Luna adquirió 47 de las 50 acciones de la empresa, cada una en mil pesos, manifestó, según el Notario número 12 José Luis Cárdenas Dávila, estar de tránsito en Sabinas, pero tener domicilio en la colonia Del Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El domicilio corresponde a un departamento en un complejo modesto, pero que sin embargo se ubica en la zona de mayor plusvalía del país. Eso sí es más acorde con el propietario de una compañía que le factura millones a la CFE.
Y hay que llamar la atención también sobre el valor de las acciones de la compañía minera, pues ahí encontramos nuevamente un acto de simulación para eludir responsabilidades. Constituyen estas sociedades con el mínimo capital social que permite la ley, cincuenta mil pesos, y eso es lo que finalmente dejan como garantía para responder ante terceros en una eventualidad.
No se puede dejar de lado el caso del vecino de domicilio legal, «Desarrollos Carboneros», cuyos contratos con CFE están direccionados a la calle Acapulco, en la colonia Independencia de Nueva Rosita. Sin embargo el representante legal y socio mayoritario de esta empresa, Héctor Gerardo Morales Longoria, también manifiesta tener su domicilio en la colonia Del Valle, en San Pedro.
Y hay otro vínculo entre «El Pinabete» y «Desarrollos Carboneros» además de sus «oficinas» vecinas en Agujita. En la primera el socio mayoritario es Luis Rafael García-Luna Acuña, en la segunda Juan Salvador García-Luna Vargas funge como delegado de la asamblea de socios.
Juan Salvador fue Director Jurídico del Parque Fundidora, en Monterrey, al mismo tiempo que la madre de Luis Rafael, Aída Araceli Acuña Cruz, era Directora de Planeación y Contraloría, y Régulo Zapata Morales era Director de Operaciones.
Una vez más afloran los vínculos con Zapata Morales, quien tiene las relaciones suficientes en la 4T para conseguir los contratos millonarios para estas empresas, que podrán no prepararse para operar una explotación minera segura y digna, pero sí toman todas las previsiones para eludir sus responsabilidades.
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